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Sentencia AC-803-20 — Registro 12517

Resumen

otorgamiento de acción de amparo en consulta interpuesto contra resolución que ordena aviso de convocatoria a audiencia de subasta sin resolver impugnación de Tasación de Costas o determinar la tasación de costas en relación a solicitud de Ejecución Forzosa provisional de Título Judicial, por vía del proceso declarativo ordinario de Indemnización de Daños y Perjuicios producidos por Incumplimiento promovida contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."En el caso de autos, se ha acreditado que el A-Quo ha señalado fecha de subasta judicial, sin tener firme la tasación de costas, el cual dará un monto determinado, que debe agregarse al aviso de subasta, violentando así el debido proceso, ocasionando perturbar el derecho de defensa de la parte ejecutada, debiendo otorgarse el amparo, anulando el A-Quo las actuaciones relativas a convocatoria a subasta judicial, previo cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la ley, resolviendo conforme a derecho y garantizando el debido proceso…”.- CONSIDERANDO (4): Que el articulo 2 párrafo primero de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “Articulo 2.- Regla de Interpretación y Aplicación. Las disposiciones de esta Ley se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. - Se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la Republica de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.” CONSIDERANDO (5): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (6): El artículo 3 del Código Procesal Civil señala: “ARTÍCULO 3.-DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.”. - Es así que la sentencia que se revisa, es la aplicación congruente de lo estipulado en el artículo 846 de la misma ley adjetiva civil que manda: “ARTÍCULO 846.- CONVOCATORIA DE SUBASTA. Se acordará de oficio la enajenación de los bienes embargados mediante subasta judicial cuando no pueda emplearse o hayan resultado ineficaces los demás procedimientos utilizados. 1.A toda subasta se dará publicidad por medio de avisos que se fijarán en el local del tribunal, y se publicarán en extracto en un periódico de mayor circulación nacional. La convocatoria se realizará, al menos, con quince (15) días de antelación a la fecha de su celebración, que se indicará en el propio anuncio, así como el lugar y hora de celebración. 2.En los avisos de subasta se expresarán: a) Los nombres de las partes y terceros legitimados. b) El bien a subastar, su descripción y características. c)Los gravámenes del bien. El monto del crédito y las costas del juicio. d)El valor de tasación y el precio base. e) El lugar, fecha, día y hora de la subasta. f) El nombre del funcionario que efectuará la subasta. g) El porcentaje que debe depositarse para participar en la subasta. h)El nombre del Juez y del secretario y la firma de éste.

CONSIDERANDO (7): Que la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, ha sido dictada con apego a la legalidad y consecuentemente respetando el debido proceso, por lo que, es procedente que el A-quo cumpla con el procedimiento preestablecido en el artículo 846 del Código Procesal Civil que ordena que en el aviso de subasta vaya incluido la cantidad de las costas del juicio, y al no tener una cantidad determinada, por cualquier razón, no puede ser incluida cantidad alguna en el anuncio aludido, y si aun así se incluye, vulnera el derecho de defensa y el debido proceso al recurrente, al negarse de manera injustificada a esperar que la cantidad de las costas sea definitiva. Esta Sala de lo Constitucional concluye que es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, que otorga de pleno derecho el amparo venido en consulta"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, que otorgó el recurso presentado por el Abogado BENJAMIN BENITEZ JEREZANO, a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES PARROT TREE S.A De C.V., contra resolución de fecha dieciséis de enero del años dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda promovida por el señor ADAM CSONGOR BUNA de la Sociedad Mercantil INVERSIONES PARROT TREE S.A De C.V..- Estimando el recurrente que se le violentan lo derechos preceptuados en el artículo 183 de la Constitución de la Republica. ANTECEDENTES

  1. Que en fecha seis de mayo de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado RODOLFO ELIAS SORTO BUESO, interponiendo solicitud de ejecución forzosa provisional de un Título Judicial, demanda por vía del proceso declarativo ordinario de Indemnización de Daños y Perjuicios Producidos por Incumplimiento, a favor la señora MARIA DE LOS ANGELES SOTO HERNANDEZ, contra la Sociedad Mercantil INVERSIONES PARROT TREE S.A De C.V. 2) Que seguido el trámite correspondiente en fecha dieciséis de enero del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolvió: “Admítase el escrito que antecede, el que se manda agregar a su antecedentes.- Como se solicita, reprográmese la audiencia de subasta convocada para el día MIERCOLES VEINTINUEVE(29) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020) A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00) A.M), para la fecha más inmediata posible por cuestión de agenda, para el día MIERCOLES ONCE (11) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), en la que se enajenaran los bienes inmuebles embargados inscrito bajo Matriculas numero: …, debiendo anunciarse la subasta por al menos una vez en un periodo de mayor circulación a nivel nacional, como mínimo veinte (20) días antes de su celebración, obligándose notificar las condiciones de la subasta al deudor con la misma antelación y librando los avisos con los requisitos de Ley, haciéndose la advertencia a los postores que deberán al ejecutante de que dicha publicación deberá ser publicada en letra legible, asimismo advirtiendo a los postores que deberán depositar al cien por ciento de la tasación del valor del bien a subastarse, para poder participar en la misma.- Debiendo para tal efecto y mediante auxilia judicial, libra exhorto al JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, para que por medio del Funcionario Judicial, sean muy servidos en notificar las condiciones de Representante Legal y Administrador Único de la Sociedad Mercantil INVERSIONES PARROT TREE S.A DE C.V., pudiéndose practicar dicha diligencia mediante comunicación subsidiaria. Artículos 115, 130,846, 847, 848, 850, 851, 859 y 907 del Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE. (Folio 682 de la primera pieza de antecedentes). 3)Que en fecha catorce de febrero de dos mil veinte, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado BENJAMIN BENITEZ JEREZANO interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES PARROT TREE S.A De C.V, contra la resolución de fecha dieciséis de enero del año dos mil veinte, dictada el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por considerar el recurrente que se le violentó el artículo 183 de la Constitución de la República. 4) Que seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, mediante la cual otorgó el recurso de amparo de mérito, interpuesto por el Abogado BENJAMIN BENITEZ JEREZANO favor de la Sociedad Mercantil denominada INMOBILIARIA LA GRANJA S.A DE C.V., y ordenó remitir en consulta las diligencias ante la Corte Suprema de Justicia. (Folios 46 al 48 de la pieza de la Corte de Apelaciones). 5) Que en fecha siete de diciembre de dos mil quince, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado BENJAMIN BENITEZ JEREZANO favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES PARROT TREE S.A De C.V., en base al en artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO:(1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo resueltos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que esta Sala de lo Constitucional, ha analizado los antecedentes en el presente caso y la sentencia que se consulta, la cual entre otros señala: “…SEGUNDO: Que el pronunciamiento a las garantías constitucionales debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional. TERCERO: Que la ejecuci6on provisional en efecto se encuentra en trámite, y ella versa sobre una sentencia de condena que puede ejecutarse provisionalmente. Se pueden ejecutar las sentencias de condena que no se encuentren firmes, como es el caso qué nos ocupa. El legislador ha fijado el procedimiento dentro de la ejecución provisional, caso cada escenario, sea que la sentencia se confirme o se revoque parcial o totalmente (artículos 779, 780 y 781 del Código Procesal Civil). El primer motivo alegado por el quejoso en relación a que el procesa principal no se encuentra firme, no es de recibo para este órgano colegiado, pues en efecto ese es el objeto de la ejecución provisional, a que una sentencia no firme, pueda ejecutarse aun estando pendiente su firmeza. CUARTO: En relación al segundo argumento planteado por el quejoso, al señalar "no constan otros procedimientos para la enajenación de bienes”, es de recalcar que de conformidad al artículo 839 del Código Procesal Civil, corresponde a las partes del proceso pedir al órgano jurisdiccional la audiencia para la enajenación de los bienes, en la cual se decide la mejor forma de enajenación de los bienes embargados. El A-Quo tiene la facultad de acordar de oficio la enajenación de los bienes embargados mediante subasta judicial cuando no pueda emplearse o hayan resultado ineficaces los demás procedimientos utilizados (artículo 846.1 del Código Procesal Civil); los cuales parten de la petición de las partes, a convocatoria a audiencia para la enajenación de bienes, en la cual se pueden fijar los procedimientos que cualquiera pretenda utilizar, previo a la determinación de acudir a la Ultima ratio, de realizarse vía subasta judicial. Ahora bien, si las partes no solicitan la convocatoria a esa audiencia, el juez tiene la potestad de proceder a la convocatoria a subasta. En consecuencia, este argumento tampoco es de recibo para este órgano colegiado, pues en el expediente no consta que alguna de las partes haya peticionado la convocatoria a audiencia para enajenación de bienes. QUINTO: En relación al tercer argumento, que señala que la tasación de costas no se encuentra firme y aun estando en trámite la impugnación de las mismas, se ha convocado a subasta judicial, indicando en el aviso de subasta (publicidad), un monto de costas no firmes. Revisado el expediente de mérito se constata: 1) Que en fecha diez (10) de enero del año dos mil veinte (2020), la parte ejecutada impugnó la tasación de costas realizada por el Secretario Adjunto Marco Tulio Callizo. El Juzgado ordenó subsanar el escrito de subsanación mediante resolución de fecha catorce (14) de enero de dos mil veinte (2020).) En fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020), la parte ejecutante solicitó nuevo señalamiento de audiencia de subasta, resolviendo el juzgado en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil veinte (2020) señalando reprogramación de audiencia de subasta para el día once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020). 3) El veintiuno (21) de enero del año dos mil veinte (2020), la parte ejecutada presento recurso de reposición contra la resolución de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), la cual fue resuelta por el A-Quo mediante providencia de fecha veintitrés (23) de enero de dos mil veinte (2020). 4) En fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020), se presentó escrito subsanando la impugnación a la tasación de costas. El veintiocho (28) de enero de dos mil veinte (2020), el juzgado tuvo por bien hecha la subsanación, dando traslado a la contra parte para que se pronuncie en relación a la impugnación. 5) En fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020), la parte ejecutante presentó alegaciones y contestó la impugnación de costas. El juzgado en fecha diecinueve (19) de febrero de dos mil veinte (2020), tuvo por presentada la oposición a la impugnación de costas y solicito informe sobre la impugnación al Colegio de Abogados de Honduras. SEXTO: En el aviso de subasta, entre otros requisitos, debe expresarse las costas del juicio. Para dar cumplimiento a este requisito, es necesario haberse realizado la tasación de costas del proceso de ejecución y así, el secretario o secretaria, poder plasmar la cantidad correspondiente a las costas, al aviso que en su momento será publicado en el local del tribunal y en un periódico de mayor circulación nacional. (Artículo 846 del Código Procesal Civil). Ahora bien, el artículo 854.1 del Código Procesal Civil, dice “Las cantidades que se obtengan en favor de los ejecutantes se aplicaran, por su orden, al pago del principal, intereses y costas, una vez liquidados aquéllos y tasadas estas. El resto, si lo hubiere, se pondrá a disposición del deudor.”. Lo expresado en este artículo, no significa que la tasación de costas se realizara a posteriori de la subasta, pues sería incongruente con el artículo 846 del mismo código. En la práctica, los juzgados incluyen, a petición de parte, el gasto en que se incurrirá por la publicación del aviso de subasta en un periódico de circulación nacional, previa presentación de cotización, actuación que garantiza la inclusión de todas las partidas económicas que integran las costas. SEPTIMO: En el caso de autos, se ha acreditado que el A-Quo ha señalado fecha de subasta judicial, sin tener firme la tasación de costas, el cual dará un monto determinado, que debe agregarse al aviso de subasta, violentando así el debido proceso, ocasionando perturbar el derecho de defensa de la parte ejecutada, debiendo otorgarse el amparo, anulando el A-Quo las actuaciones relativas a convocatoria a subasta judicial, previo cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la ley, resolviendo conforme a derecho y garantizando el debido proceso…”.- CONSIDERANDO (4): Que el articulo 2 párrafo primero de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “Articulo 2.- Regla de Interpretación y Aplicación. Las disposiciones de esta Ley se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. - Se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la Republica de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.” CONSIDERANDO (5): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (6): El artículo 3 del Código Procesal Civil señala: “Artículo 3.-Debido Proceso. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.”. - Es así que la sentencia que se revisa, es la aplicación congruente de lo estipulado en el artículo 846 de la misma ley adjetiva civil que manda: “ARTÍCULO 846.- CONVOCATORIA DE SUBASTA. Se acordará de oficio la enajenación de los bienes embargados mediante subasta judicial cuando no pueda emplearse o hayan resultado ineficaces los demás procedimientos utilizados. 1.A toda subasta se dará publicidad por medio de avisos que se fijarán en el local del tribunal, y se publicarán en extracto en un periódico de mayor circulación nacional. La convocatoria se realizará, al menos, con quince (15) días de antelación a la fecha de su celebración, que se indicará en el propio anuncio, así como el lugar y hora de celebración. 2.En los avisos de subasta se expresarán: a) Los nombres de las partes y terceros legitimados. b) El bien a subastar, su descripción y características. c)Los gravámenes del bien. El monto del crédito y las costas del juicio. d)El valor de tasación y el precio base. e) El lugar, fecha, día y hora de la subasta. f) El nombre del funcionario que efectuará la subasta. g) El porcentaje que debe depositarse para participar en la subasta. h)El nombre del Juez y del secretario y la firma de éste.

CONSIDERANDO (7): Que la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, ha sido dictada con apego a la legalidad y consecuentemente respetando el debido proceso, por lo que, es procedente que el A-quo cumpla con el procedimiento preestablecido en el artículo 846 del Código Procesal Civil que ordena que en el aviso de subasta vaya incluido la cantidad de las costas del juicio, y al no tener una cantidad determinada, por cualquier razón, no puede ser incluida cantidad alguna en el anuncio aludido, y si aun así se incluye, vulnera el derecho de defensa y el debido proceso al recurrente, al negarse de manera injustificada a esperar que la cantidad de las costas sea definitiva. Esta Sala de lo Constitucional concluye que es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, que otorga de pleno derecho el amparo venido en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 52, 53, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 3 y 78 del Código Procesal Civil, FALLA: Confirmando la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, que otorgó el recurso presentado por el Abogado BENJAMIN BENITEZ JEREZANO, a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES PARROT TREE S.A De C.V., contra resolución de fecha dieciséis de enero del años dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda promovida por el señor ADAM CSONGOR BUNA de la Sociedad Mercantil INVERSIONES PARROT TREE S.A De C.V..-Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes febrero del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-803-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL