Sentencia AC-971-20 — Registro 13016
Resumen
Se interpuso recurso de amparo que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el recurrente y confirma con relación a la demanda vía proceso abreviado para la tutela del derecho de posesión por despojo, e indemnización de daños y perjuicios.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que, por no ser propias de la materia constitucional, quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o administrativos que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en los mismos, y cuyo conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, se dará cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales. De no ser así, estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales 1) y 9), es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas; razón por la cual esta Sala estima, que dar curso al conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el abogado EDUARDO DUARTE SALGADO a favor de SI MISMO, contra la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diez (10) de junio de dos mil veinte (2020), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el recurrente y CONFIRMA la Sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019), con relación a la Demanda vía Proceso Abreviado para la Tutela del Derecho de Posesión por Despojo, e Indemnización de Daños y Perjuicios, promovida por el abogado EDUARDO DUARTE SALGADO, en contra de la señora GLORIA SOCORRO DURÓN MEJÍA. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del Recurso de Amparo, se desprende que el recurrente señala que se le vulneraron, los derechos contenidos en los artículos 64, 80 y 82 de la Constitución de la República. Señalando que la autoridad recurrida no tomo en cuenta, no evacuó en el momento procesal oportuno, y no valoró la prueba que presentó, en donde se deja claramente establecido, que tuvo una acción posesoria ininterrumpida del inmueble objeto del litigio. CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que la Alzada determinó que los alegatos hechos por el recurrente son inoperantes e inatendibles, pues solo se enfocan en hacer argumentos generales, confusos y sin fundamento legal; no demuestran la ilegalidad del acto apelado; no establece la correcta valoración de la prueba, o la prueba que no fue valorada por el a-quo, y; los mismos se enfocan en probar la propiedad y dominio ininterrumpido del inmueble en litigio, ignorando que es un juicio posesorio y ese supuesto no ha sido probado por su parte. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesiva rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala del acto reclamado en amparo y la norma aplicada por la autoridad recurrida, atiende a la concurrencia de los presupuestos exigidos por nuestra ley para sustentar la denegatoria impugnada en amparo; por ende, la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando su fundamentación legal una efectiva adecuación a la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes. CONSIDERANDO: Que el derecho de petición, consagrado en el articulo 80 de la Constitución de la República, faculta a todas las personas a presentar peticiones a las autoridades competentes, ya sea por motivos de interés particular o general, y obtener una pronta respuesta en el plazo legal ya establecido. Por lo tanto, al presentar el recurrente sus peticiones, ante la autoridad competente, en este caso el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (4) de mayo de dos mil diecisiete (2017), y este mismo fue resuelto en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019); esta Sala concluye que no se ha lesionado el citado derecho. CONSIDERANDO: Que este Tribunal no logra identificar trasgresión alguna al derecho de defensa consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República, pues este implica: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre él y las partes o entre una parte y el Estado mismo. Al no haberse privado al recurrente de ninguna de estas acciones o hechos, se estima que no hubo ninguna violación a este derecho. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que, por no ser propias de la materia constitucional, quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o administrativos que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en los mismos, y cuyo conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, se dará cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales. De no ser así, estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales 1) y 9), es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas; razón por la cual esta Sala estima, que dar curso al conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5, y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 7, 41, 42, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el abogado EDUARDO DUARTE SALGADO, a favor de SI MISMO, contra la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diez (10) de junio de dos mil veinte (2020); toda vez que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como ya ha sido relacionado; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la resolución de fecha veintiséis de julio de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-971-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL