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Sentencia AC-823-21 — Registro 13326

Resumen

Resolución declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó sentencia que desestimó Tercería de Preferencia promovida por recurrente en contra de Banco Atlántida S A como ejecutante y contra persona natural demandada, ésta a quien representó en demanda de ejecución hipotecaria; Se concluye que no se precisan argumentos tendentes a demostrar ilegalidad de la sentencia ni atacan la fundamentación o considerandos, por ende se está ante agravios insuficientes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la resolución que se recurre en Amparo y emitida por el Ad-quem, confirma la sentencia definitiva dictada por el A-quo en relación a DESESTIMAR la Tercería de Preferencia promovida por el abogado MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ quien actúa en causa propia, sentencia que ha sido dictada con la motivación suficiente; en el caso sub júdice como deja plasmado el Tribunal de Alzada en su resolución, de acuerdo a la normativa legal citada, el recurrente no es claro en plantear el recurso, no ataca la fundamentación e interpretación o considerandos de la sentencia recurrida. En ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), se observa que la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de acuerdo a los agravios planteados en el recurso de apelación, el Tribunal de Alzada ha procedido a confirmar en consecuencia la Resolución emitida por el A-quo..."..."compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración a los derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso, trasgresiones que no se observan, ya que tanto en el Juzgado de Primera Instancia y en el Tribunal de Alzada, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."..."al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, primero de septiembre del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ, a favor de SI MISMO, contra la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce (14) de mayo de dos mil veinte (2020), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (8) de noviembre de dos mil diecinueve (2019); todo, con relación a la Demanda de Tercería de Preferencia, promovida por el abogado MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ, en contra de la señora SANDRA ARACELY SABILLÓN DOMÍNGUEZ, a quien representó en la Demanda de Ejecución Hipotecaria. Estimando el recurrente, que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio, los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez (10) de junio de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado MIGUEL HONORIO DOMÍNGUEZ MEJÍA, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., interponiendo Demanda de Ejecución Hipotecaria, en contra de la señora SANDRA ARACELY SABILLÓN DOMÍNGUEZ, solicitando que se declare con lugar la demanda; se requiera a la parte demandada al pago de la cantidad adeudada, y de lo contrario, se proceda con la subasta del inmueble. (Folios 1–49 de la Primera Pieza de antecedentes) 2) Que en fecha diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2028), el abogado MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ, actuando a favor de SI MISMO, interpuso una Demanda de Tercería de Preferencia, en el proceso antes citado; a lo que el citado Juzgado, dictó su Sentencia en fecha ocho (8) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DESESTIMAR la Tercería de Preferencia promovida por el Abogado MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ, quien actúa en causa propia en el ejercicios de su profesión, en contra de BANCO ATLANTIDA S.A. como ejecutante, a través del señor ARTURO EUGENIO GIACOMIN ZUNIGA y contra la señora SANDRA ARACELY SABILLON RODRIGUEZ, por las razones antes expuestas.- SEGUNDO: Se absuelve a las partes demandadas en la tercería de preferencia de la acción deducida en su contra.- TERCERO: CON COSTAS, al tercerista. - CUARTO: Una vez notificada y firme que sea la presente sentencia se proceda por parte de la Secretaría del Juzgado a dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 202 del Código Procesal Civil. -” (Folios 12–13v de la Pieza de Tercería de antecedentes) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ, actuando en su condición personal, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó su Sentencia en fecha catorce (14) de mayo de dos mil veinte (2020), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Sin lugar el recurso de apelación interpuesto. SEGUNDO: Se confirma la sentencia recurrida. TERCERO: Con costas en esta instancia el recurrente.-” (Folios 22–25v de la Segunda Pieza de antecedentes) 4) Que el abogado MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ, compareció ante este Tribunal en fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMO, contra la Sentencia de fecha catorce (14) de mayo de dos mil veinte (2020), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2020). (Folios 1–5 y 28 del presente Recurso) 5) Que en fecha nueve (9) de febrero de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer porque NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por estimar que el fallo hoy impugnado no vulnera los derechos constitucionales invocados por el amparista, en virtud de las razones arriba enunciadas.” (Folios 31–36 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la Resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), que declara No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Mario Enrique Castro Ortiz, actuando en causa propia, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), que FALLA: “PRIMERO: DESESTIMAR la Tercería de Preferencia promovida por el Abogado MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ, quien actúa en causa propia en el ejercicios de su profesión, en contra de BANCO ATLANTIDA S.A. como ejecutante, a través del señor ARTURO EUGENIO GIACOMIN ZUNIGA y contra la señora SANDRA ARACELY SABILLON RODRIGUEZ, por las razones antes expuestas.- SEGUNDO: Se absuelve a las partes demandadas en la tercería de preferencia de la acción deducida en su contra.- TERCERO: CON COSTAS, al tercerista…”. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su inconformidad con la sentencia emitida por Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), exponiendo que el acto que se recurre en Amparo violenta garantías constitucionales como ser el derecho de petición, defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, relacionándolos con la inobservancia de lo dispuesto en los artículos 89 numeral 6 del del Código Procesal Civil y el artículo 22 del Arancel del Profesional del Derecho, por la falta de aplicación de esta norma procesal, se vulnera el debido proceso al declarar Sin Lugar el recurso de apelación. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en Amparo en la exposición de sus argumentos indica que la resolución que es objeto del presente amparo es violatoria del debido proceso porque existe un error en la valoración probatoria de la sentencia de honorarios del 29 de octubre del 2019. Que la Corte reconoce el derecho de pedir sus honorarios profesionales, pero que la misma no los emite por decir que no se expusieron argumentos validos para atacar el fallo de la juzgadora. Argumenta el recurrente que se violenta la formalidad fundamental por parte del Juzgador en relación a la falta de aplicación de del principio de legalidad y formalidad en su sentencia, que tanto el A-Quo como el Ad-Quem al momento de emitir su resolución se basaron únicamente en denegar el derecho de tercería que se le ha violentado, dejando al descubierto la falencia de su resolución al carecer ésta de motivos y fundamentos en los que basa su decisión, al emitir un fallo el juzgador deberá establecer cuales han sido los hechos, motivos y normas en las que se basa para dictar su resolución, criterios que en el presente caso no se han manifestado. CONSIDERANDO (5): Que, continuando con la exposición de sus argumentos, el impetrante señala que el derecho a sus honorarios nace de una sentencia emanada por el órgano jurisdiccional, por lo que existe una obligación y declaración de su derecho, la Corte de Apelaciones señala la existencia del derecho de sus honorarios profesionales no en una sentencia sino en dos resoluciones distintas, por lo que es contradictorio por el mismo órgano reconocer y denegar al mismo tiempo su derecho. Argumenta que es un imperativo para el juzgador expresar con precisión las circunstancias, razones o causas por las cuales no ha tenido en consideración el derecho que ha enunciado. Que el decreto legislativo No. 211-2006 que reforma el artículo 89 numeral 6 del Código Procesal Civil establece “El pago de los honorarios gozarán de derecho especialísimo y preferente, salvo en el caso de alimentos”, en relación con el artículo 22 del Arancel del Profesional del Derecho en el que manifiesta la preferencia del crédito que gozan los honorarios profesionales, con la excepción de las pensiones alimenticias. Arguye que la sentencia recurrida no estima razones de calidad por las cuales deniega el derecho que ha sido vulnerado, violentando con ello el debido proceso al dictaminar una resolución con motivos insuficientes, por lo que se deriva una falta de aplicación en la sentencia del Ad-Quem de la normativa procesal y sustantiva en la fundamentación de la sentencia. En cuanto a la condena en costas, la misma es arbitraria y sin fundamento, ya que en ningún momento se pretendió dilatar el proceso promovido por banco Atlántida S. A. contra la señora Sandra Aracely Sabillon. CONSIDERANDO (6): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los siguientes: Artículo 80, “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal”; Artículo 82, párrafo primero, “El derecho de defensa es inviolable.”; Artículo 90 “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.”. CONSIDERANDO (7): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. En ese orden de ideas el artículo 3 del Código Procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.” CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[2], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (9): Que el derecho a la tutela judicial efectiva, explícitamente reconocido en el artículo 1.1 del Código Procesal Civil, trae causa directa del derecho individual de –libre acceso a los tribunales- que toda persona tiene –para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes-. Ese libre acceso a los tribunales para que sea efectivo, comprende una pluralidad de derechos procesales tales como el acceso a la justicia, la obtención de una resolución motivada sobre el fondo del asunto, el acceso a los recursos legalmente establecidos, la ejecución de lo juzgado e incluso la tutela jurisdiccional cautelar.[3] CONSIDERANDO (10): Que, en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[4]. CONSIDERANDO (11): Que el impetrante en la exposición de sus argumentos relacionados a la vulneración de los derechos de defensa y debido proceso, encausa los mismos en el orden de advertir a esta Alto Tribunal que la resolución recurrida en Amparo, no observa las disposiciones contenidas en el artículo 89 numeral 6 del Código Procesal Civil y 22 del Arancel del Profesional del Derecho, a criterio del pedidor existe un error en la valoración probatoria de la sentencia de honorarios del 29 de octubre del 2019, sin especificar por qué considera que existe error en la valoración. CONSIDERANDO (12): El recurrente en amparo expone que tanto el A-Quo como el Ad-Quem, al momento de emitir su resolución se basaron únicamente en denegar el derecho de tercería, sin establecer cuáles han sido los hechos, motivos y normas en las que se basa para dictar su resolución y analizada la resolución emitida por el Ad-Quem, en la fundamentación jurídica, establece que de conformidad al artículo 10 numeral 2 y 701 del Código Procesal Civil, el recurrente no es claro al plantear su recurso, señalando con la debida separación y claridad el precepto legal que considera violado y que supuestamente le causa agravios y el desarrollo de dicho precepto; de su escrito se deduce que el precepto legal que considera violado, es que la juzgadora ha dejado de aplicar la norma legal contenida en el artículo 89 numeral 6 del Código Procesal Civil, señalando además que existe un error en la valoración probatoria, al dejar de lado la sentencia de honorarios de fecha 29 de octubre del 2019, que le habilita a presentar su demanda; que el recurrente comete el error de no atacar la interpretación que hace la Juzgadora, de las normas en que se fundamenta su fallo, por ende se está ante los llamados agravios insuficientes, dado que no se precisan argumentos tendentes a demostrar ilegalidad de la sentencia ni se atacan la fundamentación o considerandos en que se sustenta el fallo recurrido, por ende confirma la sentencia recurrida y declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto. CONSIDERANDO (13): Que la resolución que se recurre en Amparo y emitida por el Ad-quem, confirma la sentencia definitiva dictada por el A-quo en relación a DESESTIMAR la Tercería de Preferencia promovida por el abogado MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ quien actúa en causa propia, sentencia que ha sido dictada con la motivación suficiente; en el caso sub júdice como deja plasmado el Tribunal de Alzada en su resolución, de acuerdo a la normativa legal citada, el recurrente no es claro en plantear el recurso, no ataca la fundamentación e interpretación o considerandos de la sentencia recurrida. En ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020), se observa que la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de acuerdo a los agravios planteados en el recurso de apelación, el Tribunal de Alzada ha procedido a confirmar en consecuencia la Resolución emitida por el A-quo. CONSIDERANDO (14): Que, compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración a los derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso, trasgresiones que no se observan, ya que tanto en el Juzgado de Primera Instancia y en el Tribunal de Alzada, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (15): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 94, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 200, 206, 207, 208, 701 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ, a favor de sí mismo, contra la Resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020); Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, certificación del fallo de fecha uno de septiembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0823-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.

[2] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11.

[3] L. Alfredo De Diego Díez, Teoría general de los recursos, OIM Editorial, Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras), 2014. Pág. 15.

[4] L. Alfredo De Diego Diez. El derecho a la tutela judicial efectiva., OIM Editorial, Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras), 2014. Pág. 56.