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Sentencia AC-95-20 — Registro 13465

Resumen

Sentencia declaró infundado recurso de queja contra fallo dictado por juzgado de primera instancia que inadmitió recurso de apelación con relación a impugnación de tasación de costas procesales derivadas de la sentencia en demanda para el pago de indemnización por daños y perjuicios promovida por recurrente; Autoridad recurrida funda su resolución en que el auto denunciado es de naturaleza irrecurrible

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."el pronunciamiento del Tribunal de Alzada se fundó en lo preceptuado por el artículo 227.1 del Código Procesal Civil[1], que prevé que la resolución emitida por el tribunal en torno a la tasación de costas que realice el secretario procederá sin ulterior recurso. De la vista de los antecedentes consta que el auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve tiene por firme la tasación de costas hecha por la Secretaría del Despacho por lo que resulta aplicable lo establecido en la norma precitada en cuanto a la condición irrecurrible del auto cuya impugnación fue pretendida..."..."El Tribunal de Alzada resolvió, por mayoría, declarar infundada la queja promovida, destacando que la ley determina en forma expresa que el auto denunciado es de naturaleza irrecurrible..."..."como lo ha dicho esta Sala en reiteradas decisiones, el principio de taxatividad o de impugnabilidad objetiva, referente a los recursos procesales, implica que los recursos proceden en los casos y en las circunstancias expresamente previstas en la ley. Consecuentemente, si la resolución contra la que se recurre no está catalogada como impugnable dentro de la nómina regulada por la ley adjetiva, el recurso es formalmente improcedente. Así entonces, no puede discutirse que el derecho al recurso cede ante una resolución inimpugnable[2], por cuanto por disposición expresa de la ley, el recurso de apelación en este caso es, legalmente inaccesible e improcedente..."..."esta Sala no observa que el Tribunal de Alzada haya actuado de manera arbitraria o ilegitima en su decisión, por cuanto la Corte de Apelaciones no han hecho más que ceñir sus decisiones a las disposiciones que contempla la legislación procesal atinente al asunto que nos ocupa..."..."esta Sala advierte que la resolución impugnada emitida por la Alzada, hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, orientando su decisión a declarar la inadmisibilidad de un recurso de queja, al tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra una resolución irrecurrible conforme a ley, con lo cual, no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso..."..."este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que, por no ser propias de la materia constitucional, quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos de estricto derecho, puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismo que ha sido debidamente motivado por el Tribunal de Apelaciones, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado..."..."este Alto Tribunal advierte que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna. Adicionalmente, y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales de la persona que se ha señalado como agraviada, corresponde conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que, por no ser propias de la materia constitucional, quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos de estricto derecho, puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismo que ha sido debidamente motivado por el Tribunal de Apelaciones, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado. CONSIDERANDO (13): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de amparo interpuesto por ANABELLY SOLIS, a favor de los señores PRESENTACIÓN MENDOZA CERRATO y ROLANDO GOMEZ, también conocido como ROLANDO GOMEZ ESCALANTE, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), que resolvió un recurso de queja interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a una impugnación de tasación de costas procesales derivadas de la sentencia. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales contemplados en los artículos 64, 90 y 183 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cuatro (04) de junio de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, los Señores PRESENTACIÓN MENDOZA CERRATO, actuando en su condición de Representante Legal de la Empresa Distribuidora “TONY” S. de R.L. de productos plásticos y ROLANDO GOMEZ, interponiendo demanda para el pago de indemnización por daños y perjuicios por la vía del proceso abreviado. (Folios 01-63 de la Pieza del A-Quo) 2) Que en fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán admitió el certificado del Informe Legal No.454-2019 CA-CAH, ejecutada por el Abogado VIRGILIO FRANCISCO SANCHEZ MIDENCE en su condición de Miembro de la Comisión del Arancel del Colegio de Abogados de Honduras. (Folio 405 de la Pieza del A-Quo) 3) Que seguido el trámite legal correspondiente, la Abogada ANABELLY SOLIS, en su condición de Representante Procesal de los SEÑORES PRESENTACIÓN MENDOZA CERRATO y ROLANDO GOMEZ, también conocido como ROLANDO GOMEZ ESCALANTE, interpuso recurso de apelación contra el auto de fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil diecinueve (2019), a lo cual el Juzgado citado en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) Resolvió: (SIC): “PRIMERO: INADMITASE A TRAMITE EL RECURSO DE APELACION POR DEFECTO DE FORMA EXPRESION DE AGRAVIOS, NULIDAD-CONDENA EN COSTAS, interpuesto por la Abogada ANABELLY SOLIS, en su condición de Representante Procesal de los SEÑORES PRESENTACIÓN MENDOZA CERRATO y ROLANDO GOMEZ, también conocido como ROLANDO GOMEZ ESCALANTE, como partes demandantes, contra el auto de fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil diecinueve (2019), por improcedente en virtud que la resolución recurrida esta dictada conforme a derecho.- NOTIFIQUESE.” (Folio 410 de la Pieza del A-Quo) 4)Que conociendo de un recurso de queja interpuesto por la Abogada ANABELLY SOLIS, en su condición de Representante Procesal de los SEÑORES PRESENTACIÓN MENDOZA CERRATO y ROLANDO GOMEZ, también conocido como ROLANDO GOMEZ ESCALANTE, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), en la cual Dispone: (SIC) “1) INFUNDADA la queja interpuesta por la Abogada ANABELLY SOLIS, contra el auto de fecha 24 de septiembre de 2019, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en consecuencia, se declara la firmeza del auto recurrido vía recurso de queja, 2) Que la Secretaria de este Tribunal, proceda a notificar a la parte recurrente y comunique al órgano judicial inferior sobre esta resolución. 3) Se condena en costas al recurrente. NOTIFIQUESE.” (Folio 31 de la Pieza del Ad-Quem) 5) Que la Abogada ANABELLY SOLIS, compareció ante este Tribunal en fecha cinco (05) de febrero de dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo a favor de los SEÑORES PRESENTACIÓN MENDOZA CERRATO y ROLANDO GOMEZ, también conocido como ROLANDO GOMEZ ESCALANTE, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que las mismas son violatorias de lo dispuesto en los artículos 64, 90 y 183 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que del escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil veintiuno (2021). (Folios 01-03 y 33 del presente Recurso) 6) Que en fecha veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folio 36–42 y 44 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, del goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que se reclama como violatorio de derechos y garantías constitucionales, el referido auto resolutivo de fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que desestimó el recurso de queja de que se ha hecho mérito, mismo que fue presentado por la referida recurrente, abogada. ANABELLY SOLIS. CONSIDERANDO (5): Que el pronunciamiento del Tribunal de Alzada se fundó en lo preceptuado por el artículo 227.1 del Código Procesal Civil[1], que prevé que la resolución emitida por el tribunal en torno a la tasación de costas que realice el secretario procederá sin ulterior recurso. De la vista de los antecedentes consta que el auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve tiene por firme la tasación de costas hecha por la Secretaría del Despacho por lo que resulta aplicable lo establecido en la norma precitada en cuanto a la condición irrecurrible del auto cuya impugnación fue pretendida. CONSIDERANDO (6): Que la quejosa recurrió en apelación de dicha resolución, recurso que fue inadmitido a trámite por el juez de instancia, razón por la que la impetrante recurrió en queja ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de este Departamento, señalando una serie de supuestas irregularidades en el manejo del expediente en el archivo del juzgado de primera instancia, entre la que destaca que no fue debidamente notificada sobre resoluciones previas relacionadas con la impugnación de las costas en el proceso de mérito. El Tribunal de Alzada resolvió, por mayoría, declarar infundada la queja promovida, destacando que la ley determina en forma expresa que el auto denunciado es de naturaleza irrecurrible. CONSIDERANDO (7): Que como lo ha dicho esta Sala en reiteradas decisiones, el principio de taxatividad o de impugnabilidad objetiva, referente a los recursos procesales, implica que los recursos proceden en los casos y en las circunstancias expresamente previstas en la ley. Consecuentemente, si la resolución contra la que se recurre no está catalogada como impugnable dentro de la nómina regulada por la ley adjetiva, el recurso es formalmente improcedente. Así entonces, no puede discutirse que el derecho al recurso cede ante una resolución inimpugnable[2], por cuanto por disposición expresa de la ley, el recurso de apelación en este caso es, legalmente inaccesible e improcedente. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala no observa que el Tribunal de Alzada haya actuado de manera arbitraria o ilegitima en su decisión, por cuanto la Corte de Apelaciones no han hecho más que ceñir sus decisiones a las disposiciones que contempla la legislación procesal atinente al asunto que nos ocupa. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala advierte que la resolución impugnada emitida por la Alzada, hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, orientando su decisión a declarar la inadmisibilidad de un recurso de queja, al tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra una resolución irrecurrible conforme a ley, con lo cual, no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso. CONSIDERANDO (10): Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO (11): Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO (12): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que, por no ser propias de la materia constitucional, quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos de estricto derecho, puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismo que ha sido debidamente motivado por el Tribunal de Apelaciones, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado. CONSIDERANDO (13): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO (14): Que este Alto Tribunal advierte que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna. Adicionalmente, y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales de la persona que se ha señalado como agraviada, corresponde conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 900.3 del Código Procesal Civil; 5, 7, 46 numerales 1) y 9), y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada ANABELLY SOLIS, a favor de los señores PRESENTACIÓN MENDOZA CERRATO y ROLANDO GOMEZ, también conocido como ROLANDO GOMEZ ESCALANTE, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), al haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, certificación del fallo de fecha veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0095-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] En su sentencia el Tribunal de Alzada citó erróneamente como fundamento el artículo 900.2, sin embargo, el texto citado corresponde al numeral 3 de dicho artículo.

[2] DE DIEGO DÍEZ. La apelación en el Código Procesal Civil hondureño, Editorial OIM, pág.81