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Sentencia AC-715-21 — Registro 14145

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución con relación a la demanda de desahucio por causas de habilitación propia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que en materia de amparo el pronunciamiento de la Justicia Constitucional relativo a las violaciones alegadas por la persona natural o jurídica que inste su actividad, debe centrarse sobre la existencia o no de la violación constitucional alegada, en el acto concreto reclamado en amparo. Sin embargo, tanto de lo expuesto en los considerandos que anteceden, de lo expuesto por el recurrente como de los documentos que acompaña y de la jurisprudencia establecida por esta Sala de lo Constitucional para este tipo de acciones en materia de inquilinato, se evidencia la inexistencia de una violación por parte de la autoridad recurrida a los artículos 82, 90, 95 y 320 de la Constitución de la República; más aún es evidente que el acto reclamado se trata de un asunto propio de la instancia correspondiente. CONSIDERANDO: Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y séptimo, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio declarativo principal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno. VISTOS: Los antecedentes en el presente recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARLON RICARDO SANCHEZ PINEDA, a favor de CONCEPCIÓN GONZALES DEL CID en su condición personal y como propietaria del JARDIN ESCUELA E INSTITUTO CATÓLICO EL BUEN SAMARITANO, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha trece (13) de abril del año dos mil veintiuno, que conoció de un recurso de queja interpuesto contra el auto dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veinte, con relación a la demanda de desahucio por causas de habilitación propia, promovida por los señores RIGOBERTO SIERRA MARTINEZ, MIGUEL ÁNGEL SIERRA MARTINEZ, JOSÉ AUGUSTO SIERRA MARTINEZ, FERNANDO SIERRA MARTINEZ y JORGE MARIO SIERRA WILKINSON, contra de CONCEPCIÓN GONZALES DEL CID en su condición personal y como propietaria del JARDIN ESCUELA E INSTITUTO CATÓLICO EL BUEN SAMARITANO. CONSIDERANDO: Que de lo expuesto por el recurrente en la interposición del recurso, se aprecia que éste indica que con el acto reclamado en amparo se violan los artículos 82, 90, 321 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el recurrente estima que el Ad-quem mediante el acto reclamado, tergiversa con una interpretación negativa del artículo 69 de la Ley de Inquilinato, con la cual no concuerda por restringir tajantemente el derecho de su representante a los recursos. CONSIDERANDO: Que en lo atinente a la posible violación de los artículos 82, 90, 321 y 323 de nuestra Constitución, se aprecia que la resolución recurrida no vulnera nuestro ordenamiento jurídico en materia de Inquilinato y se evidencia, contrario a lo expuesto por el recurrente que se ha hecho una aplicación correcta de lo dispuesto en la Ley de Inquilinato, específicamente en lo concerniente a lo dispuesto en el artículo 69 de la misma, sobre cuya Constitucionalidad ya se ha pronunciado en reiteradas oportunidades esta sala, al dejar establecido entre otras cosas que al tenor de lo previsto en la norma Constitucional, podemos afirmar que el acceso al sistema de recursos previstos en la ley de Inquilinato para la impugnación de las resoluciones judiciales, puede estar condicionado por el cumplimiento de ciertos requisitos, siempre y cuando que los criterios finalísticos o teleológicos que justifiquen a estos, se fundamenten a su vez en el principio de proporcionalidad. CONSIDERANDO: Que en lo que se refiere al requisito procesal discutido en el presente caso contenido en el artículo 69 de la Ley de Inquilinato, la Sala ha sido y es del criterio que la condición del pago o consignación de rentas vencidas al tiempo de la interposición de los recursos, no constituye un formalismo desproporcionado, sino que representa una exigencia esencial para el acceso y la sustanciación de los mismos. Ello se justifica por la propia finalidad de la imposición legal de tal requisito procesal, que es el de impedir o evitar que el arrendatario se valga del sistema de recursos, que la Ley concede, como medio para continuar en el goce del inmueble arrendado sin satisfacer la contraprestación de la renta, convirtiendo la interposición de tales remedios procesales, en una maniobra dilatoria del lanzamiento en perjuicio del arrendador. CONSIDERANDO: Que en materia de amparo el pronunciamiento de la Justicia Constitucional relativo a las violaciones alegadas por la persona natural o jurídica que inste su actividad, debe centrarse sobre la existencia o no de la violación constitucional alegada, en el acto concreto reclamado en amparo. Sin embargo, tanto de lo expuesto en los considerandos que anteceden, de lo expuesto por el recurrente como de los documentos que acompaña y de la jurisprudencia establecida por esta Sala de lo Constitucional para este tipo de acciones en materia de inquilinato, se evidencia la inexistencia de una violación por parte de la autoridad recurrida a los artículos 82, 90, 95 y 320 de la Constitución de la República; mas aún es evidente que el acto reclamado se trata de un asunto propio de la instancia correspondiente. CONSIDERANDO: Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y séptimo, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio declarativo principal. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 44, 46 No. 1 y 7, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARLON RICARDO SANCHEZ PINEDA, a favor de CONCEPCIÓN GONZALES DEL CID en su condición personal y como propietaria del JARDIN ESCUELA E INSTITUTO CATÓLICO EL BUEN SAMARITANO, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha trece (13) de abril del año dos mil veintiuno; al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad por lo que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el proceso y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se certifique la presente resolución al tribunal Ad-quem y A-quo para los efectos legales consiguiente.-NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, certificación de la resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0715=2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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