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Sentencia AC-587-19 — Registro 12882

Resumen

Se interpuso recurso contra la sentencia que revoca la acción de amparo con relación a la demanda vía proceso ordinario para declarar la nulidad absoluta de un acta notarial extra-protocolar. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: (15) Que el ministerio público emitió su dictamen en el que deja establecido que en el caso de mérito “se celebró audiencia preliminar en fecha uno de noviembre del dos mil dieciocho, a la cual no compareció el demandante, únicamente su representante procesal y los demandados, tal como consta en el acta de audiencia (F123 Tomo I), respecto a lo cual estima esta representación fiscal que su comparecencia es de carácter obligatorio o en su defecto deberá existir un motivo fundado que justifique su incomparecencia, apreciándose que en el caso de autos dicha incomparecencia no fue justificada ya que su representante únicamente manifestó que ostentaba el poder con facultades de conciliar, lo cual no constituye un motivo de justificación de conformidad a lo dispuesto en el Código Procesal Civil en el artículo 445. Señalado que, pese a que el apoderado legal ostentaba las facultades de conciliar, la norma legal le exige acreditar un motivo justificado, lo cual no ocurrió en la presente causa, por lo que ante las circunstancias procede poner fin al proceso. Por todo ello el Ente fiscal fue de la opinión que no se Otorgue la acción de amparo de la que hizo mérito.-CONSIDERANDO; (16) Que del estudio de los Antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que el Ad Quem ha dictado una resolución debidamente motivada y fundamentada en derecho, no es de recibo la pretensión del recurrente; desde el prisma de la justicia constitucional ésta Sala observa que la resolución impugnada no quebranta los derechos fundamentales invocados por el recurrente, pues ha sido dictada conforme a derecho, por lo que procede se Deniegue el Amparo intentado. Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil veintiuno.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR HERNAN ROMERO GARCIA, a favor del señor GUILLERMO LISANDRO CUBERO GONZALES, contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019,) que Revoca la acción de amparo interpuesta contra actuaciones del Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula , departamento de Cortés, de fecha uno (01) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la demanda vía proceso ordinario para declarar la nulidad absoluta de un acta notarial extra-protocolar, promovida por el señor GUILLERMO LISANDRO CUBERO GONZALES, contra RUBEN ANTONIO MENDOZA DIAZ, SILVIA MARIELA PORTILLO AVELAR y DUBIA CARINA GUTIERREZ MEJIA.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha trece (13) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Civil, de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés el Abogado MARLON IVANM RODRIGUEZ ESCALON, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor GUILLERMO LISANDRO CUBERO GONZALEZ, promoviendo demanda ordinaria para que se declare la nulidad absoluta de un acta notarial extra protocolar.- (Folios uno (01) al cuatro (04) de la pieza de la Demanda).-2) Que en fecha uno (01) de noviembre del dos mil dieciocho (2018) el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó Sentencia mediante la cual “ RESOLVIO: 1.- Como ya es criterio reiterado por parte de este Juzgado y por la Corte de Apelaciones Civil de esta Sección Judicial a la Audiencia Preliminar y Audiencia del Proceso Abreviado deberán las partes comparecer de forma personal se refiere a la parte propiamente dicho la parte litigante y ya establecido la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones Civil de esta Sección Judicial que el sentido y objeto de dicho artículo es que la persona, el ciudadano que accede al sistema de justicia tenga conocimiento directo respecto a cómo se administra esta por lo cual el articulo 445 permite su no comparecencia pero concurriendo motivo justificado.- Cuando se le ha consultado al apoderado judicial demandante el motivo de incomparecencia únicamente ha manifestado que el ostenta un poder con facultades de conciliar, lo cual considera el suscrito Juez que no es causa justificada para comparecer por si solo aun y cuando tiene la facultad de conciliar.- En este Sentido y como ya se ha resuelto en reiterado casos resulta en aplicación el artículo 446 del Código Procesal Civil numerales 1 y 2 en el sentido que el Juez deberá poner fin al proceso cuando no comparezca el demandante, en este caso no ha presentado causa justificada de incomparecencia en consecuencia se le pone fin este proceso y se manda archivar las diligencias.- 2.- En cuanto a la petición en condena en costas se declara no ha lugar en virtud que el artículo 446 no establece la condena en costas para este supuesto.- se le hace saber a las partes contra la presente resolución cabe la interposición de Recurso de Apelación dentro del plazo de diez (10) días el cual empieza a contar a partir del día de mañana…”(Folios 123 al 124 de la pieza de la Demanda).-3) Que en fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, , dictó sentencia mediante la cual: “RESUELVE: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ROMERO GARCIA, contra el AUTO DEFINITIVO dictado a los un día del mes noviembre del año dos mil dieciocho, por el JUZGADO DE letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes en su condición de apoderado judicial del señor GUILLERMO LISANDRO CUBERO GONZALES, en la Demanda por la vía del proceso ordinario para que se declare la Nulidad Absoluta de un Acta Notarial Extra Protocolar, en contra de los señores DUBIA KARINA GUTIERREZ DIAZ, SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado BRENEDIN GOMEZ ANDRADE, en su condición e apoderado judicial del señor RUBEN ANTONIO MENDOZA DIAZ, en su condición de Apoderado judicial del señor RUBEN ANTONIO MENDOZA DIAZ, contra el AUTO DEFINITIVO dictado a los un día del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés.- TERCERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada DUBIA GUTIERREZ, en causa propia y en representación de la demandada señora SILVIA MARIELA Portillo Avelar contra el AUTO DEFINITIVO, dictado a los un días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes.- CUARTO: REVOCAR, el AUTO DEFINITIVO dictado a los un días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, por el juzgado de Letras Civil de la SECCIÓN Judicial de San Pedro Sula, Cortés y dictar el mismo en base a los razonamientos expuestos en la motivación fáctica y jurídica, debiendo leerse la parte resolutiva del mismo así: 1) Tener por no comparecido a la parte demandante, al no haber presentado causa justifica de su incomparecencia, en consecuencia se le pone fin al proceso y se manda archivar las diligencias.- 2) CON COSTAS, en primera instancia a la parte demandante 3) CON COSTAS , en segunda instancia a la parte demandante…” (Folios 18 al 21 de la pieza de Corte de Apelaciones). 4) Que el recurrente Abogado OSCAR HERNAN ROMERO GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil diecinueve, reclamando amparo a favor del señor GUILLERMO LISANDRO CUBERO GONZALES, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil, de San Pedro Sula departamento de Cortés, en fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha ocho (8) de enero del año dos mil veinte (2020).-5) Que en fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020), la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE , en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República. (Página 33 a la 41 de la pieza de amparo).-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO: (2) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto, no obliga al recurrente ni le es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO: (3) Que se conoce el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado OSCAR HERNAN ROMERO GARCIA , a favor del señor GUILLERMO LISANDRO CUBERO GONZALES, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha trece de mayo del dos mil diecinueve, que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra el Auto Definitivo dictado por el Juzgado de Letras Civil de la misma Sección Judicial, en fecha uno de noviembre del dos mil dieciocho. Con relación a la Demanda Vía Proceso Ordinario para Declarar la Nulidad Absoluta de un Acta Notarial Extra- Protocolar, promovida por el señor GUILLERMO LISANDRO CUBERO GONZALES, contra: RUBEN ANTONIO MENDOZA DIAZ, SILVIA MARIELA PORTILLO AVELAR Y DUBIA CARINA GUTIERREZ MEJIA.-CONSIDERANDO: (4) El recurrente en la formalización de la Acción de Amparo, Antecedentes, manifiesta que: “fecha 24 de enero del 2018, el Notario RUBEN ANTONIO MENDOZA LAINEZ, ahora demandado, autorizó un Acta Notarial Extra Protocolar en la ciudad de San Pedro sula, señalando que fue requerido por las co-demandadas, SILVIA MARIELA PORTILLO AVELAR, Y DUBIA KARINA GUTIERREZ MEJIA, sin hacer alusión alguna a la condición con que las requirentes actuaban y mucho menos establecer o hacer mención del documento mediante el cual le fue acreditado fehacientemente la condición de madre de la menor, MARIELA ROUSSETH CUBERO PORTILLO, información suministrada en dicho documento (Acta extra Protocolar) por la co-demandadas SIVIA MARIELA PORTILLO AVELAR, en la condición de apoderada legal suministrada en dicho documento a la señora DUBIA KARINA GUTIERREZ MEJIA, también co-demandadas, vulnerando con ello el cumplimiento de obligatoria observancia de conformidad con la legislación notarial contenido en el artículo 16 Numerales 3 y 5 del Código del Notariado, en relación con el artículo 21 literal b del Reglamento del Código del Notariado, mediante dicho documento público se pretendió hacer constar de manera indubitada SUPUESTOS HECHOS, concernientes a la presencia, aprovechamiento y otros aspectos en un centro escolar donde supuestamente asiste la menor MARIELA ROUSSETH CUBERO PORTILLO, por lo que el notario RUBEN ANTONIO MENDOZA DIAZ dio FE NOTARIAL como ministro de Fe Pública estableciendo que se constituyó en lo que denominó “Centro Educativo Bilingüe”, sin establecer con claridad meridiana el lugar donde se encuentra ubicado físicamente dicho Centro Educativo, ni mucho menos la razón social, denominación social o nombre comercial, que permitiera la plena identificación del lugar aludido, sumado a ello el hecho narrado en dicha acta, de que al notario MENDOZA DIAZ, le consta que la menor MARIELA ROUSSETH CUBERO PORTILLO, tiene como maestra de segundo grado a una maestra de apellido Perdomo extremo que no se acredita fehacientemente tal y como la ley lo ordena.”.-CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente sigue manifestando que el Notario autorizante no expresó los medios de los que se valió para la identificación indubitable de la señora Perdomo, tampoco menciona haber tenido a la vista documento alguno en donde acredite el cargo que ejerce la señora Perdomo en el supuesto centro educativo en el cual se constituyó el notario. Señala que la requirente señora SILVIA MARIELA PORTILLO, puso a la vista del notario autorizante, recibos de pago de una determinada cantidad de dinero en concepto de matrícula de la menor, el cual de manera supuesta igualmente pagó en el centro educativo bilingüe de manera supuesta, pero el Notario no consigna en dicha acta notarial el nombre de quien está el recibo que le pone a la vista para formalizar indubitablemente su real existencia, además no consigno la numeración CAI, que obliga el reglamento del régimen de Facturación”.-CONSIDERANDO: (6) Que el amparista expone que en fecha uno de noviembre del dos mil dieciocho, el Juzgado celebró Audiencia Preliminar en la cual resolvió: “Como ya es reiterado el criterio por parte de este Juzgado y por la Corte de Apelaciones Civil, a la Audiencia Preliminar y Audiencia del Proceso Abreviado deberán las partes comparecer de forma personal, de forma personal se refiere a la parte propiamente dicha la parte litigante y ya establecido la jurisprudencia por la Corte de Apelaciones en el sentido y objeto del artículo 445 del Código Procesal Civil, es que la persona o ciudadano que accede al sistema de justicia tenga conocimiento directo respecto a cómo se administra esta, por lo cual dicho artículo permite su no comparecencia, pero concurriendo motivo justificado; es por ello que se le consultó al apoderado judicial demandante el motivo de incomparecencia, únicamente manifestó que él ostentaba con poder con las facultades para conciliar, por lo cual el Juez tomó la determinación que esta no es causa justificada para comparecer por si solo aún y cuando tenga la facultad para conciliar, por lo tanto en aplicación al artículo 445 y 446, del Código Procesal Civil este Tribunal tuvo por no comparecida la parte demandante y por no presentar causa justificada de incomparecencia en consecuencia le pone fin al proceso y manda archivar las diligencias. Sin condena en Costas al demandante.”-CONSIDERANDO: (7) Que el recurrente no conforme con lo resuelto por el A Quo, (de lo que se ha hecho referencia en el considerando que antecede) en fecha doce de noviembre del dos mil dieciocho, presentó recurso de apelación. De igual manera el representante del señor RUBEN ANTONIO MENDOZA, de igual manera la Abogada DUBIA KARINA GUTIÉRREZ presentó Apelación propia y Apelación a favor de la señora SILVIA MARIELA PORTILLO, apelaciones que contra la resolución del Juez A Quo por no haber condenado en costas al demandante. Manifiesta que el Recurso de Apelación presentado por su persona fue Denegado, declarando Con Lugar los Recursos de Apelación presentados por las personas demandadas antes mencionadas, y revoca el auto definitivo dictado en fecha uno del mes de noviembre del dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San pedro Sula, Cortes.-CONSIDERANDO:(8) Que el Ad Quem en su resolución deja establecido que del estudio de las actuaciones contenidas en el expediente de mérito apreció lo siguiente: a) Que efectivamente obra en el proceso el personamiento del representante judicial del demandante según poder para pleitos otorgado a su favor por el señor GUILLERMO LISANDRO CUBERO GONZALES. b) En la celebración de la audiencia preliminar comparecen las partes procesales en controversia, a excepción del demandante, en el desarrollo de la audiencia de mérito, estimó el Juez que no se encontraba justificada la ausencia del demandante y previa petición de las contra partes, ordenó el fin del proceso y el archivo de las diligencias. Que según lo establecido en el artículo 445 y 446, exige la comparecencia obligatoria de las partes a la Audiencia Preliminar con el fin de salvaguardar el Principio de Inmediación, de acceso a la justicia en forma directa, así mismo para hacer cumplir con la función conciliadora de la Audiencia, que si bien es cierto alega el recurrente que el poder de representación que le fue otorgado por el demandante lo faculta para comparecer y representarlo en el proceso de mérito al contener las facultades de expresa mención entre estas la de desistir, transigir, renunciar, conciliar y allanarse en nombre de su poderdante, no obstante para poder tener al demandante como comparecido prevé el artículo 445 del Código Procesal Civil, una excepción y es la de poder acreditar el motivo fundado de su incomparecencia a la citada audiencia, lo que no sucedió en el caso de autos, es por ello que al no justificarlo, hizo lo correcto el Juez de tener al demandante como no comparecido y poner fin al proceso sin más trámite.-CONSIDERANDO: (9) Que el Ad Quem señala que el recurrente invoca que el Juez sentenciador no consideró lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 446 del CPC, que dice: “Cuando dejare de comparecer el demandado o el profesional del Derecho que le Defienda y represente, o cuando la inasistencia del demandante, aquel, mostrare interés legítimo en la prosecución del proceso, el Juez ordenará la continuación de este, siguiendo los trámites en lo que resulte procedente.” Señala el Ad Quem que el impetrante pretende interpretar a su conveniencia el citado artículo, en vista que el Código Procesal Civil es claro, debiéndose entender que el interés legítimo es en relación al demandado para continuar el proceso, de tal forma que dicho precepto legal en el caso de marras no es aplicable al demandante. Señala además que en el caso sub judice la pretensión de la parte demandante no fue admitida, ordenándose el archivo de las diligencias y la no imposición de costas, y también lo es que hizo mover el órgano jurisdiccional y que las partes demandadas incurrieron en gastos, es por ello que el Juez estaba obligado a la imposición de las mismas, siendo procedente imponer las costas en primea y segunda instancia , sujetándose a lo que dispone el artículo 219.1 del Código Procesal Civil que dice: “En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazada todas sus pretensiones”. Por todo ello y en atención al artículo 715.4 del Código Procesal Civil procedió a revocar el auto definitivo. En la parte dispositiva de la resolución resuelve 1) Declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el representante de la parte demandante y declara Con Lugar los Recursos de Apelación interpuestos por las partes demandadas. Revoca el auto definitivo, en base a los razonamientos expuestos en la motivación fáctica y jurídica debiendo leerse la parte resolutiva del mismo así: “1) Tener por no comparecido a la parte demandante, al no haber presentado causa justificada de su incomparecencia, en consecuencia, se le pone fin al proceso y se manda archivar las diligencias. 2) Con costas en primera instancia a la parte demandante. 3) Con costas en la segunda instancia a la parte demandante”.-CONSIDERANDO: (10) Que el artículo 445 del Código Procesal Civil, Dispone: “las parte deberán comparecer a la Audiencia principal personalmente, salvo motivo fundado, a juicio del tribunal, que justificare la comparecencia por medio de representación, pero en este caso deberá tener poder suficiente para conciliar, renunciar, allanarse o transigir. En otro caso se les tendrá por no comparecidas”. La ley contempla la comparecencia obligatoria de las partes a la Audiencia Preliminar cumpliendo con el Principio de Inmediación, el Juez conocerá a quienes han decidido someter una controversia a su conocimiento, las partes podrán tener acceso a la justicia de forma directa, darse cuenta cómo funciona ésta, y el papel a desempeñar por sus apoderados; igualmente para cumplir con la función conciliadora de la audiencia que de otro modo se frustraría y por supuesto hacer los arreglos conciliatorios que se consideren pertinentes en forma directa y sin ninguna intervención de sus apoderados, más que de los consejos que estos puedan darles en ese momento. Sin lugar a dudas que la comparecencia de las partes y sus representados es obligatoria en la audiencia preliminar, sin embargo, la ley señala la excepción de no comparecencia por causa justificada, la que se hará a través del apoderado legal quien deberá tener poder suficiente para conciliar, renunciar, allanarse o transigir. Pero no basta que el apoderado legal tenga las facultades antes mencionadas(el sub rayado es nuestro)pues solo es el requisito para poder presentar la justificación de ausencia de la parte interesada en el proceso, lo que implica, que una vez cubierto este requisito, el apoderado legal, podrá exponer la causa que motiva la incomparecencia de su representado, entendiendo que deberá ser una causa de justificación que amerite su ausencia y así lo analizará y resolverá el Juez de acuerdo a su criterio. En el caso que nos ocupa se aprecia que ciertamente el Abogado al momento de exponer ante el Juez el motivo de la incomparecencia de su representado, únicamente manifestó que tenía las facultades especiales de conciliar, entre otras, sin explicar la causa del porqué no se presentó el demandante, en ese orden de ideas, es claro que no existe una causa justificada, por lo que la decisión del Ad Quem es conforme a derecho.-CONSIDERANDO: (11) Que la interpretación de la norma jurídica, debe ser lógica y coherente, en orden al sentido y finalidad que se propuso el legislador al momento de su creación, es así que el incumplimiento de la misma no es contrario al Principio de Legalidad y el Debido Proceso, al que debe someterse el ciudadano, pues las normas son de orden público no están a disposición de los particulares, así el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[1]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[2].