Sentencia AC-899-19 — Registro 13330
Resumen
Sentencia declaró nulidad de oficio desde auto de admisión y demás actuaciones posteriores en la demanda para que se declare nulidad de una reunión de Junta Directiva promovida por recurrente contra Bienes Raíces e Inversiones S A de C V; Concluyó la Autoridad recurrida que las partes convinieron en que caso de discordia surgida entre accionistas, será sometido a juicio arbitral o amigable componedores, lo que no se observó en el juzgado de instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"sometida a estudio que fue la presente acción de amparo, se denota que ésta fue promovida ante la Sala en fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019); mientras que la resolución reclamada, siempre según antecedentes, fue notificada a la Abogada ESTHELA JANETH VALLADARES RAMOS en fecha uno (1) de agosto de dos mil diecinueve (2019), quien presentó ulteriormente, en el tiempo y forma que le reconocen las leyes, el correspondiente recurso de reposición.[3] Cabe mencionar que, es partir de la fecha de notificación de esta última resolución, la cual fue adversa a las pretensiones de la parte recurrente,[4] que se debe computar la concurrencia, o no, del supuesto procesal de extemporaneidad en la acción de amparo interpuesta; en caso que hubiere transcurrido el plazo legal de dos (2) meses, desde entonces. Por lo anteriormente expuesto, y oído el parecer de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, sí cabe, para esta Sala de lo Constitucional, pronunciarse en el fondo sobre la alegada vulneración al principio de legalidad, derechos de defensa, debido proceso y demás derechos fundamentales invocados por la amparista..."..."se colige que el fondo del asunto lo constituye la discrepancia de la parte garantista, respecto a la decisión anulatoria de oficio, que fuera adoptada por la Alzada en sede de apelaciones; con efecto hacia las actuaciones precedentes de instancia, a partir del auto de admisión de la demanda y demás actuaciones posteriores..."..."la resolución del Tribunal Ad-Quem bajo estudio, reconoce pertinentemente la vinculación del asunto ventilado a lo prescrito en la Cláusula Vigésimo Primera de la precitada escritura de Constitución Social: “… cualquier discordia que pueda surgir entre los accionistas o entre cualquiera de ellos y los órganos sociales, será sometido a juicio arbitral o de amigable componedores de acuerdo a las leyes vigentes, excepto en aquellos casos en que las leyes aplicables a esta sociedad fijen un procedimiento diferente”;[7] lo cual fue inobservado, en lo referente al deber de motivación que atañe al Juzgado de Instancia; al omitir pronunciarse en cuanto a su competencia objetiva. Por todo lo cual, se considera la resolución bajo estudio se ajusta a las disposiciones legales y convencionales aplicables en materia de derecho privado, según ha motivado la sentencia en sede jurisdiccional de apelaciones; por lo cual no existe violación alguna a la garantía del debido proceso, según invocado y formalizado en el plan de la demanda constitucional de amparo. Por todo ello, procede el dictado de sentencia denegatoria a la misma..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de septiembre del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de amparo interpuesto por la Abogada ESTHELA JANETH VALLADARES RAMOS, a favor de la señora SUZETTE AGURCIA UNSWORTH, también conocida como SUZETTE AGURCIA UNSWORTH DE O’CONNOR, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciséis (16) de mayo dos mil diecinueve (2019), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), con relación a la demanda por la vía del procedimiento ordinario para que se declare la nulidad de una reunión de Junta Directiva celebrada el veinticinco de marzo de dos mil catorce, la cual, es promovida por la señora SUZETTE AGURCIA UNSWORTH contra la Sociedad Mercantil BIENES RAICES E INVERSIONES S. A. DE C.V., por medio de su presidente del Consejo de Administración ALBERTO AGURCIA UNSWORTH. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representada, según contemplados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ESTHELA JANETH VALLADARES RAMOS, actuando en su condición de Apoderada de la Señora SUZETTE AGURCIA UNSWORTH también conocida como SUZETTE AGURCIA UNSWORTH DE O’CONNOR, interponiendo por la vía del procedimiento ordinario demanda de nulidad de reunión de junta directiva, de los acuerdos adoptados en ella, de la escritura que los contiene y de su inscripción en el registro competente. (Folio 1-66 de la Pieza del A-Quo) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: ESTIMAR CON LUGAR la demanda por la vía del procedimiento ordinario de nulidad de reunión de Junta Directiva, de los acuerdos adoptados en ella, de la escritura que los contiene y de su inscripción en el registro competente, promovida en veintisiete de febrero del año dos mil quince (2015), por la Abogada ESTHELA JANETH VALLADARES RAMOS, en su condición de representante procesal de la señora SUZETTE AGURCIA UNSWORTH también conocida como SUZETTE AGURCIA UNSWORTH DE O’CONNOR, contra la sociedad “BIENES RAICES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.”, a través del Presidente de su Consejo de Administración, el señor ALBERTO AGURCIA UNSWORTH.- SEGUNDO: SE DECLARA LA NULIDAD, de los acuerdos sociales tomados en la reunión de Consejo de Administración, celebrada en fecha veinticinco de marzo del año dos mil catorce (2014), la cual fue protocolizada por la Notaria LISSETTE SANDOVAL SORTO, en Instrumento número diez (10), de fecha uno de abril del año dos mil catorce (2014), a requerimiento de la señora FATIMA BELINDA NUÑEZ ZERON, actuando en su condición de Ejecutora Especial de Acuerdos de la Sociedad BIENES RAICES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. (BRISA); dichos acuerdos sociales inscritos bajo la inscripción número 21913 de la matricula número 73319 del Libro de Comerciantes Sociales.- La presente estimación de a pretensión de impugnación producirá efectos frente a todos los socios, pero no afectara a los derechos adquiridos por terceros de buena fe a consecuencia del acuerdo impugnado.- TERCERO: SE ORDENA a la Secretaría del Despacho, que una vez firme la presente sentencia proceda a librar el mandamiento correspondiente, al Registro Público de Comercio del Departamento de Francisco Morazán, en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, en su condición de Centro Asociado al Instituto de la Propiedad, a fin de que proceda a cancelar la inscripción número 21913 de la matricula número 73319 del Libro de Comerciantes Sociales, así como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella.- CUARTO: SE ORDENA al señor ALBERTO AGURCIA UNSWORTH, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad “BIENES RAICES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.”, a restituir a la señora SUZETTE AGURCIA UNSWORTH, también conocida como SUZETTE AGURCIA UNSWORTH DE O’CONNOR, como Gerente General de la sociedad “BIENES RAICES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.”. QUINTO: Con costas a la parte demandada. SEXTO: Se les indica a las partes que la presente resolución es definitiva, en tal sentido, cabe contra la misma el recurso de apelación, debiendo interponerse dentro del plazo de 10 días hábiles ante este Juzgado, expresándose los agravios que la resolución le cause, conociendo del mismo la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.” (Folios 269–282 de la Pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado JORGE BELARMINO REYES, actuando en su condición de Representante de la Sociedad Mercantil “BIENES RAICES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.” representada por el señor ALBERTO AGURCIA UNSWORTH, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARA NULIDAD DE OFICIO DESDE EL AUTO DE ADMISION Y DEMAS ACTUACIONES POSTERIORES.- SEGUNDO: SIN COSTAS.-” (Folios 11-34 de la Pieza del Ad-Quem) 4) Que la Abogada ESTHELA JANETH VALLADARES RAMOS, compareció ante este Tribunal en fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la Señora SUZETTE AGURCIA UNSWORTH, también conocida como SUZETTE AGURCIA UNSWORTH DE O’CONNOR, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que las mismas son violatorias de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020). (Folios 01-139 y 178 del presente Recurso) 5) Que en fecha dos (02) de octubre de dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “SE SOBRESEA la presente acción de amparo, al no haber interpuesto su acción el recurrente dentro del plazo establecido por el artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.” (Folio 181–185 y 187 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantía que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional, y en concordancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución; interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (2): Que acorde el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. Asimismo, el artículo 43 de la Ley en referencia establece, en cuanto a la amplitud de la acción de amparo, que ésta podrá interponerse aun cuando el hecho o acto violatorio de los derechos no conste por escrito. CONSIDERANDO (3): Que, en el escrito de formalización del recurso promovido a favor de la señora SUZETTE AGURCIA UNSWORTH, también conocida como SUZETTE AGURCIA UNSWORTH DE O’CONNOR; manifiesta la recurrente, Abogada ESTHELA JANETH VALLADARES RAMOS, que la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciséis (16) de mayo dos mil diecinueve (2019), efectuando revocatoria a la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda por la vía del procedimiento ordinario para que se declare la nulidad de una reunión de Junta Directiva celebrada el veinticinco de marzo de dos mil catorce; la cual, fuera promovida por la señora SUZETTE AGURCIA UNSWORTH contra la Sociedad Mercantil BIENES RAICES E INVERSIONES S. A. DE C.V., por medio de su presidente del Consejo de Administración ALBERTO AGURCIA UNSWORTH; ha vulnerado los derechos constitucionales de su representada, según contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, particularmente en lo concerniente al derecho de defensa y al debido proceso; al incumplir formalidades legales que exige la rigurosa aplicación de los artículos 3, 7, 9, 11.2, 44, 45, 46, 64, relacionado éste con los artículos 59, 61, 199, 207.2 y 208.1, del Código Procesal Civil; dado que consta de autos que la parte demandada interpuso en forma extemporánea la DECLINATORIA RELATIVA A LA FALTA DE COMPETENCIA GENÉRICA, que le conceden las leyes; habiéndolo realizado en el acto de contestación de la demanda. Por lo anterior, se considera el fallo recurrido obvió tomar en cuenta, aspectos importantes, de orden material, que constan en autos; tales como que, a las sesiones del Consejo de Administración, según consta en el artículo CUADRAGESÍMO TERCERO de los estatutos societarios contenidos en la escritura constitutiva de la sociedad demandada, deben ser convocados el Gerente General y el o los Comisarios. Asimismo, que la demanda fue interpuesta por su representada en su condición personal, ya que ostentaba el cargo de Gerente General de la Sociedad, y no como socia de la Sociedad demandada; y que, en definitiva, los acuerdos societarios cuya anulación se demandó al Tribunal, se adoptaron al contrario de lo establecido en la escritura constitutiva de la sociedad demandada” BIENES RAÍCES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.”. CONSIDERANDO (4): Que, considera la recurrente, Abogada ESTHELA JANETH VALLADARES RAMOS, en la parte toral de su acción garantista, que la resolución del Ad Quem no se encuentra dictada conforme al derecho al debido proceso, por haberse dictado nulidad de oficio contra una resolución acordada a ley, desconociendo la competencia objetiva del Juzgado de Instancia para conocer de la causa; toda vez que la señora SUZETTE AGURCIA UNSWORTH, también conocida como SUZETTE AGURCIA UNSWORTH DE O’CONNOR compareciera ante la jurisdicción en su condición personal, como parte interesada, en virtud del cargo de Gerente General que ostentaba, más no en la calidad de socia de la sociedad demandada; lo cual acaece en tergiversación de las normas de ley procesal civil aplicables al caso. Por todo lo cual, solicita que, previos los trámites legales, se dicte sentencia definitiva otorgando amparo y mandando proceder con arreglo a derecho. CONSIDERANDO (5): Que analizado el caso y ponderados los argumentos esbozados por el recurrente, y oído que fue el parecer de la Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, la Sala de lo Constitucional reconoce la vinculación a lo establecido en el párrafo primero del artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, cuando expresa: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efecto ivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley, o la presente Convención, aun y cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”; precepto por el cual se garantiza a toda persona la tutela de sus derechos constitucionales mediante un recurso ágil y efectivo; lo que ha tenido desarrollo normativo en nuestro país a través de la garantía de Amparo. CONSIDERANDO (6): Que, no obstante lo anterior, es jurisprudencia consolidada de esta Sala, que en el conocimiento de la acción constitucional de Amparo, no corresponde a la jurisdicción constitucional pronunciarse sobre cuestiones de mera legalidad;[1] ni pronunciarse sobre aquellas acciones de amparo que se interpongan fuera del plazo legal de dos (2) meses, contados desde la fecha de última notificación del agraviado, o de la que fecha en que éste tuvo conocimiento de la acción u omisión lesiva a sus derechos constitucionales.[2] CONSIDERANDO (7): Que, sometida a estudio que fue la presente acción de amparo, se denota que ésta fue promovida ante la Sala en fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019); mientras que la resolución reclamada, siempre según antecedentes, fue notificada a la Abogada ESTHELA JANETH VALLADARES RAMOS en fecha uno (1) de agosto de dos mil diecinueve (2019), quien presentó ulteriormente, en el tiempo y forma que le reconocen las leyes, el correspondiente recurso de reposición.[3] Cabe mencionar que, es partir de la fecha de notificación de esta última resolución, la cual fue adversa a las pretensiones de la parte recurrente,[4] que se debe computar la concurrencia, o no, del supuesto procesal de extemporaneidad en la acción de amparo interpuesta; en caso que hubiere transcurrido el plazo legal de dos (2) meses, desde entonces. Por lo anteriormente expuesto, y oído el parecer de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, sí cabe, para esta Sala de lo Constitucional, pronunciarse en el fondo sobre la alegada vulneración al principio de legalidad, derechos de defensa, debido proceso y demás derechos fundamentales invocados por la amparista. CONSIDERANDO (8): Que, de la presente vista constitucional, se colige que el fondo del asunto lo constituye la discrepancia de la parte garantista, respecto a la decisión anulatoria de oficio, que fuera adoptada por la Alzada en sede de apelaciones; con efecto hacia las actuaciones precedentes de instancia, a partir del auto de admisión de la demanda y demás actuaciones posteriores. CONSIDERANDO (9): Que, por otra parte, la Ley de Conciliación y Arbitraje, establece mecanismos de solución de controversias, a través del cual las partes en conflicto difieren la solución del mismo a un tribunal arbitral, se entiende entonces que solo podrán someterse a arbitraje las controversias que hayan surgido o surjan entre personas naturales o jurídicas, sobre materias respecto de las cuales tengan libre disposición. Es claro que, tal dispositivo o cláusula arbitral tiene lugar en el caso de mérito, pues consta de autos que la parte demandante es accionista de la sociedad anónima de capital variable que figura como demandada civil; según se desprende del contenido mismo de la demanda incoada, por la vía del procedimiento ordinario, para obtener la nulidad de una reunión de la Junta Directiva, de los Acuerdos contenidos en ella, de la Escritura que los contiene y de su inscripción en el Registro competente.[5] Asimismo, que la calidad de accionista confiere derechos de participación y patrimoniales a su titular, considerándose en el Capítulo Quinto, Artículo Décimo de los Estatutos contentivos en la escritura social; el título necesario para acreditar, ejercer y transmitir la calidad de socio.[6] CONSIDERANDO (10): Que, se aúna a lo antes expresado, la observación de que, la resolución del Tribunal Ad-Quem bajo estudio, reconoce pertinentemente la vinculación del asunto ventilado a lo prescrito en la Cláusula Vigésimo Primera de la precitada escritura de Constitución Social: “… cualquier discordia que pueda surgir entre los accionistas o entre cualquiera de ellos y los órganos sociales, será sometido a juicio arbitral o de amigable componedores de acuerdo a las leyes vigentes, excepto en aquellos casos en que las leyes aplicables a esta sociedad fijen un procedimiento diferente”;[7] lo cual fue inobservado, en lo referente al deber de motivación que atañe al Juzgado de Instancia; al omitir pronunciarse en cuanto a su competencia objetiva. Por todo lo cual, se considera la resolución bajo estudio se ajusta a las disposiciones legales y convencionales aplicables en materia de derecho privado, según ha motivado la sentencia en sede jurisdiccional de apelaciones; por lo cual no existe violación alguna a la garantía del debido proceso, según invocado y formalizado en el plan de la demanda constitucional de amparo. Por todo ello, procede el dictado de sentencia denegatoria a la misma. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 15, 18, 59, 60, 70, 80, 82, 90 párrafo primero, 94, 96, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numeral 4), 48 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente Garantía Constitucional de Amparo; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-899-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.
[2] Ver el artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.
[3] Ver folios treinta y seis (36) frente y del treinta y siete (37) al cuarenta y dos (42) de la pieza de apelaciones.
[4] Ver folio cuarenta y cinco (45) frente de la pieza de apelaciones.
[5] Ver foliada números uno (1) al siete (7) y, dieciséis (16) al cuarenta y seis (46) del expediente número 0801-2015-02207-CPCO t. I, contentivo de la primera pieza de instancia.
[6] Ver folio veinticuatro (24) de la primera pieza de instancia.
[7] Ver Fundamento de Derecho Segundo, numeral 2), de la resolución sub examine, a folio treinta y tres (33) frente del expediente número 02217-15.