Sentencia AC-651-16 — Registro 14144
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró con lugar el recurso de apelación con relación a la demanda ordinaria para el pago del justo precio actual de una fracción de terreno urbano de naturaleza privada por expropiación forzosa, para utilidad de obra pública realizada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenido en los artículos 64, 80, 82, 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7): Que vistos los autos para resolución y, oído que fue el parecer de la Fiscal para la Defensa de la Constitución, se concuerda en que no percibirse violación alguna al debido proceso legal, ni a los demás derechos fundamentales invocados por el garantista. Durante su trámite, se ha observado vinculación a la ley por parte de los órganos jurisdiccionales, garantizándose la inviolabilidad y acceso al derecho de defensa mediante las actuaciones procesales que las partes legitimadas estimaron pertinentes. Observa la Sala de lo Constitucional que, al tenor de la sentencia recurrida, se ha motivado debidamente por la jurisdicción ordinaria la resolución estimatoria de la excepción dilatoria de incompetencia de Tribunal, que promoviera el representante judicial de la parte demandada; la cual hace prevalecer el elemento objetivo de deducirse responsabilidad patrimonial a una entidad del Estado de Honduras, lo cual excedería razonablemente los límites y alcances del procedimiento común. Se ha señalado a la parte demandante, inclusive, que es competente para tutelar sus derechos e intereses legítimos, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, otorgándole un plazo de diez (10) hábiles a fin de que adecue la demanda a los requisitos propios de dicha jurisdicción; lo cual se tiene como compatible a las exigencias de tutela judicial efectiva en un Estado Constitucional de Derecho, habiéndose garantizado el acceso a la justicia de las partes contendientes, ante un órgano jurisdiccional competente, imparcial e independiente.[1] CONSIDERANDO (8): Que, por lo anteriormente motivado, considera la Sala de lo Constitucional que la sentencia pronunciada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que revocó la sentencia interlocutoria recurrida, según dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil quince (2015); en la Demanda Ordinaria promovida por el Abogado VENANCIO OCAMPO OROZCO, en su condición de Apoderado Legal del señor ALFONSO DEL CID MARTINEZ, para el pago del justo precio actual de una fracción de terreno urbano de naturaleza privada por expropiación forzosa para utilidad de obra pública, realizada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de su representante legal, la señora Alcaldesa, Profesora ALBA NORA GUNERA DE MELGAR CASTRO, mediante Acuerdo N° 239-91 de fecha 13 de noviembre de 1991, que se ha conocido en amparo; no resulta violatoria de los derechos constitucionales invocados por el Abogado recurrente; quedando a salvo el derecho de las partes a promover el proceso ordinario que corresponda sobre la cuestión de fondo que resulta controvertida, en congruencia con lo normado en el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional respecto al efecto excluyente y no prejuzgamiento de la sentencia denegatoria en la acción de amparo, que resulta lo procedente en resolución de la presente garantía constitucional.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de mayo del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, a favor de AUTOMOTRIZ LA MUNDIAL S DE R.L, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, contra la resolución de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda Ordinaria para el pago del justo precio actual de una fracción de terreno urbano de naturaleza privada por expropiación forzosa, para utilidad de obra pública realizada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través de su representante legal la Alcaldesa Profesora ALBA NORA GUNERA DE MELGAR CASTRO, mediante Acuerdo N° 239-91 de fecha 13 de noviembre de 1991.- No obstante que se hizo formal reclamo administrativo en tiempo y forma el cual no fue resuelto en el término que establece la ley, dándose por agotada la vía administrativa ante la negociación de pago en abierto silencio administrativo, incurriendo en negligencia de dolo civil, contra LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.- Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenido en los artículos 64, 80, 82, 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado VENANCIO OCAMPO OROZCO, en su condición de Apoderado Legal del señor ALFONSO DEL CID MARTINEZ, interponiendo Demanda Ordinaria para el pago del justo precio actual de una fracción de terreno urbano de naturaleza privada por expropiación forzosa para utilidad de obra pública, realizada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de su representante legal la Alcaldesa Profesora ALBA NORA GUNERA DE MELGAR CASTRO, mediante Acuerdo N° 239-91 de fecha 13 de noviembre de 1991; No obstante que se hizo formal reclamo administrativo en tiempo y forma el cual no fue resuelto en el término que establece la ley, dándose por agotada la vía administrativa ante la negociación de pago en abierto silencio administrativo, incurriendo en negligencia de dolo civil, contra LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.-(Folio 1 al 8 de la pieza del Juzgado) 2) Que en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil quince (2015), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, (SIC) Falla: SIN LUGAR, la EXCEPCIÓN DILATORIA DE INCOMPENTENCIA DEL TRIBUNAL ANTE QUIEN SE HUBIERE PRESENTADO LA DEMANDA, interpuesta ante este Juzgado, por el Abogado NICOLAS GARCIA SORTO, en su condición de Apoderado legal de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, como parte demandada incidentista; en la demanda ordinaria PARA EL PAGO DEL JUSTO PRECIO ACTUAL DE UNA FRACCION DE TERRENO URBANO, DE NATURALEZA PRIVADA, POR EXPROPIACION FORZOSA PARA UTILIDAD DE OBRA PUBLICA REALIZADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL A TRAVES DE REPRESENTANTE LEGAL LA ALCALDESA ALBA NORA GUNERA DE MELGAR CASTRO, MEDIANTE ACUERDO NUMERO 239-91 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 1991.- NO OBSTANTE QUE SE HIZO FORMAL RECLAMO ADMINISTRATIVO EN TIEMPO Y FORMA EL CUAL NO FUE RESUELTO EN EL TIEMPO QUE ESTABLECE LA ALEY, DANDOSE POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, ANTE LA NEGACION DE PAGO EN ABIERT SILENCIO ADMINISTRATIVO, INCURRIENDO EN NEGLIGENCIA Y DOLO CIVIL.- QUE SE CONOCE A LA INSTITUCION DEMANDADA AL PAGO DE LO ADEUDADO, PAGO DE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE COMPRENDE DAÑOS EMERGENTE Y LUCRO CESANTE Y ESTE ULTIMO POR MOROSIDAD DE 19 AÑOS; DAÑOS ECONOMICOS (DAÑO PECUNARIO) DAÑO MORAL Y DAÑO AL PROYECTO DE VIDA, POR CAUSAR EL AGRAVANTE DE IMPEDIRLE DE HACER USO DE SUS DERECHOS REALES COMO PROPIETARIO ABSOLUTO DEL RESTO DEL TERRENO NO EXPROPIADO, DAÑO QUE ACTUALMENTE PERSISTE A LA FECHA; MAS INTERESES A UNA TASA PROMEDIO DE MERCADO DEL VEINTISEIS POR CIENTO (26%) DESDE LA USURPACION HASTA QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA Y EL PAGO DE COSTAS, promovida por el Abogado VENANCIO OCAMPO OROZCO, en su condición de Apoderada Legal del señor: ALFONSO CID MARTINEZ, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.” (Folio 93 al 95 de la pieza del Juzgado) 3) Que en fecha veintinueve (29) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, en su condición de Apoderado Legal de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN (SIC) “FALLA: 1) DECLARA CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, en su condición de Apoderado Legal de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, contra la sentencia interlocutoria de fecha cinco (5) de febrero del dos mil quince (2015) dictado por el Juzgado de Letras Civil de este Departamento, en la demanda antes relacionada; 2) SE REVOCA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA RECURRIDA; en consecuencia se declara LA EXCEPCIÓN DILATORIA DE INCOMPETENCIA; por tanto, se declara la incompetencia del Juzgado de Primera Instancia, señalándole al demandante que el competente es el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, otorgándole un plazo de 10 días hábiles a fin de que adecue la demanda a los requisitos propios de dicha jurisdicción; 3) Sin Costas…” (FOLIO 30 AL FOLIO 34 DE LA PIEZA DE CORTE DE APLELACIONES) 4) El recurrente, abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, compareció ante este alto Tribunal en fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo recurso de amparo a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL AUTOMOTRIZ LA MUNDIAL S DE R.L., afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintinueve (29) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), violenta los artículos 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas, a fin de que emitiera su dictamen. 5) Que con fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por emitido el dictamen presentado por la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida, en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como son los artículos 82, 90, 103, 106 y 321 de la Constitución de la República; por considerar esa representación fiscal que de las diligencias se aprecia que la demanda es incoada contra la Alcaldía Municipal del Distrito Central, la cual es una entidad estatal que pertenece a la Administración Pública, de conformidad a lo establecido en el literal b) del artículo 2, con relación al artículo 5, ambos de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; siendo evidente en el presente caso el propósito de la demanda es el pago del justiprecio del bien inmueble propiedad de la empresa La Mundial S. de R.L., y no el procedimiento de expropiación forzosa; lo cual corrobora el criterio del Ad Quem, en cuanto a que el órgano jurisdiccional competente es el Juzgado de Letras de lo Contencioso – Administrativo. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha veintinueve (29) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), la cual declaró CON LUGAR, por unanimidad de votos, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, en su condición de apoderado legal de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, contra la resolución de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; revocando la sentencia interlocutoria recurrida en la Demanda Ordinaria para el pago del justo precio actual de una fracción de terreno urbano de naturaleza privada por expropiación forzosa, para utilidad de obra pública realizada por LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL; con fundamento jurídico, entre otras consideraciones, en lo preceptuado en los artículos 1, 2 literal b), 3 literal b) y 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; de los cuales se desprende la calidad de entidad estatal, perteneciente a la Administración Pública, de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Asimismo, que la pretensión de la demanda concierne a la responsabilidad patrimonial de la entidad estatal demandada; no concerniendo la demanda, sino al pago del justiprecio que considera debido la parte demandante. Por consiguiente, se declaró con lugar la excepción dilatoria de incompetencia de Tribunal, que promoviera el representante judicial del Estado de Honduras; señalándole al demandante que el competente es el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, otorgándole un plazo de 10 hábiles a fin de que adecue la demanda a los requisitos propios de dicha jurisdicción. CONSIDERANDO (4): Que, en formalización del presente recurso de amparo, compareció el abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, manifestando que la resolución de alzada que revoca la resolución interlocutoria del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán de fecha cinco (05) de febrero de dos mil quince (2015), como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por su contraparte, en la demanda ordinaria anteriormente relacionada, vulnera los derechos constitucionales que asisten a su representación procesal. Sostiene que, tal infracción tiene por causa el despojo que ha sufrido su poderdante respecto a una fracción de terreno de su legítima propiedad, por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central; la cual ha actuado bajo la apariencia, o simulación, de una expropiación forzosa, posesión irregular que linda con los ilícitos penales de Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios; sirviéndose para ello de la emisión del Acuerdo No. 239-91, contenido en el Acta No. 19 de fecha 13 de noviembre de 1991, en el cual se dictó ordenanza para proceder a la expropiación forzosa de un bien inmueble por motivo de utilidad pública, en contra de la Empresa Automotriz La Mundial S. de R.L.; debiéndose seguir los trámites legales, sin embargo, tales como son el justiprecio del valor del bien inmueble y proceder al respectivo pago, los cuales no se llevaron a cabo. CONSIDERANDO (5): Que, sigue manifestando el amparista, abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, que la resolución impetrada infringió así lo establecido en el artículo 106 de la Constitución de la República, en normas de procedimientos civiles y en la Ley de Expropiación Forzosa vigente, al no efectuar la señora Alcaldesa los trámites legales debidos, ni el decreto de expropiación respectivo; sino que procedió, de manera arbitraria e ilegal, a tomar posesión irregular del bien inmueble; fracción de terreno, de naturaleza absolutamente privada, en el cual se ejecutó una obra civil, consistente en calle de concreto que comunica al Boulevard Suyapa con el Boulevard Juan Pablo II de esta ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. CONSIDERANDO (6): Que, manifiesta el amparista, que por los motivos expuestos compareció ante el ente edilicio, reclamando la indemnización que la ocupación o despojo arbitrario en referencia ocasionare a su representado; gestión que llevó a cabo durante diecinueve (19) años y que agotado que fue el trámite administrativo, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, interponiendo la demanda ordinaria civil que consignan los Antecedentes; que es donde se produce el agravio constitucional denunciado, pues resultaba improcedente acceder a la excepción dilatoria de incompetencia de Tribunal, que promoviera la parte demandada; concepto erróneo ya que la sustanciación del presente juicio debe tramitarse conforme a lo dispuesto en el TÍTULO XIV que contiene “De la expropiación por causa de la utilidad pública”, contenido en los artículos 1082 al 1091 del Código de Procedimientos Civiles de 1906, confirmado en su vigencia por el artículo 921.1 del Código Procesal Civil. No realizándose lo anterior, se dejó a su representación procesal en indefensión, infringiendo el debido proceso; al no aplicar en resolución del caso concreto, normativa de obligatorio cumplimiento que no tiene contrastación con lo normado en los artículos 77 al 88 de la Ley de Propiedad, cuyo artículo 82 numeral 4) tiene como competente para dirimir este problema, en caso de controversia, a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues no se trata de predios en los que radiquen asentamientos humanos con anterioridad al 01 de junio de 1999; sino que de una obra civil en un terreno de naturaleza privada, inscrito en el Registro de Propiedad y en el cual no existe conflicto con terceros, por lo cual estaría regido por el Juzgado de Letras Civil de esta Sección Judicial; salvo infracción a la garantía de irretroactividad de la ley, prevista en el artículo 96 de la Constitución de la República, pues al invocar el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo yerra la resolución impetrada; ya que al establecer que sobre la expropiación conocerá el Juez de Letras en cuya jurisdicción haya de expropiarse, resulta innegable que se refiere a los Juzgados en Materia Civil, ya que en el tiempo en que fue promulgada esta ley, sólo existían los Juzgados en razón de la materia civil y penal. Por todo lo cual solicita se dicte sentencia otorgando la presente garantía de amparo. CONSIDERANDO (7): Que vistos los autos para resolución y, oído que fue el parecer de la Fiscal para la Defensa de la Constitución, se concuerda en que no percibirse violación alguna al debido proceso legal, ni a los demás derechos fundamentales invocados por el garantista. Durante su trámite, se ha observado vinculación a la ley por parte de los órganos jurisdiccionales, garantizándose la inviolabilidad y acceso al derecho de defensa mediante las actuaciones procesales que las partes legitimadas estimaron pertinentes. Observa la Sala de lo Constitucional que, al tenor de la sentencia recurrida, se ha motivado debidamente por la jurisdicción ordinaria la resolución estimatoria de la excepción dilatoria de incompetencia de Tribunal, que promoviera el representante judicial de la parte demandada; la cual hace prevalecer el elemento objetivo de deducirse responsabilidad patrimonial a una entidad del Estado de Honduras, lo cual excedería razonablemente los límites y alcances del procedimiento común. Se ha señalado a la parte demandante, inclusive, que es competente para tutelar sus derechos e intereses legítimos, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, otorgándole un plazo de diez (10) hábiles a fin de que adecue la demanda a los requisitos propios de dicha jurisdicción; lo cual se tiene como compatible a las exigencias de tutela judicial efectiva en un Estado Constitucional de Derecho, habiéndose garantizado el acceso a la justicia de las partes contendientes, ante un órgano jurisdiccional competente, imparcial e independiente.[1] CONSIDERANDO (8): Que, por lo anteriormente motivado, considera la Sala de lo Constitucional que la sentencia pronunciada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que revocó la sentencia interlocutoria recurrida, según dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil quince (2015); en la Demanda Ordinaria promovida por el Abogado VENANCIO OCAMPO OROZCO, en su condición de Apoderado Legal del señor ALFONSO DEL CID MARTINEZ, para el pago del justo precio actual de una fracción de terreno urbano de naturaleza privada por expropiación forzosa para utilidad de obra pública, realizada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de su representante legal, la señora Alcaldesa, Profesora ALBA NORA GUNERA DE MELGAR CASTRO, mediante Acuerdo N° 239-91 de fecha 13 de noviembre de 1991, que se ha conocido en amparo; no resulta violatoria de los derechos constitucionales invocados por el Abogado recurrente; quedando a salvo el derecho de las partes a promover el proceso ordinario que corresponda sobre la cuestión de fondo que resulta controvertida, en congruencia con lo normado en el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional respecto al efecto excluyente y no prejuzgamiento de la sentencia denegatoria en la acción de amparo, que resulta lo procedente en resolución de la presente garantía constitucional. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 59, 64, 80, 82, 90, 103, |06, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63, 67 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de Amparo de la cual se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo civil registrada en este Tribunal con el número SCO-0651-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] “Recuerda el ad-quem que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ya se ha pronunciado en casos similares, dejando establecido que en virtud del derecho de igualdad que debe privar; cuando se interpone una demanda ante una jurisdicción incompetente, siendo la competente la de lo Contencioso Administrativo, la parte demandante también tiene diez días para comparecer ante dicha jurisdicción y si así lo hace, se entenderá haber presentado la demanda en la fecha estipulada.” (Fallo de Sala de lo Constitucional registrado bajo el número AAC 648=11, de fecha veintitrés de octubre de 2012).