-CONSIDERANDO: (12) Que el Principio de Legalidad demanda una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento; es decir para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que la constitución y la ley le permite,(las negritas son nuestras) y todo lo que no está autorizado les está vedado[3]. Siendo así, resulta que cualquier resolución o actuación fuera de este marco legal es arbitraria y confronta directamente la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula el Principio de Legalidad en el artículo 9, principio que está reservado a la ley formal es decir a las normas emanadas del poder legislativo y por los procedimientos de formación de la ley, con exclusión total de Reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes. Las exigencias de la ley procesal deben tener garantizada eficacia materia y formal al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten automáticamente en violaciones al Debido Proceso[4].-CONSIDERANDO: (13) Que el Derecho de Defensa como una garantía procesal se encuentra íntimamente ligado con la noción de Debido Proceso, tanto en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 8 como en la jurisprudencia de la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “(….) al referirse a las garantías judiciales o procesales consagradas en el artículo 8 de la Convención, esta Corte ha manifestado que en el proceso se deben observar todas las formalidades que “sirvan para proteger, asegurar, o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho” es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurarla adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[5].-CONSIDERANDO: (14) Que el derecho a la Tutela Judicial Efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[6]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.- CONSIDERANDO: (15) Que el ministerio público emitió su dictamen en el que deja establecido que en el caso de mérito “se celebró audiencia preliminar en fecha uno de noviembre del dos mil dieciocho, a la cual no compareció el demandante, únicamente su representante procesal y los demandados, tal como consta en el acta de audiencia (F123 Tomo I), respecto a lo cual estima esta representación fiscal que su comparecencia es de carácter obligatorio o en su defecto deberá existir un motivo fundado que justifique su incomparecencia, apreciándose que en el caso de autos dicha incomparecencia no fue justificada ya que su representante únicamente manifestó que ostentaba el poder con facultades de conciliar, lo cual no constituye un motivo de justificación de conformidad a lo dispuesto en el Código Procesal Civil en el artículo 445. Señalado que, pese a que el apoderado legal ostentaba las facultades de conciliar, la norma legal le exige acreditar un motivo justificado, lo cual no ocurrió en la presente causa, por lo que ante las circunstancias procede poner fin al proceso. Por todo ello el Ente fiscal fue de la opinión que no se Otorgue la acción de amparo de la que hizo mérito.-CONSIDERANDO; (16) Que del estudio de los Antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que el Ad Quem ha dictado una resolución debidamente motivada y fundamentada en derecho, no es de recibo la pretensión del recurrente; desde el prisma de la justicia constitucional ésta Sala observa que la resolución impugnada no quebranta los derechos fundamentales invocados por el recurrente, pues ha sido dictada conforme a derecho, por lo que procede se Deniegue el Amparo intentado. Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 61, 73, 74,75,90 151, 183, 303 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 45, 51, 63, 64, 65 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 219. 1, 445 Y 446 del Código Procesal Civil, Artículo 13.1. 2. 3 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 19, 29.2 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 19. 1. 2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por el Abogado OSCAR HERNAN ROMERO GARCIA, a favor del señor GUILLERMO LISANDRO CUBERO GONZALES, contra la sentencia dictada contra la resolución de fecha trece de mayo, por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES, Receptor Adscrito a la Secretaria de la Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiséis (26) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha dos (2) de junio del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0587-2019 .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.

[2] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos , ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.

[3] Rodríguez Cesia Victor Manuel. El Debido Proceso y la Convención América Sobre Derechos Humanos. Pág.1304.

[4] Idem Pág.1305

[5] Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Demanda de Interpretación de la Sentencia de Fondo y Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 128. párr. 132. Citando Caso Herrera Ulloa, párr. 147; Caso Maritza Urrutia, párr. 118; y Caso Myrna Mack Chang, párr. 202.

[6] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod