Sentencia AC-721-20 — Registro 12482
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Ceiba que denegó la acción de amparo contra actuaciones en relación a la demanda de ejecución hipotecaria. - Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos constitucionales consignados en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7): Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba del Departamento de Atlántida, en la sentencia emitida en fecha doce de marzo del año dos mil veinte, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en la motivación de la sentencia, la Corte señala (Sic) “De los autos se desprende que el apoderado procesal que inicialmente representaba a la parte ejecutada se personó en las diligencias en fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecinueve y se notificó de la resolución que lo tuvo por personado en fecha once de septiembre del años dos mil diecinueve, resultando evidente que conoció y se enteró de la resolución que ordenó la tasación de costas, pues ésta ocurrió con anterioridad al personamiento teniendo el deber el apoderado procesal de la ejecutada estar pendiente de cuando ocurriera la vista de la tasación, pues los profesionales de derecho que representan a las partes no deben de actuar como simples espectadores y si ya se había ordenado a la secretaria del despacho la tasación de costas corresponde a los apoderados procesales estar pendientes de que ocurra la vista, para hacer uso de impugnación correspondiente. Como puede apreciarse en el caso que nos ocupa, entre la fecha de la resolución que ordena la tasación de costas y la actuación de la secretaría del despacho, dando cumplimiento al mandato judicial de la Juez de primera instancia hay un plazo de casi un mes (15-08-019/13-09-2019) y dentro de ese intervalo se personó el apoderado procesal de la ejecutada (21-08-2019) ante lo cual pretender se anule una tasación de costas, que no comenzó a correr su plazo para impugnación en fecha 15 de agosto del año 2019 que es el auto que se ataca como no notificado, el plazo de cinco días para impugnar la tasación comenzó a correr el día hábil siguiente de que la secretaria puso a la vista de las partes (ejecutante, ejecutado) la tasación de costas es decir del día 16 de septiembre al 20 de septiembre del año 2019, habida cuenta que la vista ocurrió el 13 de ese mismo mes y año, reiterándose que el mandado judicial para que se tasen las costas procesales en un proceso civil, es de mero impulso procesal no siendo necesario que de esta providencia se notifiquen las partes, en todo caso la que debía comunicarse era la tasación de costas realizada por la secretaria del despacho a través de la vista correspondiente, comunicación de vista que si ocurrió, en conclusión la falta de notificación de la resolución de fecha 15 de agosto del año 2019 no violenta el debido proceso ni lesiona el derecho de defensa.”.-CONSIDERANDO (8): Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, se encuentra dictada conforme a derecho, pues el Juez A-quo ha procedido a desestimar el incidente de nulidad planteado por la parte demandada, al constatar que al estar personado el profesional del derecho de la parte ejecutada y notificado de la resolución del personamiento en forma personal, tuvo a la vista el expediente, sin desconocer la resolución emitida en fecha quince de agosto del dos mil diecinueve, por lo cual al ejecutado no se le despojo por el órgano jurisdiccional de los medios de defensa que le corresponden, puesto que se le puso a la vista la tasación de costas, para que las mismas pudieran ser impugnadas en los momentos procesales oportunos, ante ello desestimo el incidente de nulidad.-CONSIDERANDO (9): Que siendo conforme a derecho, lo referido en los acápites anteriores, estima esta Sala que la sentencia revisada, fue dictada en estricto apego al principio de legalidad, principio de observancia obligatoria por los órganos jurisdiccionales decisores en los casos concretos sometidos a su competencia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios constitucionales invocados por el amparista, específicamente el derecho de defensa al haberse puesto a la vista a las partes la tasación de costas practicada por la secretaría del despacho en fecha trece de septiembre del año dos mil diecinueve, tal como lo dispone el artículo 224 numeral 1 del Código Procesal Civil, los cuales empezaron a correr el día dieciséis de septiembre del dos mil diecinueve y precluyeron el día veinte del mismo mes y año, sin que el representante procesal de la parte ejecutada, personado en el proceso y notificada de dicho personamiento en fecha once de septiembre del año dos mil diecinueve, presentara impugnación en aplicación al artículo 225 del Código Procesal Civil, pues como ya lo ha expresado esta Sala en diferentes sentencias el que una resolución no sea acorde a las pretensiones de las partes, no supone en consecuencia el quebrantamiento de garantías constitucionales.-CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha doce de marzo del año dos mil veinte, que falla Denegando el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada CYNDI JOBETH TERCERO VASQUEZ.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 224, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
[Texto completo no disponible en la fuente]