Sentencia AC-694-19 — Registro 14430
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró la Nulidad absoluta de actuaciones, contra la sentencia interlocutoria, con relación a la demanda ordinaria para el pago de daños morales, daños psicológicos, daños emergentes, lucro cesante proyecto de vida y con especial condena en costas.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera la tutela judicial efectiva[12] del recurrente en amparo, al declarar nulidad absoluta de actuaciones desde el auto de fecha 24 de agosto de 2015 que obra a folio 442 de la pieza principal de autos y demás actuaciones, en atención al recurso de apelación promovido por la parte demandada, contra la sentencia incidental dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016); la cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, ello porque se ha emitido una resolución de fondo completamente diferente, siendo lo procedente dotar de suficiente explicación y motivación la resolución dictada en fecha veinticinco de junio del dos mil diecinueve y así determinar porque se tomó tal decisión, en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en fecha veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, como bien lo ha hecho el voto particular. La Corte de Apelaciones argumenta en su nueva sentencia de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil diecinueve (2019), que las excepciones no se presentaron en su momento procesal oportuno y al no haberse promovido como un incidente la a-quo debió haber rechazado las mismas, ante ello decreta la nulidad de actuaciones antes indicada, generando con su actuar incertidumbre en quienes recurren a la instancia jurisdiccional en procura de ser oídos en sus peticiones conforme a los postulados del debido proceso, que debe imperar en un Estado de Derecho. Debido proceso que debe ser imperativo en el área civil como en el resto de los procesos jurisdiccionales. CONSIDERANDO (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (14): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, consecuentemente vulnera los demás derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo, al declarar nulidad absoluta de actuaciones desde el auto de fecha 24 de agosto de 2015 que obra a folio 442 de la pieza principal de autos y demás actuaciones, en atención al recurso de apelación promovido por la parte demandada, contra la sentencia incidental dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016); la cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, ello porque se ha emitido una resolución de fondo completamente diferente, siendo lo procedente dotar de suficiente explicación y motivación la resolución dictada en fecha veinticinco de junio del dos mil diecinueve y así determinar porque se tomó tal decisión, en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en fecha veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, como bien lo ha hecho el voto particular. La Corte de Apelaciones argumenta en su nueva sentencia de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil diecinueve (2019), que las excepciones no se presentaron en su momento procesal oportuno y al no haberse promovido como un incidente la a-quo debió haber rechazado las mismas, ante ello decreta la nulidad de actuaciones antes indicada, generando con su actuar incertidumbre en quienes recurren a la instancia jurisdiccional en procura de ser oídos en sus peticiones conforme a los postulados del debido proceso, que debe imperar en un Estado de Derecho. Debido proceso que debe ser imperativo en el área civil como en el resto de los procesos jurisdiccionales."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MICHAEL ALEXANDER RASCOFF IRIAS, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL COMPAÑÍA AVICOLA DE CENTRO AMERICA S.A DE C.V (CADECA), contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil diecinueve (2019), que declaró la Nulidad absoluta de actuaciones, contra la Sentencia Interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda ordinaria para el pago de daños morales, daños psicológicos, daños emergentes, lucro cesante proyecto de vida y con especial condena en costas, promovida por los Abogados FELICIANO RUEFA NUÑEZ y JOSE ADOLFO HERNANDEZ, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL COMPAÑÍA AVICOLA DE CENTRO AMERICA S.A DE C.V (CADECA).- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado lo establecido en los artículos 80, 82, 90, 95 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cinco (5) de marzo del año dos mil ocho (2008), compareció ante Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, los Abogados FELICIANO RUEFA NUÑEZ y JOSE ADOLFO HERNANDEZ, en su condición de Apoderados Legal del señor JOSUE ALONZO DIAZ RUEDA, promoviendo demanda ordinaria para el pago de daños morales, daños psicológicos, daños emergentes, lucro cesante proyecto de vida y con especial condena en costas, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL COMPAÑÍA AVICOLA DE CENTRO AMERICA S.A DE C.V (CADECA).- (Folios uno (01) al seis (06) de la pieza del Juzgado). 2) Que en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016) el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, dicto Resolución mediante la cual “FALLÓ: “…DECLARAR SIN LUGAR las Excepciones POR LA VIA DE ALEGACION O DEFENSA CONSISTENTE EN LA FALTA DE PERSONALIDAD DEL DEMANDADO Y LA EXCEPCION DE COSA JUZGADA, interpuesto por el Abogado MICHAEL ALEXANDER RASCOFF IRIAS, en su condición de Apoderado Legal de LA COMPAÑÍA AVICOLA DE CENTROAMERICA “CADECA” PROCESO INDUSTRIAL SAGASTUME, de generales expresadas en el preámbulo de la presente demanda, del que se ha hecho merito en este fallo…”(Folios 505 AL 510 de la pieza del Juzgado). 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado MICHAEL ALEXANDER RASCOFF IRIAS, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil diecinueve (2019), dicto sentencia mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO: De oficio declarar la nulidad absoluta de actuaciones desde el auto de fecha 24 de agosto de 2015 que obra a folio 442 de la pieza principal de autos, y demás actuaciones.- SEGUNDO; Que el recibo de la presente sentencia la A-quo de estricto cumplimiento a lo resuelto por este Tribunal y revelado en los considerandos que anteceden.- SIN COSTAS…” (Folios 55 al 65 de la pieza de Corte de Apelaciones). 4) Que el recurrente Abogado MICHAEL ALEXANDER RASCOFF IRIAS, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), reclamando amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL COMPAÑÍA AVICOLA DE CENTRO AMERICA S.A DE C.V (CADECA), contra sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil diecinueve (2019), que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90, 95 y 321 de la Constitución de la República.- Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veinte (2020). 5) Que en fecha dos (2) de octubre del año dos mil veinte (2020), la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que SE SOBRESEA LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser los artículos 80, 82, 90, 95 y 321 de la Constitución de la República. (Página 80 al 87 de la pieza de amparo) CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha cinco (5) de marzo del año dos mil ocho (2008), fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, los abogados FELICIANO RUEDA NUÑEZ Y JOSE ADOLFO HERNANDEZ, actuando en su condición de Apoderados Legales del señor JOSUE ALONZO DIAZ RUEDA, interponiendo Demanda Ordinaria para el Pago de Daños y Perjuicios, Daños Morales, Daño Psicológicos, Daño Emergente, Lucro Cesante Proyecto de Vida y con especial condena en costas, contra la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA AVICOLA DE CENTROAMERICA “CADECA”, PROCESO INDUSTRIAL SAGASTUME, a través de su Gerente General, el señor MARIO HERNANDEZ. CONSIDERANDO (3): Que en fecha dieciséis de agosto del año dos mil diecinueve, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado MICHAEL ALEXANDER RASCOFF IRIAS, interponiendo Acción de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA AVICOLA DE CENTROAMERICA, S. A. DE C. V. (CADECA), contra la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió por Mayoría de Votos, declarar nulidad absoluta de actuaciones desde el auto de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil quince (2015), que admite a trámite las excepciones por la vía de alegación y defensa; considera el recurrente en amparo que la resolución impugnada es violatoria de los derechos de petición, Defensa y debido proceso, ello porque contra la sentencia incidental dictada por el Juzgado de Letras se interpuso un recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Corte de Apelaciones mediante sentencia de fecha veintiuno de abril del dos mil diecisiete, anulando todas las diligencias desde el auto de admisión de la demanda bajo el argumento que los hechos demandados corresponden a la esfera de la jurisdicción laboral. Contra esta sentencia la parte demandante interpuso un recurso de amparo que fue declarado con lugar, por considerar la Sala de lo Constitucional que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones carece de explicación y motivación suficiente, ante lo cual la Corte de Apelaciones en fecha veinticinco de junio del dos mil diecinueve, emite nueva sentencia por mayoría de votos y esta vez resuelve anular de oficio las actuaciones judiciales a partir del auto de fecha veinticuatro de agosto del dos mil quince, el cual contiene la admisión a trámite de las excepciones por vía de alegación o defensa interpuesta a favor de los derechos de CADECA, con ello la Corte de Apelaciones a destruido la petición y defensa realizada por la parte demandada, lo cual violenta el estado de derecho y causa total inseguridad jurídica. Argumenta el pedidor que la Corte de Apelaciones estaba obligada a emitir nuevamente la sentencia con la misma decisión de fondo, pero con explicación y motivación suficiente como lo indica la Sala de lo Constitucional, pero la Corte de Apelaciones hace lo contrario al emitir un fallo totalmente diferente, al anular absolutamente las acciones de la parte recurrente emitiendo un fallo en perjuicio de las pretensiones y defensa de la parte recurrente, violentando con ello el principio de prohibición de la reforma peyorativa, establecido en el artículo 692 del Código Procesal Civil, pues la Corte de Apelaciones no tiene facultades para empeorar la situación del recurrente, lo cual constituye una reforma peyorativa que en materia de derecho es prohibida en todas las legislaciones de los países que cuentan con un Estado de Derecho y proveen seguridad jurídica. CONSIDERANDO (4): Que, el recurrente se enfoca en advertir a este Alto Tribunal que el Ad-quem no emitió nueva resolución sobre el mismo fondo, con la suficiente explicación y motivación de conformidad con la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, sino que por el contrario procede a dictar sentencia fallando por mayoría de votos completamente distinto a lo que había fallado en sentencia de fecha veintiuno de abril del dos mil diecisiete, en virtud de que ahora destruye mediante nulidad oficiosa la acción por la vía de alegación o defensa promovida por la parte demandada, al anular las diligencias judiciales a partir del auto de fecha veinticuatro de agosto del dos mil quince, el cual contiene la admisión a trámite de las excepciones por la vía de alegación o defensa interpuesta en favor de los derechos de CADECA; sostiene el impetrante que la instrucción de la Sala de lo Constitucional era que la Corte de Apelaciones dotara de suficiente explicación y motivación el fallo proferido, sin embargo la Corte de Apelaciones con la nueva sentencia ha destruido la petición realizada por la parte demandante. CONSIDERANDO (5): Que, del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil diecinueve (2019), que en su parte dispositiva y por Mayoría de Votos falla: “PRIMERO: De oficio se declara la nulidad absoluta de actuaciones desde el auto de fecha 24 de agosto de 2015 que obra a folio 442 de la pieza principal de autos, y demás actuaciones. - SEGUNDO: Que al recibo de la presente sentencia la a-quo de estricto cumplimiento a lo resuelto por este Tribunal y revelado en los considerandos que anteceden. - SIN COSTAS…” (Folios del 55–61fv de la pieza de los antecedentes del Ad-quem). CONSIDERANDO (6): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, vulnera o no los derechos de defensa y debido proceso contenido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas es imperativo identificar el asunto principal en que fundamenta sus argumentos el recurrente, el cual versa en que la Corte de Apelaciones dictó nueva sentencia desconociendo el mandato emanado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que era dotar el nuevo fallo de suficiente contenido explicativo y motivador del porque se adoptó tal decisión y no otra. CONSIDERANDO (7): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que, en el caso de autos, en primer lugar, es menester determinar si la decisión de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán vulnera en perjuicio del recurrente los derechos de petición, defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 80[1], 82[2] y 90[3] de la Constitución de la República. En ese orden de ideas, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (8): Que, es importante hacer énfasis en relación a que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[4], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[5]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar y salvaguardar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 8 lo referente a las garantías judiciales, dispone: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter…”. De acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención, el juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, independiente e imparcial, lo que nos remite a la impartición de justicia a través del juez natural. Este derecho constituye “un principio básico del debido proceso”, relacionado con el concepto de juez natural, que implica que “las personas tienen derecho a ser juzgadas, en general, por tribunales ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos”[6]. CONSIDERANDO (9): La seguridad jurídica es un principio del derecho, universalmente reconocido, que se basa en la “certeza del derecho”, tanto en el ámbito de su aplicación y que significa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público. El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece (o debe establecer) las disposiciones legales a seguir, sino que en sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de “seguridad jurídica” al ejercer el poder político, jurídico y legislativo. La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al individuo por el Estado de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de aquellos. En resumen, la seguridad jurídica es la “certeza del derecho” que tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados. Para el jurista Antonio Enrique Pérez Luño[7], La seguridad jurídica es un valor estrechamente ligado al Estado de Derecho que se concreta en exigencias objetivas de: corrección estructural (formulación adecuada de las normas del ordenamiento jurídico) y corrección funcional (Cumplimiento del Derecho por sus destinatarios y especialmente por los órganos encargados de su aplicación). Junto a esta dimensión objetiva la seguridad jurídica se presenta, en su acepción subjetiva encarnada por la certeza del Derecho, como la proyección en las situaciones personales de las garantías estructurales y funcionales de la seguridad objetiva. Para Perez Luño la certeza del Derecho supone la faceta subjetiva de la seguridad jurídica, se presenta como la proyección de las situaciones personales de la seguridad objetiva. Para ello, se requiere la posibilidad del conocimiento del Derecho por sus destinatarios. CONSIDERANDO (10): Que la nueva sentencia de fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, dictada por mayoría de votos de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán y que es ahora recurrida en Amparo, por la parte demandada, en sus argumentos de fundamentos de derecho expone en el acápite (5) “entiende el voto mayoritario que el supuesto de derecho que ha motivado a la Honorable Sala de lo Constitucional a otorgar el amparo impetrado, es la falta de congruencia entre lo que era objeto de discusión en el recurso de apelación (EXCEPCIONES DILATORIAS), y lo que se resolvió en la sentencia (nulidad de actuaciones por incompetencia de los juzgados civiles para conocer del asunto principal); …” asimismo en el acápite (10) aduce “Al revisar el expediente de mérito se puede apreciar que la parte demandada ha introducido las excepciones de FALTA DE PERSONALIDAD DEL DEMANDADO y excepción de COSA JUZGADA, en momentos posteriores, tanto al plazo para contestar la demanda, como al momento mismo de su contestación; sin embargo no lo ha hecho de la manera que la ley establece para tal propósito en dicho momento, es decir mediante la promoción de un incidente, que le haga ver a la a-quo que ha pesar de que la causa en que se funda la misma se había producido con anterioridad al proceso, pero que hasta ese momento en que se promueve ha tenido conocimiento de la misma, o que hasta ese instante se ha concretizado un elemento que amerita ser considerado, para que sea admitida a trámite mediante la figura incidental…” continúa la argumentación en el acápite (11) “Por lo anterior al no haber la parte demandada, en el estado en que se encontraba el proceso, promovido dichas excepciones mediante la promoción de un incidente, tal como se le ha relacionado anteriormente la a-quo debió haber rechazado las mismas y por ello continuar con la tramitación normal del proceso hasta la emisión de la sentencia definitiva que resolviera el fondo del asunto, y no tramitar dichas excepciones como si se tratase del momento para contestar la demanda (dentro del término del emplazamiento), lo que ha llevado a la desnaturalización del proceso….” CONSIDERANDO (11): Que es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo dispuesto en el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia, asimismo ha establecido la Corte que el derecho al debido proceso “se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”[8]. La Corte ha afirmado que, para no obstaculizar el proceso, los jueces “tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”[9]. Por otra parte, la Corte estableció que se viola el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8.1[10] si se interponen trabas en el acceso a la justicia. En este sentido, en el caso Cantos Vs. Argentina la Corte afirmó: Que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acuden a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención.[11] Si bien el derecho de acceso a la justicia no es absoluto, y consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, la Corte Interamericana afirma que las limitaciones deben guardar correspondencia con el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera la tutela judicial efectiva[12] del recurrente en amparo, al declarar nulidad absoluta de actuaciones desde el auto de fecha 24 de agosto de 2015 que obra a folio 442 de la pieza principal de autos y demás actuaciones, en atención al recurso de apelación promovido por la parte demandada, contra la sentencia incidental dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016); la cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, ello porque se ha emitido una resolución de fondo completamente diferente, siendo lo procedente dotar de suficiente explicación y motivación la resolución dictada en fecha veinticinco de junio del dos mil diecinueve y así determinar porque se tomó tal decisión, en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en fecha veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, como bien lo ha hecho el voto particular. La Corte de Apelaciones argumenta en su nueva sentencia de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil diecinueve (2019), que las excepciones no se presentaron en su momento procesal oportuno y al no haberse promovido como un incidente la a-quo debió haber rechazado las mismas, ante ello decreta la nulidad de actuaciones antes indicada, generando con su actuar incertidumbre en quienes recurren a la instancia jurisdiccional en procura de ser oídos en sus peticiones conforme a los postulados del debido proceso, que debe imperar en un Estado de Derecho. Debido proceso que debe ser imperativo en el área civil como en el resto de los procesos jurisdiccionales. CONSIDERANDO (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (14): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, consecuentemente vulnera los demás derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (15): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán debe dictar nueva resolución en la que con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que se declara por mayoría de votos nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha veinticuatro del agosto del año dos mil quince, en el recurso de apelación promovido por la parte demandada la sociedad mercantil COMPAÑÍA AVICOLA DE CENTROAMERICA, S. A. DE C. V. (CADECA); en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado MICHAEL ALEXANDER RASCOFF IRIAS, a favor de la sociedad mercantil COMPAÑÍA AVICOLA DE CENTROAMERICA, S. A. DE C. V. (CADECA), contra la Sentencia dictada por mayoría de votos de la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil diecinueve (2019); 2) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, restituyendo al recurrente en Amparo los derechos que le han sido vulnerados. Y MANDA: Que se proceda a notificar la presente sentencia y con certificación de la misma se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de febrero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-694-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.”
[2] “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”
[3] “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”
[4] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[5] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[6] Juana Maria Ibáñez Rivas. Convención Americana sobre Derechos Humanos Comentario. Artículo 8. Garantías Judiciales. KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG e. V. Oficina para Guatemala y Honduras. Impreso en Guatemala por Magna Terra Editores. Diciembre de 2014. Pág. 218. A mayor abundancia en relación al juez natural como elemento esencial del debido proceso, la autora señala que “Dicho juez natural “deriva su existencia y competencia de la ley, la cual ha sido definida por la Corte como la “norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Parte para la formación de las leyes”
[7] Antonio-Enrique Pérez Luño. LA SEGURIDAD JURÍDICA: UNA GARANTÍA DEL DERECHO Y LA JUSTICIA. Boletín de la Facultad de Derecho, núm. 15,2000.
[8] Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52 & 128; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69 & 112, entre otras.
[9] Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, & 211. Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, & 156.
[10] Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
[11] Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, & 50. En ese sentido ver también Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, & 82; Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, & 95.
[12] Véase L. Alfredo de Diego Diez. El derecho a la tutela judicial efectiva. O.I.M. EDITORIAL S.A de C.V. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras. Págs. 35, 39 y 49. “El contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, también conocido como <