Sentencia AC-713-19 — Registro 13497
Resumen
Resolución que declaró sin lugar recurso de apelación interpuesto contra resolución que ordena diligencias en auto para mejor proveer con relación a “Querella de Restitución.-Indemnización de Daños y Perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."3): Que se conoce en amparo la Resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar un Recurso de Apelación interpuesto en contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, con relación a la demanda a la “QUERELLA DE RESTITUCIÓN.-INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS…”, promovida por el Abogado Oscar Siri Zúñiga, en su condición de Representante Legal de las sociedades mercantiles “INMOBILIARIA SAN GABRIEL ARCÁNGEL S. DE R.L.” e “INMOBILIARIA REAL DE MINAS S. DE R.L.”, en contra de la señora María Reina Ochoa Alvarado. Estimando el recurrente que se le ha violentado el derecho a la defensa, en vista que el Juez actuó como parte al haber hecho uso de un auto para mejor proveer para evacuar pruebas que no le correspondían.- De igual manera señala que se le violento el debido proceso al señalar que la sentencia recurrido y que fue emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, al haber declarado sin lugar el Recurso de Apelación, ha permitido que el Juez de Primera Instancia abuse de sus facultades.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha veintiuno de febrero del dos mil veinte, que el A-Quo al otorgar un plazo de diez (10) días ordenando que se cumplieran una serie de elementos probatorios los que constituyen diligencias para mejor proveer, contra las cuales no procede ningún recurso de conformidad con el artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles, es decir son irrecurribles, en tal sentido es del parecer que se deniegue la presente acción de amparo, por no existir vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el amparista. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.CONSIDERANDO SEIS (6): Que de la revisión del expediente y sobre todo en estricta aplicación del artículo 17 del Código Civil, para entender la Ley hay que sujetarse explícitamente a sus propios términos, es decir el Código Civil señala una interpretación literal en ese caso del artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles, la Sala hace esta referencia en vista que los derechos señalados por el impetrante como violados se sujetan a la decisión del Juez de primera instancia de proferir una medida cautelar especifica. Esta Sala conoce en amparo la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones Civil de Francisco Morazán, que rechaza un recurso de apelación interpuesto en aplicación del artículo 170 párrafo final del Código de Procedimientos Civiles.- Mas allá del procedimiento referido, el auto para mejor proveer dictado por el Juzgado se encuentra dentro del catálogo que al efecto ofrece el artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles; y el último párrafo del referido artículo señala que, contra este tipo de actuaciones de primera instancia no cabra recurso alguno, por lo tanto al ser inapelable dicho auto, esta sala es del criterio de confirmar la decisión del Juzgado de Primera instancia, en ese sentido se debe desestimar el Recurso de Amparo interpuesto. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no ha sucedido"
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 170 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 17 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Oscar Siri Zúñiga, a favor de Sí Mismo, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra el auto de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la “QUERELLA DE RESTITUCIÓN.-INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS…”, promovida por el Abogado Oscar Siri Zúñiga, en su condición de Representante Legal de las sociedades mercantiles “INMOBILIARIA SAN GABRIEL ARCÁNGEL S. DE R.L.” e “INMOBILIARIA REAL DE MINAS S. DE R.L.”, en contra de la señora María Reina Ochoa Alvarado. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en su perjuicio, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintinueve de octubre de dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Oscar Siri Zúñiga, en su condición de Representante Legal de las sociedades mercantiles “INMOBILIARIA SAN GABRIEL ARCÁNGEL S. DE R.L.” e “INMOBILIARIA REAL DE MINAS S. DE R.L.”, interponiendo “QUERELLA DE RESTITUCIÓN. -INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS…”, contra la señora María Reina Ochoa Alvarado. (Folio 1-4 del tomo I de la pieza del A-quo) 2) En fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado Oscar Siri Zúñiga, presentando escrito de “nulidad absoluta que debe resolverse de oficio”. (Folio 213 del tomo II del expediente del A-quo) 3) En fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó auto mediante el cual dispuso: Tienese por recibido el oficio número 216-2018, junto con la certificación de la sentencia proveniente de la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, cuyo fallo literalmente dice: “FALLA: 1) De oficio decretar la nulidad absoluta del auto de fecha 16 de agosto del 2017, visible a folio 214 de la primera pieza de autos, en consecuencia, resuélvase el escrito de nulidad absoluta presentado el quince de agosto del dos mil diecisiete: decrétese la nulidad parcialmente del auto de fecha siete de junio de dos mil diecisiete, en el único sentido que en dicho auto se omitió establecer el plazo para que la parte interesada le dé cumplimiento a lo solicitado por el Juez, en consecuencia y con el objeto de esclarecer la verdad sobre los hechos controvertidos en la presente querella de restitución, y en virtud de haber concluido el periodo para proponer y evacuar las pruebas aportadas en el presente proceso y considerando este Juzgador necesario el aporte de medio de las partes intervinientes estableciéndole el plazo de diez días procedan a establecer en la presente causa, el tracto sucesivo de los bienes inmuebles registrados en la presente causa… (Folio 232 vuelto del tomo II de la pieza del A-quo) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Oscar Siri Zúñiga, contra el auto relacionado en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictó sentencia mediante la cual por mayoría de votos falló: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Oscar Arturo Siri Zúñiga, contra el auto de fecha veintisiete (27) de julio de dos mil dieciocho (2018), dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: SIN COSTAS. (Folio 44-48 vuelto de la pieza del Ad-quem) 5) En fecha veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal, el Abogado Oscar Siri Zúñiga, interponiendo acción de amparo a favor de Sí Mismo, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considera que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 6) Se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el recurrente, en fecha veintisiete de enero de dos mil veinte, asimismo, habiéndose solicitado la apertura a pruebas del recurso, sin ofrecer específicamente la prueba a presentar, en consecuencia, se le hace la observación que esta Sala ha establecido como condición sine qua non, que para decretar la apertura a pruebas de una acción de amparo, es preciso que la parte recurrente vincule en su escrito de formalización de manera puntual, la relevancia de las pruebas que se hayan de aportar para acreditar la violación que se denuncia determinando de manera concreta su vinculación con el acto reclamado en amparo, por ende, se declara sin lugar por falta de claridad en su petición, la apertura a pruebas solicitada y se ordena a la Secretaría de este Tribunal poner a la vista las presentes diligencias por el término de 48 horas para que el Fiscal emita su dictamen. (Folio 82 del recurso) 7) Que en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: …Esta Representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso, establece lo siguiente: Que el recurrente argumenta en su escrito de interposición de la acción de amparo que la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, vulnera los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Aduce el impetrante, que el Ad-quem vulnera los derechos antes descritos al permitir ostensiblemente la participación del juez como parte en el proceso, olvidándose que es meramente un juez que no puede atribuirse pruebas que no le corresponden indicando que los jueces no pueden proponer prueba y menos hacer uso de auto para mejor proveer, cuando de lo que se ha tratado es de adueñarse de sus propias pruebas. Del estudio de la foliada, esta Representación Fiscal aprecia que el A-quo decretó una nulidad parcial del auto de fecha 07 de junio de 2017, y en consecuencia otorga un plazo de 10 días ordenando que se cumplimenten una serie de elementos probatorios los que constituyen diligencias para mejor proveer, contra las cuales no procede ningún recurso de conformidad con el artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles, es decir, son irrecurribles, en tal sentido la resolución impugnada se encuentra dictada en observancia a la ley. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que SE DENIEGUE la presente acción de amparo, por NO existir vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el Amparista. (Folios 85-89 del recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la Resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar un Recurso de Apelación interpuesto en contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, con relación a la demanda a la “QUERELLA DE RESTITUCIÓN.-INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS…”, promovida por el Abogado Oscar Siri Zúñiga, en su condición de Representante Legal de las sociedades mercantiles “INMOBILIARIA SAN GABRIEL ARCÁNGEL S. DE R.L.” e “INMOBILIARIA REAL DE MINAS S. DE R.L.”, en contra de la señora María Reina Ochoa Alvarado. Estimando el recurrente que se le ha violentado el derecho a la defensa, en vista que el Juez actuó como parte al haber hecho uso de un auto para mejor proveer para evacuar pruebas que no le correspondían.- De igual manera señala que se le violento el debido proceso al señalar que la sentencia recurrido y que fue emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, al haber declarado sin lugar el Recurso de Apelación, ha permitido que el Juez de Primera Instancia abuse de sus facultades.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha veintiuno de febrero del dos mil veinte, que el A-Quo al otorgar un plazo de diez (10) días ordenando que se cumplieran una serie de elementos probatorios los que constituyen diligencias para mejor proveer, contra las cuales no procede ningún recurso de conformidad con el artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles, es decir son irrecurribles, en tal sentido es del parecer que se deniegue la presente acción de amparo, por no existir vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el amparista. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.CONSIDERANDO SEIS (6): Que de la revisión del expediente y sobre todo en estricta aplicación del artículo 17 del Código Civil, para entender la Ley hay que sujetarse explícitamente a sus propios términos, es decir el Código Civil señala una interpretación literal en ese caso del artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles, la Sala hace esta referencia en vista que los derechos señalados por el impetrante como violados se sujetan a la decisión del Juez de primera instancia de proferir una medida cautelar especifica. Esta Sala conoce en amparo la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones Civil de Francisco Morazán, que rechaza un recurso de apelación interpuesto en aplicación del artículo 170 párrafo final del Código de Procedimientos Civiles.- Mas allá del procedimiento referido, el auto para mejor proveer dictado por el Juzgado se encuentra dentro del catálogo que al efecto ofrece el artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles; y el último párrafo del referido artículo señala que, contra este tipo de actuaciones de primera instancia no cabra recurso alguno, por lo tanto al ser inapelable dicho auto, esta sala es del criterio de confirmar la decisión del Juzgado de Primera instancia, en ese sentido se debe desestimar el Recurso de Amparo interpuesto. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no ha sucedido. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 183, 303, 304 y 313 Numeral 5, de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 5, 6, 7, 9.2, 41 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 17 del Código Civil; 1 y 170 del Código de Procedimientos Civiles; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, certificación del fallo de fecha veintidós de septiembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0713-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL