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Sentencia AC-807-19 — Registro 13498

Resumen

Resolución que declaró ha lugar demanda posesoria con relación a la demanda sumaria de pretensión posesoria de un bien inmueble, promovida contra impetrante a efecto de cesar en sus actos de perturbación en contra de la posesión que ejerce demandante en bien inmueble de merito

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(5): Que los antecedentes del caso señalan algunas situaciones jurídicas y hechos que conforman el caso en estudio, la demanda de mérito fue interpuesta en fecha nueve (9) de mayo de dos mil dieciocho (2018), y que según lo relatado en la pretensión demandada el hecho perturbatorio de la posesión del inmueble, se comenzó a ejecutar en el mes de septiembre de 2017. En fecha primero de agosto de dos mil dieciocho se celebró la audiencia de procedimiento abreviado, en la cual se evacuó la prueba testifical interpuesta por ambas partes, así como un reconocimiento judicial para la verificación de la autenticidad de una Escritura Pública propuesta como prueba documental por el demandante. Es evidente que al examinar los actos procesales exigido para el debido proceso, y que deben observar los censores de instancia al momento de la valoración de los medios de prueba, se aprecia que la motivación y fundamentación de las resoluciones es clara y precisa, que éstos medios propuestos en tiempo y forma han sido evacuados y valorados en observancia a los principios del contradictorio, con igualdad de las partes en el proceso y en apego a la sana crítica, logrando concluir que la posesión la ha venido detentando por más de veinte años el demandante señor Oscar Martínez. CONSIDERANDO (6): Que, el argumento fundamental del demandado en su defensa, consiste en que la prueba documental -escritura pública- propuesta por el demandante y cuya Matrícula fue proporcionada de manera errónea, y que el registro correcto es bajo Matricula 749142, Asiento No. 5, y el proporcionado fue Matricula 749412, Asiento No. 5, no fue tomado en cuenta, tanto en primera como en segunda instancia, constituyendo esta omisión el hecho que vulnera a su representado el debido proceso, por no haber probado que verdaderamente detenta el derecho de propiedad del supra mencionado bien inmueble. CONSIDERANDO (7): Que, con relación a las garantías normativas contenidas en la legislación ordinaria, específicamente en los artículos 41 numerales 1) y 2) de la Ley Sobre Justicia Constitucional y en los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, de donde se deriva que los Jueces y Tribunales en los procesos civiles deben actuar con estricto apego a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, que para tales efectos ha establecido el legislador; observándose que el Tribunal requerido ha cumplido con la sistemática legal ya citada, finalizando el procedimiento empleado en este tipo de acciones con una resolución congruente a los hechos debatidos en el proceso. CONSIDERANDO (8): Que, al analizar el hecho controvertido, se observa que el argumento traído a esta sala, versa sobre la Posesión y que se encuentra regulada desde el artículo 717 en adelante del Código Civil, Acciones Posesorias artículos 895 en adelante del mismo cuerpo legal y del Dominio o Propiedad artículo 613 y subsiguientes del Código Civil, materia en la cual ha basado su protección el demandado, alegando que al no valorar el error en la prueba documental -escritura pública- tanto el A-quo como el Ad-Quem, (se reitera) habrían vulnerado el derecho a un debido proceso. CONSIDERANDO (9): Que el artículo 717 del Código Civil establece que: “La posesión es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho por nosotros mismos con ánimo de dueños, o por otro en nombre nuestro. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo”. El artículo 897, manda que; “No podrá instaurar una acción posesoria quien sino el que ha estado en una posesión tranquila y no interrumpida por un año completo.” CONSIDERANDO (10): Que el artículo 902 manda que: “En los juicios posesorios, no se tomará en cuenta el dominio que por una o por otra parte se alegue. Podrán, con todo, exhibirse títulos de dominio para corroborar la prueba de la posesión” (el subrayado es nuestro). Es precisamente esta disposición legal, la que legitima a los impartidores de justicia en la decisión adoptada, llegar a la consumación de declarar con lugar la pretensión posesoria de retener la posesión del bien inmueble al probarse en juicio abreviado estar siendo perturbada la misma, en su goce y disfrute. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional determina que la sentencia recurrida en amparo ha sido dictada en observancia a la ley sustantiva y adjetiva, que sus decisiones se remiten concretamente a estimar si se han vulnerado las garantías, derechos y principios constitucionales invocados por el Amparista, lo que no se encuentra acreditado en la exposición de motivos, por consiguiente, procede denegar el recurso de amparo interpuesto"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE ARTURO NUÑEZ VARGAS a favor del señor WILFREDO GIRON ALMEDARES, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de junio de dos mil diecinueve, que resolvió un recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de enero del año dos mil diecinueve, con relación a la demanda sumaria de pretensión posesoria de un bien inmueble, promovida el señor OSCAR MARTINEZ, contra el señor WILFREDO GIRON ALMEDARES. Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentadas están contenidas en los artículos 1, 59, 60, 63, 90, 103, 106, 183, 316, 323, 325 Y 327 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado FRANCISCO TICAS AGUILAR en su condición de apoderado legal el señor OSCAR MARTINEZ, promoviendo demanda sumaria de pretensión posesoria de un bien inmueble, contra el señor WILFREDO GIRON ALMEDARES. (Folios 01 y 20 de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que, seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia veinticuatro de enero del año dos mil diecinueve, en la cual FALLA: PRIMERO: Que es procedente estimar y en consecuencia se declara ha lugar la demanda posesoria promovida por el Licenciado FRANCISCO TICAS AGUILAR, en su condición de representante Procesal del señor OSCAR MARTINEZ, en contra del señor WILFREDO GIRON ALMEDARES. SEGUNDO: Se condena al señor WILFREDO GIRON ALMENDARES, a cesar en sus actos de perturbación en contra de la posesión que ejerce el señor OSCAR MARTINEZ en el bien inmueble a que se ha hecho referencia en este juicio. TERCERO: Se declara ha lugar la tacha interpuesta contra la testigo MEVIS LETICIA GUITIERREZ FLORES. CUARTO: Con costas a la parte vencida en juicio. QUINTO…” (Folios 101 AL 107 de la Primera Pieza de los antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado CARLOS MANUEL AREVALO CERNA, en su condición de apoderado legal del señor WILFREDO GIRON ALMEDARES, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha diez de junio de dos mil diecinueve, mediante la cual FALLA: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION del que se ha hecho mención; SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia de fecha veinticuatro de enero del año dos mil diecinueve…”. (Folios 09 y 16 de la Segunda Pieza de los antecedentes) 4) Que el Abogado JORGE ARTURO NUÑEZ VARGAS, compareció ante este Tribunal en fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo a favor del señor WILFREDO GIRON ALMEDARES, contra la sentencia de fecha diez de junio de dos mil diecinueve, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 59, 60, 63, 90, 103, 106, 183, 316, 323, 325 Y 327 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte. (Folios 1–91 y 132 del presente Recurso) 5) Que en fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE, el amparo solicitado. (Folios 135 al 140 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): El recurrente, tanto en la expresión de agravios expuesta ante el Tribunal de Alzada como en la formalización de la presente Acción Constitucional de Amparo, expresa de manera sucinta lo siguiente: “Primero: Los agravios que causa a mi mandante la resolución recurrida es que el “El a-quo al momento de plasmar sus fundamentos de derecho, concluye que, este tipo de juicios de acuerdo con el artículo 902 del Código Civil, no se tomará en cuenta el dominio que por una o por otra parte se alegue. Podrán, con todo, exhibirse títulos de dominio para corroborar la prueba de la posesión, es decir el titulo con el cual se Justifica la causa o el origen de la posesión, dándole valor a la escritura pública 500 de fecha 28 de septiembre del año 2010, autorizada por el notario Olvin Antonio Mejía Santos, "quedando más clara para el demandante pues el titulo refiere específicamente al inmueble con nombre de colindantes y mejoras que se encuentran inscritas, que corresponden a las que se encuentran en el lugar y el título del señor Wilfredo Girón Almendares refiere a un porcentaje de derechos compartidos con demás derechosos de la aldea de Tamara. Debo aclarar Honorables Magistrados que en la circunscripción de la aldea de Tamara no ha habido ninguna partición, además de ello, son más de dos mil seiscientas manzanas según el título del crucificado de la aldea de Tamara. por lo que no podemos decir que el título del demandante OSCAR MARTINEZ sea más clara para el demandante que para el demandado”, craso error, debo de manifestar que el antecedente del cual proviene supuestamente el dominio del señor, Oscar Martínez viene del antecedente número 24 del tomo 340 del registro de la propiedad hipotecas anotaciones preventivas de Francisco Morazán, este antecedente Honorables Juzgadores está ubicado en el sitio del carrizal con DOSCIENTOS VEINTITRES PUNTO ONCE METROS (223.11 Mts2), y no supuestamente en la aldea de Tamara y pertenece al señor EDGAR OMAR PEREZ HERNADEZ, heredero de su padre el señor EDWIN RONALDI PEREZ ROSALES por lo que se puede colegir que licenciado FRANCISCO TICAS AGUILAR, lo que pretende y así puede apreciar es que introdujo al juicio posesorio "una estafa procesal", el tratadista Argentino Soler, establece que hay estafa procesal en un juicio, sea civil, penal, mercantil, administrativo, laboral, etc., cuando se introducen elementos nocivos a un procedimiento, como lo ha hecho el Licenciado FRANCISCO TICAS AGUILAR cuando establece en la demanda que el dominio de su representado es el número de Matrícula 749142 Asiento Numero 5, cuando sabía que el antecedente de su cliente era falsificado y era 749412-00000 que provienen de posible sitio llamado el carrizal de Comayagüela y con una cabida de DOSCIENTOS VEINTITRES PUNTO ONCE METROS (223.11 Mts2) , por lo que no pudimos detectar esta aberración y nos deja indefenso como demandado al no poder contradecir el aludido testimonio y buscar el antecedente para ver si provenía del Título del Crucificado de la Aldea de Tamara y nos mandó que buscáramos su antecedente en la ciudad de Comayagua, no podemos decir que el Licenciado FRANCISCO TICAS AGUILAR no conocía esta aberración, claro que lo conocía porque lo presento al registro mercantil uno de sus hijos. Considerando vulneración a las garantías contenidas en los artículos 82, 90, 103 y 106 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que, en la sentencia de la Corte de Apelaciones, en el acápite denominado FUNDAMENTOS DE DERECHO y que literalmente se transcriben, PRIMERO: Nuestro Código Procesal Civil en lo que respecta a la competencia funcional de los órganos jurisdiccionales civiles, refiere tal como lo expresa el artículo 32 de la siguiente manera: “El tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tiene también para resolver sobre. sus incidencias, para llevar a efecto las providencias y autos que dictare, y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobare, salvo disposición legal en otro sentido.” SEGUNDO: Que según el contenido del artículo 690 de nuestra ley adjetiva se establece que: “Las partes y los intervinientes en el proceso, así como los terceros a los que la resolución judicial cause directa o indirectamente un perjuicio, tendrán derecho a recurrirla en los términos establecidos en este Código quien haya impugnado una resolución judicial podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a su resolución”. TERCERO: Que en base al artículo 705 del Código Procesal Civil: “El recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente. Igualmente tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba.” CUARTO: Según lo expresado en el artículo 707 del Código Procesal Civil nos dice que: “Serán recurribles en apelación las sentencias, los autos definitivos que pongan fin al proceso y aquellos otros que la ley expresamente señale, dictados en primera instancia por los Juzgados de Paz y los Juzgados de Letras.” QUINTO: Sobre la base del artículo 900 del Código Civil donde literalmente dice; “el poseedor tiene derecho de pedir que no se le turbe o embarace su posesión o se le desaloje de ella, que se le indemnice del daño que ha recibido y que se le de seguridad contra el que fundadamente teme “en el caso de méritos la parte demandante en el mes de septiembre del año dos mil diecisiete fue notificada por parte de sus empleados que cuidan dicho bien, que el Señor WILFREDO GIRON ALMENDARES a través de personas desconocidas bajo sus órdenes ingresaron sin autorización a su predio que desde hace veinte (20) años estaba en posesión y colocaron postes de madera, alambre de púas y construyeron un cerco alrededor de su propiedad, con lo cual han perturbado su posesión a tal extremo que el señor, OSCAR MARTINEZ interpuso una denuncia ante el Ministerio Publico para que se diera curso a una investigación, acción que la parte demandada solo dejo de perturbar en el periodo o lapso de la investigación, debido a que tiempo después puso un candado en dicho portón con el fin de privar la entrada a su propiedad a la parte demandada. SEXTO: Que si bien es cierto la Parte demandada en la contestación a la pretensión y en sus medios probatorios alega que el bien inmueble es de su propiedad bajo el argumento que dicho inmueble se encuentra situado en la jurisdicción de Comayagua, según el número de matrícula asignado; en vista de lo cual se propuso y fue evacuado el medio de prueba reconocimiento judicial, el cual fue practicado en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho, en el Instituto de la Propiedad, con la comparecencia de las partes personadas en el proceso, funcionarios que laboran en el registro de la propiedad del referido Instituto, quienes mostraron los libros relacionados con el objeto del reconocimiento y procedieron a proporcionar la información pertinente que consta en el Sistema digital relacionada con el folio real que lleva esa institución. Pero no es menos cierto que se ha podido constatar el registro de la escritura pública No. 500 de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diez (2010), suscrita ante los oficios del notario público Olvin Antonio Mejía Santos, la que se encuentra inscrita en ese registro, pero que por un error se designó mal la matrícula de la misma, ya que le asignaron la matricula 749142, indicando el jefe de archivo de la referida institución que esa matricula corresponde al departamento de Comayagua, al cometerse un error al momento de registrar el inmueble. Asimismo, en el artículo 902 del Código Civil que literalmente dice “en los juicios posesorios, no se tomará en cuenta el dominio que por una o por otra parte se alegue. Podrán con todo, exhibirse títulos de dominio para corroborar la prueba de la posesión.” La finalidad del proceso no es una acción de reivindicación de dominio si no que es dirigido a cesar los actos de perturbación en la propiedad de una de la parte afectada otorgando una tutela judicial como lo manda la Constitución de la República en su artículo 82 y en el artículo 1 del Código Procesal Civil, debido a que la parte demandada alega que el referido inmueble es de su propiedad por una cesión de derechos que obtuviera de su padre, estima este Ad Quem, al igual que el juez a quo, que dichos extremos deben ser probados o acreditados en un proceso declarativo ordinario no en este procedimiento posesorio. SÉPTIMO: Como consecuencia de lo antes relacionado es menester mencionar que resulta congruente declarar sin lugar el recurso de apelación impetrado ante esta instancia, confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. PARTE RESOLUTIVA: Por las razones antes expresadas, ésta Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, siendo ponente el magistrado Argueta Bourdett, en aplicación de las normas y principios jurídicos ya expresados, FALLA: primero: declara sin lugar el recurso de apelación del que se ha hecho mención; segundo: confirma la sentencia de fecha veinticuatro 24 de enero del año dos mil diecinueve 2019 - dictada por el juzgado de letras civil del departamento de Francisco Morazán, en la “demanda vía proceso abreviado, se ejercita pretensión posesoria con el fin de obtener una tutela judicial en la retención de la posesión de un bien Inmueble”. CONSIDERANDO (4): Que, de la lectura de los considerandos en los cuales la Honorable Corte segunda de Apelaciones recurrida sustenta el fallo, estos cumplen con la motivación exigida por nuestra normativa vigente, requisitos esenciales en una sentencia, donde se establecen las razones jurídicas que llevaron al Tribunal de Alzada, en el caso de estudio, a denegar el recurso de apelación, expresando de forma clara, explicita y precisa sobre el punto de debate como es la “posesión de un bien inmueble”, propiciando una respuesta jurisdiccional congruente y admisible. CONSIDERANDO (5): Que los antecedentes del caso señalan algunas situaciones jurídicas y hechos que conforman el caso en estudio, la demanda de mérito fue interpuesta en fecha nueve (9) de mayo de dos mil dieciocho (2018), y que según lo relatado en la pretensión demandada el hecho perturbatorio de la posesión del inmueble, se comenzó a ejecutar en el mes de septiembre de 2017. En fecha primero de agosto de dos mil dieciocho se celebró la audiencia de procedimiento abreviado, en la cual se evacuó la prueba testifical interpuesta por ambas partes, así como un reconocimiento judicial para la verificación de la autenticidad de una Escritura Pública propuesta como prueba documental por el demandante. Es evidente que al examinar los actos procesales exigido para el debido proceso, y que deben observar los censores de instancia al momento de la valoración de los medios de prueba, se aprecia que la motivación y fundamentación de las resoluciones es clara y precisa, que éstos medios propuestos en tiempo y forma han sido evacuados y valorados en observancia a los principios del contradictorio, con igualdad de las partes en el proceso y en apego a la sana crítica, logrando concluir que la posesión la ha venido detentando por más de veinte años el demandante señor Oscar Martínez. CONSIDERANDO (6): Que, el argumento fundamental del demandado en su defensa, consiste en que la prueba documental -escritura pública- propuesta por el demandante y cuya Matrícula fue proporcionada de manera errónea, y que el registro correcto es bajo Matricula 749142, Asiento No. 5, y el proporcionado fue Matricula 749412, Asiento No. 5, no fue tomado en cuenta, tanto en primera como en segunda instancia, constituyendo esta omisión el hecho que vulnera a su representado el debido proceso, por no haber probado que verdaderamente detenta el derecho de propiedad del supra mencionado bien inmueble. CONSIDERANDO (7): Que, con relación a las garantías normativas contenidas en la legislación ordinaria, específicamente en los artículos 41 numerales 1) y 2) de la Ley Sobre Justicia Constitucional y en los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, de donde se deriva que los Jueces y Tribunales en los procesos civiles deben actuar con estricto apego a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, que para tales efectos ha establecido el legislador; observándose que el Tribunal requerido ha cumplido con la sistemática legal ya citada, finalizando el procedimiento empleado en este tipo de acciones con una resolución congruente a los hechos debatidos en el proceso. CONSIDERANDO (8): Que, al analizar el hecho controvertido, se observa que el argumento traído a esta sala, versa sobre la Posesión y que se encuentra regulada desde el artículo 717 en adelante del Código Civil, Acciones Posesorias artículos 895 en adelante del mismo cuerpo legal y del Dominio o Propiedad artículo 613 y subsiguientes del Código Civil, materia en la cual ha basado su protección el demandado, alegando que al no valorar el error en la prueba documental -escritura pública- tanto el A-quo como el Ad-Quem, (se reitera) habrían vulnerado el derecho a un debido proceso. CONSIDERANDO (9): Que el artículo 717 del Código Civil establece que: “La posesión es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho por nosotros mismos con ánimo de dueños, o por otro en nombre nuestro. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo”. El artículo 897, manda que; “No podrá instaurar una acción posesoria quien sino el que ha estado en una posesión tranquila y no interrumpida por un año completo.” CONSIDERANDO (10): Que el artículo 902 manda que: “En los juicios posesorios, no se tomará en cuenta el dominio que por una o por otra parte se alegue. Podrán, con todo, exhibirse títulos de dominio para corroborar la prueba de la posesión” (el subrayado es nuestro). Es precisamente esta disposición legal, la que legitima a los impartidores de justicia en la decisión adoptada, llegar a la consumación de declarar con lugar la pretensión posesoria de retener la posesión del bien inmueble al probarse en juicio abreviado estar siendo perturbada la misma, en su goce y disfrute. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional determina que la sentencia recurrida en amparo ha sido dictada en observancia a la ley sustantiva y adjetiva, que sus decisiones se remiten concretamente a estimar si se han vulnerado las garantías, derechos y principios constitucionales invocados por el Amparista, lo que no se encuentra acreditado en la exposición de motivos, por consiguiente, procede denegar el recurso de amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 2, 4, 82, 90, 110, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 717, 895, 897, 900 y 902 del Código Civil; FALLA: DENEGADO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE ARTURO NUÑEZ VARGAS a favor del señor WILFREDO GIRON ALMEDARES, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de junio de dos mil diecinueve (2019), que resuelve un recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la Demanda vía proceso abreviado de pretensión posesoria con el fin de obtener la tutela judicial en la retención de la posesión de un bien inmueble por estar siendo perturbado, promovida el señor Oscar Martínez contra el señor Wilfredo Girón Almendares, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consecuentes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de octubre del año dos mil veintiuno, certificación del fallo de fecha uno de septiembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0807-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL