Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-730-19 — Registro 14151

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró sin lugar en el recurso de apelación con relación a la “demanda de ejecución de título extrajudicial.-mandamiento de ejecución.-embargo…”, Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (10): Que se ha censurado, en efecto, por el solicitante y observado por la Censora, que en su motivación limita indebidamente la Corte Ad Quem, el escrutinio y análisis jurídico que ameritan las alegaciones sustanciales, e inclusive del orden procesal, esgrimidas por el agraviado apelante. Particularmente, al no fundar pronunciamiento sobre una de las dos causales de interrupción al término para la prescripción de acciones, esgrimidas a su instancia. Tal omisión concreta de fundamentación, que afecta el fundado parecer de la Honorable Corte de Apelaciones, es relativa a la consideración jurídica que le ameritarían los abonos o pagos parciales efectuados por la parte ejecutada, es decir, sobre si esto implica, o no, reconocimiento expreso del derecho existente de la persona contra quien se prescribe, hecho por la persona a cuyo favor corre la prescripción; la cual es invocada como específica causal de interrupción de la prescripción por el demandante, aquí recurrente en amparo, a la luz de lo que establece el artículo 1692 numeral romano III del Código de Comercio. CONSIDERANDO (11): Que tal falencia en el íter de la motivación judicial resulta lesiva, en efecto, a los derechos y garantías procesales que conforman el derecho constitucional al debido proceso, pues si bien nos encontramos ante una resolución emitida en un tiempo razonable por el órgano jurisdiccional competente; no fue ésta sustentada con la congruencia que debe caracterizar a las resoluciones judiciales, como integrante del derecho que asiste a las partes: “… a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”; disminuyendo el ámbito de garantía que conforma el debido proceso. CONSIDERANDO (12): Que, como consecuencia de lo anterior, se estima procedente la declaratoria con lugar de la presente acción de amparo; debiendo volver a la Honorable Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a efecto emita un nuevo fallo, comprensivo de la totalidad de alegaciones jurídicas contenidas en los agravios promovidos en la apelación, así como en la contestación respectiva por la parte apelada; en el recurso de apelación tramitado contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve; de todo lo cual se ha hecho el debido mérito.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Ernesto Alejandro Alvarado Rodríguez, a favor de la sociedad mercantil denominada “CORPORACIÓN INDUSTRIAL CENTROAMERICANA S.A. DE C.V.” (CORINCA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha tres de junio de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar en el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.-MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN.-EMBARGO…”, promovida por el Abogado Ernesto Alejandro Alvarado Rodríguez, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada “CORPORACIÓN INDUSTRIAL CENTROAMERICANA S.A. DE C.V.” (CORINCA), en contra de los herederos del señor Bladimir Alejandro Juárez Tabora, los señores Bladimir Alejandro Juárez Morejón, Carolina Juárez Morejón, Bladimir Javier Juárez Moncada, Alejandro Juárez Moncada, Rosa de Sarón Juárez Moncada, Mildred Cristina Duncan Funes, Zonia Grajeda Ayala en representación del menor Bladimir Alejandro Grajeda Ayala, Silvia Barahona Gerezano, Carlos Mauricio Palada Lobo, Gabriel Rivera, José Gilberto Rivas Rodriguez y Sonia del Carmen Moncada Romero. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, el Abogado Ernesto Alejandro Alvarado Rodríguez, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada “CORPORACIÓN INDUSTRIAL CENTROAMERICANA S.A. DE C.V.” (CORINCA), interponiendo “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.-MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN.-EMBARGO…”, en contra de los herederos del señor Bladimir Alejandro Juárez Tabora, los señores Bladimir Alejandro Juárez Morejón, Carolina Juárez Morejón, Bladimir Javier Juárez Moncada, Alejandro Juárez Moncada, Rosa de Sarón Juárez Moncada, Mildred Cristina Duncan Funes, Zonia Grajeda Ayala en representación del menor Bladimir Alejandro Grajeda Ayala, Silvia Barahona Gerezano, Carlos Mauricio Palada Lobo, Gabriel Rivera, José Gilberto Rivas Rodriguez y Sonia del Carmen Moncada Romero. (Folio 1-12 del tomo I de la pieza del A-quo) 2) En fecha siete de enero de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado José María Arriola Mayorga, actuando en su condición de Representante Procesal de los señores Sonia del Carmen Moncada Romero y de Alejandro Juárez Moncada, presentando escrito de oposición a la ejecución forzosa de un título extrajudicial. En ese mismo acto, interpuso la excepción de prescripción o caducidad de la pretensión. (Folios 105-107 del tomo I de la pieza del A-quo) 3) En fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: PRIMERO: ESTIMAR LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, opuesta por el Abogado JOSÉ MARÍA ARRIOLA MAYORGA en su condición de apoderado judicial de los señores SONIA DEL CARMEN MONCADA ROMERO y ALEJANDRO JUAREZ MONCADA, contra la demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial, presentada por el abogado ERNESTO ALEJANDRO RODRIGUEZ en su condición de apoderado judicial de la CORPORACIÓN INDUSTRIAL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE: “CORINCA S.A. DE C.V.” SEGUNDO: Se declara SIN LUGAR EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN promovido por el abogado ERNESTO ALEJANDRO ALVARADO RODRIGUEZ en su condición de apoderado judicial de la CORPORACIÓN INDUSTRIAL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE: “CORINGA S.A.”, contra los señores ALEJANDRO JUÁREZ MOREJÓN, CAROLINA JUÁREZ MOREJÓN, BLADIMIR JAVIER JUÁREZ MONCADA, ALEJANDRO JUÁREZ MONCADA, ROSA DE SARÓN JUÁREZ MONCADA, MILDRED CRISTINA DUNCAN FUNES, ZONIA GRAJEDA AYALA en representación del menor BLADIMIR ALEJANDRO GRAJEDA AYALA, SILVIA BARAHONA GEREZANO, CARLOS MAURICIO PALADA LOBO, GABRIEL RIVERA, JOSÉ GILBERTO RIVAS RODRIGUEZ Y SONIA DEL CARMEN MONCADA ROMERO, para el pago de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR (L. 318,091.58). TERCERO: SE CONDENA EN COSTAS AL DEMANDANTE (CORPORACIÓN INDUSTRIAL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE: “CORINCA S.A. DE C.V.). Y MANDA: Que, si dentro del término legal no se interpone recurso alguno contra el presente fallo, quede este firme. Esta sentencia admite recurso de apelación el que debe interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación ante este mismo Juzgado por escrito expresando los agravios que le cause la misma, recurso que no suspenderá las actuaciones. (Folios 244-248 del tomo II del expediente del A-quo) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Ernesto Alejandro Alvarado Rodríguez, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, en fecha tres de junio de dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por unanimidad de votos falló: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado: ERNESTO ALEJANDRO ALVARADO RODRIGUEZ, en su condición de parte ejecutante-apelante, contra el fallo definitivo de fecha veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en la Demanda de Ejecución Forzosa de Titulo Extrajudicial, promovida por el Abogado Ernesto Alejandro Rodriguez, accionando en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil denominada: CORPORACIÓN INDUSTRIAL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, conocida también como CORINCA S.A. de C.V., en contra de los herederos del señor BLADIMIR ALEJANDRO JUAREZ TABORA (Q.D.D.G.), los señores ALEJANDRO JUÁREZ MOREJÓN, CAROLINA JUÁREZ MOREJÓN, BLADIMIR JAVIER JUÁREZ MONCADA, ALEJANDRO JUÁREZ MONCADA, ROSA DE SARÓN JUÁREZ MONCADA, MILDRED CRISTINA DUNCAN FUNEZ, SONIA GRAJEDA AYALA en representación del menor BLADIMIR ALEJANDRO GRAJEDA AYALA, SILVIA BARAHONA GEREZANO, CARLOS MAURICIO PALADA LOBO, GABRIEL RIVERA, JOSÉ GILBERTO RIVAS RODRIGUEZ Y SONIA DEL CARMEN MONCADA ROMERO, para el pago de sumas de dinero por la cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y UNO PUNTO CINCUENTA Y OCHO DÓLARES en monedas de los Estados Unidos de Norteamérica. ($ 318.091.58), o su equivalente en la moneda de curso nacional en lempiras, desglosados así: La cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS, CON VEINTISIETE CENTAVOS, en concepto de deuda, más la cantidad de SESENTA Y TRES MIL, SEICIENTOS DIECIOCHO, PUNTO CINCUENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, ($ 63,618.058.00), en concepto de intereses normales y moratorios pactados y costa del juicio.-SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo definitivo de fecha veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés. Resolutivo que tuvo fundamento, inter alia, en la temporalidad de la acción cambiaria directa consignada en el artículo 579, con relación a lo dispuesto en el artículo 2289 del Código Civil y la estipulación legal de interrupción de la prescripción contenida en el artículo 1692 romano II de la norma mercantil.[1] (Folios 13-16 de la pieza del Ad-Quem) 5) En fecha veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal, el Abogado Ernesto Alejandro Alvarado Rodríguez, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada “CORPORACIÓN INDUSTRIAL CENTROAMERICANA S.A. DE C.V.” (CORINCA), contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-Quem le vulnera a su representada los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 6) En fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el recurrente, en cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado, se le ordenó estarse a lo dispuesto en el auto de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, que corre a folio 207 de autos, asimismo, se declaró sin lugar la solicitud de apertura a pruebas, por no haberse ofrecido las pruebas que se iban a aportar, en consecuencia; se dispuso continuar con el procedimiento de ley, poniendo a la vista las presentes diligencias por el término de 48 horas para que el Fiscal emitiera su dictamen. (Folio 225 del recurso) 7) Que en fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sussy G. Coello García, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: Que del examen de los antecedentes se observa que el representante procesal de la parte ejecutante-apelante, expresó como agravio que el Juzgado de Letras no apreció las dos causales de interrupción de prescripción del título ejecutivo que se pretende ejecutar, contenidas en los romanos II y III del artículo 1692 del Código de Comercio, por lo que del estudio de la resolución venida en amparo, efectivamente se aprecia que la Corte de Apelaciones Civil únicamente se pronunció en cuanto a una de las causales de interrupción alegadas por el recurrente, sin referirse a la causal contenida en el romanos III del artículo 1692 de la norma mercantil, que alude a la figura de reconocimiento expreso o tácito del derecho de la persona contra quien se prescribe, hecho por la persona a cuyo favor corre la prescripción. Todo ello equivale a un fallo carente de motivación y sin fundamento, lo que implica que no se ha juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, tal cual reclama el artículo 90 de la Constitución de la República consagratorio del principio del debido proceso e implica también, que la parte ejecutante-apelante ha quedado indefensa en este segmento, lo cual constituye también vulneración del derecho de defensa consagrado en el artículo 82 constitucional. Siguiendo este orden de ideas, se encuentra que el amparista ha venido manifestando desde el escrito de contestación a la oposición planteada por el representante procesal de la parte ejecutada, como en la audiencia de oposición y en el escrito del recurso de apelación, que los pagos de abonos a la deuda hechos por los ejecutados a la cuenta de la Importadora Ferretera Ebenezer, constituye un reconocimiento expreso de la deuda y conforme la ley interrumpe el plazo de prescripción conforme a las reglas del precitado artículo 1692 en su romano III. No obstante, de la motivación fáctica y jurídica de la resolución impugnada, se aprecia que el Tribunal de Alzada luego de pronunciarse que el A-quo se sujetó y aplicó acertadamente lo contenido en la norma mercantil en el precepto legal número 1692, romano II, en cuanto que la solicitud de la notificación judicial no resulta eficaz para interrumpir la prescripción; agregando en el considerando quinto de su motivación: “En lo que respecta al resto de los agravios expuestos, esta CORTE, no puede emitir pronunciamiento alguno, pues resultaría infructuoso al demostrarse en el proceso, que se encuentra extinguida la acción”. Consecuencia de ello, es que esta representación fiscal estima que el Ad-Quem no realizó un análisis riguroso del caso en concreto, específicamente sobre el estudio de los hechos y normas jurídicas aplicables a la causal de interrupción invocada por la parte ejecutante, que por revestir de características particulares e independientes de la contenida en el romano II del artículo 1692, requería de un pronunciamiento por parte del Tribunal de Alzada; y que en definitiva produjo la transgresión al principio de congruencia, el cual constituye una de las garantías del debido proceso, que obliga al juzgador en segunda instancia de decidir, conforme a derechos, sobre los agravios incoados por las partes, debiendo existir una concordancia entre los agravios planteados y las pretensiones deducidas, lo que no se aprecia en el caso de autos. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer porque SE OTORGUE la presente acción de amparo, por existir vulneración a los derechos constitucionales invocados por el amparista, con las consecuencias del caso. (Folios 243-247 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha tres de junio de dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual, conociendo de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.-MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN.-EMBARGO…”, promovida por el Abogado Ernesto Alejandro Alvarado Rodríguez, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada “CORPORACIÓN INDUSTRIAL CENTROAMERICANA S.A. DE C.V.” (CORINCA), en contra de los herederos del señor Bladimir Alejandro Juárez Tabora, los señores Bladimir Alejandro Juárez Morejón, Carolina Juárez Morejón, Bladimir Javier Juárez Moncada, Alejandro Juárez Moncada, Rosa de Sarón Juárez Moncada, Mildred Cristina Duncan Funes, Zonia Grajeda Ayala en representación del menor Bladimir Alejandro Grajeda Ayala, Silvia Barahona Gerezano, Carlos Mauricio Palada Lobo, Gabriel Rivera, José Gilberto Rivas Rodriguez y Sonia del Carmen Moncada Romero, emitió el fallo desestimatorio del recurso de apelaciones que se consigna en el Antecedente 4) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (4): Que, en la formalización del recurso de amparo por parte del Abogado ERNESTO ALEJANDRO ALVARADO RODRÍGUEZ, se invocaron como violentadas las garantías constitucionales establecidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, por la sentencia impugnada; la cual infringe los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso de los que goza su representada, en la demanda ejecutiva de título extrajudicial antes relacionada; en virtud de infracción del principio dispositivo, al estimar de forma arbitraria la excepción de prescripción en tal procedimiento de ejecución, según promovida por dos de los doce herederos ejecutados; dejando a su poderdante en completa e insuperable indefensión, actuando al margen del artículo 7 y demás disposiciones del Código Procesal Civil y de los principios y normas constitucionales de la República, particularmente, del principio de seguridad jurídica. CONSIDERANDO (5): Que ha argumentado el Abogado garantista, que el caso de autos resulta gravoso a tales normas constitucionales por la anomalía suscitada al resolver el Tribunal Ad Quem confirmatoriamente la apelación relacionada al auto definitivo de fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, por la cual se admite la oposición formulada contra la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial consistente en una Letra de Cambio. Refiere argumentativamente, que dicho título valor contiene todos y cada uno de los requisitos esenciales de validez que señalan los artículos 451 y 504 del Código de Comercio, cuyo suscriptor o deudor era el señor BLADIMIR ALEJANDRO JUÁREZ TABORA, fallecido antes de la ejecución, quedando como herederos solidarios sus Herederos Testamentarios y Ab Intestato declarados judicialmente, cuyos nombres se consignan en el preámbulo de la presente resolución. Consigna el garantista, en su reclamo, que se les ha notificado, reclamado y requerido extrajudicialmente para el pago de la misma al representante legal y mandatario especial de la persona jurídica agraviada, señor MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CASTELLANOS. Constando, inclusive tal extremo, en Acta Notarial y en solicitud de notificación judicial, ínsita en el expediente judicial No. 0501-2018-02807 LCV del Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortés, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 1287 del Código Civil; habiéndose constatado, asimismo, la acción de cobro a la deuda contenida en la Letra de Cambio, de forma expresa y legal. CONSIDERANDO (6): Que, sin embargo, a todo lo expresado, la Corte de Apelaciones recurrida ha considerado estimar la oposición alegada por la parte ejecutada, invocando sobre todo argumentos relativos a la prescripción de la acción cambiar (Sic.) de la Letra de Cambio que servía como título de ejecución; pese a que al momento de recibir la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, y previo a despachar mandamiento o auto de ejecución, debió examinar el título y sus alcances y características con relación a lo planteado en los hechos, fundamentos y motivaciones versados en el líbelo de la demanda. Examinados unos y otros, encontró la Judicatura que se tenía por vigente dicho título y despachó ejecución; cambiando ulteriormente de criterio, en menoscabo al debido proceso y a la seguridad jurídica. Causó también, de tal manera, indefensión a su representada, al impedírsele exigir el cumplimiento de la obligación contenida en dicho título, a través de la vía de apremio o Juicio Ejecutivo. CONSIDERANDO (7): Que, no estando de acuerdo con dicha oposición, se presentó contestación a la misma, evidenciando plenamente la existencia de dos causales de interrupción al conteo de término para la prescripción: a) La interpelación judicial y la acción de cobro extrajudicial, llevada a cabo mediante el expediente de Notificación Judicial y Acta Notarial, y; b) Los abonos o pagos parciales efectuados por la parte ejecutada, los que implican reconocimiento expreso del derecho existente de la persona contra quien se prescribe, hecho por la persona a cuyo favor corre la prescripción; causal de interrupción de la prescripción reconocida en la doctrina,[2] y en nuestra legislación, específicamente en el artículo 1692 numeral romano III del Código de Comercio, en referencia; con relación también a lo estipulado en el artículo 1 Código de Comercio, sobre la supletoriedad de aplicación del Código Civil; regulando este último, en el artículo 2301 de su articulado, que la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de deuda por el deudor. Manifiesta, asimismo, el solicitante de amparo, que se apeló de la denegatoria de un medio de prueba documental, toral para establecer la relación mercantil en cuyo marco se dio origen a la suscripción de la Letra de Cambio de marras; lo cual no fue revisado, recibido, mucho menos analizado en el fallo que se recurre, cuando la Corte de Apelaciones concernida, establece en sus consideraciones finales: “En lo que respecta al resto de los agravios expuestos, esta CORTE, no puede emitir pronunciamiento alguno, pues resultaría infructuoso al demostrarse en el proceso, que se encuentra extinguida la acción”. Por todo lo cual solicita de la Sala Constitucional, se otorgue amparo declarando violados los derechos constitucionales de Defensa, Petición, Debido Proceso, Igualdad, Legalidad Procesal, y demás derechos que estima vulnerados, por la resolución proferida en fecha tres de junio de dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. CONSIDERANDO (8): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos. Lo anterior, en observancia y con fundamentación del principio de legalidad constitucional, sin el cual no puede haber lugar a la justicia y a la seguridad jurídica como valores axiales del ordenamiento jurídico democrático, republicano y representativo. CONSIDERANDO (9): Que, en concordancia a lo anterior, se aprecian precedentes que forman pacifica jurisprudencia, en el sentido que las resoluciones judiciales deben ser correlativas a lo alegado y probado por las partes procesales, es decir, atendiendo siempre el principio de congruencia;[3] no pudiendo quedar librado el ámbito del pronunciamiento judicial, al arbitrio de los Juzgadores. Tal principio se tiene, pues, para esta Sala, por inherente al concepto de responsabilidad judicial y al principio de jurisdiccionalidad, bases angulares del Estado de Derecho. CONSIDERANDO (10): Que se ha censurado, en efecto, por el solicitante y observado por la Censora, que en su motivación limita indebidamente la Corte Ad Quem, el escrutinio y análisis jurídico que ameritan las alegaciones sustanciales, e inclusive del orden procesal, esgrimidas por el agraviado apelante. Particularmente, al no fundar pronunciamiento sobre una de las dos causales de interrupción al término para la prescripción de acciones, esgrimidas a su instancia. Tal omisión concreta de fundamentación, que afecta el fundado parecer de la Honorable Corte de Apelaciones, es relativa a la consideración jurídica que le ameritarían los abonos o pagos parciales efectuados por la parte ejecutada, es decir, sobre si esto implica, o no, reconocimiento expreso del derecho existente de la persona contra quien se prescribe, hecho por la persona a cuyo favor corre la prescripción; la cual es invocada como específica causal de interrupción de la prescripción por el demandante, aquí recurrente en amparo, a la luz de lo que establece el artículo 1692 numeral romano III del Código de Comercio. CONSIDERANDO (11): Que tal falencia en el íter de la motivación judicial resulta lesiva, en efecto, a los derechos y garantías procesales que conforman el derecho constitucional al debido proceso, pues si bien nos encontramos ante una resolución emitida en un tiempo razonable por el órgano jurisdiccional competente; no fue ésta sustentada con la congruencia que debe caracterizar a las resoluciones judiciales, como integrante del derecho que asiste a las partes: “… a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”; disminuyendo el ámbito de garantía que conforma el debido proceso. CONSIDERANDO (12): Que, como consecuencia de lo anterior, se estima procedente la declaratoria con lugar de la presente acción de amparo; debiendo volver a la Honorable Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a efecto emita un nuevo fallo, comprensivo de la totalidad de alegaciones jurídicas contenidas en los agravios promovidos en la apelación, así como en la contestación respectiva por la parte apelada; en el recurso de apelación tramitado contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve; de todo lo cual se ha hecho el debido mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 60, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 303 párrafo primero, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-730-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver: Considerando Segundo de la Motivación Fáctica y Jurídica, a folio 14 vuelto y 15 frente de la segunda pieza de autos.

[2] Cita el quejoso la entrada contentiva a causal de interrupción de la prescripción a través de la correspondencia reiterada entre acreedor y deudor, pues supondría reconocimiento de preexistencia a la obligación, en: “Enciclopedia OMEBA (t. 22), pág. 923”. (Sin colofón)

[3] Vid. BORRELL MESTRE, J, “El derecho a la tutela judicial en relación con la congruencia y la motivación de las sentencias. Constitución y Justicia Constitucional”, en: Jornadas de Derecho Constitucional de Centroamérica (2012). Editorial Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, Barcelona. Pág. 262.