Sentencia AC-722-21 — Registro 13862
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resolvió un recurso de apelación con relación a la tercería de preferencia por la vía de procedimiento abreviado en la demanda de ejecución directa y exclusiva contra bienes inmuebles hipotecados.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (6): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO (8): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de noviembre del dos mil veintiuno. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la abogada MARY ELA MARTINEZ MEDINA, a favor de la sociedad mercantil BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, con relación a la tercería de preferencia por la vía de procedimiento abreviado alegada por los señores KRISTABETH PAMELL CASTRO RODRIGUEZ, VICTOR ALFREDO IRIAS SOSA, ELVIN ROBERTO ZUNIGA Y ROBERTO AUGUSTO PADILLA, en la demanda de ejecución directa y exclusiva contra bienes inmuebles hipotecados, promovida por la sociedad mercantil BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A. contra las sociedades mercantiles COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE FRUTAS, CARNICOS Y ALIMENTOS CONGELADOS S. DE R.L. (COIMPORT), INVERSIONES DIVERSAS MERENDON S.A. y de los señores JOSE ROBERTO PREGO MONCADA Y CLAUDIA CAROL SABILLON. CONSIDERANDO (1): Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que la recurrente no comparte el parecer pronunciado por la Alzada, considerando que con la sentencia de la Corte de Apelaciones se vulneran gravemente garantías constitucionales de debido proceso y derecho de defensa, pues confirma la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, que declara con lugar la demanda de tercería de preferencia, misma que también fue dictada de forma arbitraria, ya que no existe en la demanda títulos o derechos preferentes. Se acreditó que el Juzgado de Letras del Trabajo paralizó el proceso de ejecución y en su lugar ordenó se investigara si los demandantes eran empleados de la sociedad demandada para determinar su podría continuar la ejecución laboral, violentando de esta manera el principio del debido proceso considerando como ese conjunto de condiciones que se deben cumplir para asegurar una adecuada defensa de los derechos y obligaciones bajo consideración legal, que trae como consecuencia lesión grave, ya que la Corte de Apelaciones debió hacer un examen critico de toda la prueba, fundamentar y señalar los elementos o presupuestos para considerar que los documentos aportados constituyen verdaderos títulos preferentes. CONSIDERANDO (2): Continua manifestando la recurrente que con la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula se vulnera la tutela judicial efectiva, la cual no debe limitarse a conocer y responder por acciones traídas a estrados como sucedió en este caso, sino dotarlos de legalidad y coercibilidad y rechazarlas cuando deban desestimarse, en este caso, se ha dictado un sentencia en la cual se han considerado como títulos preferentes documentos ilegítimos que no gozan de esa calidad de preferentes, por el contrario, están siendo objeto de investigación al ordenar el Juzgado de Letras del Trabajo después de recibir toda la comunicación de las instituciones públicas, que los demandantes no cotizaban a dichas instituciones como empleados de Comercializadora e Importadora de Frutas Cárnicos y Alimentos Congelados, S. de R.L. (COIMPORT) y siendo que por razón de la materia, el Juzgado de Letras del Trabajo se ve imposibilitado a anular la documentación, ordena librar oficio al Ministerio Público con el objeto que realice la investigación del caso, para que se verifique la procedencia de la simulación de los acuerdos de conciliación, ya que se comprobó que únicamente la señora Kristabeth Pamel Castro fue empleada, no así los demás demandantes, por cuanto no podían realizar acuerdo en el Ministerio del Trabajo, mucho menos promover acciones judiciales laborales. Por lo que se puede concluir que no hubo una revisión exhaustiva de los agravios expuestos al momento de la apelación, el órgano no emite una resolución clara y congruente. La apreciación es completamente errada, pues lo que se observa en la sentencia es que se hace una contestación a cada uno de los agravios planteados en el escrito de apelación de forma taxativa y literal lo dice en el acápite cuarto, como si este tribunal fuese parte agraviada, dando lugar a una completa ilegalidad procesal que en consecuencia, lesiona gravemente la garantía constitucional del debido proceso al no ceñirse a los requisitos, exigencias y formalidades previamente establecidas en la ley y como resultado de esta violación al debido proceso se vulnera así el derecho de defensa, pues ahora el hoy recurrente se ve en la posición de pagar esas cantidades de dinero que pretenden sean títulos preferentes, en virtud que el bien inmueble ya fue adjudicado mediante subasta, no obstante, no se le ha hecho entrega de la certificación que sirve como titulo traslaticio de dominio en tanto no realice el pago ya relacionado, lo que deriva en la violación de una tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO (3): Que la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada MARY ELA MARTINEZ en su condición de apoderada de BANCO DAVIVIENDA S.A. contra la sentencia definitiva de fecha diez de octubre de dos mil diecinueve dictada por Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la demanda de tercería de preferencia, confirma la sentencia definitiva referida anteriormente y declara inadmisible los medios de prueba presentados por el apelante y apelada respectivamente; fundamentando su resolución en que la tercería de preferencia o de mejor derecho, es el procedimiento fijado para hacer valer la cualidad de privilegiados que tienen determinados derechos. El privilegio no es un derecho subjetivo material que pueda ser satisfecho por otros acreedores o por el deudor, es una cualidad del crédito que forma parte del contenido general de un derecho mas amplio, y al hacer un análisis de la sentencia de tercería de preferencia, la juez establece que fueron probados los hechos y se aprecia que el juez si consignó tales hechos probados en que fundamentó la sentencia de tercería de preferencia, con claridad y concisión, en tal sentido, la Corte considera que la sentencia contiene los hechos probados y desglosados en los numerales correspondientes; asimismo, la recurrente alega que el juez no ha indicado los extremos que lo han llevado al convencimiento que el titulo presentado por el tercerista es un derecho preferente, es decir, que el A-Quo no hizo una valoración de toda la prueba aportada por las partes en el proceso y que el tribunal debe de excluir la arbitrariedad y motivará de manera precisa y razonada a prueba en la sentencia, atendiendo las reglas de la sana critica, del conocimiento y del criterio humano así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, alegando que para estimar dicha demanda se requiere que los documentos presentados por el tercerista lleven al convencimiento del juzgador que el crédito del tercerista es preferente. CONSIDERANDO (4): Que siguiendo este orden de ideas, según lo estipulado en su resolución, la Corte de Apelaciones considera haber dado respuesta al escrito de expresión de agravios de la recurrente, por lo que considera que dicha resolución reúne todos y cada uno de los requisitos que toda sentencia debe contener, haciendo una valoración de toda la prueba aportada por ambas partes así como un razonamiento lógico excluyendo toda arbitrariedad, dando estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 200, 206, 207, 832.1 y 2 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (4): Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución que resuelve el recurso de apelación, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, dicha resolución planteada por la recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley. CONSIDERANDO (5): Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (6): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO (8): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la abogada MARY ELA MARTINEZ MEDINA, a favor de la sociedad mercantil BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha tres de mayo de dos mil veintiuno; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha tres de noviembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0722-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL