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Sentencia AC-654-20 — Registro 13496

Resumen

Resolución impugnada que declara con lugar Oposición a “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EJECUTIVO EXTRAJUDICIAL promovida por recurrente en contra de sociedad mercantil

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."7): Esta Sala aprecia que los artículos 87 y 88 de la Ley de procedimiento Administrativo Decreto 266-2013 “LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO” literalmente dicen: “Articulo 87.- Las resoluciones se notificarán personal o electrónicamente en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de su fecha, las providencias cuando perjudiquen a los interesados, en el plazo de dos (2) días.” “Articulo 88.- La notificación personal o electrónica se practicará mediante envió o entrega de copia íntegra del acto de que se trate.- No habiéndose podido notificar personal o electrónicamente el acto dentro de los plazos establecidos en el artículo 87, la notificación se hará fijando en la tabla de avisos de Despacho la providencia o parte dispositiva de la resolución”. CONSIDERANDO(8): Que la Resolución NºCPAT-AGC-DA-09-F-2016 emitida en fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, por la COMISIONADA PRESIDENCIAL de la ADMINISTRACION TRIBUTARIA (folios 64 al 75 de la primera pieza), fue notificada mediante correo electrónico de fecha veinte de septiembre de dos mil veinte(folio 78 de la primera pieza).- La que conforme a lo que establece el artículo 88 en relación al artículo 87, de la Ley de Procedimiento Administrativo, reformados mediante Decreto 266-2013 “LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, debió ser notificada por tabla de avisos, ya que el plazo de cinco (5) días para la notificación electrónica que establece el artículo 87 señalado, venció el veintinueve (29) de Junio de dos mil dieciséis (2016) y en fecha posterior a esa la notificación debía hacerse por medio de la tabla de avisos, por lo que conforme al artículo 37 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dicha notificación es nula, esta aclaración se hace en virtud de la opinión del fiscal de la constitución, que puede llamar a confusión. CONSIDERANDO(9): Por lo expuesto esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, estima que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Segunda de lo Civil de Francisco Morazán esta apegada a derecho, y que la acción de Amparo interpuesta dada su argumentación no puede considerarse más que un alegato de Mera Legalidad, por lo que conforme al artículo 46.1 y párrafo final de la Ley Sobre Justicia Constitucional es procedente dictar el sobreseimiento de esta acción de Amparo."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Jensi Lady Lee Zavala Zavala, a favor del Estado de Honduras, a través del Servicio de Administración de Rentas (SAR), contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que declaró con lugar el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EJECUTIVO EXTRAJUDICIAL…”, promovida por el Abogado Abraham Alvarenga Urbina, en su condición de Procurador General de la República, en contra la sociedad mercantil denominada “SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V.”, a través de su Representante Legal, el señor José Antonio Perez. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Abraham Alvarenga Urbina, en su condición de Procurador General de la República, interponiendo “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EJECUTIVO EXTRAJUDICIAL…”, contra la sociedad mercantil denominada “SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V.”, a través de su Representante Legal, el señor José Antonio Perez. (Folio 1-5 de la pieza del A-quo) 2) En fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual dispuso: PRIMERO: QUE DEBO DECLARAR Y DECLARO AD HUNC MODUM, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS: SIN LUGAR la oposición a la ejecución, interpuesta por el Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada: SERVICIOS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V., en la demanda promovida por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través de su representante procesal, el señor Procurador General ABRAHAM ALVARENGA. SEGUNDO: Que se continué con la ejecución. (Folio 151 de la pieza del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Jorge David Meza Vasquez, en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil Servicios y Repuestos Europeos S.A. de C.V. (SYRE), contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictó sentencia mediante la cual por unanimidad de votos falló: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN de que se ha hecho mérito. SEGUNDO: REVOCAR LA SENTENCIA APELADA, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), en la DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EJECUTIVO EXTRAJUDICIAL, promovida por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, contra la sociedad mercantil SERVICIOS Y RESPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V., por medio de su Representante Legal, el señor JOSÉ ANTONIO PEREZ.-TERCERO: DECLARAR CON LUGAR LA OPOSICIÓN INTERPUESTA.-CUARTO: SIN COSTAS. (Folio 21-42 de la pieza del Ad-quem) 4) En fecha diecisiete de agosto de dos mil veinte, compareció ante este Tribunal, la Abogada Jensy Lady Lee Zavala Zavala, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras a través del Servicio de Administración de Rentas (SAR), contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por la recurrente, en fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, ordenándole a la Secretaría de este Tribunal, poner a la vista las presentes diligencias por el término de 48 horas para que el Fiscal emitiese el dictamen correspondiente. (Folio 26 del recurso) 6) Que en fecha diez de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Diana Elizabeth Rodriguez, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: …Que del estudio de la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelación Civil, se aprecia que en los considerandos cuarto y octavo de la motivación fáctica jurídica, señala que por medio de la presente demanda de ejecución se intenta ejecutar como Titulo Ejecutivo, un documento que reconoce como Resolución SAR-DGCT-CAPL-171-17-10000-4578, de fecha 1 de noviembre del año 2017, el cual no cumple con el requisito legal de exigibilidad, en virtud que la génesis del caso, es que en fecha tres (3) de noviembre del año 2016, el apoderado de la sociedad mercantil aludida promovió acción de nulidad de actuaciones en la notificación de la Resolución CPAT-AGC-DA-F-2016 e impugnación del aviso de cobro de 6420-34828, por considerar que, no se encuentra firme y consentida. Que del examen de los antecedentes, se aprecia que a folio 114 corre visible escrito de expresión de agravios, recurso de apelación interpuesto ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por el apoderado de la sociedad mercantil Servicios y Repuestos Europeos S.A. de C.V. (SYRE), contra la Resolución SAR-DGCT-CAPL-171-17-10000-4578, que a su vez confirmó la Resolución No.171-17-10000-2707, que resuelve la acción de nulidad de actuaciones en la notificación de la Resolución CPAT-AGC-DA-F-2016 e impugnación del aviso de cobro 6420-34828, promovida en fecha tres (3) de noviembre del año 2016, por el apoderado legal de SYRE S.A. de C.V., siendo resuelta dicha apelación mediante dictamen N° AI.626-2019 de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, en la que DICTAMINA que es procedente declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL ABOGADO JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ ZELAYA en su condición expresada y SEGUNDO: SE CONFIRMA todas y cada una de las partes de la Resolución N° SAR-DGCT-CAPL-177-17-10000-4578 de fecha 1 de noviembre del 2017. TERCERO: Que se esté a lo dispuesto en el auto de fecha 17 de octubre del 2016 por encontrarse firme y exigibles los ajustes consignados en la Resolución CPAT-AGC-DA-09-F-2016, en vista que las actuaciones realizadas por la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos se hicieron en apego a la Ley de Procedimiento Administrativo, Código Tributario y demás leyes aplicables. CUARTO: Se deniega la nulidad de actuaciones por no encontrarse comprendida en los numerales del artículo 343 de la Ley de Procedimiento Administrativo. En consonancia de lo anterior, si bien se solicitó nulidad de actuaciones de la notificación de la Resolución CPAT-AGC-DA-09-F—2016 e impugnación del aviso de cobro 6420-34828, lo cierto es, que corre acreditado en autos reporte del correo de notificación enviado a la sociedad mercantil Servicios y repuestos Europeos S.A. de C.V., de fecha 20 de septiembre de 2016, consignando que en caso de no estar de acuerdo con lo resuelto, podía hacer uso del recurso de reposición, en el término de quince días hábiles, tal como lo establece el artículo 78 del Código Tributario. Y al no haber hecho uso de dicho término la resolución supra referida quedó firme, liquida y exigible, por ende, el certificado de deuda cumple con todos los requisitos para su exigibilidad. (Folio 78 primera pieza) Por otra parte con relación a la responsabilidad solidaria, reclama la recurrente que el señor JOSÉ ANTONIO PÉREZ, como representante legal de la sociedad mercantil denominada SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V. (SYRE), es la persona quien ostenta su legitimidad como figura obligada en el Titulo Ejecutivo como representante legal, tal como lo establecía el decreto 22-97, en el artículo 24 del Código Tributario, al señalar: “Responsables de las personas que por disposición expresa de la ley deben cumplir las obligaciones tributarias de los contribuyentes, bien sea porque los representan o porque han percibido o retenido tributos de los mismos”; Sin embargo, se aprecia de los autos, que la presente demanda fue presentada el nueve (9) de mayo del año 2017, y para esa fecha ya se encontraba en vigencia el decreto 170-2016, que en su artículo 203 establece: “Que los expedientes relacionados con tributos que se estén tramitando en la vía administrativa o judicial a la fecha de entrar en vigencia este Código, se concluirán conforme a las leyes con base en las cuales iniciaron”, apreciándose de lo anterior que el referido decreto no contempla la responsabilidad solidaria de la deuda tributaria, en consecuencia, la pretensión del amparista sobre dicho aspecto resulta improcedente. Por lo que, del análisis anterior, el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos el fallo emitido por el Ad-quem, vulnera parcialmente las garantías constitucionales invocadas por el Amparista, en su petición de amparo, estimando la suscrita que la resolución que hoy se impugna no ha sido dictada de conformidad a la Ley. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que SE OTORGUE PARCIALMENTE la presente acción de amparo, de acuerdo a las estimaciones que se exponen en el presente libelo. (Folios 47-55 del recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO TRES (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, por la Honorable CORTE SEGUNDA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, la cual por unanimidad de votos falló: “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN de que se ha hecho mérito. SEGUNDO: REVOCAR LA SENTENCIA APELADA, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), en la DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EJECUTIVO EXTRAJUDICIAL, promovida por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, contra la sociedad mercantil SERVICIOS Y RESPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V., por medio de su Representante Legal, el señor JOSÉ ANTONIO PEREZ.-TERCERO: DECLARAR CON LUGAR LA OPOSICIÓN INTERPUESTA.-CUARTO: SIN COSTAS. (Folio 21-42 de la pieza del Ad-quem)” CONSIDERANDO (4): Que esta Sala de lo Constitucional, ha analizado la sentencia de fecha cuatro (4) de septiembre de dos mil diecinueve (2019, resaltando de la misma lo siguiente; a) En el numeral CUARTO de las PRETENSIONES el Ad Quem aprecia: “Que la Abogada Sagra Pamela Cáceres Cano, de generales ya conocidos, actuando en su condición de Defensora del Estado de Honduras en su único supuesto agravio de la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2018 donde se declaró “SIN LUGAR la oposición a la ejecución, interpuesta por: el Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada: SERVICIOS Y REPUESTOS S. A. DE C.V. en la demanda promovida por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA o través de su representante procesal el señor Procurador General ABRAHAM ALVARENGA. SEGUNDO: Que se continúe con la ejecución,” Manifestando que la sentencia recurrida parcialmente causa agravios o su patrocinado en virtud de que no es congruente, es decir que no existe/adecuación, correlación y armonía en el supuesto de la recurrente, lo que no manifiesto es que dichos extremos no fueron acreditados aun y cuando en el numeral “SEGUNDO” de los antecedentes de hecho, el Juez hace examen consistente en el certificado de Deuda, en el que determina que en relación o la condición de la responsabilidad solidario del Representante Legal, en lo cual estimó lo siguiente: “en el examen de este medio de prueba (Certificado de deuda) se quiere hacer la aclaración que la parte demandante no logro vincular en juicio la solidaridad de la que hablo en el escrito inicial de su demanda con respecto al representante legal ya que el axioma desde el que parte la compareciente es el cuerpo de los artículos 24 y 25 del Decreto 22-97, lo cual se encuentra apegado a derecho, por lo cual no merecen consideración alguna ya que no se demuestra el agravio causado ya que solo hace uno narración de ciertos actos que se realizaron en el transcurso del proceso, por lo que el Juez de Letras en su fallo no vincula al señor José Antonio Perez en el juicio de solidaridad extremo que solicito en el escrito de interposición de demanda, no por el simple hecho de quererlo así en si no porque existen suficientes elementos que indican que el señor posee solidariamente solidaridad en cuanto a la deuda, parte de la sentencia que se encuentra apegado a derecho no violenta derechos y garantías fundamentales de la parte ejecutante así mismo el debido proceso, haciendo uso el juez de letras de la sana critica, al momento de valorar lo prueba puesto que el juez ha actuado dentro del marco de la ley, garantizando los derechos y garantías constitucionales, que poseen, y el proceso es el correcto puesto que no se ha violentado ninguna norma tal como lo asevera el recurrente, quedando plenamente acreditado, la resolución proferida no causa agravio alguno en el sentido de tal y como la manifiesta la recurrente, Así mismo dando argumentos pocos creíbles en el sentido de iniciar normas jurídicas que ya fueron bien analizadas por el A-quo siendo la valoración del juez de letras correcta en la apreciación de la prueba la cual tiene las características de precisión y concordancia que pretende atacar el recurrente, prueba que desarrolla durante la audiencia y se estampa en la resolución hoy impugnada.” (Folios 37 y 38 de la segunda pieza).- b) En el numeral OCTAVO de los FUNDAMENTOS DE DERECHO el Ad Quem aprecia: “OCTAVO: Que dando respuesta a los invocados agravios, cuyo texto íntegro consta transcrito en los antecedentes de la presente resolución, valoramos lo siguiente: A) que la “NULIDAD ABSOLUTA DE MANDAMIENTO” que estima el apelante procede, por no cumplir el titulo ejecutivo los requisitos legales y necesarios de EXIGIBILIDAD.- Ello en cuanto a falta de Exigibilidad, siendo que la génesis del caso, es que en fecha 3 de noviembre del año 2016, promovió acción de nulidad de actuaciones en la notificación de la resolución N°CPAT-AGC-DA-F-2016, e impugnación del aviso de cobro 6420-34828; por tratarse de hechos que en ningún momento fueron del conocimiento y consentimiento del agraviado, por consiguiente no se encuentran firmes y consentidas, y que el titulo con el cual se pretende ejecutar se llevó a cabo sin notificar en legal y debida forma al recurrente lo cual provoca un estado de indefensión, tal como lo establece el artículo 94 de la Constitucion de la Republica.” (Folio 40 de la segunda pieza).- c) En el numeral DECIMO de los FUNDAMENTOS DE DERECHO el Ad Quem aprecia: “DECIMO: en cuanto al recurso de apelación interpuesto por la representante de la Procuraduría General de la Republica, en cuanto a la solicitud de revocatoria parcial de la sentencia de fecha catorce de diciembre del año dos mil dieciocho, como agravio el hecho de la exclusión de la responsabilidad solidaria al señor José Antonio Perez, como representante legal de la sociedad Mercantil, servicios y Repuestos Europeos, S.A. de C.V., el fundamento expresado por el A quo en el numeral segundo de lo denominado antecedentes de hecho, explica claramente las razones que lo llevaron al convencimiento de su decisión, estimando este Tribunal Ad Quem, que el artículo 203 del Código Tributario (decreto 170-2016), es claro en cuanto a las disposiciones transitorias de los expedientes relacionados con tributos que se estén tramitando en la vía administrativa o judicial, a la fecha de la entrada en vigencia de ese código, los cuales se deben concluir conforme a las leyes con base en las cuales se iniciaron. Es así que no es posible darle una interpretación extensiva a este articulo ni acomodarlo a las pretensiones de alguna de las partes, esto en atención a lo dispuesto en el artículo 17 del código Civil, l cual manda: “No podrá atribuírsele a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relaciones que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”.- En este orden de ideas, el único agravio expresado por la representante de la Procuraduría General de la Republica, no es de recibo por este Tribunal de Alzada debido a los motivos antes esgrimidos; en consecuencia, la apelación interpuesta por este ente representante del Estado de Honduras es declarada sin lugar, y además sin costas por estar excluido el pago de costas al Estado.” (Folios 40 y 41 de la segunda pieza). CONSIDERANDO (5): Que la accionante expresa en su acción de Amparo: “RELACIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN EL TUTELAR DE AMPARO I.- Con fecha nueve de mayo del dos mil diecisiete, el Estado de Honduras, presentó Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial en contra de la Sociedad Mercantil SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V., en su condición de deudor principal, por medio de su Representante Legal y Responsable Solidario el señor José Antonio Pérez, para que la parte ejecutada sea obligada a pagarle a mi representado el Estado de Honduras la cantidad de SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (l. 76,514,324.12), en concepto de Impuestos, multas, recargos e intereses calculados a la tasa máxima activa promedio que indique el sistema financiero nacional vigente, hasta el momento del pago que efectúe el deudor, más las costas procesales del juicio.- II.- En fecha uno (01) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), el juzgado de Letras, emitió sentencia de oposición fallando sin lugar la oposición de la ejecución interpuesta por el apoderado legal de la sociedad mercantil denominada SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V., de la demanda promovida por la Procuraduría General de la Republica a través del procurador general el abogado Abraham Alvarenga. Sin embargo, en los antecedentes de hecho específicamente en el hecho segundo, establece lo siguiente lo cual cito literalmente en el examen de este medio de prueba (Certificado de deuda) se quiere hacer la aclaración que la parte demandante no logró vincular en juicio la solidaridad de la que habló en el escrito inicial de su demanda con respecto al representante legal ya que el axioma desde el que parte la compareciente es el cuerpo de los artículos 24 y 25 del Decreto 22-97, olvida hacer una interpretación holística de otro de los artículos que ella misma invoca: el artículo 203 del Código Tributario Vigente....- El Juez de letras al ejecutar solamente a la empresa y al no reconocer la responsabilidad solidaria del representante legal, causa un gran agravio a mi representado, violentando se esta manera lo establecido en el artículo 203 del decreto 170-2016 el cual cito literalmente el artículo: "ARTÍCULO 203.- EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN. Los expedientes relacionados con tributos que se estén tramitando en la vía administrativa o judicial, a la fecha de entrar en vigencia este Código, se concluirán conforme a las leyes con base en las cuales se iniciaron." Aunado a lo anterior el Artículo número 13 del Código Tributario, Decreto 1702016 establece en el literal 6 que la derogación de una norma tributaria o aduanera no impide su aplicación a los hechos producidos durante su vigencia. Los actos, hechos, relaciones o situaciones que comenzaron a producirse bajo el imperio de una ley anterior, pero que, no se han consumado o perfeccionado en el momento de entrada en vigencia de la nueva Ley, quedan sujetos a lo dispuesto por aquella.- Por consiguiente y siendo que la Administración Tributaria aún no ha culminado el procedimiento de ejecución de la deuda tributaria del Contribuyente SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V. es procedente aplicar lo establecido en el Decreto 22-97 y sus reformas.- Por lo antes expuesto, en fecha 16 de marzo del 2018 mi representada presentó Recurso de Apelación parcial únicamente en cuanto al HECHO SEGUNDO en los Antecedentes de Hecho en el cual eximen de la responsabilidad solidaria al señor JOSÉ ANTONIO PÉREZ, representante legal de la sociedad mercantil SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V., también por su parte el ejecutado presentó recurso de Apelación y los supuestos agravios que le causaba dicha resolución.- III. El recurso fue resuelto por la corte segunda de apelaciones en fecha 24 de agosto del año 2018, donde se ordena la nulidad de la sentencia recurrida por lo cual en fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, emitió nuevamente sentencia de oposición fallando sin lugar la oposición de la ejecución interpuesta por el apoderado legal de la sociedad mercantil denominada SERVICIOS Y REPUESTOS S.A. DE C.V., de la demanda promovida por la Procuraduría General de la República a través del Procurador General el abogado Abraham Alvarenga. Sin embargo, en los antecedentes de hecho específicamente en el hecho SEGUNDO, establece lo siguiente lo cual cito literalmente "en el examen de este medio de prueba (Certificado de deuda) se quiere hacer la aclaración que la parte demandante no logró vincular en juicio la solidaridad de la que habló en el escrito inicial de su demanda con respecto al representante legal ya que el axioma desde el que parte la compareciente es el cuerpo de los artículos 24 y 25 del Decreto 22-97, olvida hacer una interpretación holística de otro de los artículos que ella misma invoca: el artículo 203 del Código Tributario Vigente..."; por lo que nuevamente se interpuso por ambas partes un nuevo recurso de apelación.- IV.- La corte segunda de apelaciones emitió resolución de fecha cuatro (04) de septiembre del año 2019 sobre el recurso de apelación en la cual "FALLA: PRIMERO DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN de que se ha hecho mérito. SEGUNDO: REVOCAR LA SENTENCIA APELADA, dictada por el Juzgado de Letras civil del Departamento de Francisco Morazán, el catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), en la DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL, promovida por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, contra la Sociedad Mercantil SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V., por medio de su Representante Legal el señor JOSÉ ANTONIO PÉREZ VÁSQUEZ. - TERCERO: DECLARAR CON LUGAR LA OPOSICIÓN INTERPUESTA.- CUARTO: SIN COSTAS . . . lo resuelto en la misma demuestra una errónea valoración de la prueba como ser su cuatro acápite de la fundamentación Jurídica literalmente dice: "CUARTO: El Asunto de mérito trata de una demanda de "Ejecución de Titulo Ejecutivo Extrajudiciàl presentada ante el Juzgado de primera, el 9 de mayo del año 2017 por el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, contra una Sociedad Mercantil que se identifica como "SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C. V."; por medio de la cual intenta Ejecutar como Titulo Ejecutivo, un documento que reconoce como RESOLUCIÓN SAR-DGCT-CAPL-171-17-10000-4578, en fecha I de noviembre de 2017". En efecto así como se menciona la demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial si fue presentada el 09 de mayo del año 2017 pero fue acompañada con el Titulo Ejecutivo denominado "CERTIFICADO DE DEUDA" de fecha 24 de abril del año 2017 en el cual consta la deuda LIQUIDA, FIRME Y EXIGIBLE que posee la sociedad SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V., es importante aclarar que en ningún momento se acompañó como Titulo Ejecutivo la Resolución SAR-DGCT-CAPL-17117-10000-4578, hecho que se puede verificar en el expediente físico del presente proceso, por lo tanto se desconoce totalmente de donde este honorable tribunal deduce que el Titulo Ejecutivo es la Resolución en mención.- En el fundamento de derecho número "QUINTO" de la resolución objeto del presente recurso señala: "QUINTO:.. En cumplimiento a ello, el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA accionando, en representación de la aludida Sociedad Mercantil, formulo Oposición invocando como motivos "1) La nulidad absoluta del Mandamiento Ejecutivo por no Cumplir el Titulo los requisitos legales exigidos." Motivo en la cual este honorable tribunal erróneamente ha resuelto favorecer a la parte apelante debido que el ejecutado no ha sustentado su escrito en ninguna de las causas de oposición expresamente determinadas en el artículo 103 del Código Tributario (decreto 22-97), ni en las establecidas en el artículo 792 del Código Procesal Civil, por lo que ha dejado de invocar algún motivo de oposición de los legalmente previstos (lo cual puede observarse de la simple lectura del escrito de oposición), siendo por lo tanto totalmente improcedentes las causas planteadas por el ejecutado en su escrito.- Es nuestra misma norma procesal que establece en el artículo 792 del Código Procesal Civil, a la ejecución de títulos extrajudiciales una relación exhaustiva de motivos de oposición típicos, fuera de la cual no será admisible que se esgriman otras causas o motivos para oponerse a la ejecución.- Dicho Tribunal de Justicia, argumenta en lo relativo a la firmeza de actuaciones de la Administración Tributaria que originaron la deuda, que los montos contenidos en el título ejecutivo no son "EXIGIBLES" por no cumplir el titulo ejecutivo los requisitos legales y necesarios de exigibilidad. Con esta apreciación este tribunal deja indefensa a mi representada debido a que deja por fuera los medios de pruebas presentados por mi representado en el cual consta la firmeza de los valores objeto de ejecución a través del certificado de deuda (Titulo Ejecutivo); pruebas practicados y valorados por el Juez A-quo, cuya resolución se encuentra conforme a derecho en cuanto al hecho de la parte dispositiva en el que resuelve declarar SIN LUGAR la Oposición interpuesta por la sociedad mercantil SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V..- Tal y como consta en los medios de pruebas presentados por mi representada, la deuda que consta en el Certificado de deuda "Titulo Ejecutivo" se originan de actuaciones por parte de la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos, auditorias que resultaron en la determinación de liquidaciones adicionales a través Nº CPAT-AGC-DA-09-F-2016 emitida por la Administración Tributaria (antes Comisionada Presidencial Administración Tributaria) en fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, notificando el resultado de la auditoría integral practicada al contribuyente SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V. en la que se le determina a pagar el total de impuesto adicional para el periodo 2013, por los distintos impuestos verificados ascendiendo a la cantidad de SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (62,783,618.65) más las multas, recargos e intereses de conformidad con lo establecido en el Código Tributario y otras leyes, fue debidamente notificada (20 de septiembre de 2016) y en la misma se consignó que en caso de no estar de acuerdo con lo resuelto, podían hacer uso del recurso de reposición, el cual, debían interponer en el acto de la notificación o dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, tal como lo establece el artículo 77 del Código Tributario. Y en el presente caso la parte ejecutada no interpuso el recurso de reposición correspondiente, por lo cual el termino concedido fue declarado caducado de pleno derecho en fecha diecisiete de octubre de 2016 y por tanto perdido irrevocablemente el trámite o Recurso que debió de utilizarse, adquiriendo el carácter de firmes, liquidas y por lo tanto exigibles.- La resolución impugnada en el acápite 8 en el cual se expresa literalmente: "OCTAVO . . . por no encontrarse firme aconteciendo que la notificación de la Resolución CPAT-AGC-DA-F2016, e impugnación de aviso de cobro 6420-34828; por tratarse de hechos que en ningún momento fueron de conocimiento y consentimiento del agraviado, por consiguiente no se encuentran firmes y consentidas, y que el titulo con el cual pretende ejecutar se llevó a cabo sin notificar en legal y debida forma al recurrente la cual provoca un estado de indefensión, tal como lo establece el artículo 94 de la Constitución de la República; El referido tribunal al utilizar dicho fundamento comete un grave error violentando el principio de legalidad, y el debido proceso y el derecho a la defensa y de mi representada, al no valorar los medios de prueba propuestos, admitidos y evacuados por le judicatura y que obran en el escrito de contestación a la oposición propuestos por mi representado que prueban los hechos alegados y asisten el derecho de mi representado, al probar con ellos que la deuda objeto de ejecución se encuentra liquida, firme y exigible a través de los siguientes medios de prueba que obran en el expediente.- Es por lo antes expuesto , que la Sentencia Recurrida dictada el 04 de septiembre del 2019 por la Corte Segunda de Apelaciones de Lo Civil de Francisco Morazán, es violatoria e ilegal en su contenido, pues se puede observar que es violatoria al Derecho al debido proceso, consagrado el mismo en la Constitución de la República, por ende vulnera y lesiona dicha garantía constitucional del DEBIDO PROCESO, es por ello que interpusimos Recurso de Reposición el 14 de enero del 2019, en tiempo y forma contra de la resolución recurrida arriba mencionada, para obtener la subsanación de lo resuelto por la autoridad contra la cual se impetra este Amparo, a fin de que se restituya el derecho violado a mi Representado el Estado de Honduras.” CONSIDERANDO (6): Que la accionante expresa en su acción de Amparo: “DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN VIOLADAS O AMENAZADAS.- Las garantías constitucionales que se consideran violadas, Laceradas y soslayadas por la sentencia dictada por La Corte Segunda de Apelaciones de Lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) son: el DERECHO DE DEFENSA artículo 82 "el derecho de defensa es inviolable...Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes" Y EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO el artículo 90: "Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. . . . CONSAGRADOS EN EL ARTICULO 82 Y 90 nuestra Constitución de la República es, ambos también se encuentran enmarcados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos contemplado fundamentalmente en su Artículo 8, y aunque efectivamente va encaminado a la protección jurisdiccional de la persona humana, es esencial para la plena observancia del Estado de Derecho y por lo tanto es imprescindible el pleno cumplimiento del mismo, en TODOS los procedimientos judiciales.” CONSIDERANDO(7): Esta Sala aprecia que los artículos 87 y 88 de la Ley de procedimiento Administrativo Decreto 266-2013 “LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO” literalmente dicen: “Articulo 87.- Las resoluciones se notificarán personal o electrónicamente en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de su fecha, las providencias cuando perjudiquen a los interesados, en el plazo de dos (2) días.” “Articulo 88.- La notificación personal o electrónica se practicará mediante envió o entrega de copia íntegra del acto de que se trate.- No habiéndose podido notificar personal o electrónicamente el acto dentro de los plazos establecidos en el artículo 87, la notificación se hará fijando en la tabla de avisos de Despacho la providencia o parte dispositiva de la resolución”. CONSIDERANDO(8): Que la Resolución NºCPAT-AGC-DA-09-F-2016 emitida en fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, por la COMISIONADA PRESIDENCIAL de la ADMINISTRACION TRIBUTARIA (folios 64 al 75 de la primera pieza), fue notificada mediante correo electrónico de fecha veinte de septiembre de dos mil veinte(folio 78 de la primera pieza).- La que conforme a lo que establece el artículo 88 en relación al artículo 87, de la Ley de Procedimiento Administrativo, reformados mediante Decreto 266-2013 “LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, debió ser notificada por tabla de avisos, ya que el plazo de cinco (5) días para la notificación electrónica que establece el artículo 87 señalado, venció el veintinueve (29) de Junio de dos mil dieciséis (2016) y en fecha posterior a esa la notificación debía hacerse por medio de la tabla de avisos, por lo que conforme al artículo 37 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dicha notificación es nula, esta aclaración se hace en virtud de la opinión del fiscal de la constitución, que puede llamar a confusión. CONSIDERANDO(9): Por lo expuesto esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, estima que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Segunda de lo Civil de Francisco Morazán esta apegada a derecho, y que la acción de Amparo interpuesta dada su argumentación no puede considerarse más que un alegato de Mera Legalidad, por lo que conforme al artículo 46.1 y párrafo final de la Ley Sobre Justicia Constitucional es procedente dictar el sobreseimiento de esta acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, de la Constitucion de la Republica; 1, 41, 42, 44, 45, 46.1 y párrafo final de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 137, 139 de la Ley de Organización y Atribuciones de Los Tribunales; 87 y 88 de la Ley de procedimiento Administrativo Decreto 266-2013 LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO.- FALLA: SOBRESEYENDO la acción de amparo presentada por la Abogada JENSI LADY LEE ZAVALA ZAVALA, en representación del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro (4) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), en la “DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EJECUTIVO EXTRAJUDICIAL” promovida por el Abogado Abraham Alvarenga Urbina, en su condición de Procurador General de la República, en contra la sociedad mercantil denominada “SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V.”, a través de su Representante Legal, el señor José Antonio Pérez.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. VISTO: El recurso de reposición interpuesto por la Abogada JENSI LADY LEE ZAVALA ZAVALA, contra la resolución dictada por esta sala el veintidós de septiembre del año dos mil veintiuno, mediante la cual se sobresee la presente acción de amparo interpuesta por la hoy recurrente a favor del Estado de Honduras, a través del Servicio de Administración de Rentas (SAR), contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que declaró con lugar el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en relación a la “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EJECUTIVO EXTRAJUDICIAL…”, promovida por el Abogado Abraham Alvarenga Urbina, en su condición de Procurador General de la República, en contra la sociedad mercantil denominada “SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V.”, a través de su Representante Legal, el señor José Antonio Perez. CONSIDERANDO: Que la sala, mediante resolucion de fecha veintidos de septiembre de dos mil veintiuno, sobresee la presente acción de Amparo interpuesta por la Abogada JENSI LADY LEE ZAVALA ZAVALA, pronunciando en forma motivada las razones por las que se aplicaron las cauales de inadmisibiidad establecidas en el articulo 46.1 y parrafo final de la Ley sobre Justicia Cosntitucional. CONSIDERANDO: Que, de lo expuesto por la recurrente en su escrito de reposición, esta Sala no advierte razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución cuya reposición solicita, ya que encuentra que los razonamientos esgrimidos en dicha resolución se encuentran apegados a derecho, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, de la Constitucion de la Republica; 1, 41, 42, 44, 45, 46.1 y párrafo final, 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 137, 139 de la Ley de Organización y Atribuciones de Los Tribunales; 87 y 88 de la Ley de procedimiento Administrativo Decreto 266-2013 LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO.-; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada JENSI LADY LEE ZAVALA ZAVALA contra la resolución dictada por esta sala el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobresee la presente acción de Amparo; por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda; Y MANDA: que la Secretaria del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan y se proceda al archivo de las presentes diligencias.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintidós de septiembre y resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-654-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL