Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-88-20 — Registro 12463

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia con relación a la Solicitud de Restitución Internacional Inmediata de las menores. Estimando la recurrente, que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 80, 82, 90, 111, 122 y 313.5 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… CONSIDERANDO (4): Que, adicionalmente al anterior cúmulo de argumentos, estableció el voto mayoritario de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, que la ilicitud del traslado se concreta con la petición que realiza el Ministerio de Justicia del Reino de España, en la cual se señala que: “las menores fueron trasladadas ilícitamente por su padre, el señor Olvin ORTIZ QUESADA, a Honduras”, así como en aplicación plena del artículo 3 de la Convención, pues, en efecto, la residencia habitual antes del traslado de las menores era Barcelona, España; y, tanto la sentencia de divorcio como la de suspensión de patria potestad dictadas en Honduras, no se encuentran reconocidas mediante los procedimientos legales ante el Reino de España; no habiendo operado el consentimiento de la madre quien compartía la custodia y patria potestad de las menores en el país de su domicilio. Finalmente, que la declaración expresa de las menores, guarda consonancia con el interés superior del niño (a), ya que ambas se encuentran integradas, con varios años de residir allí; quebrantando el padre dicha integración, al haberlas trasladado de su residencia habitual. CONSIDERANDO (5): Que en formalización de su recurso de amparo, argumentó la abogada WENDY ROXANA ROMERO BELLORIN que promovía la presente garantía constitucional a favor del señor OLVIN ORTIZ QUESADA, en virtud que la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha dos (2) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), violentaba los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82, 90, 111 y 122 de la Constitución de la República; por concepto de vulneración al derecho de defensa y al debido proceso de su representado, al cuestionarse en dicha sentencia la veracidad de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, departamento de Yoro. Manifestando que se ha desconocido así, no solo el derecho del agraviado a ser juzgado por Juez natural, sino a que los órganos jurisdiccionales, en sus actos y resoluciones, observen las formalidades, derechos y garantías legalmente establecidas; particularmente las que refiere el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, del 25 de octubre de 1980, dirigido a: a) Garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante, y; b) Velar por los derechos de custodia y visita vigentes en cada uno de los Estados Contratantes; por no haberse determinado fehacientemente que las menores hayan sido sustraídas ilegalmente. Considera la garantista, que tal resolución judicial se muestra también lesiva a la jurisdicción especial instituida para asuntos de familia y menores, con relación al principio de igualdad de género, pues le asiste al padre el derecho de custodia de las menores; lo cual no muestra correlativo a lo decidido en el fallo recurrido en amparo, al cuestionar la veracidad de los hechos juzgados por tribunal competente. CONSIDERANDO (6): Que, finalmente, reprocha la garantista, que tal resolución judicial no ha respetado la garantía de no avocamiento, ni apertura a juicios fenecidos, lo cual tiene como sola excepción la acción de revisión ejercida exclusivamente ante la Corte Suprema de Justicia, de conformidad a los casos y formas de revisión que establece la Ley. En congruencia a la norma fundamental, refiere legislación ordinaria que define en qué consiste una resolución firme, el concepto de cosa juzgada, así como la invariabilidad de la misma; careciendo el órgano jurisdiccional concernido de competencia para conocer de una demanda que pretende la nulidad de sentencias firmes y ejecutoriadas; disposiciones de carácter imperativo al tenor del artículo 24.1 (Sic.) relativo a la extensión y límites del orden jurisdiccional civil, el cual prescribe literalmente: ”La jurisdicción en el ámbito civil sólo podrá ser ejercida por los órganos del Poder Judicial. La extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles, se determinaran por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los tratados y convenios internacionales en los que Honduras sea parte”; lo cual habría sido menoscabado por la valoración vertida tanto por el A Quo, como por el Ad Quem, respecto a las declaraciones testificales de aquel proceso, las cuales constan en sentencia firme, admitida como medio probatorio; el cual se pretendió revisar por la Alzada, en omisión a su ámbito de competencia, pues la revisión no es atribución más que de la Corte Suprema de Justicia. Además, concluye la alegación garantista, que de la documentación aportada se desprende que el padre se encuentra legitimado a exigir el cumplimiento del Convenio del cual Honduras es suscriptor; vinculando al Estado y a los órganos jurisdiccionales competentes a la obligación de velar por el interés superior del menor. Por todo lo cual, solicita la garantista, se proceda al otorgamiento del presente recurso de amparo por parte de la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (7): Que la Constitución de la República, en el capítulo atinente al Poder Judicial, establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, correspondiéndoles la aplicación de las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Por ende, los órganos jurisdiccionales competentes están en la obligación de motivar y fundamentar sus resoluciones judiciales, expresando los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución; y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que les ha atribuido, en el marco y esfera de sus atribuciones “CONSIDERANDO (9): Que efectuado un detenido estudio, encuentra la Sala de lo Constitucional, que la sentencia recurrida en amparo se encuentra bien fundada en derecho, pues resulta congruente con las normas y principios imbricados en el bloque de convencionalidad, particularmente con el del interés superior de la niñez, en conexión al debido proceso, pues resulta que la legislación formalmente establecida y positivamente vinculante para el Estado de Honduras, define y limita la extensión de la jurisdicción nacional en función de los tratados y convenios internacionales de los que Honduras sea parte; tal y como acaece en el presente caso, en el cual se concede la solicitud derivada del Ministerio de Justicia del Reino de España, por la cual establece que: “las menores fueron trasladadas ilícitamente por su padre, el señor Olvin ORTIZ QUESADA, a Honduras”, en aplicación del artículo 3 de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, del 25 de octubre de 1980; desvaneciendo el señalamiento de no haberse respetado la garantía de no avocamiento, ni de apertura a juicios ya fenecidos, lo cual tiene como sola excepción la acción de revisión ejercida exclusivamente ante la Corte Suprema de Justicia; concepto por el cual se alegan como violentados los derechos constitucionales, en la formalización del presente recurso de amparo. CONSIDERANDO (10): Que una lectura conjunta y armónica del artículo 8.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos, con los demás derechos y garantías fundamentales contenidos en la Constitución de la República, precave la primacía de los derechos e interés superior del niño, donde se establece la obligación esencial del Estado de proteger a la infancia y de asegurar a los niños (as), que gozaran de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos; razones jurídicamente concurrentes, para esta Sala de lo Constitucional, para denegar el otorgamiento de la presente garantía de amparo.”

Legislación citada

Sentencia

[Texto completo no disponible en la fuente]