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Sentencia AC-626-18 — Registro 13495

Resumen

Resolución que inadmite practica de prueba en recurso de apelación en relación a“Demanda Vía Proceso Declarativo Ordinario Para el Pago Indemnizatorio de Daños y Perjuicios por Incumplimiento de Contrato promovida por recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(4): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que del examen de los autos que conforman los antecedentes, y siendo que el amparista ha recurrido dos resoluciones de fecha dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, emitidas por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la primera resolución dictada por mayoría de votos, en su fundamento de derecho expresa, TERCERO: (sic) “Que al interponer el recurso de apelación el abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA, en su condición de representante procesal de la parte demandante/apelante, solicita apertura a prueba en esta instancia, la cual deberá condicionarse a lo prescrito en el artículo 721 del Código Procesal Civil; sin embargo el recurrente no es claro y preciso en que incisos de dicho artículo fundamenta su petición, a fin de que este Tribunal, en primer término determine la naturaleza jurídica de tal supuesto, y posteriormente confrontarlo con lo acontecido en primera instancia, y así determinar su procedencia o improcedencia; en consecuencia este tribunal estima declara inadmisible la práctica de pruebas en esta instancia.”; así la segunda resolución dictada por el voto que disiente de la mayoría, establece: “…Que disiento del auto emitido por la mayoría de este Tribunal, porque considero que deben rechazarse las pruebas presentadas por el Abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA por la siguiente razón: Las pruebas presentadas en el recurso de apelación no han sido denegadas indebidamente por la Juez de primera instancia, en vista que la A-quo baso su decisión en la incomparecencia de la parte en la audiencia preliminar; por lo tanto las pruebas aportadas en el recurso de apelación no cumplen con los requisitos establecidos el artículo 712 del Código Procesal Civil.” En ese orden de ideas correspondería a esta Sala de lo Constitucional, determinar si en las resoluciones emitidas por el Tribunal de Alzada dictadas en fecha dieciocho de mayo del dos mil dieciocho, se vulneran o no las garantías alegadas por el impetrante en el recurso de amparo. CONSIDERANDO (6): Esta Sala, del estudio del acto reclamado en amparo, aprecia: Que dicho acto no resulta violatorio de las garantías invocadas por el recurrente siendo notorio que la acción de amparo intentada se subsume claramente en la causal de inadmisibilidad del recurso prevista en el numeral 6) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. El precepto apuntado señala: “Cuando han cesado los efectos del acto reclamado”; entendiendo tal situación, porque la garantía de amparo fue promovida contra dos resoluciones emitidas por el Tribunal de Alzada, en las cuales por diferente fundamento inadmiten las pruebas presentadas en segunda instancia, mismas que no fueron ni propuestas ni admitidas en la audiencia preliminar en primera instancia; al revisar la pieza de segunda instancia consta del folio veintiuno (21) al treinta y cinco (35) la sentencia que resuelve el recurso de apelación presentado por el abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA, en su condición de representante procesal del señor MARIO RENE VELASQUEZZ MEJIA, como parte demandante, que FALLA: (sic) PRIMERO: Anular a partir e inclusive de la audiencia preliminar de fecha 7 de septiembre de 2017, y actuaciones posteriores, devolviendo las actuaciones para que el A-quo, vuelva a celebrar dicho acto procesal conforme al principio del debido proceso.”. En ese sentido con la resolución emitida por el Ad-Quem se retrotraen las actuaciones hasta el momento procesal de la audiencia preliminar, momento en el que, el Apoderado legal de la parte demandante no presento las pruebas para acreditar su pretensión y sobre lo cual fundamenta su recurso, ya que se anula la audiencia preliminar y ante ello, el A-Quo debe celebrar dicho acto procesal, siendo el caso venido en estudio aquellos asuntos que la Ley de Justicia Constitucional considera son inadmisibles de la aplicación del Recurso de Amparo por tratarse de un asunto en el que han cesado los efectos del acto reclamado. CONSIDERANDO (7): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 6 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 6). Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; …” CONSIDERANDO (8): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de Amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman la misma"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, a favor del señor MARIO RENE VELASQUEZ, contra los autos dictados por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de mayo de l año dos mil dieciocho, que inadmite la práctica de pruebas en el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de fecha veinte de noviembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la “DEMANDA VÍA PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO PARA EL PAGO INDEMNIZATORIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO…”, promovida por el Abogado Elvin Rubén Gómez Banegas en su condición de Apoderado Legal del señor Mario René Velásquez Mejía, contra la sociedad mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A., a través de su Representante Legal, la señora Mariela Reyes Silva. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos: 64, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cuatro de agosto del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Elvin Rubén Gómez Banegas, en su condición de Apoderado Legal del señor Mario René Velásquez Mejía, interponiendo “DEMANDA VÍA PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO PARA EL PAGO INDEMNIZATORIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO…”, contra la sociedad mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A., a través de su Representante Legal, la señora Mariela Reyes Silva. (Folio 1-4 de la pieza del A-quo) 2) En fecha dos de marzo del año dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Nicolás García Zorto, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil Banco de los Trabajadores, S.A., presentando escrito de contestación de demanda ordinaria para el pago indemnizatorio de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato.- Se opone excepción material de prescripción. (Folios 45-51 de la pieza del A-quo) 3) En fecha veinte de noviembre de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: 1. DECLARAR SIN LUGAR la presente demanda ordinaria de pago por la vía del proceso declarativo de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato, interpuesta por el Abogado ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS, en su condición de representante procesal del señor MARIO RENÉ VELÁSQUEZ MEJÍA, en contra de BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A a través de su representante legal MARIELA REYES SILVA, cuyas generales constan en el expediente de mérito. En consecuencia, se ABSUELVE a la parte demandada BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A. de la acción deducida. SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN MATERIAL DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN interpuesta por la parte demandada. (Folios 102-119 de la pieza del A-quo) 4) En fecha ocho de enero del año dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Fabrizzio Valle Ventura, en su condición antes expuesta, interponiendo recurso de apelación parcial en contra de la sentencia relacionada en el numeral que precede. (Folios 124-130 de la pieza del A-quo) 5) En fecha uno de febrero del año dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Nicolás J. García Pineda, presentando contestación de agravios y adhesión al recurso de apelación presentado por el Abogado Fabrizzio Valle Ventura. (Folios 134-140 de la pieza del A-quo) 6) En fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, falló: PRIMERO: Tiénese por recibido el expediente número 0801-2016-06132-CPCO, contentivo de la DEMANDA VIA PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO PARA EL PAGO INDEMNIZATORIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, promovida por el Abogado ELVIN RUBEN GÓMEZ BANEGAS, en su condición de representante procesal del señor MARIO RENÉ VELÁSQUEZ MEJÍA, contra el BANCO DE LOS TRABAJADORES, S. A., por medio de su representante legal la señora MARIELA REYES SILVA, como parte demandada, en virtud del recurso de apelación contra la sentencia emitida por el Juzgado de Letras Civil de este departamento, el veinte de noviembre de dos mil diecisiete, que ha interpuesto el Abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA, en su condición de apoderado legal de la parte demandante; el abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, en su condición de representante procesal de la parte demandada, se adhiere al recurso de apelación contra la sentencia antes referida.- SEGUNDO: Inadmítase la práctica de prueba en el recurso de apelación ante esta instancia. TERCERO: Desígnese a la Magistrada REINA MARIA LOPEZ CRUZ, como ponente para la tramitación del presente juicio. (Folio 3 vuelto de la pieza del Ad-quem) 7) En fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, la Abogada Zoe Celeste María Vasquez Ordoñez, Magistrada Presidenta de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, manifestó su voto disidente de la siguiente manera: Que en consideración al disentimiento de la suscrita al auto dictado en esta misma fecha 18 de mayo de 2018, por esta Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el recurso de apelación interpuesto el 8 de enero de 2018, por el Abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA, en su condición de apoderado legal de la parte demandante, contra la sentencia dictada el 20 de noviembre de 2017, por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la DEMANDA VIA PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO PARA EL PAGO INDEMNIZATORIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, promovida el 4 de agosto de 2016 por el abogado ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS en su condición de representante procesal del señor MARIO RENÉ VELÁSQUEZ MEJÍA, contra el BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A., por medio de su representante legal, la señora MARIELA REYES SILVA, como parte demandada y en aplicación al derecho de emisión de voto particular con respecto a lo resuelto en dicho auto y fundamentada en los artículos 80, 304, 321 de la Constitución de la República; 188, 192 del Código Procesal Civil, me expreso de la siguiente manera: Que disiento del auto emitido por la mayoría de este Tribunal, porque considero que deben rechazarse las pruebas presentadas por el Abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA, por la siguiente razón: Las pruebas presentadas en el recurso de apelación no han sido denegadas indebidamente por la Juez de Primera Instancia, en vista que la A-quo basó su decisión en la incomparecencia de la parte en la audiencia preliminar; por lo tanto las pruebas aportadas en el recurso de apelación no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 712 del Código Procesal Civil. (Folio 4 de la pieza del Ad-quem) 8) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Fabrizzio Valle Ventura, contra la sentencia relacionada en el numeral tres (3), la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: PRIMERO: Anular a partir e inclusive de la audiencia preliminar de fecha 7 de septiembre de 2017, y actuaciones posteriores, devolviendo las actuaciones para que el A-quo, vuelva a celebrar dicho acto procesal conforme al principio del debido proceso.-SEGUNDO: SIN COSTAS. (Folios 21-35 de la pieza del Ad-quem) 9) En fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal, el Abogado Fabrizzio Antonio Valle Ventura, interponiendo acción de amparo a favor del señor Mario René Velásquez, contra los autos que se han dejado relacionados en los numerales seis y siete del preámbulo de esta sentencia, por considerar que los mismos son violatorios de los derechos consagrados en los artículos 64, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. 10) Esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el recurrente en el amparo de mérito, en fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho, asimismo, habiéndose solicitado la apertura a pruebas del recurso, ofreciendo el recurrente en su escrito, las pruebas que se van a aportar, al respecto, se hace a observación al recurrente que esta Sala ha establecido como condición sine qua non que para decretar la apertura a pruebas en una acción de amparo, es preciso que la parte recurrente vincule en su escrito de formalización de manera puntual, la relevancia de las pruebas que se deban aportar, para acreditar la violación con el acto reclamado en amparo, a efecto que bajo ningún aspecto se desnaturalice la acción, admitiendo medios probatorios de instancia ordinaria, lo anterior, toda vez que el pronunciamiento de la justicia constitucional conlleva consecuentemente el estudio de los antecedentes de primera y segunda instancia que sirven para conocer la respectiva acción de amparo, produciendo efecto de cosa juzgada solamente con relación a la controversia constitucional planteada, en tal sentido, se declaró sin lugar por falta de claridad la apertura de pruebas solicitada, asimismo, se ordenó a la Secretaría de este Tribunal poner a la vistas las presentes diligencias por el término de 48 horas para que el Fiscal emita su dictamen. (Folio 27 del recurso) 11) Que en fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sussy G. Coello García, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: …3. Que habiendo identificado que el asunto esencial por el cual el amparista muestra su inconformidad con las resoluciones venidas en amparo, tiene su génesis en la audiencia preliminar de fecha siete (7) de septiembre del 2017, misma que posteriormente fue anulada por el Tribunal de Alzada mediante sentencia de fecha treinta (30) de agosto del año 2018, en la que, a su vez, manda que el A-quo vuelva a celebrar dicho acto procesal conforme al principio del debido proceso. En tal sentido, esta representación del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 715.1 del Código Procesal Civil, estima que el alcance de la decisión adoptada por el Tribunal de Alzada, al declarar la nulidad absoluta de actuaciones, produjo la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al efecto que la originó, es decir, al momento procesal previo de celebrar la audiencia preliminar cuestionada por el amparista, por lo tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, ya que se entiende que la audiencia preliminar no existe y el A-quo debe volver a celebrar dicho acto procesal. IV. CONCLUSIÓN: Que, en virtud de lo antes planteado, el Ministerio Público es de la opinión que SE SOBRESEA la presente acción de amparo, en virtud de concurrir la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 numeral 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que de la revisión de los antecedentes que conforman la acción constitucional impetrada por el abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, la Sala de lo Constitucional advierte que en la Acción de Amparo, concurre una causal de inadmisibilidad, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. El precepto apuntado señala: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 6). Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; …”. Lo cual se concluye del examen de la acción de amparo promovida, en el cual el recurrente sostiene que con las resoluciones de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), dictadas por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se quebrantan garantías constitucionales contenidas en los artículos 64, 80, 82, 90 y 321, como ser el Derecho de Petición, Debido Proceso, Derecho a la Defensa y legalidad, en relación a los artículos 1, 238.1, 445, 446 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente en la interposición del recurso se enfoca en realizar apreciaciones de la Resolución dictada por el A-quo, indicando en relación a la vulneración de garantías, ya que el A-quo en la audiencia preliminar no le permitió presentar prueba para acreditar el derecho que se pretendía tutelar, bajo la premisa que obligatoriamente debía estar presente el demandante, a pesar de estar plenamente acreditado en juicio el poder con el que actúa otorgado mediante Instrumento Público con todas las facultades, por lo que la presencia del apoderado legal era suficiente, por lo cual el A-Quo dejo sin apoderado y defensa a su representado y finalmente dicto una sentencia declarando sin lugar la demanda y condenando en costas, en completa violación al derecho de defensa, petición y debido proceso. CONSIDERANDO (3): Que, en sus alegaciones el impetrante, expresa que el Tribunal del Alzada en virtud del recurso de apelación tampoco a permitido presentar prueba en segunda instancia a pesar que el Código Procesal Civil establece en el artículo 712 numeral 2 “Solo podrán practicarse las siguientes pruebas: La que hubiese sido denegada indebidamente en primera instancia.” Argumenta el amparista que en resolución de fecha dieciocho de mayo del dos mil dieciocho el Ad-Quem dictada por mayoría de votos inadmite la practica de la prueba en el recurso de apelación y en resolución de la misma fecha el voto disidente, establece que deben rechazarse las pruebas presentadas por el abogado Fabrizzio Valle Ventura, en razón de que las pruebas presentadas en el recurso de apelación, no han sido denegadas indebidamente por la juez de primera instancia, en vista que el A-Quo baso su decisión en la incomparecencia de la parte en la audiencia preliminar, por lo cual las pruebas aportadas en el recurso de apelación no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 721 del Código Procesal Civil. Argumenta el pedidor, que en razón que el A-Quo dejo sin apoderado y defensa a su representado, no permitiéndole expresar sus pretensiones, proponer prueba, ni contradecir la prueba de la parte demandada, ni presentar alegaciones finales, a pesar de que el demandante Mario Rene Velásquez, había nombrado apoderado legal, ante lo cual el Ad-Quem debió haber permitido presentar prueba en segunda instancia y no inadmitir la misma. CONSIDERANDO (4): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que del examen de los autos que conforman los antecedentes, y siendo que el amparista ha recurrido dos resoluciones de fecha dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, emitidas por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la primera resolución dictada por mayoría de votos, en su fundamento de derecho expresa, TERCERO: (sic) “Que al interponer el recurso de apelación el abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA, en su condición de representante procesal de la parte demandante/apelante, solicita apertura a prueba en esta instancia, la cual deberá condicionarse a lo prescrito en el artículo 721 del Código Procesal Civil; sin embargo el recurrente no es claro y preciso en que incisos de dicho artículo fundamenta su petición, a fin de que este Tribunal, en primer término determine la naturaleza jurídica de tal supuesto, y posteriormente confrontarlo con lo acontecido en primera instancia, y así determinar su procedencia o improcedencia; en consecuencia este tribunal estima declara inadmisible la práctica de pruebas en esta instancia.”; así la segunda resolución dictada por el voto que disiente de la mayoría, establece: “…Que disiento del auto emitido por la mayoría de este Tribunal, porque considero que deben rechazarse las pruebas presentadas por el Abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA por la siguiente razón: Las pruebas presentadas en el recurso de apelación no han sido denegadas indebidamente por la Juez de primera instancia, en vista que la A-quo baso su decisión en la incomparecencia de la parte en la audiencia preliminar; por lo tanto las pruebas aportadas en el recurso de apelación no cumplen con los requisitos establecidos el artículo 712 del Código Procesal Civil.” En ese orden de ideas correspondería a esta Sala de lo Constitucional, determinar si en las resoluciones emitidas por el Tribunal de Alzada dictadas en fecha dieciocho de mayo del dos mil dieciocho, se vulneran o no las garantías alegadas por el impetrante en el recurso de amparo. CONSIDERANDO (6): Esta Sala, del estudio del acto reclamado en amparo, aprecia: Que dicho acto no resulta violatorio de las garantías invocadas por el recurrente siendo notorio que la acción de amparo intentada se subsume claramente en la causal de inadmisibilidad del recurso prevista en el numeral 6) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. El precepto apuntado señala: “Cuando han cesado los efectos del acto reclamado”; entendiendo tal situación, porque la garantía de amparo fue promovida contra dos resoluciones emitidas por el Tribunal de Alzada, en las cuales por diferente fundamento inadmiten las pruebas presentadas en segunda instancia, mismas que no fueron ni propuestas ni admitidas en la audiencia preliminar en primera instancia; al revisar la pieza de segunda instancia consta del folio veintiuno (21) al treinta y cinco (35) la sentencia que resuelve el recurso de apelación presentado por el abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA, en su condición de representante procesal del señor MARIO RENE VELASQUEZZ MEJIA, como parte demandante, que FALLA: (sic) PRIMERO: Anular a partir e inclusive de la audiencia preliminar de fecha 7 de septiembre de 2017, y actuaciones posteriores, devolviendo las actuaciones para que el A-quo, vuelva a celebrar dicho acto procesal conforme al principio del debido proceso.”. En ese sentido con la resolución emitida por el Ad-Quem se retrotraen las actuaciones hasta el momento procesal de la audiencia preliminar, momento en el que, el Apoderado legal de la parte demandante no presento las pruebas para acreditar su pretensión y sobre lo cual fundamenta su recurso, ya que se anula la audiencia preliminar y ante ello, el A-Quo debe celebrar dicho acto procesal, siendo el caso venido en estudio aquellos asuntos que la Ley de Justicia Constitucional considera son inadmisibles de la aplicación del Recurso de Amparo por tratarse de un asunto en el que han cesado los efectos del acto reclamado. CONSIDERANDO (7): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 6 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 6). Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; …” CONSIDERANDO (8): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de Amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman la misma. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5, 316 y 319 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2 y 46 numeral 6 y último párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEYENDO LAS PRESENTES DILIGENCIAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintinueve septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-626-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL