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Sentencia AC-995-19 — Registro 14154

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró nulidad absoluta de actuaciones que resuelve desestimar la demanda ordinaria para el pago de una obligación dineraria; con relación a la “demanda en proceso declarativo ordinario ejercitando pretensión para el pago de una obligación dineraria.-indemnización en concepto de daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la negligencia o culpa e inobservancia de la ley incurrida por el demandado en el ejercicio de sus obligaciones y deberes legales.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (17): Que el impetrante de la garantía constitucional de Amparo, recurre ante este Alto Tribunal al considerar que la Corte Primera de Apelaciones ha dejado a su representada en completo estado de indefensión, al emitir nueva sentencia que declara nulidad absoluta de actuaciones inclusive a partir del auto de admisión de la demanda, no teniendo otro medio impugnativo ordinario que revise la misma; en atención a ello el Artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, preceptúa en relación a la protección judicial, en el numeral 1) que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”; en ese orden de ideas y en atención a los compromisos asumidos por el Estado de Honduras, en defensa y protección de los derechos fundamentales, se instituye el recurso de amparo, siendo éste el instrumento procesal más importante de defensa ante el Tribunal Constitucional de los derechos y libertades de los ciudadanos. Cumple una doble misión: sirve como remedio último interno de protección de los derechos del ciudadano; y tiene una función objetiva de defensa de la constitucionalidad al servir de instrumento de interpretación de los derechos fundamentales. Desde esta última perspectiva pudo afirmar el tribunal Constitucional, en su primera sentencia, que “la finalidad esencial del recurso de amparo es la protección, en sede constitucional, de los derechos y libertades… cuando las vías ordinarias de protección han resultado insatisfactorias[10]. CONSIDERANDO (18): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera la tutela judicial efectiva[11] del recurrente en amparo, al declarar nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda, en atención al recurso de apelación promovido por la parte demandante, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete (7) de diciembre del año dos mil quince (2015); la cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, ello porque se ha emitido una resolución que no sigue las pautas emanadas del Tribunal de casación, que casa la sentencia únicamente en relación al segundo motivo de casación invocado, indicándole a la Corte de Apelaciones que la sentencia recurrida en casación no se encuentra conforme a derecho en cuanto a su defectuosa motivación respecto a su racionalidad, ya que tal como se denuncia, la infracción puede ser determinante en un sentido diferente del actual fallo. La Corte de Apelaciones argumenta en su nueva sentencia de fecha seis (6) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que ha encontrado vicios que impiden dictar sentencia de fondo, vicios que la referida Corte de Apelaciones no observó en la anterior sentencia dictada en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciséis (2016) y que no impidió dictara sentencia de fondo, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, generando con su actuar incertidumbre en quienes recurren a la instancia jurisdiccional en procura de ser oídos en sus peticiones conforme a los postulados del debido proceso, que debe imperar en un Estado de Derecho. Debido proceso que debe ser imperativo en el área civil como en el resto de los procesos jurisdiccionales; negando con ello la posibilidad de ser escuchado el recurrente, conforme a los lineamientos jurisprudenciales emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consecuencia de ello la vulneración de los derechos garantizados en la Constitución de la República, específicamente en el artículo 90. Como corolario de lo expuesto en el presente libelo, soslayando los demás derechos fundamentales invocados por el recurrente en amparo. CONSIDERANDO (19): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (20): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, consecuentemente vulnera los demás derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (21): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán debe dictar nueva resolución en la que con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que se declara por mayoría de votos nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda, en el recurso de apelación promovido por la parte demandante la sociedad mercantil NSV BUSINESS GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA, inobservando las pautas emanadas de la sentencia emitida por el Tribunal de casación, en fecha veintinueve de mayo del año dos mil diecinueve, que le indica al tribunal de apelaciones que debe dictar nueva sentencia, pues de la emitida en fecha 31 de agosto del 2016 se desprende una motivación defectuosa respecto a su racionalidad, ya que tal como se denuncia, la infracción puede ser determinante en un sentido diferente del fallo actual; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Yuri Fernando Melara Berlioz, a favor de la sociedad mercantil denominada “NSV BUSINESS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA”, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de agosto del año dos mil diecinueve, que por mayoría de votos falla declarando nulidad absoluta de actuaciones, en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha siete de diciembre del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, que resuelve desestimar la demanda ordinaria para el pago de una obligación dineraria; con relación a la “DEMANDA EN PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO EJERCITANDO PRETENSIÓN PARA EL PAGO DE UNA OBLIGACIÓN DINERARIA.-INDEMNIZACIÓN EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS COMO CONSECUENCIA DE LA NEGLIGENCIA O CULPA E INOBSERVANCIA DE LA LEY INCURRIDA POR EL DEMANDADO EN EL EJERCICIO DE SUS OBLIGACIONES Y DEBERES LEGALES…”, promovida por el Abogado Yuri Fernando Melara Berlioz, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada “NSV BUSINESS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA”, en contra de la sociedad mercantil denominada “SUPER MERCADOS LA COLONIA, SOCIEDAD ANONIMA”, a través del Presidente de su Junta Directiva y Representante Legal, el señor Jorge Alberto Faraj. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinte de enero del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Yuri Fernando Melara Berlioz, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada “NSV BUSINESS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA”, interponiendo “DEMANDA EL PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO EJERCITANDO PRETENSIÓN PARA EL PAGO DE UNA OBLIGACIÓN DINERARIA.-INDEMNIZACIÓN EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS COMO CONSECUENCIA DE LA NEGLIGENCIA O CULPA E INOBSERVANCIA DE LA LEY INCURRIDA POR EL DEMANDADO EN EL EJERCICIO DE SUS OBLIGACIONES Y DEBERES LEGALES…”, contra la sociedad mercantil denominada “SUPER MERCADOS LA COLONIA, SOCIEDAD ANONIMA”, a través del Presidente de su Junta Directiva y Representante Legal, el señor Jorge Alberto Faraj. (Folios del 1-6 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) En fecha siete de diciembre del año dos mil quince, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: DESESTIMAR LA DEMANDA ORDINARIA PARA EL PAGO DE UNA DINERARIA. INDEMNIZACION EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. CONDENA AL PAGO DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE. INTERESES Y COSTAS, vía el Proceso Declarativo Ordinario promovió el Abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, actuando en nombre y representación de la Sociedad Mercantil denominada “NSV BUSINESS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA”, en contra de la Sociedad Mercantil denominada “SUPER MERCADOS LA COLONIA, SOCIEDAD ANONIMA”. SEGUNDO: En consecuencia, ABSUELVE a la Sociedad Mercantil denominada “SUPER MERCADOS LA COLONIA, SOCIEDAD ANONIMA” de la acción deducida. TERCERO: Esta sentencia admite recurso de apelación el que debe interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación ante este mismo juzgado, por escrito expresando los agravios que le cause la misma. CON COSTAS…” (Folios del 107-115 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Yuri Fernando Melara Berlioz, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis, mediante la cual falló por Unanimidad de Votos: (Sic) “PRIMERO: Declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, en contra de la sentencia de fecha siete (7) de diciembre de dos mil quince (2015) pronunciada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Confirma la sentencia de mérito.- TERCERO: CON COSTAS…” (Folios del 23-32 de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 4) Que no conforme con la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, la parte demandante interpuso y formalizó recurso de casación ante la referida Corte de Apelaciones, en fecha quince de noviembre del año dos mil quince; en respuesta al recurso de casación promovido, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, dictó sentencia en fecha veintinueve de mayo del año dos mil diecinueve, a través de la cual falló: (Sic) “1) Estima procedente y DECLARA CON LUGAR el segundo motivo de casación interpuesto por el abogado TULIO DAVID BARAHONA FUENTES como representante procesal de NSV BUSINESS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA. 2) CASA la sentencia proferida el treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis, por la honorable Corte Primera de Apelaciones Civil de Francisco Morazán. 3) ORDENA EL REENVÍO a la honorable Corte Primera de Apelaciones Civil de Francisco Morazán, de la sentencia impetrada junto con su expediente para que dicte nueva sentencia conforme a derecho debiendo motivar con racionalidad todas las pretensiones y argumentos del proceso dentro del plazo de quince (15) días hábiles. 4) SIN COSTAS…” (Folios del 72-76 de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 5) Dando cumplimiento a la sentencia emitida por la sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, que se deja relacionada en el acápite que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó nuevamente sentencia en fecha seis de agosto del año dos mil diecinueve, y por mayoría de votos falló: (Sic) “1) Declarando nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha veintiocho de enero de dos mil quince, que admite a trámite la demanda ordinaria, dejando subsistente los personamientos de los apoderados legales de ambas partes. 2) Que al recibo del expediente la Juez de primera instancia, ordene la subsanación de la demanda de acuerdo a lo señalado por este Tribunal. 3) Sin Costas en esta instancia….” (Folios del 81-90fv de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 6) En fecha ocho de noviembre del año dos mil diecinueve, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado Yuri Fernando Melara Berlioz, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada “NSV BUSINESS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA”, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la misma es violatoria de garantías constitucionales como ser el derecho a la defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 7) Esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el recurso de amparo de mérito, en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil veinte, ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, por el término de 48 horas a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 95 de los autos) 8) Que en fecha catorce de diciembre del año dos mil veinte, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, siendo de la opinión que se Deniegue la presente Acción de Amparo, por no vislumbrarse vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. (Folios del 100-107 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que del escrito de interposición de la acción de Amparo, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha veinte (20) de enero del año dos mil quince (2015), fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, actuando en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil NSV BUSINESS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA, interponiendo Demanda en Proceso Declarativo Ordinario ejercitando pretensión para el pago de una obligación dineraria, contra la sociedad mercantil denominada SUPER MERCADOS LA COLONIA, SOCIEDAD ANONIMA, a través del Presidente de su Junta Directiva y Representante Legal, el señor Jorge Alberto Faraj. CONSIDERANDO (3): Que en fecha ocho de noviembre del año dos mil diecinueve, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, interponiendo Acción de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada NSV BUSINESS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA, contra la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis (6) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió por Mayoría de Votos, declarar nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha veintiocho de enero del año dos mil quince, que admite a trámite la demanda ordinaria, dejando subsistentes los personamientos de los apoderados legales de ambas partes; con ocasión del recurso de apelación promovido por la parte demandante contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete (7) de diciembre del año dos mil quince (2015), que desestima la Demanda Ordinaria para el pago de una obligación dineraria; considera el recurrente en amparo que la resolución impugnada es violatoria de los derechos a la Defensa, al tener que enfrentar una resolución arbitraria y no poder recurrirla, al debido proceso, al aplicar de manera errónea antojadiza y a su creencia los postulados establecidos en el Código Procesal Civil, violentando la certeza jurídica, derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que, en la exposición de argumentos, en la acción constitucional impetrada, el recurrente comienza realizando una cronología de los antecedentes del caso, desde la fecha en que se dictó sentencia definitiva en primera instancia, misma que fue recurrida en apelación y al no estar conforme con la sentencia dictada por el ad-quem, la interposición de recurso de casación ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien mediante fallo de fecha veintinueve de mayo del año dos mil diecinueve, casa la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis y ordena el reenvió a la Corte primera de Apelaciones Civil de Francisco Morazán a efecto de dictar nueva sentencia conforme a derecho, debido motivar con racionalidad todas las pretensiones y argumentos del proceso. Nueva sentencia que fue emitida en fecha seis de agosto del año dos mil diecinueve, la que a criterio del recurrente en amparo vulnera los derechos de defensa y debido proceso a su representada, teniendo que enfrentar una resolución arbitraria y no poder recurrirla; al debido proceso al aplicar de manera errónea, antojadiza y a su creencia los postulados establecidos en el Código Procesal Civil, violentando la certeza jurídica, habida cuenta que esta misma Corte censurada ya había conocido con anterioridad este mismo asunto, lo cual la obliga a aplicar la ley con criterio uniforme, cuya ausencia verdaderamente pone a nuestro sistema frente a un grave desacierto jurídico. CONSIDERANDO (5): Que, el recurrente se enfoca en advertir a este Alto Tribunal que el Ad-quem no emitió nueva resolución conforme a derecho, motivada y racional en relación a las pretensiones deducidas en el proceso, sino que por el contrario más bien dispuso anular el procedimiento de forma peyorativa en claro perjuicio a su representada, por razones inexistentes y que tampoco observó cuando dictó su primera sentencia que luego fue objeto de casación, tanto en la forma como en el fondo; sostiene el impetrante que la instrucción de la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para la Corte, fue que motivara su sentencia en atención a lo que ordena el artículo 727.3 del Código Procesal Civil, al observar infracción de los actos y garantías del procedimiento ordenó mediante la reproducción de una nueva sentencia con motivación reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se hubiere producido la falta, sin embargo esta última desconoció dicho mandato para decantarse por una nulidad inexistente “descubierta” cuatro años después por el mismo Tribunal de Apelación, que años atrás había confirmado la sentencia del A-quo en esta misma Demanda, previo al examen de todas las diligencias y actuaciones. –Lo entrecomillado es del recurrente- CONSIDERANDO (6): Que, del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis (6) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que en su parte dispositiva y por Mayoría de Votos falla: “1) Declarando nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha veintiocho de enero de dos mil quince, que admite a trámite la demanda ordinaria, dejando subsistente los personamientos de los apoderados legales de ambas partes. 2) Que al recibo del expediente la Juez de primera instancia, ordene la subsanación de la demanda de acuerdo a lo señalado por este Tribunal. 3) Sin Costas en esta instancia…” (Folios del 81–90fv de la pieza de los antecedentes del Ad-quem). CONSIDERANDO(7): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, vulnera o no los derechos de defensa y debido proceso contenido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas es imperativo identificar el asunto principal en que fundamenta sus argumentos el recurrente, el cual versa en que la Corte de Apelaciones dictó de nuevo sentencia desconociendo el mandato emanado de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, para decantarse por una nulidad inexistente, descubierta cuatro años después por el mismo Tribunal de Apelación, que años atrás había confirmado la Sentencia del A-quo en esta misma Demanda, previo el examen de todas las diligencias y actuaciones. CONSIDERANDO (8): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, en primer lugar es menester determinar si la decisión de la Corte primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán vulnera en perjuicio del recurrente los derechos de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82[1] y 90[2] de la Constitución de la República. En ese orden de ideas, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (9): Que el derecho a la defensa, es el derecho fundamental de una persona, sea esta física o jurídica a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia, se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales y administrativos, que aplica en todas las fases del proceso; así en el proceso penal en las etapas de instrucción, intermedia y juicio oral y en el proceso civil en las alegaciones, prueba y conclusiones de las partes en contienda. Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión, lo que forma parte inseparable del concepto del debido proceso. CONSIDERANDO (10): Que es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo dispuesto en el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a ser oído “exige que toda persona pueda tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones”. A mayor abundancia, la Corte Interamericana ha afirmado que una persona sea oída “es equiparable al derecho a un ‘juicio’ o a ‘procedimientos judiciales’ justos”. Sobre el particular, siguiendo al TEDH en los Casos Kraska vs. Switzerland, Van de Hurk vs. the Netehrlands, Van Kück vs. Germany y, Karsulya vs. Russia, la Corte ha establecido que un procedimiento justo supone que el órgano encargado de administrar justicia efectúe “un examen apropiado de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por las partes, sin perjuicio de sus valoraciones acerca de si son relevantes para su decisión”. En consecuencia, el estándar jurisprudencial supone que un juicio justo es aquél en el cual una persona ha sido oída con todas las garantías.[3] CONSIDERANDO (11): Que, es importante hacer énfasis en relación a que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[4], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[5]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar y salvaguardar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 8 lo referente a las garantías judiciales, específicamente el numeral 1. dispone: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter…”. De acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención, el juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, independiente e imparcial, lo que nos remite a la impartición de justicia a través del juez natural. este derecho constituye “un principio básico del debido proceso”, relacionado con el concepto de juez natural, que implica que “las personas tienen derecho a ser juzgadas, en general, por tribunales ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos”[6]. CONSIDERANDO (12): La seguridad jurídica es un principio del derecho, universalmente reconocido, que se basa en la “certeza del derecho”, tanto en el ámbito de su aplicación y que significa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público. El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece (o debe establecer) las disposiciones legales a seguir, sino que en sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de “seguridad jurídica” al ejercer el poder político, jurídico y legislativo. la seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al individuo por el Estado de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de aquellos. En resumen, la seguridad jurídica es la “certeza del derecho” que tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados. Para el jurista Antonio Enrique Pérez Luño[7], La seguridad jurídica es un valor estrechamente ligado al Estado de Derecho que se concreta en exigencias objetivas de: corrección estructural (formulación adecuada de las normas del ordenamiento jurídico) y corrección funcional (Cumplimiento del Derecho por sus destinatarios y especialmente por los órganos encargados de su aplicación). Junto a esta dimensión objetiva la seguridad jurídica se presenta, en su acepción subjetiva encarnada por la certeza del Derecho, como la proyección en las situaciones personales de las garantías estructurales y funcionales de la seguridad objetiva. Para Perez Luño la certeza del Derecho supone la faceta subjetiva de la seguridad jurídica, se presenta como la proyección de las situaciones personales de la seguridad objetiva. Para ello, se requiere la posibilidad del conocimiento del Derecho por sus destinatarios. CONSIDERANDO (13): Que del estudio de la sentencia emitida por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el recurso de Casación promovido por la parte demandante contra la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis, se observa se admite únicamente el segundo motivo de casación de los cinco motivos de casación interpuestos, siendo el precepto autorizante el comprendido en el artículo 719.1.c)[8] en relación con el 720.2[9] del Código Procesal Civil, la sentencia indica “El presente motivo denuncia defectuosa motivación que la aparta de la racionalidad y carácter lógico del valor tasado de la prueba cual ser el interrogatorio de parte y de los documental privado cuya autenticidad no fue impugnada y que no fueron debidamente valorados, lo que permitió un sentido diferente al fallo”. En ese orden de ideas la sentencia de casación expresa que el motivo contiene dos diferentes infracciones procesales a saber: La primera de ellas es la falta de valoración probatoria para todos los hechos que conforman la pretensión de la demanda; y la Segunda de ellas está íntimamente relacionada con la anterior, cuando la sentencia en su numeral Sexto de su fundamentación jurídica se extra limita al decir en su motivación bajo criterios propios del juzgador que: “no se haya celebrado un contrato de compraventa mercantil que demuestre de forma clara los términos de tal negociación” (cuando no fue un tema en controversia, ni tampoco puede orillar a la celebración de determinado instrumento mercantil). –Folios del 72 al 76 de la pieza de antecedentes del Ad-quem- CONSIDERANDO (14): Que bien expresa el recurrente, citando el Voto Particular emitido, la sentencia de casación le dicta al Tribunal inferior las pautas de que su sentencia no tienen motivación y que por ello debe emitirse una nueva sentencia corrigiendo el vicio procesal. Pauta que se encuentra en forma meridianamente clara cuando la sentencia de casación expresa: “La sentencia recurrida en casación no se encuentra conforme a derecho en cuanto a su defectuosa motivación respecto de su racionalidad mencionada en el numeral que antecede, ya que tal como se denuncia, la infracción puede ser determinante en un sentido diferente del actual fallo. Teniendo estos defectos por corregir se reenvía el expediente a la Corte de Apelaciones de su procedencia para que dicte nueva sentencia en el plazo de quince (15) días.” Ello en atención al segundo motivo de casación invocado y que fuera admitido, siendo el precepto autorizante los artículos ut supra indicados del Código Procesal Civil. –Lo subrayado es nuestro- (Ver folio 75 vuelto de la pieza de antecedentes del Ad-quem) CONSIDERANDO (15): Que la nueva sentencia de fecha seis de agosto del año dos mil diecinueve, dictada por mayoría de votos de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, cumpliendo lo ordenado por el Tribunal de Casación, y que es ahora recurrida en Amparo, por la parte demandante, en sus argumentos de fundamentos de derecho expone en el acápite cuarto último párrafo que “al proceder al estudio de las presentes diligencias y teniendo presente los razonamientos dados por el Tribunal de casación, ha encontrado en la secuela del proceso, vicios, que impiden dictar sentencia de fondo, en los términos antes señalados y en relación con los agravios alegados…”; asimismo en el acápite séptimo aduce “Para poder dar respuesta a los agravios, este Tribunal debe confrontarlos con la sentencia impugnada, al verla claramente nos damos cuenta que la A quo, no ciñe la redacción de la misma a lo que establece el artículo 200 del Código Procesal Civil, además que en la redacción de los hechos probados, cae en el error de describir y valorar las pruebas, cuando en otras ocasiones se ha señalado que una correcta redacción de los hechos probados, solo debe ser una descripción del relato de los hechos acreditados…”; continua en la exposición de argumentos que “En el caso de autos, no es posible verificar lo ocurrido en la audiencia, dado que la grabación de la supuesta audiencia preliminar, enviada a este Tribunal no contiene audio, lo que nos limita a revisar el acta de la audiencia, visible a folios 68 al 78 de la primera pieza, donde nos percatamos que la señora Juez no ha fijado el objeto de debate, delegando esta obligación en el apoderado legal de la parte demandante, infringiendo el contenido de los artículos 12 y 459 del Código Procesal Civil, además que ha permitido una alteración a la fijación de la pretensión deducida en la demanda…” -Lo resaltado y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (16): Que el Articulo 716 del Código procesal Civil, define los fines de la casación, siendo éstos: 1) La protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional; y 2) Las normas sobre recurso de casación deberán aplicarse e interpretarse en la forma más favorable a la finalidad de unificación de la jurisprudencia como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas; en ese orden de ideas y como líneas arriba se dejó establecido la seguridad jurídica es un principio del derecho, universalmente reconocido, que se basa en la “certeza del derecho”, tanto en el ámbito de su aplicación y que significa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público. CONSIDERANDO (17): Que el impetrante de la garantía constitucional de Amparo, recurre ante este Alto Tribunal al considerar que la Corte Primera de Apelaciones ha dejado a su representada en completo estado de indefensión, al emitir nueva sentencia que declara nulidad absoluta de actuaciones inclusive a partir del auto de admisión de la demanda, no teniendo otro medio impugnativo ordinario que revise la misma; en atención a ello el Artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, preceptúa en relación a la protección judicial, en el numeral 1) que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”; en ese orden de ideas y en atención a los compromisos asumidos por el Estado de Honduras, en defensa y protección de los derechos fundamentales, se instituye el recurso de amparo, siendo éste el instrumento procesal más importante de defensa ante el Tribunal Constitucional de los derechos y libertades de los ciudadanos. Cumple una doble misión: sirve como remedio último interno de protección de los derechos del ciudadano; y tiene una función objetiva de defensa de la constitucionalidad al servir de instrumento de interpretación de los derechos fundamentales. Desde esta última perspectiva pudo afirmar el tribunal Constitucional, en su primera sentencia, que “la finalidad esencial del recurso de amparo es la protección, en sede constitucional, de los derechos y libertades… cuando las vías ordinarias de protección han resultado insatisfactorias[10]. CONSIDERANDO (18): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera la tutela judicial efectiva[11] del recurrente en amparo, al declarar nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda, en atención al recurso de apelación promovido por la parte demandante, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete (7) de diciembre del año dos mil quince (2015); la cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, ello porque se ha emitido una resolución que no sigue las pautas emanadas del Tribunal de casación, que casa la sentencia únicamente en relación al segundo motivo de casación invocado, indicándole a la Corte de Apelaciones que la sentencia recurrida en casación no se encuentra conforme a derecho en cuanto a su defectuosa motivación respecto a su racionalidad, ya que tal como se denuncia, la infracción puede ser determinante en un sentido diferente del actual fallo. La Corte de Apelaciones argumenta en su nueva sentencia de fecha seis (6) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que ha encontrado vicios que impiden dictar sentencia de fondo, vicios que la referida Corte de Apelaciones no observó en la anterior sentencia dictada en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciséis (2016) y que no impidió dictara sentencia de fondo, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, generando con su actuar incertidumbre en quienes recurren a la instancia jurisdiccional en procura de ser oídos en sus peticiones conforme a los postulados del debido proceso, que debe imperar en un Estado de Derecho. Debido proceso que debe ser imperativo en el área civil como en el resto de los procesos jurisdiccionales; negando con ello la posibilidad de ser escuchado el recurrente, conforme a los lineamientos jurisprudenciales emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consecuencia de ello la vulneración de los derechos garantizados en la Constitución de la República, específicamente en el artículo 90. Como corolario de lo expuesto en el presente libelo, soslayando los demás derechos fundamentales invocados por el recurrente en amparo. CONSIDERANDO (19): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (20): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, consecuentemente vulnera los demás derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (21): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán debe dictar nueva resolución en la que con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que se declara por mayoría de votos nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda, en el recurso de apelación promovido por la parte demandante la sociedad mercantil NSV BUSINESS GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA, inobservando las pautas emanadas de la sentencia emitida por el Tribunal de casación, en fecha veintinueve de mayo del año dos mil diecinueve, que le indica al tribunal de apelaciones que debe dictar nueva sentencia, pues de la emitida en fecha 31 de agosto del 2016 se desprende una motivación defectuosa respecto a su racionalidad, ya que tal como se denuncia, la infracción puede ser determinante en un sentido diferente del fallo actual; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, 7, 719.1.c) y 720.2 del Código Procesal Civil; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, a favor de la sociedad mercantil NSV BUSINESS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA, contra la Sentencia dictada por mayoría de votos de la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis (6) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); 2) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, restituyendo al recurrente en Amparo los derechos que le han sido vulnerados, observando las disposiciones emanadas de la sentencia emitida por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en fecha 29 de mayo del año 2019, que casa la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones recurrida en fecha 31 de agosto del año 2016, únicamente en el segundo motivo de casación invocado por la parte demandante, al observar el Tribunal de casación que la sentencia recurrida en casación no se encuentra conforme a derecho en cuanto a su defectuosa motivación respecto de su racionalidad, ya que tal como se denuncia, la infracción puede ser determinante en un sentido diferente del fallo actual. Y MANDA: Que se proceda a notificar la presente sentencia y con certificación de la misma se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de enero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-995-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”

[2] “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”

[3] Juana Maria Ibáñez Rivas. Convención Americana sobre Derechos Humanos Comentario. Artículo 8. Garantías Judiciales. KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG e. V. Oficina para Guatemala y Honduras. Impreso en Guatemala por Magna Terra Editores. Diciembre de 2014. Pág. 217.

[4] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[5] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[6] Juana Maria Ibáñez Rivas. Convención Americana sobre Derechos Humanos Comentario. Artículo 8. Garantías Judiciales. KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG e. V. Oficina para Guatemala y Honduras. Impreso en Guatemala por Magna Terra Editores. Diciembre de 2014. Pág. 218. A mayor abundancia en relación al juez natural como elemento esencial del debido proceso, la autora señala que “Dicho juez natural “deriva su existencia y competencia de la ley, la cual ha sido definida por la Corte como la “norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Parte para la formación de las leyes”

[7] Antonio-Enrique Pérez Luño. LA SEGURIDAD JURÍDICA: UNA GARANTÍA DEL DERECHO Y LA JUSTICIA. Boletín de la Facultad de Derecho, núm. 15,2000.

[8] CAUSALES DEL RECURSO. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia, genérica, objetiva, funcional y adecuación de procedimiento. b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. c) La forma y contenido de la sentencia. 2. Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.

[9] EXCLUSIÓN DE LA REVISIÓN PROBATORIA EN CASACIÓN. 1. Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2. Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.

[10] Antonio Zárate Conde et al DRECHO CONSTITUCIONAL Obra adaptada al temario de oposición para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. Madrid, España; Primera edición: febrero 2018. Pág. 273 y 274.

[11] Véase L. Alfredo de Diego Diez. El derecho a la tutela judicial efectiva. O.I.M. EDITORIAL S.A de C.V. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras. Págs. 35, 39 y 49. “El contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, también conocido como <> (STC 14/1982), es poliédrico, multiforme, integrado por derechos e instrumentos varios. Es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el de acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado”. “Por lo demás, el derecho de acceso a la justicia (como parte integrante del más amplio derecho a la tutela judicial efectiva) no es absoluto e incondicionado. Bien claro establece la Constitución de la República que el libre acceso a los tribunales se ejercitará <<en la forma que señalan las leyes>>.