Sentencia AC-915-19 — Registro 14146
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que declaró sin lugar el recurso de apelación con relación a la Demanda de Ejecución de Título Judicial. Estimando el recurrente, que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO(11): Que todos los que acuden a los tribunales tienen derecho a un juicio justo, a una recta administración de justicia, a contar con las garantías procesales establecidas en la ley; el derecho a la defensa forma parte de ese conjunto de derechos que abarca el debido proceso, para el doctor Miguel Hernández Terán[1], citando a Arturo Hoyos, en su escrito El debido proceso en la doctrina, expone una definición del debido proceso en donde se puede apreciar que el derecho de defensa forma parte del mismo: Es una institución instrumental en virtud del cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones justificadas, oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones de la parte contraria, de aportar pruebas licitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos. CONSIDERANDO (12): Que para poder conceder la garantía de amparo es necesario que el acto recurrido vulnere garantías establecidas en la Constitución de la República, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales; en el caso de autos el amparista lo ha relacionado con vulneración al derecho de defensa y debido proceso, consagrado en los artículos 82 y 90 de nuestra Carta Magna; situación que no advierte esta Sala de lo Constitucional, pues el dictar resoluciones contrarias a las pretensiones de las partes, no supone vulneración a derechos constitucionales; el tribunal de Alzada ha procedido a confirmar la resolución emitida por el A-quo en la interpretación realizada, haciendo prevalecer el principio de legalidad y el debido proceso, no vulnerando en ningún momento garantías constitucionales, a las que alude el impetrante como disminuidas en contra de su representado. CONSIDERANDO (13): Que, por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, al observar esta Sala que no se ha vulnerado el principio genérico del Debido Proceso. “
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 212, Numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 214, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 760 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 761 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 763 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ, a favor del señor VICTOR MANUEL MONTES CHACON, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO, en fecha dos (2) de septiembre de dos mil quince (2015); con relación a la Demanda de Ejecución de Título Judicial, promovida por el abogado JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ, a favor del señor VICTOR MANUEL MONTES CHACON, en contra del señor RONAL JAVIER MURILLO FUENTES, y la sociedad mercantil YODECO DE HONDURAS S.A. DE C.V. Estimando el recurrente, que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, el abogado JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ, actuando en su condición de representante procesal del señor VICTOR MANUEL MONTES CHACON, interponiendo Demanda de Ejecución de Título Judicial, en contra del señor RONAL JAVIER MURILLO FUENTES, y la sociedad mercantil YODECO DE HONDURAS S.A. DE C.V., solicitando que: se haga parcialmente efectivo el pago de la cantidad de dinero a que fue condenada la empresa YODECO DE HONDURAS S. A. DE C. V.; dictar mandamiento de ejecución en contra de la empresa citada, para que procedan de inmediato a hacer efectivo la otra parte del dinero adeudado, más el veinticinco por ciento (25%) de honorarios y gastos de la presente ejecución; Dictar mandamiento de ejecución en contra del señor RONAL JAVIER MURILLO FUENTES, para que procede al pago de la cantidad adeudada, más el veinticinco por ciento (25%) correspondientes a honorarios y trámites de la ejecución; se libren los mandamientos correspondientes al Instituto de la Propiedad (IP), Instituto de Conservación Forestal (ICF) y al Catastro Municipal, para que procedan a realizar diversos trámites con los inmuebles dados en garantía y objeto de litigio. (Folios 1–25 de la Primera Pieza de antecedentes) 2) Que en fecha veinte (20) de agosto de dos mil quince (2015), el abogado presentó un escrito en donde solicita convocatoria a subasta sobre el bien inmueble de la parte ejecutada. Por lo que el citado Juzgado, dictó su respectiva Resolución en fecha dos (2) de septiembre de dos mil quince (2015), mediante la cual Resolvió: (SIC) “1).- Declarar NULIDAD DE ACTUACIONES a partir del auto de fecha veintisiete de Abril del año dos mil quince y demás actuaciones posteriores, que corren desde el folio 154 hasta el 174 dejando sin valor y efecto el embargo practicado.-2) Líbrese oficio al Instituto de la Propiedad de esta ciudad de Yoro, para que deje sin valor ni efecto el embargo practicado inscrito en fecha diez de Julio del año dos mil quince bajo el número 23 del tomo 242.-” (Folios 175–178 de la Primera Pieza de antecedentes) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del señor VICTOR MANUEL MONTES CHACON, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó Sentencia en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ quien actúa en su condición de apoderado judicial del señor VICTOR MANUEL MONTES CHACON, contra el auto motivado de fecha dos de septiembre de dos mil quince (F 177), dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro, en la solicitud de ejecución forzosa de titulo judicial, promovida en contra de la entidad mercantil denominada YODECO DE HONDUAS SA DE CV y contra el señor RONAL JAVIER MURILLO FUENTES.- SEGUNDO: CONFIRMANDO el auto motivado de fecha dos se septiembre de dos mil quince (F 177), dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro, venida en apelación.-” (Folios 6–10 de la Segunda Pieza de antecedentes) 4) Que el abogado JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ, compareció ante este Tribunal en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del señor VICTOR MANUEL MONTES CHACON, contra la Sentencia de fecha nueve (9) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha nueve (9) de marzo de dos mil veinte (2020). (Folios 1–11 y 33 del presente Recurso) 5) Que en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que se DENIEGUE el presente amparo, por no existir vulneración de las garantías procesales invocadas por el amparista.” (Folios 38–44 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como lo establecido en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que el recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta puede interponer, y tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, y puede ser invocada para que se declare que en un caso concreto una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente en amparo, se avoca ante esta Sala de lo Constitucional, en fecha veintitrés de Octubre del año dos mil diecinueve, solicitando amparo en contra de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento Cortes, que declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución de fecha dos de septiembre del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamental de Yoro, confirmando el auto recurrido; en relación a la Nulidad de Actuaciones a partir del auto de fecha veintisiete de abril del año dos mil quince y demás actuaciones posteriores, decretada de oficio por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, en la Demanda de Ejecución Forzosa de Titulo Judicial, promovida por el señor VICTOR MANUEL MONTES CHACON, en contra de la entidad mercantil denominada YODECO DE HONDUAS SA DE CV y del señor RONAL JAVIER MURILLO FUENTES. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante, en la exposición de sus alegatos, en contra de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, arguye que con el acto reclamado se han violentado el derecho de defensa, consagrado en el artículo 82 y garantía del debido proceso consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República; sostiene el impetrante que se ha violentado el derecho de defensa al decretar la nulidad de actuaciones a partir del auto 27 de abril del dos mil quince y demás actuaciones posteriores, dejando sin valor y efecto el embargo practicado sobre un bien inmueble propiedad del ejecutado Ronal Javier Murillo Fuentes, provocando indefensión en razón que se le arrebata el ejecutante el derecho de prelación, ya que sobre el mismo inmueble pesa un segundo embargo a favor de la empresa YODECO HONDURAA S. A. DE C. V., considera el pedidor la resolución de la corte es una evidente aberración jurídica, pues tuvo que dejar subsistente y valido el embargo anulado, en protección de la tutela judicial efectiva del ejecutado, cuya pretensión es que se haga efectivo el pago de la obligación consignada en el título de ejecución judicial reclamado al ejecutado. CONSIDERANDO (5): Continúa manifestando el pedidor que con la resolución emitida se violenta el debido proceso, porque la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, confirma la resolución de fecha dos de septiembre del dos mil quince contentiva de graves violaciones al debido proceso, pues la juez de primera instancia decreta de oficio nulidad absoluta de actuaciones, sin que ninguna de las partes personadas realizaran el reclamo correspondiente, convirtiéndose la juzgadora en juez y parte, resolución que en forma arbitraria es avalada y confirmada por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Cortes. Argumenta que el daño irreparable que causa el fallo es el hecho que despoja al ejecutante del derecho de prelación, en razón de que sobre el inmueble inscrito bajo el No. 46 del Tomo XXXIX propiedad del ejecutado pesan dos embargos, por lo cual la nulidad solo viene a favorecer a la Empresa YODECA, rompiéndose la tutela perseguida por la parte ejecutante. CONSIDERANDO (7): Que en el libelo de la acción constitucional impetrada, el recurrente tanto en su escrito de interposición como en el de formalización del recurso de amparo, se centra en narrar de forma cronológica los hechos de la demanda de Ejecución y en afirmar que con la nulidad de actuaciones decretada de oficio por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, a partir del auto de fecha veintisiete de abril del año dos mil quince, y demás actuaciones posteriores, se ha vulnerado el debido proceso y derecho de defensa, al anular el embargo decretado sobre un bien inmueble propiedad del ejecutado Ronal Javier Murillo Fuentes, quitándole al ejecutante el derecho de prelación sobre el mismo, en razón de que sobre dicho inmueble pesa un segundo gravamen. CONSIDERANDO (8): Que en la motivación de la resolución impugnada en su acápite identificado como CUARTO: la Alzada sostiene que: “…En tal sentido es preciso mencionar que el auto de nulidad de actuaciones que nos ocupa, refiere la existencia de violaciones al derecho de defensa del ejecutado, pues del auto de fecha veintisiete de abril del dos mil quince, el cual contiene el mandamiento de ejecución que debía notificarse al ejecutado, no establece el plazo dentro del cual, éste podía oponerse a la ejecución ni tampoco la prevención de los efectos que podrían ocasionarle al no presentarse. Que si bien es cierto en los titulo judiciales no se precisa de requerimiento de pago a diferencia de los títulos no judiciales que si lo exige, sin embargo en ambos procesos las partes tienen la oportunidad de oponerse a la ejecución en un plazo dado por ley y por las causas taxativamente establecidas en el artículo 763 del CPC, el cual no se le concedió al ejecutado para oponerse, con lo cual se le está limitando el derecho de contradicción, a poder defenderse, por lo que efectivamente resulta fácilmente apreciable la vulneración al derecho de defensa que el apelante no reconoce…”; QUINTO: “…La comunicación subsidiaria se practicó como primera opción lo que conlleva una violación al principio de legalidad (artículo 7 CPC). En relación a la nulidad del embargo practicado, la Alzada refiere en el mismo numeral QUINTO “…el artículo 212.4 del Código Procesal Civil, determina que los actos procesales serán nulos cuando se prescindan de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa se haya producido indefensión, entendiéndose por esta a aquella situación en la que normalmente con infracción de una norma procesal, el órgano judicial en el curso del proceso impide a una parte el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando bien su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, …. Por lo que la Juez en aplicación del artículo 214.2 del CPC procedió a decretar la nulidad de oficio. Por otro lado, se observa que el embargo se generó como consecuencia de la falta de oposición del ejecutado, como elemento accesorio de la pretensión principal por lo que al anular el auto que le dio origen indirectamente se anula éste.” CONSIDERANDO (9): Que esta Sala, estudiada que ha sido la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, encuentra que la misma ha sido emitida conforme a derecho, respetando el debido proceso y el derecho de defensa que aduce el recurrente como vulnerados; conclusión a la que se arriba pues la Alzada ha procedido a confirmar la resolución emitida por el A-quo, quien de oficio a decretado la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha veintisiete de abril del año dos mil quince y demás actuaciones posteriores, que corren desde el folio 154 hasta el folio 174 dejando sin valor y efecto el embargo practicado, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 212.4, 214.2, 760, 761 y 763 del Código Procesal Civil, en relación al artículo 7 del mismo cuerpo legal. Consta en el caso sub judice a folio ciento cincuenta y cinco (155) el acta de notificación y requerimiento realizado en forma subsidiaria por el funcionario competente, la cual carece de todas las advertencias señaladas en los artículos precedentes, así como en la resolución que ordena dicho acto de comunicación, ante ello y para evitar vulneración del derecho de defensa del ejecutado, procedía decretar de oficio la nulidad de actuaciones, como bien lo ha hecho el A-Quo, y confirmado por el Ad-Quem, por lo cual la nulidad decretada de oficio, no vulnera derechos fundamentales, como expresa el recurrente en Amparo. CONSIDERANDO (10): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 82 constitucional dispone: “El derecho a la defensa es inviolable. Los habitantes de la Republica tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; así el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. CONSIDERANDO(11): Que todos los que acuden a los tribunales tienen derecho a un juicio justo, a una recta administración de justicia, a contar con las garantías procesales establecidas en la ley; el derecho a la defensa forma parte de ese conjunto de derechos que abarca el debido proceso, para el doctor Miguel Hernández Terán[1], citando a Arturo Hoyos, en su escrito El debido proceso en la doctrina, expone una definición del debido proceso en donde se puede apreciar que el derecho de defensa forma parte del mismo: Es una institución instrumental en virtud del cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones justificadas, oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones de la parte contraria, de aportar pruebas licitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos. CONSIDERANDO (12): Que para poder conceder la garantía de amparo es necesario que el acto recurrido vulnere garantías establecidas en la Constitución de la República, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales; en el caso de autos el amparista lo ha relacionado con vulneración al derecho de defensa y debido proceso, consagrado en los artículos 82 y 90 de nuestra Carta Magna; situación que no advierte esta Sala de lo Constitucional, pues el dictar resoluciones contrarias a las pretensiones de las partes, no supone vulneración a derechos constitucionales; el tribunal de Alzada ha procedido a confirmar la resolución emitida por el A-quo en la interpretación realizada, haciendo prevalecer el principio de legalidad y el debido proceso, no vulnerando en ningún momento garantías constitucionales, a las que alude el impetrante como disminuidas en contra de su representado. CONSIDERANDO (13): Que, por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, al observar esta Sala que no se ha vulnerado el principio genérico del Debido Proceso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7, 212.4, 214.2, 760, 761, 762 y 763 del Código procesal Civil; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ EDUVIGES CASTRO MARTINEZ, a favor del señor VICTOR MANUEL MONTES CHACON, contra la resolución de fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ, actuando en representación del señor VICTOR MANUEL MONTES CHACON; contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) y por la cual se falla denegando el recurso de amparo interpuesto a favor del señor VICTOR MANUEL MONTES CHACON, contra el fallo proferido por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha nueve (9) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019). CONSIDERANDO (1): Que consta de los antecedentes del presente recurso, que la acción de Amparo de mérito fue interpuesta en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), denegando la misma en Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del despacho. CONSIDERANDO (3): Que vista la petición del recurrente, se aprecia de la misma que éste funda su recurso arguyendo que en el caso de autos se ha infringido la garantía constitucional del derecho de defensa, debido proceso y legalidad.- Argumenta que al anular el embargo decretado en primera instancia que recayó sobre un bien inmueble propiedad de la parte ejecutada RONAL JAVIER MURILLO FUENTES, provocando con la nulidad el desplazamiento del derecho de prelación de su representado, pues el embargo decretado es su única garantía, ya que el ejecutado no posee más bienes que se le puedan perseguir para hacer efectivo el pago de la obligación a la cual fue condenado, es por ello que para proteger los derechos que le asiste a su representado, la alzada debe otorgar el amparo en el sentido de ordenar dejar subsistente y valido el decreto de embargo recaído sobre el asiento No. 46 del tomo XXXIX, propiedad de la parte ejecutada RONAL JAVIER MURILLO FUENTES, tomando en consideración que las actuaciones que relaciona el decreto de nulidad, son atribuibles exclusivamente a los funcionarios judiciales de primera instancia. CONSIDERANDO (4): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veintidós (22) de septiembre del dos mil veintiuno que corre agregada en autos, se establece claramente en su Considerando nueve (9), las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, es oportuno señalar al recurrente que dentro de esos argumentos la Sala ha dejado claramente establecido que: (Sic) “Que esta Sala, estudiada que ha sido la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, encuentra que la misma ha sido emitida conforme a derecho, respetando el debido proceso y el derecho de defensa que aduce el recurrente como vulnerados; conclusión a la que se arriba pues la Alzada ha procedido a confirmar la resolución emitida por el A-quo, quien de oficio a decretado la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha veintisiete de abril del año dos mil quince y demás actuaciones posteriores, que corren desde el folio 154 hasta el folio 174 dejando sin valor y efecto el embargo practicado, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 212.4, 214.2, 760, 761 y 763 del Código Procesal Civil, en relación al artículo 7 del mismo cuerpo legal. Consta en el caso sub judice a folio ciento cincuenta y cinco (155) el acta de notificación y requerimiento realizado en forma subsidiaria por el funcionario competente, la cual carece de todas las advertencias señaladas en los artículos precedentes, así como en la resolución que ordena dicho acto de comunicación, ante ello y para evitar vulneración del derecho de defensa del ejecutado, procedía decretar de oficio la nulidad de actuaciones, como bien lo ha hecho el A-Quo, y confirmado por el Ad-Quem, por lo cual la nulidad decretada de oficio, no vulnera derechos fundamentales, como expresa el recurrente en Amparo.”. CONSIDERANDO (5): Aunado a lo anterior y siendo que el pedidor centra su argumento en que la alzada debe otorgar el amparo en el sentido de ordenar dejar subsistente y valido el decreto de embargo recaído sobre el asiento No. 46 del tomo XXXIX, propiedad de la parte ejecutada RONAL JAVIER MURILLO FUENTES. Al efecto el artículo 215.5 del Código Procesal Civil, establece: “Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que las haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido. …” En ese orden de idea se estima que la resolución recurrida, se encuentra apegada a derecho, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 y 321 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ, por las razones que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, cert4ificación de la sentencia y resolución de fechas veintidós de septiembre de dos mil veintiuno y veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, recaídas en el recurso de amparo civil registrada en este Tribunal con el número SCO-0915-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Dr. Miguel Hernández Terán, EL DEBIDO PROCESO EN LA DOCTRINA, DerechoEcuador.com, publicado en fecha 24 de noviembre del año 2005.