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Sentencia AC-61-20 — Registro 12874

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución dictada que resolvió un recurso de apelación con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de sí mismo contemplados en los artículos 64, 82, 90, 94, 128 y 134 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (14): Que De los antecedentes se colige que el reproche de la resolución traída a estudio recae en la cuestión de competencia de tribunal. La reclamación planteada surge de la demanda para la ejecución de título extrajudicial (título Valor (Pagaré), suscrito por el señor EJERSON DAVID SARAVIA JIMENEZ, (parte ejecutada) y la empresa mercantil denominada ISLEÑA INVERSIONES, S.A, DE C.V. El ahora recurrente obtuvo financiamiento de parte de la empresa para la que laboraba, para acceder a capacitación profesional. Si bien es cierto el recurrente obtuvo el financiamiento por ser empleado del empresa en la que laboró, también es cierto, que la empresa no estaba obligada a financiar la capacitación del impetrante, como tampoco el mismo, tenía porque acceder a dicha capacitación y aceptar el financiamiento de la misma, existiendo por lo tanto un acuerdo de voluntades, que se formaliza con la aceptación y firma de un pagaré por parte del señor GERSON DAVID SARAVIA GIMENEZ, para garantizar el financiamiento que le fue otorgado, de allí la obligación que nace de este acuerdo de voluntades, el que se reclama ante la jurisdicción de lo civil, por tratarse de un asunto meramente civil, no laboral. CONSIDERANDO (15): Que del estudio de los Antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que el Ad quem ha dictado una resolución debidamente motivada y fundamentada en derecho, no es de recibo la pretensión del recurrente; desde el prisma de la justicia constitucional ésta Sala de lo Constitucional observa que la resolución impugnada no quebranta los derechos fundamentales invocados por el recurrente, pues ha sido dictada conforme a derecho, por lo que procede se Deniegue el amparo intentado. CONSIDERANDO (16): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo interpuesto.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS MANUEL CRUZ ROMAN, a favor del señor JERSON DAVID SARAVIA JIMENEZ, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinticinco (25) de agosto de dos mil diecinueve (2019), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil diecinueve (2019), con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por la Sociedad Mercantil ISLEÑA DE INVERSIONES S.A. de C.V. contra el Señor JERSON DAVID SARAVIA JIMENEZ. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de si mismo contemplados en los artículos 64, 82, 90, 94, 128 y 134 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete (27) de agosto de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada CLARIBEL MEDINA DE LEON, actuando como Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil ISLEÑA DE INVERSIONES S.A. de C.V., solicitando se admita la demanda y se dicte mandamiento de ejecución por la cantidad de Doce Mil Seiscientos Noventa Y Un Dólares Con Treinta Y Dos Centavos ($12,691.32) mas intereses y costas, contra el Señor JERSON DAVID SARAVIA JIMENEZ. (Folios 01-51 de la Pieza del A-Quo) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó sentencia en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (SIC) “SIN LUGAR la oposición a la ejecución de título extrajudicial, interpuesta por: el Abogado CARLOS MANUEL CRUZ ROMAN, en su condición de representante procesal del señor JERSON DAVID SARAVIA JIMENEZ, en la Solicitud de ejecución de título extrajudicial, interpuesta por la Abogada MADLYN YAXAL MARCELA AGUILAR MORENO, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil ISLEÑA DE INVERSIONES S.A. de C.V.- CONDENO EN COSTAS AL VENCIDO EN JUICIO.” (Folios 123–124 de la Pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado CARLOS MANUEL CRUZ ROMAN, actuando como Apoderado Legal del Señor JERSON DAVID SARAVIA JIMENEZ, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil diecinueve (2019), en la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN del que se ha hecho mención; SEGUNDO: CONFIRMA LA RESOLUCION de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la “DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA DE TITULO EXTRAJUDICIAL”. Promovida por la Abogada CLARIBEL MEDINA DE LEON actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada ISLEÑA DE INVERSIONES, S.A. de C.V. Contra el Señor JERSON DAVID SARAVIA JIMENEZ.- CON COSTAS.-” (Folios 09-14 de la Pieza del Ad-Quem) 4) Que en fecha veintidós (22) enero de dos mil veinte (2020), se remite a la Honorable Sala de lo Constitucional la acción de amparo interpuesta por el Abogado CARLOS MANUEL CRUZ ROMAN, a favor del Señor JERSON DAVID SARAVIA JIMENEZ, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que las mismas son violatorias de lo dispuesto en los artículos 64, 82, 90, 94, 128 y 134 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dos (02) de febrero de dos mil veintiuno (2021). (Folios 01–16 y 49 de la presente Recurso) 5) Que en fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, al no haber concurrido las vulneraciones alegadas por el amparista.” (Folios 53–56 y 58 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el abogado CARLOS MANUEL CRUZ ROMAN, interpuso acción de amparo a favor de su representado el señor JERSON DAVID SARAVIA JIMENEZ, dirigida contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de agosto del 2019, en la apelación conocida contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del mismo departamento en fecha, 17 de mayo del 2019, con relación a la demanda de Ejecución de Título extrajudicial promovida por la sociedad Mercantil ISLEÑA INVERSIONES, S.A, DE C.V., contra el señor JERSON DAVID SARAVIA JIMENEZ. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización de la Acción de amparo, expone: que los actos reclamados derivan de la demanda de ejecución de Título extraordinario interpuesta contra la referida sociedad mercantil Isleña Inversiones, S.A., de C.V. en la que el Juzgado de Letras de lo Civil, de Francisco Morazán, dictó sentencia en la que desestima de forma total las oposiciones planteadas, como ser: Por falta de competencia total por la vía de declinatoria del tribunal. Dicha resolución violenta la garantía constitucional del debido proceso, ya que la demanda de Ejecución de un título extrajudicial, fue promovida y luego confirmada ante el Tribunal recurrido, (el cual es incompetente para conocer por ende resolver de algo que no está dentro de su competencia), debido a que su representado sostuvo una relación laboral aceptada por la propia empresa y puesto de manifiesto en el propio expediente y en conocimiento del Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, tal como consta a folio 61 de la primera pieza de autos, acción de defensa que debió ejercitar estando ya fuera de la empresa ya que la propia ley le atribuye dicho derecho sometiéndose al proceso pero denunciando la falta de competencia desde un inicio, por ende no renunciando a la competencia del Juzgado del Trabajo, debido a que la acción nace única y exclusivamente de la relación laboral, ya que con una simple revisión de la justificación del recurrente para que sea admitida su ejecución judicial (Folio 61 primera pieza de autos), citando: (….) “primero entre el señor Jerson David Saravia Jiménez y mi representada existió una relación laboral y dentro de los beneficios que los empleados tienen el acceso a capacitaciones pagadas para su desarrollo profesional- 2.- La empresa paga dichas capacitaciones en una forma de financiamiento al empleado, pero una vez que el empleado se retira de la empresa debe cancelar el valor financiado, para lo cual libra el pagaré sin protesto 3.- Siendo que la relación laboral terminó antes del tiempo referido, mi representada tiene la opción de hacer uso de su derecho y de ejecutar el título acreditado con el escrito de la demanda (….)” (los subrayado y negritas es propio del recurrente). CONSIDERANDO (5): Expone el recurrente que la ejecutante acepta lisa y llanamente que el documento pagaré nace de una relación laboral que sostuvo la empresa que representa con el ejecutado, (señalando el artículo 27 del Código Procesal Civil), manifestando que es una garantía constitucional contenida en el artículo 134, señalando que ha su representada no se le ha oído conforme las reglas del debido proceso legal, tal como lo estipula la legislación procesal hecho que fue manifestado ante el tribunal recurrido, pero que guardo silencio ante la oposición presentada, expone que el Juez que estuvo a cargo de dicha audiencia no dejó hacer expresión alguna sobre el hecho alegado y que a pesar que a juicio de él, ese elemento tuvo que ser resuelto antes de dicha audiencia, sin embargo, él como Director del proceso no mandó anular las actuaciones para enmendar los errores que el propio juzgado había cometido, al o darle trámite según él a la oposición de falta de competencia, por ende el juzgado admitió un escrito de falta de competencia pero no le dio trámite. CONSIDERANDO (6): Que presentado el recurso de apelación ante la corte de apelaciones competente, resolvió en fecha 25 de agosto del año 2019, en la cual confirma la resolución de primera instancia de fecha 9 de mayo del 2019, señala que la sentencia que se recurre no hizo mención si hubo violación o no del debido proceso o si es no competente de conocer el caso plateado, a pesar de que está denunciado en el recurso de apelación, a pesar de resaltar medios probatorios el Ad quem únicamente se limitó a observar el documento que origina la acción extrajudicial de ejecución, no se preocupó por ver si se estaban violentando las garantías constitucionales ya que en ese punto era visible las actuaciones alejadas de la ley. Por todo ello considera que ha su representada se le han violentados los siguientes derechos constitucionales: Artículo 64, 82, 90 párrafo primero, 94 segundo párrafo, Capítulo V del Trabajo, artículo 128 No. 15, artículo 134 constitucionales y los principios fundamentales del derecho a la Defensa, al Debido Proceso, y del sometimiento a la jurisdicción del trabajo todas las controversias que se originen entre patronos y trabajadores y los principios fundamentales de aportación de parte, el de facultades procesales contenidos en los artículos 1, 11 y 12 numerales 1, 2 y 5, contenidos en el código Procesal Civil, los principios fundamentales del Código del Trabajo contenidos en el artículo 2 párrafo primero, artículo 3 párrafo artículo 8; artículos 664 y 665 del código del Trabajo. En conclusión, el Tribunal Ad quem confirmó la sentencia recurrida, declarando sin lugar la apelación planteada. CONSIDERANDO (7): Que el Ad quem, en su resolución invoca la aplicación de los artículos 32 de la competencia para conocer un pleito y resolver sus incidencias y de ejecución de las resoluciones, el artículo 690, del derecho de las partes a recurrir una resolución que le cause agravios a cualquiera de las partes; 795 de la finalidad del recurso de apelación. En el párrafo Cuarto deja establecido que para la ejecución de títulos valores solo podrán oponerse las previstas en el código de comercio, en cuanto a los motivos de oposición manifestados por la parte ejecutada consistentes en 1.- por falta de competencia total por vía declinatoria del tribunal, se puede llegar a colegir en primer lugar que dicho motivo de oposición no se encuentra comprendido en el código de comercio y por otro lado independientemente del momento de constituir el título valor pagaré el señor Jerson David Saravia Jiménez era empleado de la parte ejecutante, no es menos cierto que el título valor como lo manda el artículo 449 del código de Comercio, son títulos valores los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal y autónomo, esto nos indica que prevalece la autonomía de dicho documento sobre otras situaciones y en el caso concreto sobre la relación aboral que aduce el impetrante, de lo que no se abriga duda alguna de su existencia, pro se reitera, no debe incidir en el caso subjudice, respecto a la ejecución origina. En el numeral Quinto el Ad quem, expone sobre la segunda oposición en cuanto a la nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos, por haber suscrito el mismo con abuso de derecho y en fraude de ley. En base al artículo 590 del código de Comercio que establece lo siguiente: el pagaré debe contener: 1.- La mención de ser pagaré. 2.- La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 3- El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago.- 4.- La época y lugar de pago. 5.- La fecha y el lugar en que se suscriba el documento. 6.- La firma del suscriptor, visto el pagaré sustanciado por las partes reúne todos los requisitos de forma y de fondo, ates mencionados por lo cual se desestima que actúa de forma fraudulenta y en cuanto a la fecha de vencimiento el artículo 591 del código de comercio dispone claramente “si el pagaré no mención fecha de su vencimiento se considera pagadero a la vista, si no indica lugar de pago se tendrá como tal el domicilio del que lo suscribe. En consecuencia, el Ad quem considera que el título valor cumple todos los requisitos formales para su validez y sobre todo su vigencia por lo que concluye que la sentencia se ha dictado conforme a derecho, por lo que debe confirmarla, desestimando el recurso de apelación intentado. CONSIDERANDO (8): Que las cuestiones de competencia solo podrá interponerlas el demandado y los que puedan ser parte legítima en el juicio promovido y consiste en tratar de a partir al juez del conocimiento de una demanda concreta por considerar que carece de jurisdicción ordinaria o internacional, o porque carece de competencia de cualquier tipo, incluyendo el de haberse sometido a arbitraje la controversia sometida entre las partes, tal como lo dispone el artículo 26 de código Procesal Civil referido a la denuncia por declinatoria. Por su parte el artículo 28 del mismo cuerpo legal define lo que significa “Competencia genérica” equiparándola con el concepto de jurisdicción. Efectivamente todo litigio que derive de un derecho Privado y que no esté atribuido por la ley a otros órganos jurisdiccionales que no sean los civiles, será del conocimiento de los órganos judiciales con jurisdicción en lo civil. Igualmente podrán conocer los órganos jurisdiccionales civiles de asuntos que no pertenezcan a la jurisdicción civil, pero que la ley ordene que deben ser ellos los que deben conocer”[1]. CONSIDERANDO (9): Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[2]”. El Debido proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[3]. CONSIDERANDO (10): Que el Principio de Legalidad demanda una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento; es decir para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que la constitución y la ley le permite,(las negritas son nuestras) y todo lo que no está autorizado les está vedado[4]. Siendo así, resulta que cualquier resolución o actuación fuera de este marco legal es arbitraria y confronta directamente la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula el principio de legalidad en el artículo 9, principio que está reservado a la ley formal es decir a las normas emanadas del poder legislativo y por los procedimientos de formación de la ley, con exclusión total de Reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes. Las exigencias de la ley procesal deben tener garantizada eficacia materia y formal al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten automáticamente en violaciones al debido proceso[5]. CONSIDERANDO (11): Que el Derecho de Defensa como una garantía procesal se encuentra íntimamente ligado con la noción de debido proceso, tanto en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 8 como en la jurisprudencia de la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “(….) al referirse a las garantías judiciales o procesales consagradas en el artículo 8 de la Convención, esta Corte ha manifestado que en el proceso se deben observar todas las formalidades que “sirvan para proteger, asegurar, o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho” es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurarla adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[6] CONSIDERANDO (12): Que el Ministerio Público expone que del análisis de los antecedentes, expone que el Ad quem deja establecido en los considerando 4 y 5 de su motivación fáctica, da respuesta a dos motivos de oposición planteados por el representante procesal de la parte demandante, fundamentando su parecer en el artículo 792 del código Procesal Civil, en cuanto señala que el motivo de oposición por falta de competencia no se encuentra comprendida en el Código de Comercio y por otra parte, advierte el Ad quem que al momento de constituir el pagaré el señor Jerson David Saravia Jiménez era empleado de la parte ejecutante, no obstante lo dispuesto en el artículo 449 del código de Comercio, prevalecerá la autonomía del pagaré sobre la relación laboral que aduce el impetrante, por ende o debe incidir respecto a la ejecución originada. En cuanto al motivo de ejecución el Ad quem señala que el pagaré que se pretende ejecutar cumple con todos los requisitos de forma y fondo exigidos en el artículo 590 del código de Comercio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 591 del mismo cuerpo legal, por lo que a criterio del, Ad Quem el título valor cumple con los requisitos validez y vigencia y consecuentemente, el Ministerio Público concluye que la sentencia recurrida fue dictada conforme a derecho, por todo ello el Ministerio Público es de la opinión que no se otorgue la acción de amparo promovida. CONSIDERANDO (13): Que los títulos valores son documentos mercantiles en los que está incorporado un derecho privado patrimonial, por lo que el ejercicio del derecho está vinculado jurídicamente a la posesión del documento. Un título valor que contiene una orden o promesa de pago es un documento que otorga a su titular el derecho a exigir el cumplimiento de una determinada obligación de pago, en los términos contenidos en él. Todo título valor que contiene una orden o promesa de pago, en tanto es representativo de un derecho de crédito, tiene origen en una relación preexistente, conocida como obligación causal o primitiva. Así, el pagaré es un título valor que contiene una promesa de pago de una cantidad determinada de dinero por una persona (firmante) a favor de una determinada persona (tenedor de título valor). Por ello el acreedor está facultado para la exigencia del pago y hacer valer sus efectos a través de los órganos jurisdiccionales en caso de incumplimiento. CONSIDERANDO (14): Que De los antecedentes se colige que el reproche de la resolución traída a estudio recae en la cuestión de competencia de tribunal. La reclamación planteada surge de la demanda para la ejecución de título extrajudicial (título Valor (Pagaré), suscrito por el señor EJERSON DAVID SARAVIA JIMENEZ, (parte ejecutada) y la empresa mercantil denominada ISLEÑA INVERSIONES, S.A, DE C.V. El ahora recurrente obtuvo financiamiento de parte de la empresa para la que laboraba, para acceder a capacitación profesional. Si bien es cierto el recurrente obtuvo el financiamiento por ser empleado del empresa en la que laboró, también es cierto, que la empresa no estaba obligada a financiar la capacitación del impetrante, como tampoco el mismo, tenía porque acceder a dicha capacitación y aceptar el financiamiento de la misma, existiendo por lo tanto un acuerdo de voluntades, que se formaliza con la aceptación y firma de un pagaré por parte del señor GERSON DAVID SARAVIA GIMENEZ, para garantizar el financiamiento que le fue otorgado, de allí la obligación que nace de este acuerdo de voluntades, el que se reclama ante la jurisdicción de lo civil, por tratarse de un asunto meramente civil, no laboral. CONSIDERANDO (15): Que del estudio de los Antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que el Ad quem ha dictado una resolución debidamente motivada y fundamentada en derecho, no es de recibo la pretensión del recurrente; desde el prisma de la justicia constitucional ésta Sala de lo Constitucional observa que la resolución impugnada no quebranta los derechos fundamentales invocados por el recurrente, pues ha sido dictada conforme a derecho, por lo que procede se Deniegue el amparo intentado. CONSIDERANDO (16): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por el Abogado el abogado CARLOS MANUEL CRUZ ROMAN, a favor de su representado el señor JERSON DAVID SARAVIA JIMENEZ, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de agosto del 2019. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de agosto de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0061-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Código Procesal Civil comentado. Artículos 26 y 28.

[2]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.

[3] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos, ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.

[4] Rodríguez Cesia Victor Manuel. El Debido Proceso y la Convención América Sobre Derechos Humanos. Pág.1304.

[5] Idem Pág.1305

[6] Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Demanda de Interpretación de la Sentencia de Fondo y Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 128. párr. 132. Citando Caso Herrera Ulloa, párr. 147; Caso Maritza Urrutia, párr. 118; y Caso Myrna Mack Chang, párr. 202.