Sentencia AC-63-21 — Registro 12499
Resumen
Para Revisión de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que otorgó el recurso de amparo contra actuaciones del Juzgado de Letras de lo Civil relacionadas a la omisión de no haber decretado el cese y levantamiento de la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos recaída en el inmueble, en relación a la demanda ordinaria de reivindicación de dominio promovida. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representada contemplados en los artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (3): Que la alzada OTORGO el recurso de amparo, argumentando entre otros: “…En el caso sub examine, este tribunal Ad Quem pudo constatar en las diligencias remitidas, que corre agregado a folio trescientos dos (F 302) de la pieza principal, que mediante auto de fecha veintiocho (28) de octubre del dos mil catorce (2014) el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán declaro y ordeno la caducidad de la instancia en virtud de la inactividad procesal de las partes, y que la misma se lleve a cabo prescindiendo de las normas procesales que establece nuestro Código Procesal Civil vigente, en el artículo 492 : “EFECTOS DEL ABANDONO. I. Declarado y firme el abandono del proceso en primera instancia, el juez ordenará el cese inmediato de los efectos de todas las resoluciones dictadas en el proceso respectivo, incluidas las medidas cautelares, así como el sobreseimiento y archivo del mismo.” Pues la referida resolución se limita únicamente a decretar la caducidad de la instancia sin tener en consideración la medida precautoria que había sido decretada y continuo subsistente, constituyéndose en una violación al debido proceso y en efecto una violación y disminución al goce del derecho de propiedad de la parte impetrante. Considerando oportuno este tribunal de alzada, recalcar que es responsabilidad de los jueces y demás autoridades judiciales competentes, la dirección del proceso e impulso de las actuaciones de las partes, siempre respetando la disposición de las mismas durante el proceso, pero también estos devienen en la obligación del impulso de oficio, o lo que es igual, se tiene el deber de los Órganos jurisdiccionales de continuar la tramitación procesal sin necesidad de apremios o acuses de rebeldía, o cualquier otro acto de impulso de parte, debiendo procurar siempre la debida diligencia en cada uno de los casos y brindar así una tutela judicial efectiva, requisitos que en el caso de méritos no se han cumplido pues ninguno de los jueces que han tenido a su cargo las diligencias referidas, ha podido resolver a la parte recurrente lo peticionado.” CONSIDERANDO (4): Que se ha estimado la transcripción de la argumentación toral de la sentencia venida en consulta, motivación de sentencia en la cual se pone en evidencia la vulneración a los principios y derechos fundamentales que informan el procedimiento civil, verbigracia, la lealtad, probidad y buena fe procesal, en donde es patente el abuso al derecho a un juicio pronto y expedito, observándose la falta de una conducción correcta por parte del dador de justicia, encargado de dirigir el proceso de forma que conduzca a la reducción de tiempos, costo y esfuerzo de los actos procesales, conociéndose esto como principio de economía procesal, pues de haber aplicado correctamente el artículo 492 del Código Procesal Civil, este caso hubiese sido resuelto mucho antes, sin impedir que el verdadero dueño ejerza el uso y goce de la propiedad vulnerándose al mismo tiempo el derecho a la propiedad contenido en el artículo 103 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que la Sala de lo Constitucional estima procedente, para efecto de brindar una pronta tutela judicial efectiva, CONFIRMAR el recurso de amparo venido en consulta en virtud de que se ha acreditado la vulneración al debido proceso al aplicar parcialmente el contenido del artículo 492, es decir “EFECTOS DEL ABANDONO. I. Declarado y firme el abandono del proceso en primera instancia. – Omitiendo ordenar el cese inmediato de los efectos de todas las resoluciones dictadas en el proceso respectivo, incluidas las medidas cautelares, en este caso en particular: la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos recaída en el inmueble inscrito bajo No. 96 del Tomo 2642 del Instituto de la Propiedad, en relación a la demanda ordinaria de reivindicación de dominio promovida por los Señores EDWIN HANDAL FACUSSE, EDGAR HANDAL FACUSSE y JULIA FACUSSE BARJUM contra el Señor LUIGI BELLANI. El A-quo inobservo el mandado contenido en el artículo 492 CPC supra, que manda que una vez ordenado el cese de la medida cautelas impuesta, por haberse acreditado el abandono de la causa, como acá sucede, debió decretar el sobreseimiento y archivo del proceso.” Se reitera que el Juez dejó de aplicar la norma procesal pertinente, y ejerciendo el Tribunal de alzada su facultad revisora de los errores del inferior, se observa que la sentencia venida en consulta es congruente con el principio de legalidad y debido proceso, y consecuentemente se garantiza el derecho a la propiedad.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 103 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 492 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
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