Sentencia AC-729-20 — Registro 14806
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que declaró sin lugar el recurso de apelación con relación a la demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 80, 82 y 90 párrafo primero, 321 y 323 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“…VI. En el presente caso, según advierte esta Sala, los argumentos del impetrante se enfocan a que la decisión del Tribunal de Alzada ha violentado derechos constitucionales al haber sido confirmada la resolución del A Quo, la cual desestimó un incidente de oposición a una tasación de costas. VII. Esta Sala ha afirmado que la condena en costas puede entenderse básicamente como la obligación que debe asumir una de las partes relacionada con el proceso, de reembolsar a la parte en cuyo favor se establece la condena, todos los gastos procesales necesarios que el litigio le haya ocasionado. VIII. En el caso que nos ocupa, esta condena se decidió mediante sentencia y de conformidad con lo establecido por el artículo 746 del Código Procesal Civil, norma que forma parte del procedimiento legal para la tramitación de las demandas de ejecución forzosa. IX. Se ha manifestado por parte del Tribunal de Alzada que la sentencia que impuso esta condena a la parte ejecutante no puede ser discutida ni refutada en instancia porque es firme a la fecha, al no haber sido objeto de impugnación por las partes en el momento procesal que correspondía. X. Esta Sala encuentra oportunos los razonamientos que en este respecto ha puesto de manifiesto el Tribunal de Apelación por cuanto es un hecho inobjetable que la condena en costas que hoy se cuestiona por los impetrantes se deriva de una sentencia firme y consentida por la parte ejecutante, de ahí que resulten infructuosas y onerosas las alegaciones de los amparistas mediante las que se refuta la inaplicación del principio de vencimiento y el alcance que la condena en costas debió tener en aquel momento. El criterio externado por la Alzada también es acertado en cuanto a que el incidente de oposición resuelto por el A Quo es concerniente a la tasación de esas costas y no a la condena o imposición de su pago, y como podemos advertir de lo actuado, los razonamientos que fundan la pretensión de los accionantes ante esta Sala resultan improcedentes puesto que aluden a una condena firme contra la que no se ejerció recurso alguno en forma oportuna, de ahí que se tenga como un acto consentido por la parte que se presume agraviada. XI. Por otro lado, es pertinente acotar que la condena y posterior tasación de costas son asuntos judiciales de naturaleza estrictamente civil que no conciernen a la garantía de amparo a menos que para decidir las mismas la autoridad jurisdiccional haya actuado de manera arbitraria y/o quebrantado las formas o principios esenciales del proceso, lo cual no acontece en el presente caso. XII. Es virtud de lo anterior, y contrario a lo afirmado por los recurrentes, esta Sala puede concluir que no ha existido en el presente asunto vulneración alguna a los derechos constitucionales invocados, por cuanto la instrucción, tramitación y conclusión del asunto de mérito se ha realizado de manera imparcial por los órganos jurisdiccionales del Estado, los que son competentes para su conocimiento por cuestión de materia y territorio, mismos que han respetado las formalidades establecidas previamente en la ley, enmarcando sus decisiones dentro del ordenamiento jurídico vigente, y en el caso del Tribunal de Alzada, éste ha apreciado correctamente lo establecido por la normativa procesal aplicable al caso, con lo cual se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se alegan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades y principios que rigen el proceso, bajo el amparo de los derechos y garantías que la Ley exige y reconoce. XIII. Asimismo, esta Sala aprecia que la sentencia recurrida cumple con los requisitos de forma que exige la ley, y ha resuelto la cuestión planteada sin que medie arbitrariedad o desafuero, estando la resolución del Tribunal de Alzada debidamente motivada y razonada, determinándose de su fallo una relación equitativa entre las pretensiones de los intervinientes y el fallo propiamente dicho. XIV. Así entonces, de todas las consideraciones antes relacionadas, así como del estudio de las actuaciones de mérito, esta Sala no observa, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, observándose que la motivación del presente recurso de amparo ha surgido de una mera inconformidad con lo resuelto, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por los recurrentes y así debe declararse.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia y la Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por los Abogados ROMMEL ARMANDO RUIZ GUILLEN y DAVID ARTURO DUARTE LAGOS, a favor de la Sociedad Mercantil denominada SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES, S.A., (SCANDINAVIA), contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha siete de enero de dos mil veinte, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de la Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintinueve de enero del año dos mil diecinueve, con relación a la demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial promovida por la Sociedad Mercantil denominada SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES, S.A., (SCANDINAVIA), contra los señores SANDY PAUL LOBO MARTÍNEZ en su condición de representante legal de TRASPORTE JUDA, como deudor principal y ADÁN FUNEZ MARTÍNEZ en su condición de aval solidario. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 80, 82 y 90 párrafo primero, 321 y 323 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de la Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado ROMMEL ARMANDO RUIZ GUILLEN, interponiendo DEMANDA DE EJECUCIÓN FORZOSA DE TÍTULOS EXTRAJUDICIALES. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES, en contra de SANDY PAUL LOBO MARTÍNEZ en su condición de representante legal de TRASPORTE JUDA, como deudor principal y ADÁN FUNEZ MARTÍNEZ en su condición de aval solidario. (Folio 03 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente con fecha veintinueve de enero del año dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Seccional de la Ceiba, departamento de Atlántida, dictó resolución mediante que en su parte resolutiva dice: “…FALLA: PRIMERO: SE ESTIMA el primer motivo de oposición planteado pues efectivamente se logró acreditar la caducidad del tiempo para presentar los pagarés a la vista y prescripción de la acción cambiaria de los pagarés suscritos por la sociedad Scandinavia Motor Distribuidora de Buses y Camiones S.A por la sociedad Empresa de Transporte Juda representada por el señor SANDY PAUL LOBO MARTÍNEZ. SEGUNDO: SE DESESTIMA el segundo motivo de oposición de nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo de oposición de nulidad del mudamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales, pues conforme a lo establecido en el artículo 1688 del Código de Comercio el juez no podrá considerar de oficio la prescripción que no se hubiere opuesto, sin embargo al estimar este despacho el primer motivo de oposición se declara sin lugar el procedimiento de ejecución de título extrajudicial, quedando a salvo el derecho del ejecutante de promover el proceso ordinario que corresponda sobre la misma cuestión. SEGUNDO: Una vez firme la presente se ordena la devolución de los documentos originales presentados. TERCERO: CONDENAR AL PAGO DE LAS COSTAS a la parte que le fueron desestimado sus pretensiones…”. (Folios 56 al 61 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por los Abogados ROMMEL ARMANDO RUIZ GUILLEN y DAVID ARTURO DUARTE LAGOS, en contra de la resolución previamente citada, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha siete de enero de dos mil veinte, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “…FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuestos los Abogados VÍCTOR ARNEL ÁLVAREZ ÁLVAREZ y ROMMEL ARMANDO RUIZ GUILLEN. SEGUNDO: CONFIRMAR resolución apelada de fecha tres de septiembre del año dos mil diecinueve. SIN COSTAS…”. (Folio 08 al 13 de la segunda pieza de antecedentes). 4) Que los recurrentes Abogados ROMMEL ARMANDO RUIZ GUILLEN y DAVID ARTURO DUARTE LAGOS, comparecieron ante este Tribunal, en fecha dos de septiembre del año dos mil veinte, reclamando amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES, S.A., (SCANDINAVIA), contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba de fecha siete de enero de dos mil veinte, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual consideran violatoria de lo dispuesto los artículos 80, 82 y 90 párrafo primero, 321 y 323 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno. 5) Que en fecha trece de abril del año dos mil veintiuno, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE, el amparo solicitado. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1. El Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 2. Conforme con la ley, procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 3. La ley dispone que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 4. Correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la C Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba del Departamento de Atlántida. OBJETO DEL RECURSO 5. Se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio de la sociedad SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES, S.A., la precitada sentencia de fecha siete de enero de dos mil veinte, que fuera pronunciada por la precitada CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA. 6. En este fallo, denunciado por los recurrentes como violatorio de derechos y garantías constitucionales, se resolvió un recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante, contra una resolución de fecha 3 de septiembre de 2019, que decidió un incidente de oposición a una tasación de costas acordadas en el proceso de ejecución de un título extrajudicial, dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, en la que dispuso desestimar la impugnación de costas a las que fue condenada la empresa ejecutante, en la demanda de ejecución de título extrajudicial de la que se ha hecho mérito. 7. En la sentencia de apelación el Tribunal Ad Quem dijo concordar con el criterio del A Quo en cuanto a la desestimación de la oposición a las costas que fuera planteada, señalando que los agravios presentados por la parte apelante se orientaron más al cuestionamiento en sí de la condena en costas que fuera consignada en la sentencia de fecha 29 de enero de 2019, la cual tiene carácter de firme, y no sobre los motivos de oposición a la tasación de las costas. Para la Alzada el hecho que la sentencia que declaró ha lugar la oposición y la consecuente condena en costas no fue impugnada en su momento, significó el consentimiento de la misma por el ahora quejoso, de ahí que los motivos en los que fundó el recurso de apelación interpuesto resultaron improcedentes, declarándose por ende sin lugar el mismo. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LOS RECURRENTES 8. Las alegaciones de los recurrentes se centraron en cuestionar la condena en costas impuesta a su representada, misma que denunciaron de ser indebida, desigual y derivada de error por parte del juzgador, por cuanto sostuvieron que éste no aplicó correctamente el principio de vencimiento, estimando la resolución de la Alzada como carente de la debida motivación y violatoria de las garantías a un debido proceso y de igualdad RAZONAMIENTO DE LA SALA I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II. En el asunto que nos ocupa, se alega que el Tribunal de Alzada ha incurrido en violaciones constitucionales por el hecho de haber decidido la confirmatoria de una resolución emitida por un juez de instancia, que desestimó la pretensión opositora del accionante con respecto a una tasación de costas a cuyo pago fue condenada la empresa a la que representan en sentencia de fecha 29 de enero de 2019. III. Esta Sala ha dicho que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. También esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. IV. En este sentido, se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. Así, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. V. Hemos insistido a su vez, que el recurso de amparo no constituye un recurso de instancia, pues está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y que para la apreciación de estas violaciones deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo éstas surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos. VI. En el presente caso, según advierte esta Sala, los argumentos del impetrante se enfocan a que la decisión del Tribunal de Alzada ha violentado derechos constitucionales al haber sido confirmada la resolución del A Quo, la cual desestimó un incidente de oposición a una tasación de costas. VII. Esta Sala ha afirmado que la condena en costas puede entenderse básicamente como la obligación que debe asumir una de las partes relacionada con el proceso, de reembolsar a la parte en cuyo favor se establece la condena, todos los gastos procesales necesarios que el litigio le haya ocasionado. VIII. En el caso que nos ocupa, esta condena se decidió mediante sentencia y de conformidad con lo establecido por el artículo 746 del Código Procesal Civil, norma que forma parte del procedimiento legal para la tramitación de las demandas de ejecución forzosa. IX. Se ha manifestado por parte del Tribunal de Alzada que la sentencia que impuso esta condena a la parte ejecutante no puede ser discutida ni refutada en instancia porque es firme a la fecha, al no haber sido objeto de impugnación por las partes en el momento procesal que correspondía. X. Esta Sala encuentra oportunos los razonamientos que en este respecto ha puesto de manifiesto el Tribunal de Apelación por cuanto es un hecho inobjetable que la condena en costas que hoy se cuestiona por los impetrantes se deriva de una sentencia firme y consentida por la parte ejecutante, de ahí que resulten infructuosas y onerosas las alegaciones de los amparistas mediante las que se refuta la inaplicación del principio de vencimiento y el alcance que la condena en costas debió tener en aquel momento. El criterio externado por la Alzada también es acertado en cuanto a que el incidente de oposición resuelto por el A Quo es concerniente a la tasación de esas costas y no a la condena o imposición de su pago, y como podemos advertir de lo actuado, los razonamientos que fundan la pretensión de los accionantes ante esta Sala resultan improcedentes puesto que aluden a una condena firme contra la que no se ejerció recurso alguno en forma oportuna, de ahí que se tenga como un acto consentido por la parte que se presume agraviada. XI. Por otro lado, es pertinente acotar que la condena y posterior tasación de costas son asuntos judiciales de naturaleza estrictamente civil que no conciernen a la garantía de amparo a menos que para decidir las mismas la autoridad jurisdiccional haya actuado de manera arbitraria y/o quebrantado las formas o principios esenciales del proceso, lo cual no acontece en el presente caso. XII. Es virtud de lo anterior, y contrario a lo afirmado por los recurrentes, esta Sala puede concluir que no ha existido en el presente asunto vulneración alguna a los derechos constitucionales invocados, por cuanto la instrucción, tramitación y conclusión del asunto de mérito se ha realizado de manera imparcial por los órganos jurisdiccionales del Estado, los que son competentes para su conocimiento por cuestión de materia y territorio, mismos que han respetado las formalidades establecidas previamente en la ley, enmarcando sus decisiones dentro del ordenamiento jurídico vigente, y en el caso del Tribunal de Alzada, éste ha apreciado correctamente lo establecido por la normativa procesal aplicable al caso, con lo cual se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se alegan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades y principios que rigen el proceso, bajo el amparo de los derechos y garantías que la Ley exige y reconoce. XIII. Asimismo, esta Sala aprecia que la sentencia recurrida cumple con los requisitos de forma que exige la ley, y ha resuelto la cuestión planteada sin que medie arbitrariedad o desafuero, estando la resolución del Tribunal de Alzada debidamente motivada y razonada, determinándose de su fallo una relación equitativa entre las pretensiones de los intervinientes y el fallo propiamente dicho. XIV. Así entonces, de todas las consideraciones antes relacionadas, así como del estudio de las actuaciones de mérito, esta Sala no observa, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, observándose que la motivación del presente recurso de amparo ha surgido de una mera inconformidad con lo resuelto, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por los recurrentes y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. F A L L A: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por los Abogados ROMMEL ARMANDO RUIZ GUILLEN y DAVID ARTURO DUARTE LAGOS, a favor de la Sociedad Mercantil denominada SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES, S.A., contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, en fecha siete de enero de dos mil; Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. VISTO el recurso de reposición interpuesto por el abogado DAVID ARTURO DUARTE LAGOS, contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno en el recurso de amparo interpuesto por los Abogados ROMMEL ARMANDO RUIZ GUILLEN Y DAVID ARTURO DUARTE LAGOS, a favor de la sociedad mercantil SCANDINAVIA MOTORS, S.A., contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha siete de enero de dos mil veinte. CONSIDERANDO: Que esta Sala observa que en la sentencia contra la cual se recurre, se han pronunciado en forma motivada las razones por las que se consideró procedente la denegatoria de la acción constitucional de amparo intentada por los referidos recurrentes. CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no advierte que de los argumentos del impetrante puedan establecerse razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. CÚMPLASE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia y resolución de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno y nueve de noviembre de dos mil veintiuno, respectivamente, recaídas en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0729-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] APC 631-12; AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11