Sentencia AC-953-17 — Registro 12497
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil que declara con lugar el recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras que falla declarando sin lugar la oposición de falta de competencia y sin lugar el incidente de nulidad de actuaciones y con lugar la demanda de ejecución de título extrajudicial. Estima el recurrente que con el acto reclamado se limita a su representada el derecho a gozar de un debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia o acceso a la jurisdicción, establecido en los artículos 61 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (8): La afirmación que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión y que la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido tomado en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que están han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión antes las instancias superiores. Sin embargo, el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, por que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha. CONSIDERANDO (9): Que, consagrado dentro del Derecho a la Defensa, es un derecho para el respeto y estricto cumplimiento de las garantías y derechos derivados de la Constitución; y que se generan en pro de la tutela real y efectiva de esos derechos. A nivel internacional, el derecho a la defensa se recoge en diferentes textos, que vinculan al Estado que los haya suscrito, salvo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que vincula a todos como un “Derecho Superior”. CONSIDERANDO (10): Que el desarrollo del País requiere que los ahorros generados por los hondureños, sean invertidos en condiciones de absoluta transparencia y eficiencia y además administrados con prudencia, honestidad y responsabilidad, por lo que es necesario actualizar el marco legal aplicable a las instituciones que cumplen la función económica de la intermediación financiera, propiciando que adopten las mejores prácticas internacionales en la administración de los ahorros del pueblo hondureño, y tomando en consideración la complejidad de las condiciones internacionales para los negocios financieros, la formación de conglomerados y la presencia de entidades fuera de plaza que realizan actividades de intermediación financiera, requieren de normas claras para la administración de los riesgos y la prevención de crisis sistemáticas que puedan afectar la economía nacional. CONSIDERANDO (11): Que Honduras está comprometida en adoptar los Principios para la supervisión efectiva, contenidos en el Primer Acuerdo de Capital, emitido en 1988, para lo cual es necesario fortalecer las capacidades de la institución supervisora, introducir su supervisión consolidada de los grupos financieros y emitir reglas para el gobierno corporativo de las instituciones que realizan intermediación financiera. De ahí la creación mediante Decreto 1129-2004 y entrada en vigor de la Ley del Sistema Financiero, siendo a todas luces que el Gobierno de la República ejecuta un programa de consolidación del sistema financiero, para fortalecer su viabilidad de mediano y largo plazo y asegurar su contribución al crecimiento de la economía, diversificación de las actividades productivas y aumento del acceso a los servicios financieros de la población. CONSIDRANDO (12): Que la Ley del Sistema Financiero tiene como objetivo regular la organización, autorización, constitución, funcionamiento, fusión, conversión, modificación, liquidación y supervisión de las instituciones del sistema financiero y grupos financieros, propiciando que éstos brinden a los depositarios e inversionistas un servicio transparente, sólido y confiable, que contribuya al desarrollo del país. Que dentro de las instituciones reguladas por la presente Ley se consideran autorizadas para realizar intermediación entre otras: “Los bancos públicos y privados las que se regirán por los preceptos de la Ley en lo que fueren aplicables por la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)”. En el caso sub júdice, es aplicable el Capítulo III de La Liquidación Forzosa, regulada por la Ley del Sistema Financiero, siendo objeto la sociedad mercantil BANCO CONTINENTAL, S.A., de la resolución SB No.1034/09-10-2015 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que resolvió en fecha 9 de octubre del año 2015, la liquidación forzosa de dicha sociedad mercantil, por haber incurrido en causas de liquidación de conformidad a los establecido en el artículo 37 de este Foro. CONSIDERANDO (13): Que si de la suspensión de operaciones y su publicación, se ha comprobado que personas naturales o jurídicas realizan actividades de captación de recursos de forma irregular, deberá ordenar la cesación de las operaciones de captación e inmediatamente la Comisión declare la liquidación forzosa se procederá automáticamente a la cancelación de la autorización para operar en el mismo acto.”
Legislación citada
- Ley de Sistema Financiero, art. 34 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (14): Que se aprecia en autos de la causa de mérito, tanto en su interposición como en la formalización del amparo, y del estudio realizado por esta Honorable Sala de lo Constitucional, si bien se acude a esta instancia aduciendo que se han violentado el principio al debido proceso, así como el principio de igualdad, y se incrimina al Ad Quem, que éste ha quebrantado los derechos expuestos, por no haber emitido una resolución de fondo y motivada sobre los argumentos impetrados en el tribunal de primera instancia; se advierte del estudio de los autos, que el tribunal de alzada conoce mediante recurso de apelación o de segunda instancia, resolución mediante la cual el A Quo, declara sin lugar la oposición de falta de competencia de tribunal y sin lugar el incidente de nulidad interpuesto por la parte ejecutada, diligencias que van encaminadas contra la ejecución forzosa de un título extrajudicial, presentada por la Abogada Maribel Espinoza Turcios en su condición de apoderada legal de WESTRUST BANK INTERNATIONAL LIMITED, contra la Junta Liquidadora de BANCO CONTINENTAL,S.A. Cabe resaltar que los fundamentos de derecho, en los cuales el tribunal de primera instancia ordena la continuación del proceso civil, es en base al artículo 24 del Código Procesal Civil, referente a la jurisdicción en el ámbito civil, la que sólo podrá ser ejercida por los órganos del Poder Judicial; pero en virtud que el marco de aplicación del caso en estudio, debe ser esquematizado dentro la Ley del Sistema Financiero, tomando como base que siendo el presente caso de mérito sujeto a una liquidación forzosa en virtud de ser la demandada una institución del sistema financiero, ampliamente regulada en base al artículo 121 de la Ley, la que establece que se entenderá suspendidos hasta por seis (6) meses los términos de la prescripción de todo derecho o acción de que sea titular la institución y los términos en los juicios o procedimientos en los que la institución sea parte, iniciados antes de la resolución; pero en virtud que la parte demandante interpuso acciones civiles en los juzgados de letras, este artículo establece en su segundo párrafo, que los juzgados no deberán dar curso a diligencias prejudiciales o cautelares ni a demandas que promuevan los acreedores de la institución del sistema financiero en proceso de liquidación, a quienes indicarán que ejerciten las acciones ante el Liquidador para hacer valer sus derechos, siguiendo el procedimiento que la ley establece para la liquidación forzosa. Es por ello que la liquidación asume la obligación de pago atendiendo a la graduación que establece el artículo 131 de la Ley del Sistema Financiero, por ello no se trata que se violente o no el derecho al acceso a la justicia para el reconocimiento de derechos o restar el reconocimiento de los tribunales de justicia de juzgar y ejecutar lo juzgado, se trata de una situación especial, que es que es regulada por una ley especial, la ley aplicable es la Ley del Sistema Financiero, que en su artículo 1 entre otros, tiene como objetivo regular la liquidación y supervisión de las instituciones del sistema financiero; no es demás establecer que en esos términos la actuación del juicio deberán ser ejercidas ante el liquidador, siguiendo el procedimiento que la ley establece, quien tiene las obligaciones que lo enmarca la ley especial así como sus responsabilidades en el ejercicio y desempeño de su cargo, los derechos y obligaciones a fin de una buena conservación y administración ordinaria de los bienes de la liquidación, sin dejar en olvido que el liquidador deberá respetar el orden de prelación de los activos de la institución del sistema financiero, aplicando al pago de las obligaciones pendientes de la institución, de acuerdo con los procedimientos y el orden establecido en el artículo 131 de la Ley del Sistema Financiero. CONSIDERANDO (15): Que señalado lo anterior esta Sala de lo Constitucional efectivamente constata que en el caso sub examiné se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, ni los demás derechos invocados por el censor, señalando que el debido proceso es un conjunto de garantías que el Estado tiene la obligación de reconocer, en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, por la cual todo el que recurre ante los órganos administrativos y judiciales del Estado, tiene derecho a obtener protección de sus intereses o derechos a través de un proceso que respete los postulados constitucionales, y que además el resultado de este se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenido en el interno del proceso consecuentemente a los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado.”
Legislación citada
- Ley de Sistema Financiero, art. 121 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Sistema Financiero, art. 131 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 24 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCIO SAID BARAHONA SALGADO, a favor de la sociedad mercantil WESTRUST BANK (INTERNATIONAL) LIMITED, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha trece (13) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), que declara Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, en su condición de apoderado y representante procesal de la Liquidación de BANCO CONTINENTAL, S.A., contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha nueve (9) de enero del año dos mil diecisiete (2017), que falla declarando Sin Lugar la Oposición de falta de competencia y sin lugar el incidente de nulidad de actuaciones y Con Lugar la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial; con relación a la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, promovida por la sociedad mercantil WESTRUST BANK (INTERNATIONAL) LIMITED, contra la sociedad mercantil en proceso de liquidación denominada BANCO CONTINENTAL S.A. Estima el recurrente que con el acto reclamado se limita a su representada el derecho a gozar de un debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia o acceso a la jurisdicción, establecido en los artículos 61 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez (10) de junio del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, actuando en su condición de apoderada de la sociedad denominada WESTRUST BANK (INTERNATIONAL) LIMITED, promoviendo demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial, contra la sociedad mercantil en proceso de liquidación denominada BANCO CONTINENTAL S.A., para que pague a su representada la cantidad de DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (US$. 2,074,886.34). (Folios del 1-6 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil dieciséis (2016) compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, en su condición de representante procesal de la liquidación de BANCO CONTINENTAL, S.A., interponiendo motivo de oposición a la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial, alegando como causal de oposición, la falta de competencia del Tribunal ante quien se presenta la demanda. (Folios del 85-88 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que en fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016) el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, actuando en su condición antes indicada, promovió ante el citado Juzgado, incidente de nulidad de actuaciones, a partir del auto de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciséis (2016). (Folios 136-137 de la piza de antecedentes del A-quo) 4) Que en fecha nueve (9) de enero del año dos mil diecisiete (2017) el referido Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, dictó sentencia definitiva mediante la cual Falló: (Sic) “1) DECLARANDO SIN LUGAR la oposición de Falta de Competencia del Tribunal ante el cual se interpone la Demanda, y SIN LUGAR el incidente de NULIDAD DE ACTUACIONES, ambas presentadas por el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA en su condición de apoderado legal de la Junta Liquidadora de BANCO CONTINENTAL, S.A., en la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por la Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS en su condición de apoderada legal de WESTRUST BANK INTERNATIONAL LIMITE. 2) declarando CON LUGAR la demanda de Ejecución de título Extrajudicial promovida por la Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS en su conducción de apoderada legal de WESTRUST BANK INTERNATIONAL LIMITED, contra BANCO CONTINENTAL, S.A. representado por la Junta Liquidadora que tiene a su cargo la liquidación de la institución bancaria en mención; 3) Que se siga con la ejecución vía apremio para pago de la cantidad de DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOLARES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS ($2,074,886.34) más interés y costas…” (Folio del 144-149 de la pieza de antecedentes del A-quo) 5) Que conociendo del recurso de apelación promovido por el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, contra la sentencia referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha trece (13) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), dictó sentencia mediante la cual resolvió: (Sic) “1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha nueve de enero del dos mil diecisiete, por el juzgado de letras civil de esta sección judicial.- 2) REVOCAR Y DICTAR la resolución apelada conforme a la motivación fáctica y jurídica expresada, leyéndose la parte resolutiva de la misma así: a) decretar la nulidad de actuaciones a partir del auto de admisión de la demanda de título extrajudicial; b) inadmitir la demanda ejecutiva de título extrajudicial, interpuesta por la Abogada Maribel Espinoza Turcios, en su condición de apoderada legal de WESTRUST BANK INTERNATIONAL LMITED, contra la sociedad mercantil denominada Banco Continental S.A; C) Sin costas en primera y segunda instancia…”. (Folios del 8-10 de la pieza de antecedentes de segunda instancia) 6) Que el recurrente Abogado MARCIO SAID BARAHONA SALGADO, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor de la sociedad mercantil denominada WESTRUST BANK INTERNATIONAL LIMITED, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha trece (13) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), referida en el numeral que antecede, al estimar el recurrente, que con el acto reclamado se limita a su representada el derecho a gozar de un debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia o acceso a la jurisdicción, establecido en los artículos 61 y 90 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y formaliza su acción constitucional en fecha cuatro (4) de abril del año dos mil dieciocho (2018). 7) Que en fecha dos (2) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUITIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos constitucionales invocados. (Folios del 27-36 de la pieza de amparo) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con los artículos 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARCIO SAID BARAHONA SALGADO, a favor de la sociedad mercantil WESTRUST BANK (INTERNATIONAL) LIMITED, contra la sentencia emitida por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha trece (13) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), que declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, en su condición de apoderado y representante procesal de la Liquidación de BANCO CONTINENTAL, S.A., contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha nueve (9) de enero del año dos mil diecisiete (2017), con relación a la demanda de ejecución de Título Extrajudicial, promovida por la sociedad mercantil WESTRUST BANK (INTERNATIONAL) LIMITED, contra la sociedad mercantil BANCO CONTINENTAL S.A. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado lo establecido en los artículos 61 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Señala el impetrante en su recurso de Amparo que la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, con la sentencia emitida en fecha trece (13) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), le ha vulnerado la garantía constitucional del debido proceso, a la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y el derecho a la igualdad, derechos invocados en la acción de amparo, así como otras normas constitucionales, en tal contexto se aprecia que el censor argumenta que su representada WESTRUST BANK (INTERNATIONAL) LIMITED, previo a la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional, presentó reclamo de pago, ante la comisión Liquidadora de BANCO CONTINENTAL, S.A., dentro del período establecido en el artículo 121 de la Ley del Sistema Financiero haciendo valer sus derechos, siguiendo el procedimiento que la ley establece para la liquidación forzosa, no obstante a ello, su representado tenía conocimiento que la Junta Liquidadora de BANCO CONTINENTAL, S.A., había realizado el pago a todos sus acreedores de igual rango o de la misma naturaleza, pero se negó a realizar el pago de un crédito de similar prelación a WESTRUST BANK (INTERNATIONAL) LIMITED y ante el eminente vencimiento del plazo concedido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) a dicha Junta para proceder a la liquidación de dicha institución bancaria, se vio en la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales en demanda de justicia, a efecto de obtener el pago correspondiente, ya que dicha comisión liquidadora jamás se pronunció sobre los reclamos dentro del plazo que se señala para realizar las operaciones propias de la liquidación, por ende, no ha le quedó otro camino a su representado para obtener la tutela efectiva de su derecho de crédito, que el acudir a la vía judicial realizando la pretensión correspondiente. Expresa que la liquidación de un banco o de cualquier institución del sistema financiero no es una jurisdicción, entendida ésta como la prerrogativa, autoridad o poder de determinados órganos públicos, especialmente los del poder judicial, que ostentan el imperium o sea la facultad y el deber de juzgar y ejecutar coercitivamente lo juzgado, pues en un Estado de Derecho, el Estado se reserva para sí, ese poder y ejerce esa función de juzgar a través del Poder Judicial, ya que ante la existencia de un conflicto, es el único que tiene reservada la potestad de decir el mismo mediante decisiones capaces de adquirida autoridad de cosa juzgada, por lo que estima que debe ser el Juzgado de Letras de lo Civil el competente de conocer de la pretensión planteada contra los liquidadores como representantes legales del Banco Continental, S.A. por ser los órganos jurisdiccionales quienes por disposición constitucional tienen la función de juzgar y ejecutar lo juzgado y no así los liquidadores de la instituciones del sistema financiero nombrados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), facultad que corresponde al Poder Judicial. Arguye que el deber del A Quo como de la autoridad recurrida, debe dictar una resolución de fondo y motivación sobre las pretensiones deducidas, el cual no debe ser vulnerado ni por un órgano jurisdiccional, ni por el legislador, que en su actividad debe atenerse al cumplimiento y respeto a los derechos fundamentales que garantiza nuestra Constitución de la República. En conclusión, no es cierto que el juzgado ante el que se presentó la demanda no tenga competencia para conocer de la misma, ni lo es que los liquidadores del BANCO CONTINENTAL, S.A., tengan competencia objetiva, funcional o territorial para conocer de la presente pretensión, es más, es absurdo pretender que los liquidadores de una sociedad mercantil, de un ente de derecho privado, tengan las potestades jurisdiccionales o la competencia de conocer de los asuntos relativos a la tutela efectiva de los derechos crediticios de sus acreedores, cuando estos han sido lesionados por los propios liquidadores. CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República establece expresamente: “Solicitada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, los jueces y magistrados no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes”[1]. CONSIDERANDO (6): Que “las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad en las partes en el proceso y a evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole”[2]. Imponiendo de esta manera la obligación al Juez de preservar esa igualdad de las partes en el proceso y evitar toda discriminación contra o entre ellos por las razones anteriormente establecidas. Es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. Su finalidad es lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas, sean públicas o privadas. Entendiéndose el Debido Proceso como:[3] ”El derecho que tienen las partes a que se desarrolle el proceso por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por Órgano Jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”. CONSIDERANDO (7): Que el debido proceso legal abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido, contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana que el artículo 8.1 que rectora las reglas del proceso legal, por ende, los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad que están establecidos por el artículo en referencia son elementos esenciales del debido proceso legal. CONSIDERANDO (8): La afirmación que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión y que la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido tomado en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que están han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión antes las instancias superiores. Sin embargo, el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, por que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha. CONSIDERANDO (9): Que, consagrado dentro del Derecho a la Defensa, es un derecho para el respeto y estricto cumplimiento de las garantías y derechos derivados de la Constitución; y que se generan en pro de la tutela real y efectiva de esos derechos. A nivel internacional, el derecho a la defensa se recoge en diferentes textos, que vinculan al Estado que los haya suscrito, salvo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que vincula a todos como un “Derecho Superior”. CONSIDERANDO (10): Que el desarrollo del País requiere que los ahorros generados por los hondureños, sean invertidos en condiciones de absoluta transparencia y eficiencia y además administrados con prudencia, honestidad y responsabilidad, por lo que es necesario actualizar el marco legal aplicable a las instituciones que cumplen la función económica de la intermediación financiera, propiciando que adopten las mejores prácticas internacionales en la administración de los ahorros del pueblo hondureño, y tomando en consideración la complejidad de las condiciones internacionales para los negocios financieros, la formación de conglomerados y la presencia de entidades fuera de plaza que realizan actividades de intermediación financiera, requieren de normas claras para la administración de los riesgos y la prevención de crisis sistemáticas que puedan afectar la economía nacional. CONSIDERANDO (11): Que Honduras está comprometida en adoptar los Principios para la supervisión efectiva, contenidos en el Primer Acuerdo de Capital, emitido en 1988, para lo cual es necesario fortalecer las capacidades de la institución supervisora, introducir su supervisión consolidada de los grupos financieros y emitir reglas para el gobierno corporativo de las instituciones que realizan intermediación financiera. De ahí la creación mediante Decreto 1129-2004 y entrada en vigor de la Ley del Sistema Financiero, siendo a todas luces que el Gobierno de la República ejecuta un programa de consolidación del sistema financiero, para fortalecer su viabilidad de mediano y largo plazo y asegurar su contribución al crecimiento de la economía, diversificación de las actividades productivas y aumento del acceso a los servicios financieros de la población. CONSIDRANDO (12): Que la Ley del Sistema Financiero tiene como objetivo regular la organización, autorización, constitución, funcionamiento, fusión, conversión, modificación, liquidación y supervisión de las instituciones del sistema financiero y grupos financieros, propiciando que éstos brinden a los depositarios e inversionistas un servicio transparente, sólido y confiable, que contribuya al desarrollo del país. Que dentro de las instituciones reguladas por la presente Ley se consideran autorizadas para realizar intermediación entre otras[4]: “Los bancos públicos y privados las que se regirán por los preceptos de la Ley en lo que fueren aplicables por la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)”. En el caso sub júdice, es aplicable el Capítulo III de La Liquidación Forzosa, regulada por la Ley del Sistema Financiero, siendo objeto la sociedad mercantil BANCO CONTINENTAL, S.A., de la resolución SB No.1034/09-10-2015 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que resolvió en fecha 9 de octubre del año 2015, la liquidación forzosa de dicha sociedad mercantil, por haber incurrido en causas de liquidación de conformidad a los establecido en el artículo 37 de este Foro. CONSIDERANDO (13): Que si de la suspensión de operaciones y su publicación, se ha comprobado que personas naturales o jurídicas realizan actividades de captación de recursos de forma irregular, deberá ordenar la cesación de las operaciones de captación e inmediatamente la Comisión declare la liquidación forzosa se procederá automáticamente a la cancelación de la autorización para operar en el mismo acto. CONSIDERANDO (14): Que se aprecia en autos de la causa de mérito, tanto en su interposición como en la formalización del amparo, y del estudio realizado por esta Honorable Sala de lo Constitucional, si bien se acude a esta instancia aduciendo que se han violentado el principio al debido proceso, así como el principio de igualdad, y se incrimina al Ad Quem, que éste ha quebrantado los derechos expuestos, por no haber emitido una resolución de fondo y motivada sobre los argumentos impetrados en el tribunal de primera instancia; se advierte del estudio de los autos, que el tribunal de alzada conoce mediante recurso de apelación o de segunda instancia, resolución mediante la cual el A Quo, declara sin lugar la oposición de falta de competencia de tribunal y sin lugar el incidente de nulidad interpuesto por la parte ejecutada, diligencias que van encaminadas contra la ejecución forzosa de un título extrajudicial[5], presentada por la Abogada Maribel Espinoza Turcios en su condición de apoderada legal de WESTRUST BANK INTERNATIONAL LIMITED, contra la Junta Liquidadora de BANCO CONTINENTAL,S.A. Cabe resaltar que los fundamentos de derecho, en los cuales el tribunal de primera instancia ordena la continuación del proceso civil, es en base al artículo 24 del Código Procesal Civil, referente a la jurisdicción en el ámbito civil, la que sólo podrá ser ejercida por los órganos del Poder Judicial; pero en virtud que el marco de aplicación del caso en estudio, debe ser esquematizado dentro la Ley del Sistema Financiero, tomando como base que siendo el presente caso de mérito sujeto a una liquidación forzosa en virtud de ser la demandada una institución del sistema financiero, ampliamente regulada en base al artículo 121 de la Ley, la que establece que se entenderá suspendidos hasta por seis (6) meses los términos de la prescripción de todo derecho o acción de que sea titular la institución y los términos en los juicios o procedimientos en los que la institución sea parte, iniciados antes de la resolución; pero en virtud que la parte demandante interpuso acciones civiles en los juzgados de letras, este artículo establece en su segundo párrafo, que los juzgados no deberán dar curso a diligencias prejudiciales o cautelares ni a demandas que promuevan los acreedores de la institución del sistema financiero en proceso de liquidación, a quienes indicarán que ejerciten las acciones ante el Liquidador para hacer valer sus derechos, siguiendo el procedimiento que la ley establece para la liquidación forzosa. Es por ello que la liquidación asume la obligación de pago atendiendo a la graduación que establece el artículo 131 de la Ley del Sistema Financiero, por ello no se trata que se violente o no el derecho al acceso a la justicia para el reconocimiento de derechos o restar el reconocimiento de los tribunales de justicia de juzgar y ejecutar lo juzgado, se trata de una situación especial, que es que es regulada por una ley especial, la ley aplicable es la Ley del Sistema Financiero, que en su artículo 1 entre otros, tiene como objetivo regular la liquidación y supervisión de las instituciones del sistema financiero; no es demás establecer que en esos términos la actuación del juicio deberán ser ejercidas ante el liquidador, siguiendo el procedimiento que la ley establece, quien tiene las obligaciones que lo enmarca la ley especial así como sus responsabilidades en el ejercicio y desempeño de su cargo, los derechos y obligaciones a fin de una buena conservación y administración ordinaria de los bienes de la liquidación, sin dejar en olvido que el liquidador deberá respetar el orden de prelación de los activos de la institución del sistema financiero, aplicando al pago de las obligaciones pendientes de la institución, de acuerdo con los procedimientos y el orden establecido en el artículo 131 de la Ley del Sistema Financiero. CONSIDERANDO (15): Que señalado lo anterior esta Sala de lo Constitucional efectivamente constata que en el caso sub examiné se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, ni los demás derechos invocados por el censor, señalando que el debido proceso es un conjunto de garantías que el Estado tiene la obligación de reconocer, en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, por la cual todo el que recurre ante los órganos administrativos y judiciales del Estado, tiene derecho a obtener protección de sus intereses o derechos a través de un proceso que respete los postulados constitucionales, y que además el resultado de este se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenido en el interno del proceso consecuentemente a los demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 90, 183, 303, 304, 305, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 59, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 3, 37, 118, 120, 121,123, 124, 125 y 131 de la Ley del Sistema Financiero; 1, 3, 12, 24 del Código Procesal Civil; FALLA: DENEGAR la acción de AMPARO interpuesta por el Abogado MARCIO SAID BARAHONA SALGADO, a favor de la sociedad mercantil WESTRUST BANK (INTERNATIONAL) LIMITED, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha trece (13) de octubre del año dos mil diecisiete (2017). Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. REDACTÓ LA MAGISTRADA REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, certificación del fallo de fecha cuatro de febrero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0953-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 305 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 5 del Código Procesal Civil.
[3] Artículo 3 del Código Procesal Civil.
[4] Artículo 118 de la Ley del Sistema Financiero Nacional
[5] Consta en folio 8-20 de la pieza de sus antecedentes