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Sentencia AC-927-19 — Registro 12682

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que declara sin lugar el recurso de apelación con relación a la demanda para decretar una obligación de no hacer y destrucción de lo ya construido vía tutela sumaria. Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenido en el artículo 89, 90 y 94, de la constitución de la república.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (5): Esta Sala de lo Constitucional ha valorado los argumentos expresados por el recurrente, pero no los comparte en virtud de estimar que los mismos constituyen alegatos exclusivos para una expresión de agravios, tomando este recurso extraordinario de amparo como una instancia más, y no desarrolla el concepto de la violación, desde el ámbito de justicia constitucional. Se rescata que alega que la sentencia recurrida no está dictada con observancia a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 90 constitucional."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (6): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha aplicado el Principio derecho del debido proceso legal, explicando que este consiste en el cumplimiento de las condiciones para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos y obligaciones están bajo consideración judicial, que por tanto busca garantizar que las partes en contienda no sean sometidos a decisiones arbitrarias; dentro de este principio derecho al debido proceso consagrado en el artículo 90 Constitucional y el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, se encuentra el deber de motivación Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso, ya que a la luz de la jurisprudencia Europea el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho Suministra y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión y que la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido tomados en cuenta debidamente los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Así mismo la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y que en los casos que esas decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de cuestionar la resolución emitida y lograr un nuevo examen de la cuestión en las instancias superiores. Así las cosas, esta sala aprecia que el deber de motivar se ha cumplido por parte del Juzgado A-Quo. CONSIDERANDO (7): Que al estudiar el fallo emitido por el Ad-Quem, esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, encuentra que el razonamiento o juicio de valor sobre la apariencia de buen derecho que pueda tener mayor o menor solidez; es correcta, es de decir que al confrontar la apariencia de buen derecho de ambas posiciones (la del actor y el demandado); se concluye que la apariencia de buen derecho de este último no contrarresta ni debilita la del actor, de manera tal que esta deje de ser suficiente para otorgar la acción de amparo . Por lo que la suficiente valoración de la prueba y argumentos lógicos contenidos en la sentencia recurrida, la vuelve una respuesta jurisdiccional congruente en derecho, que no violenta el artículo 90 Constitucional y al Artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de mayo de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE GEOVANY ESPINOZA ZARZAR, a favor de la señora MARIA RUBENIA CRUZ ESCALANTE, contra la Sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha once de septiembre del año dos mil diecinueve, que declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, con relación a la Demanda para Decretar una Obligación de No Hacer y Destrucción de lo ya Construido vía tutela sumaria, promovida por el señor HARLEY GILLIAN GREGORY ANGUS, contra MARIA RUBENIA CRUZ ESCALANTE.- Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenido en el artículos 89, 90 y 94, de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dos (2) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), comparecieron ante el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, los Abogados EDITH REYES VELASQUEZ y JASSIR ANTONIO FLORES MORADEL, en su condición de Apoderado Legales del señor HARLEY GILLIAN GREGORY ANGUS, interponiendo una Demanda consistente en decretar una obligación de no hacer y destrucción de lo ya construido, a sustanciarse vía tutela sumaria, solicitando reconocimiento judicial para acreditar los hechos alegados. (Folio 01 al 02 de la pieza de Corte de Apelaciones) 2) Que en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), el Tribunal referido, dictó sentencia mediante la cual “RESUELVE: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la DEMANDA DE TUTELA SUMARIA, de orden de no hacer, promovida por los Abogados EDITH REYES VASQUEZ y JASSIR ANTONIO FLORES MORADEL, como apoderados legales del señor HARLEY GILLIAN GREGORY ANGUS, en contra de la señora MARIA RUBENIA CRUZ ESCALANTE.- SEGUNDO: ORDENA a la señora MARIA RUBENIA CRUZ ESCALANTE la destrucción de las paredes que obstruyen el camino y el portón de acceso de la propiedad del señor demandante HARLEY GILLIAN GRESORY ANGUS, registrado bajo la matricula 983173 del Instituto de la Propiedad Inmueble y mercantil de esta Ciudad de Roatán, Islas de la Bahía, y una vez que adquiera firmeza la Sentencia que se libren los actos de comunicación para el cumplimiento de la misma…” (Folio 89 al 92 de la pieza del juzgado) 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados EDITH REYES VASQUEZ y JASSIR ANTONIO FLORES MORADEL, en su condición de Apoderados Legales del señor HARLEY GILLIAN GREGORY ANGUS, contra la Sentencia de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), emitida por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), dictó sentencia en la cual: “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación incoado contra la resolución relacionada en el preámbulo de esta sentencia, en consecuencia se desestima la pretensión de que esta corte decrete la REVOCATORIA de la Sentencia impetrada ; antes bien la misma se CONFIRMA y que se ejecute a la brevedad posible por todo lo antes mencionado.-SEGUNDO: condenase a la parte vencida al pago de las costas correspondientes a la segunda instancia.- TERCERO:…” (Folio 05 Y 11 de la pieza de corte de Apelaciones). 4) El recurrente abogado JOSE GEOVANY ESPINOZA ZARZAR, compareció ante este alto Tribunal en fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), interponiendo recurso de amparo a favor de la señora MARIA RUBENIA CRUZ ESCALANTE, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), violenta los artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha nueve (9) de marzo del año dos mil veinte (2020); ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. (Folio 31 de la pieza de amparo). 5) Que con fecha veinticinco (25) de noviembre del dos mil veinte (2020), se tuvo por emitido el dictamen presentado por la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión SE DENIEGUE EL PRESENTE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser los artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la Garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado JOSE GEOVANY ESPINOZA ZARZAR, a favor de la señora MARIA RUBENIA CRUZ ESCALANTE, contra la Sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha once de septiembre del año dos mil diecinueve, que declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, con relación a la Demanda para Decretar una Obligación de No Hacer y Destrucción de lo ya Construido vía tutela sumaria, promovida por el señor HARLEY GILLIAN GREGORY ANGUS, contra MARIA RUBENIA CRUZ ESCALANTE.- CONSIDERANDO (4): Que el Accionante argumenta, que existe vulneración a los artículos 89, 90 y 94, de la Constitución de la República, contentivos de derechos constitucionales de su mandante por parte de la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la sentencia emitida en fecha once de septiembre del año dos mil diecinueve. - Argumenta en su exposición los derechos fundamentales infringidos lo que se transcribe a continuación: “…Los Derechos Constitucionales infringidos con los actos impugnados son los derechos fundamentales de Juicio Previo, Debido Proceso y Presunción de Inocencia, cuyos contenidos son: “Articulo 94. “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de juez o autoridad competente. En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado.” “Articulo 90. “Nadie puede ser juzgado, sino por Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, en relación con el artículo 3 del Código Procesal Civil. Y “Articulo 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.”. Todos estos preceptos en relación con los artículos 3, 59, 60, 61.1, 64.1 del Código Procesal Civil. 1. El derecho fundamental al debido proceso, en los términos que lo consagra la norma constitucional, y el artículo 3 del Código Procesal Civil, establece el derecho fundamental de “las partes a que el proceso se desarrolle por los tramites previstos legalmente y a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la Republica, y en las Leyes Ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial una resolución de fondo justa y motivada”. 2. El caso que nos ocupa se trata de una demanda vía Tutela Sumaria consistente en decretar una obligación de no hacer y destrucción de lo ya construido, promovida por el señor Harley Guillian Gregory Angus, contra mi mandante la señora María Rubenia Cruz Escalante, concretándose la pretensión del demandante en que se decrete tutela sumaria de orden de no hacer y destrucción de lo ya construido en relación al cierre de una servidumbre de tránsito en contra de mi mandante, lo que así decreté el juzgador, en la parte dispositiva en la sentencia impugnada, por lo cual paso a explicar; y fundamentar lo siguiente: 1. Establece el artículo 799 del Código Civil que “servidumbre predial o simplemente, servidumbre, es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño”. En el mismo contexto, el artículo 800 establece: “se llama predio sirviente, el que sufre el gravamen; y predio dominante, el que reporta la utilidad. Con respecto al predio dominante, la servidumbre se llama activa; con respecto al predio sirviente, pasiva” “Servidumbre aparente, es la que está continuamente a la vista, como la de tránsito, cuando se hace por una senda 0 por una puerta especialmente destinada a él...” artículo 803 del mismo instrumento sustantivo citado. La servidumbre es un auténtico derecho real que establece una relación entre el dueño del predio sirviente y el predio dominante en beneficio de este último, por lo tanto toda situación de hecho o de derecho que se produzca en relación al uso de la misma necesariamente debe resolverse entre el propietario del predio sirviente y el propietario del predio dominante, siendo este problema el que se observa en la presente Litis, donde mi mandante no es la propietaria ni poseedora del predio sirviente. 2. Está acreditado en autos con los documentos privados que obran a folios 79 al 81 de compra que hizo en 1977 la madre del compañero de hogar de mi mandante señora Mayra Muñoz de James de la propiedad sobre la cual se encuentra la servidumbre de transito de la cual se reclama en este juicio, inmueble que efectivamente Doña Mayra Muñoz de James heredó a su hijo y actual propietario Cleveland Lee Muñoz Hinds, donde tiene su casa de habitación, reside con su familia y realiza todos los actos de propiedad que la ley autoriza en su condición de tal, con independencia que carezca de dominio pleno, autorizado por la Municipalidad de Utila, está acreditado: a. A Folios del 78-79, la sentencia de declaratoria de herencia ab-intestato del señor Cleveland Lee Muñoz de su madre Mayra Carmin Mufioz Hinds, inscrita bajo asiento número 47 del Tomo 29 del Libro de Registro de Sentencias del Instituto de la Propiedad de Roatán, Islas de la Bahía, con la cual se acredita que el señor Cleavland Lee Muñoz adquirió por herencia ese bien inmueble y que es el único representante de su difunta madre y por ende propietario de la propiedad que es fundo sirviente en la servidumbre de mérito; b. A folios 71 y 73 se encuentra agregado en autos la solicitud de dominio pleno de la indicada propiedad por su propietario y actual poseedor Cleavland Lee Muñoz; c. A Folios del 68 al 69 obran los comprobantes de pago de impuestos de bienes inmuebles efectuadas por el señor Lee Muñoz, sobre la propiedad y que aparecen aún a nombre de su padre de crianza ya fallecido William Osgood James Forbes. Medios de pruebas que no fueron apreciadas por el sentenciador, según lo expresa en la parte final del pronunciamiento “primero” del apartado MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA, de la sentencia de primera instancia, estableciendo que no fue objeto de debate la titularidad dominical del inmueble donde habita mi mandante esposa del señor Cleavland Lee Muñoz, que es el gravado con la servidumbre de mérito; argumentos que fueron hechos suyos por el tribunal recurrido y los retoma en los literales a) y d) del apartado de Motivación Probatoria y Fundamentos de Derecho. 3. Expresa el Jurisconsulto José María Asencio Mellado: “El derecho procesal, pues establece las medidas, condiciones o modos dirigidos a conseguir un proceso regular y por ello eficaz. En consecuencia, los presupuestos procesales son los requisitos o condiciones que deben reunir el órgano jurisdiccional (jurisdicción y competencia) y el proceso (presupuesto de la actividad) para que pueda emitirse una sentencia que resuelva el fondo del asunto o par que ésta, una vez pronunciada, pueda estimarse válida”. Para Eduardo J. Coutre: “Los presupuestos procesales son aquellos antecedentes necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal, un juicio seguido ante quien ya no es juez, no es propiamente un juicio defectuoso, sino que es un no juicio, un juicio inexistente; un juicio seguido por dos incapaces no es tampoco un juicio, sino una serie de hechos privados de eficacia jurídica”. (2) Lo propio se puede decir de un juicio seguido contra un tercero no legitimado para ser parte en el mismo, como es mi defendida María Rubenia Cruz Escalante, quien al no ser la propietaria del inmueble que soporta el gravamen de servidumbre no tiene ni ostenta la condición <Ascencio Mellado, José María, Manual de Derecho Procesal Civil, 3era Edición, Tirant Blanch, Valencia, España, 2008, p. 56.Couture, Eduardo J,, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3era Edición, De Palma, Buenos Aires, 1993, p. 103.> de parte, respecto de la pretensión ejercida en juicio y resuelta en la sentencia impugnada. 4. Como consecuencia de haber seguido el presente juicio contra un tercero, no legitimado para ser parte, por no ser propietaria ni poseedora del bien inmueble que es fundo sirviente en la servidumbre objeto de debate, se produce con el juicio y la sentencia de mérito la infracción por falta de aplicación de los preceptos Constitucionales, que dan contenido al programa de enjuiciamiento establecido en la prima lex, como ser: los derechos fundamentales de juicio previo (artículo 94), debido proceso legal (artículo 90 párrafo primero) y estado de inocencia (artículo 89) todos de la Constitución de la República, en relación con los artículos 59, 60, 61.1 y 64.1 del Código Procesal Civil. Si la servidumbre es un derecho real inmueble que se ejerce sobre una cosa inmueble, de distinto dueño, que grava el fundo sirviente en beneficio del predio dominante, no puede seguirse un juicio y luego dictarse una sentencia valida, habiendo demandado a un tercero que no ostenta la titularidad del derecho de propiedad, ni la posesión del inmueble considerado predio sirviente en el presente caso, en tanto que está aprobado en juicio que el titular de esa relación jurídica es el señor Cleavland Lee Muñoz Hinds, por haber heredado de su madre el inmueble de referencia, todo lo anterior con independencia de que tenga o no el título de dominio pleno sobre el mismo, tomando en consideración que hasta antes de 2002 no existían inscripciones definitivas en el departamento de Islas de la Bahía por no haberse aprobado los ejidos de las municipalidades respectivas, pero los documentos que obran a folios del 79 al 81 de los autos claramente deja establecido que esa propiedad la adquirió la madre del señor Lee Muñoz en octubre de 1977, donde construyeron su casa que posteriormente le heredaron, situación por la cual el único que puede ser convocado a un juicio y en todo caso condenado a una obligación de no hacer o a la destrucción de lo ya hecho como se solicita en la demanda, es el señor Cleavand Lee Muñoz Hinds. La relación de servidumbre supone: por una parte, que el gravamen de la servidumbre debe pesar sobre un predio y beneficiar a otro predio; por otra parte, los predios deben pertenecer a dueños distintos, pues la servidumbre es un derecho sobre una cosa ajena, y no se puede gozar de una servidumbre sobre la cosa propia. En este contexto según el título del demandante su propiedad colinda por el lado Este con propiedad de los señores Truman Mckenzie y Mayra James camino de 6 pies de por medio, esto implica que ese espacio de seis pies de por medio es la servidumbre que grava el bien inmueble del señor Cleveland Lee Muñoz Hinds en beneficio del predio del demandante, esto pone de manifiesto lo gravoso y delicado de la discusión que tiene por objeto la presente tutela sumaria, es decir, que para que se pueda adoptar una decisión orientada a no hacer o a deshacer lo ya hecho, tiene que demandarse necesariamente al titular del derecho subjetivo respecto a la propiedad gravada con la servidumbre de mérito. Establece el artículo 59 del CPC que para poder actuar válidamente en el proceso civil las partes deber de gozar de capacidad para ser parte, de capacidad procesal y estar legitimadas; por su parte el artículo 64.1 deja claro que para efectos procesales son partes Ilegitimas ordinarias las que comparezcan y actúan en juicio en posición jurídica contrapuesta, afirmando ser titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, sea inter vivos, sea mortis causa. Mi mandante no está legitimada para ser parte en la presente tutela sumaria y así lo sostuvo en las audiencias del presente juicio, por no ser la titular del derecho subjetivo (propiedad y posesión) del bien inmueble que soportan la servidumbre reclamada, pero muy extrañamente aparece condenada en la sentencia impugnada. Esta condena en el procedimiento especial de tutela sumaria por todas las razones ya expuestas infringe por completo el programa de enjuiciamiento constitucional a que se refieren los preceptos citados como infringidos en este recurso. En efecto, nadie puede ser juzgado en Honduras si no es respetando las formalidades, derechos y garantías que la Constitución y la ley procesal establecen, por eso se hace necesario la realización del juicio previo regulado en el artículo 94 Constitucional, donde se establece que a nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, ya se trate de caso de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado; el proceso especial de tutela sumaria es un asunto de materia civil en el cual la norma constitucional impone el deber de escuchar, es decir, llevar a juicio a la persona que será afectada con la decisión que en el mismo se produzca, en otras palabras, convocar a juicio a la parte legitimada para que pueda defenderse y en su caso ser vencido en juicio, esto no ha sucedido en el caso de autos pues se demandó a mi mandante María Rubenia Cruz Escalante que no es titular de la relación jurídica respecto al inmueble gravado con servidumbre, lo que indefectiblemente se traduce en un juicio y en una sentencia inexistente, pues bajo el argumento que no se discute la titularidad del derecho de propiedad se condena a quien no es el dueño del inmueble a una obligación de no hacer y a deshacer lo ya hecho, situación inclusive, por la cual mi mandante desde ahora deja establecido su imposibilidad de cumplir con lo resuelto en la sentencia impugnada. 5. Expresa el juzgador de primera instancia en el pronunciamiento segundo, de la motivación fáctica y jurídica, de la sentencia, que conforme a la finalidad de la tutela sumaria la misma solo tiene por esencia y ámbito evitar que se produzcan situaciones de hecho o de derecho que puedan vulnerar derechos fundamentales evitando que el juez se pronuncie de forma definitiva sobre el fondo del derecho material que le asiste a las partes; y la corte recurrida concluye en el literal f) de la motivación probatoria y fundamentos de derecho de su sentencia de 11 de septiembre de 2019, “que la tutela sumaria no es propiamente un juicio, sino que una medida sumaria y provisional que adopta el juez”, sobre este punto se deja establecido que los preceptos constitucionales 89, 90 párrafo 1 primero y 94, no hacen distinciones que permitan en aras de la protección de situaciones de hecho o de derecho, realizar juicos en materia civil al margen del programa de enjuiciamiento constitucional proclamado precisamente en la carta fundamental, no es cierto ni permitido que el juez y las partes se aparten de las reglas fundamentales del juicio previo en aras de una tutela sumaria. Lo correcto es que se demande al titular del derecho subjetivo que ostenta la calidad de parte legitimada; para que se defienda y así cumplir no solo lo que dice la Constitución si no también lo que establecen los pactos internacionales sobre derechos humanos. Adicional a lo anterior, la sentencia impugnada desconoce lo gravoso que representa la ejecución de una obligación de no hacer, pues esta clase de obligación tiene por objeto la no ejecución de un hecho determinado por parte del deudor, ya el Código Civil establece cuales son las obligaciones del dueño del fundo sirviente respecto al fundo dominante, por consiguiente solo el propietario y poseedor de la finca sirviente puede estar en condiciones de obligarse o de cumplir lo ordenado en Ja parte dispositiva de la sentencia. La sentencia impugnada igualmente desconoce el derecho de propiedad y la posesión del señor Lee Muñoz, sobre el inmueble sirviente en la servidumbre de mérito, pues condena a alguien (mi mandante) que no ostenta la condición de propietaria ni de poseedora del bien inmueble gravado con servidumbre. Solo recordando dice el Código Civil que la posesión es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho por nosotros mismos con ánimo de dueño, o por otro en nombre nuestro (artículo 717), y el artículo 613 establece: Se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. No hay duda que mi mandante María Rubenia Cruz Escalante, no tiene el dominio ni la posesión de la propiedad gravada con servidumbre y por la cual se le condena en el presente juicio, fuera de la Constitución y de la ley procesal, como se ha dejado demostrado. -…” CONSIDERANDO (5): Esta Sala de lo Constitucional ha valorado los argumentos expresados por el recurrente, pero no los comparte en virtud de estimar que los mismos constituyen alegatos exclusivos para una expresión de agravios, tomando este recurso extraordinario de amparo como una instancia más, y no desarrolla el concepto de la violación, desde el ámbito de justicia constitucional. Se rescata que alega que la sentencia recurrida no está dictada con observancia a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 90 constitucional. CONSIDERANDO (6): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha aplicado el Principio derecho del debido proceso legal, explicando que este consiste en el cumplimiento de las condiciones para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos y obligaciones están bajo consideración judicial, que por tanto busca garantizar que las partes en contienda no sean sometidos a decisiones arbitrarias; dentro de este principio derecho al debido proceso consagrado en el artículo 90 Constitucional y el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, se encuentra el deber de motivación Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso, ya que a la luz de la jurisprudencia Europea el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho Suministra y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión y que la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido tomados en cuenta debidamente los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Así mismo la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y que en los casos que esas decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de cuestionar la resolución emitida y lograr un nuevo examen de la cuestión en las instancias superiores. Así las cosas, esta sala aprecia que el deber de motivar se ha cumplido por parte del Juzgado A-Quo. CONSIDERANDO (7): Que al estudiar el fallo emitido por el Ad-Quem, esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, encuentra que el razonamiento o juicio de valor sobre la apariencia de buen derecho que pueda tener mayor o menor solidez; es correcta, es de decir que al confrontar la apariencia de buen derecho de ambas posiciones (la del actor y el demandado); se concluye que la apariencia de buen derecho de este último no contrarresta ni debilita la del actor, de manera tal que esta deje de ser suficiente para otorgar la acción de amparo . Por lo que la suficiente valoración de la prueba y argumentos lógicos contenidos en la sentencia recurrida, la vuelve una respuesta jurisdiccional congruente en derecho, que no violenta el artículo 90 Constitucional y al Artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3.2, 4, 5, 8, 10, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 56, 57, 58, 61, 63, de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía de Amparo interpuesta por el Abogado JOSE GEOVANY ESPINOZA ZARZAR, a favor de la señora MARIA RUBENIA CRUZ ESCALANTE, contra la Sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha once de septiembre del año dos mil diecinueve, que declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, con relación a la Demanda para Decretar una Obligación de No Hacer y Destrucción de lo ya Construido vía tutela sumaria, promovida por el señor HARLEY GILLIAN GREGORY ANGUS, contra MARIA RUBENIA CRUZ ESCALANTE. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Corte primera de Apelaciones, departamento de Francisco Morazán. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CRISTIAN RAMÓN BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de junio de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-927-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL