Sentencia AC-830-16 — Registro 17778
Resumen
Resolución que declaró sin lugar incidente de nulidad interpuesto contra Laudo Arbitral dictado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(16): Que la revisión constitucionalidad sobre la nulidad parte del análisis del mantenimiento de las garantías establecidas en la Norma Fundamental, en el caso concreto se ha denunciado la violación de los artículos 61, 64, 70, 90, 321, 362, 364 y 368, referentes a la inviolabilidad de la libertad, igualdad, propiedad, libertad, debido proceso, no limitación de derechos fundamentales, legalidad constitucional, principio de anualidad presupuestaria, limitación de pago de compromisos que estén consignados en el presupuesto, y sobre la vigencia y preparación del presupuesto. Considerando (17): Que sobre la vulneraciones al principio de libertad, legalidad, anualidad del presupuestos, vigencia y preparación del presupuesto, contenidos en los artículos 64, 70, 321, 362 y 368 no se observa vulneración alguna en vista de que no se observa argumentos sobre dicha vulneración, en vista de que lo protegido en esos precepto no se confronta con la resolución traída en amparo. Quedando para análisis lo reconocido en los artículo 61, únicamente en cuando al análisis del derecho a la propiedad, clausula general de libertad, debido proceso y sobre las compromisos financieros que asuma el Estado. En tal sentido el examen del acto reclamado se observa que la Corte de Apelaciones da una respuestas a los distintos argumentos planteados en la nulidad del laudo, bajo un numerus clausus, donde se hicieron alegados sobre donde existe una disconformidad entre la fundamentación jurídica y lo definitivamente resuelto por supuestamente observarse disposiciones contradictorias entre sí; referente a haberse fallado en equidad y no en derecho; y, no haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitraje. Sobre todos esos motivos fue resuelto por la Corte de Apelaciones, con respecto a la autorización legal que da la Ley de Conciliación y Arbitraje. Considerando (18): Que por las razones expuestas partiendo de la naturaleza de la actuación del recurso de nulidad en materia arbitral, no se observar vulneración alguna por parte de la realización de la Corte de Apelaciones, puesto que la misma esta limitada a una revisión ceñida a una clausulas determinada, por razones que no entran de fondo como se solicita, en la valoración jurídica expuesta por los árbitros, asimismo se observa que la aplicación del sistema normativo, aunque en este tipo de casos, no se limite a lo expuesto por las partes, dado que las normas son validas y aplicables desde su entrada en vigencia. Por lo que se deniega el amparo interpuesto"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 22 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 26 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 74 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
(14): Que esta Sala de lo Constitucional ha señalado sobre la acción de nulidad de Laudos Arbitrales,[5] es un medio de impugnación característico y específico del juicio arbitral, existente en la generalidad de legislaciones y constituyendo una figura sui generis fundamentalmente distintas de las impugnaciones del proceso ordinario y sin parangón con las utilizadas contra las sentencias de los jueces. Tal acción de nulidad provoca un juicio de control a posteriori sobre la existencia de los presupuestos y de los caracteres funcionales y formales que la ley exige para la eficacia y validez de los procedimientos y de las decisiones arbítrales.[6] También ha señalado este órgano jurisdiccional que se otorga al órgano jurisdiccional la facultad de controlar a posteriori las actuaciones de los árbitros, respecto de la regularidad procesal de la causa. La anulación de Laudos Arbítrales es concebida como un control por la potestad jurisdiccional civil del órgano jurisdiccional de la actuación de los árbitros in procedendo.[7] En la acción de nulidad el objeto lo fija el recurrente exponiendo las causales taxativamente contenidas en la ley, por la que considera el laudo Arbitral debe ser anulado; por lo que a través de la acción de nulidad, el órgano jurisdiccional conocedor de la misma no tiene competencia para conocer el aspecto sustancial del Laudo Arbitral, es decir no puede revisar el acervo probatorio, si hubo o no errores de hecho o de derecho, pues no se trata de examinar la cuestión de fondo, sino el aspecto formal, a través de las causales invocadas que como ya dijo, están previstas en la ley. Es por ello que el órgano jurisdiccional solo podrá pronunciarse acerca del cumplimiento de las formalidades esenciales y el sometimiento de los Árbitros según los límites de lo convenido. Y esto es así, Según el acuerdo de voluntades de los litigantes quienes renunciaron expresamente a someter sus divergencias a la jurisdicción civil ordinaria y lo atribuyeron a la arbitral a la que deben atenerse, debiendo pasar por sus decisiones, salvo que el laudo pueda declarase nulo por alguna de las causas señaladas en la ley.[8] Considerando (15): Que la Constitución de la República reconoce que todas las personas que tengan la libre administración de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento. En tal sentido bajo la libre disposición de las partes en asuntos como el presente que es índole comercial, aunque se cuente con la intervención del Estado, al ser una actividad enmarcada en la Asociación Público-Privada[9], instan el proceso de resolución del conflicto a través del arbitraje, que es un mecanismo fuera de la labor judicial para la terminación de sus asuntos civiles, como ha reiterado este Sala de lo Constitucional al señalar que los sujetos de la justicia constitucional se encuentran delimitados legalmente en el citado artículo 42, y siendo que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias, a través del cual las partes en conflicto difieren la solución del mismo a personas fuera del Poder Judicial, quienes son designados por las mismas partes; el órgano arbitral no es un sujeto de los Poder del Estado, ni entidad descentralizada, desconcentradas, o sostenida con fondos públicos.[10] Si bien podría entenderse que con la intervención del Estado en el proceso, se limita la aplicación del artículo 110 Constitucional, pero el legislador ha creado la Ley de Promoción de la Asociación Público-Privada, fundamentada en parte en los aspectos de regulación económica, donde se reconoce el ejercicio de las actividades económicas correspondientes primordialmente a los particulares, pero tiene la autorización el Estado de que por razones de orden público e interés social, puede dictar medidas y leyes económicas para encauzar, estimular, supervisar, orientar y suplir la iniciativa privada.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 22 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 26 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 72 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA:el Fallo que literalmente dicen “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintidós de abril del dos mil veintiuno. Visto: Para dictar sentencia en la garantía de amparo interpuesto por los abogados Marco Tulio Barahona Valle y Tulio David Barahona Fuentes, a favor de la sociedad mercantil denominada Constructora Aeroportuarios Integrados S.A. (SAISA), contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de junio de 2016, que declaró sin lugar un recurso de nulidad interpuesto contra el Laudo Arbitral dictado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, en relación a la demanda promovida por SAISA contra la Comisión para la Promoción de la Alianza Publico Privada (COALIANZA). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 61, 64, 70, 90, 321, 362, 364 y 368 de la Constitución de la República; y, 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Antecedentes 1) Que en fecha 7 de abril del año 2015, compareció ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, el abogado Aldo Federico Consenza Bungener, en su condición de representante procesal de la SAISA, promoviendo demanda de declaratoria de improcedencia de ejecución de una garantía y restitución del monto de la misma, causados a su representada, en contra de COALIANZA a través de su representante legal el señor Miguel Ángel Gámez. (Folios F-1 al F-216 de la primera pieza de antecedentes).2) Que seguido el trámite de ley correspondiente con fecha 24 de febrero del año 2016, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, dictó Laudo Arbitral mediante el cual falló: 1) Declarando sin lugar la demanda de pago promovida por el abogado Aldo F. Conseza Bungener en su calidad de representante procesales, de SAISA en contra de COALIANZA; II. Declarar la procedencia de haber ejecutado la garantía de Sostenimiento de Propuesta ofrecida por SAISA a favor de COALIANZA en ocasión de concurso público internacional por la selección del Inversionista-Operador para el diseño, construcción, Financiamiento, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola, consistente en la garantía Bancaria a favor de COALIANZA por la cantidad de un millón setenta mil novecientos dos dólares de los Estados Unidos de América con setenta y siete centavos de dólar ($. 1,070,902.77); III. Absolver a la demandada a COALIANZA de la restitución a favor de SAISA del importe de la garantía ejecutada equivalente a la suma un millón setenta mil novecientos dos dólares de los Estados Unidos de América con setenta y siete centavos de dólar ($. 1,070,902.77). (Folios F-2295 al F-2346 de la quinta pieza del antecedente).3) Que conociendo de un recurso de nulidad promovido por abogado Aldo Federico Consenza Bungener, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de junio del año 2016, dictó sentencia mediante la cual se falló: 1) Sin Lugar el recurso de nulidad impetrado por el abogado Aldo Federico Consenza Bungener en su condición de representante legal de SAISA contra el laudo arbitral emitido el 24 de febrero de 2016. (Folios F-31 al F-42 de la pieza de antecedentes). 4) Que los recurrentes abogados Marco Tulio Barahona Valle y Tulio David Barahona Fuentes, comparecieron ante este Tribunal, en fecha 26 de agosto del año 2016, reclamando amparo a favor de SAISA, contra la sentencia, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de junio de 2016, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 61, 64, 70, 90, 321, 362, 364 y 368 de la Constitución de la República, 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha 17 de noviembre del año 2016. 5) Que en fecha 2 de diciembre del año 2016, la abogada Susy G. Coello, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que se otorgue, el amparo solicitado. Fundamentos jurídicos Considerando (1): Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene facultado a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto, resolución, omisión, orden o mandato de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución o en los tratados, convenios y otros instrumentos internacionales de derechos humanos de lo que Honduras sea parte. Considerando (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía constitucional de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral quinto, en relación al artículo 303, ambos de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo 244-2003. Considerando (3): Que se conoce en amparo la sentencia de fecha 21 de junio de 2016, que declaró sin lugar un recurso de nulidad interpuesto contra el Laudo Arbitral dictado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, en relación a la demanda promovida por SAISA contra COALIANZA y que confirmo la decisión del Tribunal Arbitral donde determinó 3 puntos de controversia, (i) si las condiciones en el contrato a firmar entre COALIANZA y SAISA son las mismas que en el pliego de condiciones para la selección del inversionista-operador; (ii) el analisis de la validez de los argumentos de SAISA para no firmar el contrato, de conformidad con la Ley y las condiciones del Pliego de Condiciones; y, (iii) la legalidad de la ejecución de la Garantía para el sostenimiento de oferta por parte de COALIANZA, en perjuicio de SAISA. Menciona el amparista de qué la autoridad arbitral determinó en su laudo que el contrato contenia diferencias con las condiciones determinadas en el Plieglo de Condiciones, por lo que era procedente determinar los otros puntos en controversia, pero que ese órgano de conformado para la resolución del caso no fallo en el sentido de sus pretensiones; hace análisis de como se acota las pretensiones con las que va a trabajar el Tribunal, analizando el funcionamiento de este último a partir del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje. Considerando (4): Que en la formalización del amparos, los abogados representantes de la sociedad amparistas manifestaron que, la decisión de la nulidad a su criterio vulnera la protección judicial desde el plano convencional, por una motivación contradictoria y sustancialmente incongruente, en vista de la negativa de la Corte de Apelaciones al tomar el primer motivo de la nulidad, que se baso en la estimación del Tribunal Arbitral sobre el primer hecho controvertido, referente a las diferencias entre el Contrato con el Pliego de Condiciones, aspecto que considera esa representación como transcendental para el otorgamiento del fallo, por lo que impugna la declaración sin lugar de su demanda, rechazando ese aspecto confirmado por los árbitros, cita motivación de la Corte de Apelaciones, donde destaca que la autoridad recurrida indico qué: “a la luz del motivo de nulidad alegado, es verificar si el Tribunal Arbitral, mantuvo la armonía en la parte dispositiva del laudo emitido; es decir, que no existan disposiciones que sean contradictorias entre si” continuan indicando los abogado amparista que también dijo el A-quem “no existe posibilidad alguna para verificar los argumentos que tuvo el tribunal arbitral para emitir su decisión, nota este Tribunal, que los argumentos del recurrente, son tendentes a decir que la decisión del Tribunal Arbitral, no es congruente con las afirmaciones vertidas en la fundamentación del mismo; sin embargo, el motivo de nulidad alegado, limita a este Tribunal a verificar que la parte dispositiva no sea incongruente entre sí y no a constrastar la parte dispositiva con los argumentos del tribunal arbitral”; criterio que cuestionan, al señalar que el mismo no es intangible, bajo lo extraordinario del recurso de nulidad contra un laudo, diferente substancialmente con el de casación, coincidiendo ambos en vedar la revisión del material probatorio, pero si estando facultados para revisar la estructuración del fallo en el aspecto procesal atinente a la existencia, racionalidad o suficiencia de la motivación determinante o notable de la sentencia, siendo necesario revisar si la motivación es sustancialmente contradictoria o incongruente, o si es insuficiente; sentencia que el fallo desestimario de la demanda evidencia una contradicción entre la motivación y el fallo, generando una vulneración de derechos constitucionales. Considerando (5): Que el amparista manifiesta que pese a que el Tribunal Arbitral reconoce que su principal hecho controvertido fue acreditado por la parte demandante, sobre la distinción de lo aprobado por el presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado, con respecto del contrato que se dio para aprobación, pese a ello se declara sin lugar la demanda, bajo el fundamento de que SAISA nunca argumentó ante COALIANZA en la etapa comprendida entre la adjudicación del concurso público internacional y la ejecución de la garantía de sostenimiento de oferta, la existencia de esas diferencias en lo concerniente a las clausular 8.38, 8.39 y 9.18 del Contrato; aspecto que denuncian como invalido para los amparista, porque a su criterio es COALIANZA el responsable de que el presidente en Consejo de Ministros aprobará la versión del contrato con variaciones. Por lo asemeja que tanto lo resuelto en el laudo arbitral, como en la sentencia de nulidad impugnada en amparo, donde existe una disconformidad entre la fundamentación jurídica y lo definitivamente resuelto, puesto que ese primer aspecto acreditado constituye la verdad-concepto jurídico de lo demandado; eludiendo la Corte de Apelaciones su obligación de constatar la parte dispositiva del laudo con los argumentos ofrecidos en el proceso. Considerando (6): Que los amparistas también señalan como agravio la insuficiente motivación en el recurso de nulidad contra el laudo, en vista de que el fallo tuvo que ser dictado en derecho y no en equidad. La negativa de la Corte de Apelaciones no resuelve para estos, la denuncia de que el Tribunal Arbitral “acomodó” su decisión a lo que fue su real saber y entender, dado que antes de la firma del contrato, debían darse unas subsanaciones al Contrato de Concesión y anexos, a partir del artículo 11 de la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada, se dio una interpretación fuera de los términos normativos, en cuanto a que el Decreto PCM-003-2014, solo es una autorización para que COALIANZA firme el contrato de concesión, independientemente de su contenido o texto y dicho actuar en ignorancia de las normas legales, utilizando criterios subjetivos o extralegales, propios de un fallo en equidad; para ellos al declarar sin lugar la nulidad, se tiene como valida la argumentación conforme a derecho, resolutivo que fue emitido desde su análisis en equidad, menospreciando la normativa jurídica que el Tribunal tuvo que aplicar. Considerando (7): Que también se argumentó por parte de los amparistas sobre el motivo de nulidad de no haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento, consistente a la supuesta falta de asignación presupuestaria para el ejercicio fiscal de 2014 sobre los compromisos financieros originados en el contrato de concesión, lo cual implicaría una infracción a las disposiciones legales, con base al Decreto Legislativo No 360-2013, alegando que el Tribunal Arbitral no dio respuesta, contraviniendo las normas procesales para la emisión del laudo, donde se exige que éste decida sobre todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, por lo que consideran que se da la concurrencia del numeral 9 del artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje.[1] Considerando (8): Que el Ministerio Público manifestó en su dictamen que como apreciación jurídica, concluye que el amparo debe ser otorgado, tomando como análisis la infracción del debido proceso denunciado, por carecer de motivación sobre las causales de nulidad invocadas, por considerar la autoridad recurrida que las mismas consisten en un error in iudicando, cuya revisión tiene prohibida, criterio que no es compartido por la agente fiscal, dado que las causales contenidas en los numerales 6, 7 y 9 de las Ley de Conciliación y Arbitraje se relacionan con la contradicción, motivación y omisiones que se vinculan con el debido proceso, por lo que existía la obligación de pronunciarse sobre todas las causales de nulidad invocadas por el recurrente. Considerando (9): Que la sentencia de la Corte de Apelaciones señala que sobre los motivos de nulidad alegado de contener la parte resolutiva del laudo disposiciones contradictorias entre sí, tuvo que argumentar el actor de la nulidad ante el propio tribunal arbitral, la aclaración, corrección y complementación del laudo, según lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Conciliación y Arbitraje;[2] teniendo la obligación de verificar si los árbitros mantuvieron armonía entre la parte dispositiva del laudo, en el sentido que afirmen o nieguen algo de forma que sea imposible la ejecución, referente al señalamiento sobre la imposibilidad de verificar los argumentos de fondo del asunto, la autoridad recurrida responde que lo dicho es tendiente a decir que lo resuelto por los árbitros no es conforme con las afirmaciones vertidas en la fundamentación del mismo, pero que ese motivo de nulidad solo permite al revisor a verificar que la parte dispositiva no sea incongruente entre si, o a no contrastar la parte dispositivas con los argumentos del tribunal. Considerando (10): Que sobre el motivo de haberse fallado en equidad y no en derecho, siempre que esa circunstancia aparezca de manifiesto en el laudo, respondiendo que la verificación pasa por el uso del derecho sustantivo vigente que rige los derechos pretendidos, sirviendo eso de fundamento de la decisión y no las anotaciones marginales o descontextualizadas del laudo; a criterio de la Corte de Apelación la revisión a través de la nulidad no implica la apreciación y valoración de las pruebas o si se aplica cierta normativa jurídica vigente, dado que ello provocaría un error sobre el fondo del asunto. Considera el Ad-Quem que el recurrente impugna la interpretación dada por el tribunal arbitral al artículo 11 de la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada,[3] utilizando criterios subjetivos, propios de un fallo de equidad; a lo que responde el órgano, que dichos argumentos atañen al fondo del asunto, y a la manera en que se resolvió el debate de la controversia, en la concatenación entre las normas y los medios probatorios, aspecto fuera de la competencia de la nulidad, según lo señalado en el artículo 74.6 de la Ley de Conciliación y Arbitraje.[4] Considerando (11): Que con respecto al argumento de no haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitraje, por el aspecto de la supuesta ilegalidad de firmar un contrato sin asignación presupuestaria para el ejercicio fiscal de 2014, debido a que el Estado asumiría parte de la responsabilidad financiera, por lo que se debe aplicar lo contenido en el artículo 198 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2014, que a criterio de los amparistas, se realizó una interpretación fuera de lo que las partes invocaron, derivando en una indebida interpretación y aplicación del texto legal utilizado para resolver el asunto; que para la Corte de Apelaciones consiste en un error in iudicando, referido al fondo del asunto, aspecto que tiene prohibido de revisión por parte de ese órgano. Considerando (12): Que entorno a la procedencia de costas, tomando el principio del vencimiento, por haber desestimado la Corte de Apelaciones el recurso de nulidad interpuesto, aplica supletoriamente el Código Procesal Civil, tal como lo señala esa misma norma frente a los aspectos no regulado en las Ley de Conciliación y Arbitraje. Concluye la autoridad recurrida que destaca que el recurso de nulidad, no es una segunda instancia, sino un remedio extraordinario para saneas una vulneración a las normas de orden jurídico. Considerando (13): Que la Ley de Conciliación y Arbitraje señala en su artículo 73 regula que contra el laudo arbitral sólo podrá interponerse el recurso de nulidad dentro de los 7 días siguiente a la notificación del mismo o de la providencia por medio de la cual se aclara, corrige o complementa; solo procederá por las causales que de manera taxativa se establecen en esa Ley. El siguiente precepto normativo de esa misma Ley señala las únicas causas por las que se puede interponer la nulidad. Considerando (14): Que esta Sala de lo Constitucional ha señalado sobre la acción de nulidad de Laudos Arbitrales,[5] es un medio de impugnación característico y específico del juicio arbitral, existente en la generalidad de legislaciones y constituyendo una figura sui generis fundamentalmente distintas de las impugnaciones del proceso ordinario y sin parangón con las utilizadas contra las sentencias de los jueces. Tal acción de nulidad provoca un juicio de control a posteriori sobre la existencia de los presupuestos y de los caracteres funcionales y formales que la ley exige para la eficacia y validez de los procedimientos y de las decisiones arbítrales.[6] También ha señalado este órgano jurisdiccional que se otorga al órgano jurisdiccional la facultad de controlar a posteriori las actuaciones de los árbitros, respecto de la regularidad procesal de la causa. La anulación de Laudos Arbítrales es concebida como un control por la potestad jurisdiccional civil del órgano jurisdiccional de la actuación de los árbitros in procedendo.[7] En la acción de nulidad el objeto lo fija el recurrente exponiendo las causales taxativamente contenidas en la ley, por la que considera el laudo Arbitral debe ser anulado; por lo que a través de la acción de nulidad, el órgano jurisdiccional conocedor de la misma no tiene competencia para conocer el aspecto sustancial del Laudo Arbitral, es decir no puede revisar el acervo probatorio, si hubo o no errores de hecho o de derecho, pues no se trata de examinar la cuestión de fondo, sino el aspecto formal, a través de las causales invocadas que como ya dijo, están previstas en la ley. Es por ello que el órgano jurisdiccional solo podrá pronunciarse acerca del cumplimiento de las formalidades esenciales y el sometimiento de los Árbitros según los límites de lo convenido. Y esto es así, Según el acuerdo de voluntades de los litigantes quienes renunciaron expresamente a someter sus divergencias a la jurisdicción civil ordinaria y lo atribuyeron a la arbitral a la que deben atenerse, debiendo pasar por sus decisiones, salvo que el laudo pueda declarase nulo por alguna de las causas señaladas en la ley.[8] Considerando (15): Que la Constitución de la República reconoce que todas las personas que tengan la libre administración de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento. En tal sentido bajo la libre disposición de las partes en asuntos como el presente que es índole comercial, aunque se cuente con la intervención del Estado, al ser una actividad enmarcada en la Asociación Público-Privada[9], instan el proceso de resolución del conflicto a través del arbitraje, que es un mecanismo fuera de la labor judicial para la terminación de sus asuntos civiles, como ha reiterado este Sala de lo Constitucional al señalar que los sujetos de la justicia constitucional se encuentran delimitados legalmente en el citado artículo 42, y siendo que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias, a través del cual las partes en conflicto difieren la solución del mismo a personas fuera del Poder Judicial, quienes son designados por las mismas partes; el órgano arbitral no es un sujeto de los Poder del Estado, ni entidad descentralizada, desconcentradas, o sostenida con fondos públicos.[10] Si bien podría entenderse que con la intervención del Estado en el proceso, se limita la aplicación del artículo 110 Constitucional, pero el legislador ha creado la Ley de Promoción de la Asociación Público-Privada, fundamentada en parte en los aspectos de regulación económica, donde se reconoce el ejercicio de las actividades económicas correspondientes primordialmente a los particulares, pero tiene la autorización el Estado de que por razones de orden público e interés social, puede dictar medidas y leyes económicas para encauzar, estimular, supervisar, orientar y suplir la iniciativa privada.[11] Considerando (16): Que la revisión constitucionalidad sobre la nulidad parte del análisis del mantenimiento de las garantías establecidas en la Norma Fundamental, en el caso concreto se ha denunciado la violación de los artículos 61, 64, 70, 90, 321, 362, 364 y 368, referentes a la inviolabilidad de la libertad, igualdad, propiedad, libertad, debido proceso, no limitación de derechos fundamentales, legalidad constitucional, principio de anualidad presupuestaria, limitación de pago de compromisos que estén consignados en el presupuesto, y sobre la vigencia y preparación del presupuesto. Considerando (17): Que sobre la vulneraciones al principio de libertad, legalidad, anualidad del presupuestos, vigencia y preparación del presupuesto, contenidos en los artículos 64, 70, 321, 362 y 368 no se observa vulneración alguna en vista de que no se observa argumentos sobre dicha vulneración, en vista de que lo protegido en esos precepto no se confronta con la resolución traída en amparo. Quedando para análisis lo reconocido en los artículo 61, únicamente en cuando al análisis del derecho a la propiedad, clausula general de libertad, debido proceso y sobre las compromisos financieros que asuma el Estado. En tal sentido el examen del acto reclamado se observa que la Corte de Apelaciones da una respuestas a los distintos argumentos planteados en la nulidad del laudo, bajo un numerus clausus, donde se hicieron alegados sobre donde existe una disconformidad entre la fundamentación jurídica y lo definitivamente resuelto por supuestamente observarse disposiciones contradictorias entre sí; referente a haberse fallado en equidad y no en derecho; y, no haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitraje. Sobre todos esos motivos fue resuelto por la Corte de Apelaciones, con respecto a la autorización legal que da la Ley de Conciliación y Arbitraje. Considerando (18): Que por las razones expuestas partiendo de la naturaleza de la actuación del recurso de nulidad en materia arbitral, no se observar vulneración alguna por parte de la realización de la Corte de Apelaciones, puesto que la misma esta limitada a una revisión ceñida a una clausulas determinada, por razones que no entran de fondo como se solicita, en la valoración jurídica expuesta por los árbitros, asimismo se observa que la aplicación del sistema normativo, aunque en este tipo de casos, no se limite a lo expuesto por las partes, dado que las normas son validas y aplicables desde su entrada en vigencia. Por lo que se deniega el amparo interpuesto. Por Tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos 15, 16, 18, 61, 63, 64, 70, 82, 90, 103, 110, 183, 303, 321, 362, 364 y 368 de la Constitución de la República; artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 41, 46, 48 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículo 22 Código Procesal Civil; y, artículos 26, 31, 72, 73, 74, y 76 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; Resuelve: Denegar el recurso de amparo interpuesto por los abogados Marco Tulio Barahona Valle y Tulio David Barahona Fuentes, a favor de SAISA, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que declaró sin lugar un recurso de nulidad interpuesto contra el Laudo Arbitral, en relación a la demanda promovida por SAISA contra COALIANZA. Y Manda: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la magistrada Álvarez Sagastume. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional. ”CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de abril de dos mil veintitrés. VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado MARCO TULIO BARAHONA VALLE contra la sentencia del recurso de amparo de fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual falla DENEGANDO LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta por el recurrente a favor de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS S.A. (SAISA) contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán que declaró sin lugar un recurso de nulidad interpuesto contra el laudo arbitral dictado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa. CONSIDERANDO (1): Que en fecha 29 de abril del 2021 como resulta de autos, fue notificada la Sentencia emitida por este Alto Tribunal Constitucional de fecha veintidós de abril del dos mil veintiuno al abogado MARCO TULIO BARAHONA VALLE e inconforme con el fallo proferido, interpone contra la misma recurso de reposición por considerar que con la resolución proferida por esta Sala la empresa CONSTRUCTORA SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS S.A. (SAISA) ha entrado en un estado de inoperatividad debido que, a pesar de haber sido adjudicada en un proceso licitatorio, el Estado a través de COALIANZA requirió formalmente a Banco Ficohsa S.A. (emisor de la garantía) proceder a ejecutar la garantía bancaria de sostenimiento de propuesta que había ofrecido en su momento la empresa mercantil SAISA, todo en razón a que esta no aceptaba los cambios que estaba realizando al contrato de concesión, consecuentemente, el hecho que no se le restituyan sus derechos constitucionales para efectos de que se declare la nulidad del fallo arbitral, son una nueva violación a sus derechos y una denegación de justicia, ya que el perjuicio es doble en el sentido de que SAISA no recibió la concesión de la que fue adjudicada y asimismo se le ejecutó la fianza de cumplimiento, constituyendo una doble penalización y un irreversible daño, coligiéndose también que se afectó el principio de legalidad y como quedó expuesto, se ha mermado el patrimonio y el ejercicio de la actividad comercial principal de la hoy recurrente, por ende, las violaciones al debido proceso, de legalidad y el no garantizar a SAISA el goce de la justicia por el efecto extensivo de esas violaciones también se le afecta el derecho a la propiedad privada y al reconocimiento, garantía y fomento a las libertades de inversión, comercio y de empresa en la forma prevista en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal, puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se ha incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la Republica y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado, a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto, si bien lo dispuesto en el articulo 68 in fine, de La Ley Sobre Justicia Constitucional, veda el derecho a recurrir sobre los supuestos ahí enunciados, el articulo 120 de la referida ley concede el derecho a poder entablar un recurso de reposición. CONSIDERANDO (3): La Corte Interamericana de Derechos Humanos, confirma que, si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los procesos judiciales en sentido estricto, “sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” (pg.211 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos). De esta manera, para que en un proceso existan verdaderamente las garantías judiciales, también conocidas como garantías procesales, es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer a titularidad o el ejercicio de un derecho (pg.212-213 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos). En principio, las garantías judiciales “deben observarse en las instancias procesales con el fin de proteger el derecho de los individuos a que se resuelvan con la máxima justicia posible”, por un lado, la culpabilidad o inocencia y, por el otro, “las controversias que se susciten entre dos partes sean ellas particulares u órganos del Estado y sea que se refieran a materias que estén o no en el ámbito de los derechos humanos”. (pg.214 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos). CONSIDERANDO (4): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá interponerse en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho tal y como ha sucedido y como obra en la pieza de amparo, el mismo se interpuso en tiempo y forma. CONSIDERANDO (5): Que tal y como quedó establecido en la resolución de fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno emitida por esta Sala, específicamente en los considerandos 16 y 17 que señala el recurrente, no se observan argumentos sobre la vulneración planteada en vista de que lo protegido en esos preceptos no se confronta con la resolución por la que se interpuso recurso de amparo. Asimismo, del examen del acto reclamado, esta Sala observó que la Corte de Apelaciones dio una respuesta a los distintos argumentos planteados en la nulidad del laudo bajo un numerus clausus y todos los motivos sobre las cuestiones sujetas al arbitraje fueron resueltos por dicha Corte con respecto a la autorización legal que permite la Ley de Conciliación y Arbitraje. Por tal razón, no se observa vulneración alguna por parte de la Corte de Apelaciones puesto que sus actuaciones se limitan a una revisión ajustada a una cláusula determinada, asimismo, se observa que la aplicación del sistema normativo no se limita a lo expuesto por las partes puesto que son normas validas y aplicables desde su entrada en vigor; en consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto por la parte recurrente por las razones ya expuestas. CONSIDERANDO (6): Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas siempre que sea posible a su estado anterior siempre y cuando se constate una violación, en el caso que nos ocupa, se aprecia que la resolución emitida por este Alto Tribunal, cuya reposición se suplica, se encuentra acoplada a derecho y por tanto procede declarar sin lugar el recurso de reposición solicitado, al no existir razones de fondo o forma para proceder a su rectificación. CONSIDERANDO (7): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., y 316 y demás aplicables de la Constitución de la Republica; 8, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1,2,4 numeral 4,5,6 párrafo segundo, 7 párrafo primero, 9,41,45,52 párrafo cuarto, 56, 65, 66, 72, 119 y 120 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 78 atribucion 5ta., 187, 188, 189, 222 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 12 inciso c) del Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional; 4 numeral 6, 7 y 8, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-. RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MARCO TULIO BARAHONA VALLE, contra la Sentencia de Amparo de fecha veintidós de abril de dos mil veintinueve, a favor de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA SERVICIOS INTEGRADOS S.A. (SAISA); por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. - Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto al recurrente y se proceda con el trámite de ley correspondiente. - REDACTO EL MAGISTRADO WAGNER VALLECILLO PAREDES. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación de del fallo de fechas veintidós de abril de dos mil veintiuno, y reposición de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0830-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Causal de nulidad referente a: No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.
[2] El cual señala que el laudo esta sujeto a corrección, aclaración o complementación y será firma una vez concluidas las diligencias, cuando fuera el caso. Las partes pueden solicitar lo anterior dentro de los tres días siguientes a la notificación del laudo a las partes, en caso de error de cálculo, de copia, o tipográfico o los árbitros oficiosamente llevar a cabo.
[3] Sobre las licitaciones público nacionales e internacionales: Procede la convocatoria a una licitación pública cuando COALIANZA cuente con los estudios requeridos para la obra, servicios o proyecto a ejecutar y/o explotar.
[4] Causal de nulidad referente a: Haberse fallado en equidad debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.
[5] Cfr., Sentencia de amparo con registro SCO-0034-2017 AC, de fecha 26 de febrero de 2019, considerando 10.
[6] Alsina Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo VII, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1.965, p. 87.
[7] Lorca Navarrete Antonio María y Silguero Estagnan Joaquín. Obra citada, p. 503.
[8] Cadena Andrade Javier. La Nulidad de Laudos Árbitrales., cita la Sentencia citada por Antonio María Lorca Navarrete y Joaquín Silguero Estagnan. Obra citada, p. 499.
[9] Regulada en el Decreto Legislativo No 143-2010 de 11 de agosto de 2010.
[10] Cfr., Sentencia de amparo con registro SCO-0658-2010 ACCA, de fecha 21 de febrero de 2012, considerando 8.
[11] Cfr., art. 332 de la Constitución de la República.