Sentencia AC-581-19 — Registro 12880
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia dictada por corte de apelaciones con relación a la demanda de declaratoria de herederos ab-intestato de los bienes, derechos y acciones. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales contempladas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (10): Que la garantía del debido proceso que reconoce nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces en particular, o a la Administración Pública, en general; obtener una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Se asegura así que para que exista una declaración, condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir cumplidamente un debido proceso; conglobante al derecho de petición y de inviolabilidad del derecho de defensa, en el marco del Estado de Derecho. CONSIDERANDO (11): Que efectuado un detenido estudio, encuentra la Sala de lo Constitucional, que el voto mayoritario que integra la sentencia recurrida en amparo, resulta por completo incongruente en cuanto lo pretendido y debatido en el proceso civil, con acumulación de pretensiones declarativas y de oposición. Tal inobservancia de la legalidad procesal vigente, resulta del tenor resolutivo mayoritario, por cuanto el artículo 705 del Código Procesal Civil, establece que el recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación, tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales que empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente; así como la revisión de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba; lo cual no se sigue del control racional a la sentencia recurrida en amparo; por cuanto la norma invocada le confiere al Tribunal de Apelaciones las facultades suficientes para pronunciarse sobre el fondo del asunto, constando de autos los elementos de juicio que resultan necesarios para tal menester; lo cual no fue realizado por el honorable Colegiado; en contrariedad a los principios de justicia rogada, dispositivo y de aportación de parte; no resultando claras, en definitiva, la cumplimentación, por parte del Colegiado Ad Quem, de su deber de acordar un pronunciamiento basado en derecho de fondo y congruente, con el respeto a los derechos, formalidades y garantías que establece la ley. CONSIDERANDO (12): Que, considera la Sala de lo Constitucional, que se demostrado la procedencia del argumento jurídico formulado por el amparista, en cuanto a que no se han respetado los derechos y garantías constitucionales de su representada. Corresponderá a la Corte de Apelaciones recurrida garantizar la tutela judicial efectiva de las partes legitimadas en el proceso, dictando un nuevo fallo, provisto de motivación suficiente, y dotado de fundamentación legal congruente y de fondo. En virtud de lo cual procede declarar, la violación del derecho al debido proceso de la demandante de amparo y la consiguiente estimatoria a la presente garantía constitucional.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de mayo del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ALFREDO BAEZ C., a favor de los señores ADELA GONZALEZ MARTORELL, por sí y en representación de su menor hijo WILLIAM ALBERTO ANDERSON GONZALEZ, de OSCAR ELKANAH ANDERSON GONZALEZ, FRANSALICE ANDERSON CALIX Y AXEL ANDERSON RAMIREZ, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veinte de marzo dos mil diecinueve, que resolvió, por mayoría de votos, un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho, con relación a la demanda de declaratoria de herederos ab-intestato de los bienes, derechos y acciones del causante OSCAR BENJAMIN ANDERSON MEJIA, contra la cual, se interpuso demanda ordinaria de oposición promovida por la señora MILAGROS FERNANDEZ ANDERSON. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales contempladas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha uno (01) de abril de dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, los señores ADELA GONZALEZ MARTORRELL, OSCAR ELKANAH ANDERSON GONZALEZ, FRANSALICE ANDERSON CALIX Y CARLOS ALFREDO BAEZ; la primera comparece por sí y en nombre y representación legal de su menor hijo WILLIAM ALBERTO ANDERSON GONZALEZ, el segundo comparece por sí por ser hijo de su difunto padre el Señor OSCAR BENJAMIN ANDERSON MEJIA del matrimonio contraído con su madre la Señora ADELA GONZALEZ MARTORRELL, la tercera FRANSALICE ANDERSON CALIX comparece por sí y el cuarto comparece en nombre y representación del Señor AXEL ANDERSON RAMIREZ. (Folio 1-15 de la Pieza del A-Quo) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DESESTIMAR, la oposición a la solicitud de declaratoria de herencia ab-intestato, presentada en fecha diecinueve de mayo del año dos mil catorce (2014), por el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, en su condición de representante procesal de las señoras MILAGROS FERNANDEZ ANDERSON, contra la señora ADELA GONZALEZ MARTORELL, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia.- Dicha oposición recaída con la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, promovida por los señores ADELA GONZALEZ MARTORRELL, por si y en nombre y representación de su menor hijo WILLIAM ALBERTO ANDERSON GONZALEZ; OSCAR ELKANAH ANDERSON GONZALEZ; FRANSALICE ANDERSON CALIX, y el Abogado CARLOS ALFREDO BAEZ C., en nombre y representación del señor AXEL ANDERSON RAMIREZ, para que se les declare Herederos Ab-Intestato de su difunto padre el Señor OSCAR BENJAMIN ANDERSON MEJIA, que corre en el expediente con orden de entrada número 0801-2011-00798-CV, al que se le acumuló la solicitud de Declaratoria de Heredero Ab-Intestato, con orden de entrada número 0801-2011-01086-CV, presentada por el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, en su condición de representante procesal de las señoras MILAGROS FERNANDEZ ANDERSON y WENDOLYN ANDERSON.- Lo anterior en vista, que se ha demostrado que el derecho a percibir la cuarta conyugal le asiste a la señora ADELA GONZALEZ MARTORRELL, como cónyuge sobreviviente.- SEGUNDO: Se declaran herederos Ab-Intestato al menor WILLIAM ALBERTO ANDERSON GONZALEZ representado por su madre la señora ADELA GONZALEZ MARTORRELL; a los señores OSCAR ELKANA ANDERSON GONZALEZ y FRANSALICE ANDERSON CALIX; y al señor AXEL ANDERSON RAMIREZ, este ultimo representado en este proceso por el Abogado CARLOS ALFREDO BAEZ C., así como a la señora WENDOLYN ANDERSON, también conocida como WENDOLYN ANDERSON FERNANDEZ, WANDOLYNE ANDERSON y WANDOLYNE ANDERSON FERNANDEZ; de los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunto padre el señor OSCAR BENJAMIN ANDERSON MEJIA, quien también fue conocido como OSCAR BENJAMIN ANDERSON,OSCAR ANDERSON y OSCAR B. ANDERSON.- TERCERO: Conceder la posesión efectiva de la herencia al menor WILLIAM ALBERTO ANDERSON GONZALEZ, representado por su madre la señora ADELA GONZALEZ MARTORELL, a los señores OSCAR ELKANA ANDERSON GONZALEZ, FRANSALICE ANDERSON CALIX, AXEL ANDERSON RAMIREZ, así como, a la señora WENDOLYN ANDERSON, también conocida como WENDOLYN ANDERSON FERNANDEZ, WANDOLYNE ANDERSON y WANDOLYNE ANDERSON FERNANDEZ, sin perjuicio de otros herederos ab-intestato o testamentarios de igual o mejor derecho.- CUARTO: Asimismo, se le concede a la señora ADELA GONZALEZ MARTORELL, como cónyuge sobreviviente, la cuarta porción conyugal que por derecho le corresponde.- QUINTO: Hacer las publicaciones de Ley en el Diario Oficial La Gaceta o en cualquier diario de mayor circulación en este Departamento, o por carteles que se fijaran en tres de los parajes más frecuentados del lugar, durante quince días.- SEXTO: Transcurrido el termino antes señalado se extienda a los Interesados Certificación integra del presente fallo para que se hagan las Anotaciones, Inscripciones y los trámites legales correspondientes.- SEPTIMO: Con costas a la parte demandante-opositora.- OCTAVO: Se les indica a las partes que la presente resolución es definitiva, en tal sentido, cabe contra la misma el recurso de apelación, debiendo interponerse dentro del plazo de 10 días hábiles ante este Juzgado, expresándose los agravios que la resolución le cause, conociendo del mismo la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.-” (Folios 419–435 de la Pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, actuando en su condición de Apoderado Legal de la Señora MILAGROS FERNANDEZ ANDERSON y WENDOLYN ANDERSON, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: ANULANDO DE OFICIO los pronunciamientos PRIMERO, CUARTO Y SEPTIMO de la parte dispositiva de la sentencia recurrida.- SEGUNDO: CONFIRMANDO los demás pronunciamientos.- TERCERO: SIN COSTAS.-” (Folio 49-67 de la Pieza del Ad-Quem) 4) Que el Abogado CARLOS ALFREDO BAEZ C., compareció ante este Tribunal en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de los Señores ADELA GONZALEZ MARTORRELL, por sí y en representación de su menor hijo WILLIAM ALBERTO ANDERSON GONZALEZ, de OSCAR ELKANAH ANDERSON GONZALEZ, FRANSALICE ANDERSON CALIX Y AXEL ANDERSON RAMIREZ, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que las mismas son violatorias de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintisiete (27) de enero de dos mil veinte (2020). (Folios 01-61 y 87 del presente Recurso) 5) Que en fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “SE DENIEGUE la presente acción de amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista”; lo cual tuvo fundamento de actuaciones en que, del examen de los antecedentes, se desprende los miembros del Tribunal de Alzada han advertido el conflicto jurídico dimanante del presente caso, debido a la existencia de dos (2) cónyuges sobrevivientes, cuyos matrimonios se encuentran debidamente inscritos en el Registro Nacional de las Personas; de lo cual deducen la existencia de ciertos vicios de nulidad que adolecía la sentencia dictada por el Juzgado A Quo, los cuales deberían sanearse para encausar el proceso legal correspondiente; asegurando la tutela judicial efectiva de ambas peticionarias, a través del señalamiento previo por el Juzgado de Familia, para dilucidar cuál es el matrimonio válido. - Por todo lo cual, no se aprecia la vulneración de los artículos constitucionales invocados, por parte del Ad Quem, en cuanto a la competencia para dilucidar el conflicto jurídico puesto de manifiesto; y que, habiendo cumplido con su función como órgano revisor de las resoluciones del tribunal de primera instancia, se considera su resolución apegada a derecho y garante de la tutela judicial efectiva. (Folio 90–94 y 96 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer. Tiene por objeto mantener, o restituir, a la persona en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones, y otros Instrumentos Internacionales establecen. CONSIDERANDO (2): Que, asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; se podrá promover la garantía de Amparo para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable; por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en vista para sentencia, la resolución proferida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, por mayoría concurrente de votos de sus miembros, en fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019), por la cual resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), con relación a la demanda de declaratoria de herederos ab-intestato de los bienes, derechos y acciones del causante OSCAR BENJAMIN ANDERSON MEJIA, contra la cual se interpuso demanda ordinaria de oposición promovida por la señora MILAGROS FERNANDEZ ANDERSON. CONSIDERANDO (4): Que, al tenor de dicha sentencia, cuyo resolutivo integro obra en el Antecedente 3), se anulan de oficio los pronunciamientos PRIMERO, CUARTO Y SEPTIMO de la parte dispositiva de la sentencia de instancia recurrida; relativos, el primero de ellos a la desestimación efectuada por el Juzgado A Quo de la oposición a la solicitud de declaratoria de herencia ab-intestato, presentada en fecha diecinueve de mayo del año dos mil catorce (2014), por el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, en su condición de representante procesal de la señora MILAGROS FERNANDEZ ANDERSON, contra la señora ADELA GONZALEZ MARTORELL. Oposición recaída con la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, promovida por los señores ADELA GONZALEZ MARTORRELL, por si y en nombre y representación de su menor hijo WILLIAM ALBERTO ANDERSON GONZALEZ; OSCAR ELKANAH ANDERSON GONZALEZ; FRANSALICE ANDERSON CALIX, y el Abogado CARLOS ALFREDO BAEZ C., en nombre y representación del señor AXEL ANDERSON RAMIREZ, para que se les declare Herederos Ab-Intestato de su difunto padre el señor OSCAR BENJAMIN ANDERSON MEJIA, que corre en el expediente con orden de entrada número 0801-2011-00798-CV, al que se le acumuló la solicitud de Declaratoria de Heredero Ab-Intestato, con orden de entrada número 0801-2011-01086-CV, presentada por el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, en su condición de representante procesal de las señoras MILAGROS FERNANDEZ ANDERSON y WENDOLYN ANDERSON. En cuanto al numeral cuarto del resolutivo anulado, este concede a la señora ADELA GONZALEZ MARTORELL, como cónyuge sobreviviente, la cuarta porción conyugal que por derecho le corresponde; mientras que el numeral séptimo de dicho resolutivo, condena en costas a la parte demandante-opositora. Finaliza la resolución impugnada en sede de amparo constitucional CONFIRMANDO los demás pronunciamientos y exonerando en COSTAS a los comparecientes. CONSIDERANDO (5): Que, la razón invocada para sustentar la resolución bajo estudio, es el reconocimiento de la existencia, en el presente caso, de dos (2) vínculos matrimoniales del causante, ambos inscritos en el respectivo Registro; cuya validez o nulidad, con objeto de hacer efectivos los derechos sucesorios entre cónyuges, escaparía a la atribución competencial de la sede de apelaciones, pues se entiende que sólo puede participar como cónyuge sobreviviente, una sola persona. Respecto a la inferencia de cuál de los matrimonios es el válido y cuál no, la resolución de Alzada difiere a la incoación de los procesos que correspondan, a instancia de parte, ante las autoridades competentes. Sería hasta entonces, agotados que fueran dichos procesos, que se podrá emitir pronunciamiento decidiendo sobre la porción conyugal; pues de no ser así, se podría perjudicar a la cónyuge legítima, situación que corresponde dilucidar a los jueces de Familia, por ser competentes para ello, de conformidad a ley. CONSIDERANDO (6): Que, en formalización de su recurso de amparo, argumentó el abogado CARLOS ALFREDO BAÉZ C., que promovía la presente garantía constitucional a favor de los señores ADELA GONZALEZ MARTORRELL, por sí y en representación de su menor hijo WILLIAM ALBERTO ANDERSON GONZALEZ, de OSCAR ELKANAH ANDERSON GONZALEZ, FRANSALICE ANDERSON CALIX Y AXEL ANDERSON RAMIREZ, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019), que se deja anteriormente relacionada, por considerarla violatoria a lo dispuesto en los artículos 64, 82, 90, párrafo primero, 112, párrafo segundo, 304 y 305 de la Constitución de la República; por concepto de vulneración al derecho de defensa y al debido proceso de su representada, inter alia, al considerarse que la Corte Ad Quem se sirvió como fundamento del artículo 705 del Código Procesal Civil, que establece que el recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación, tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso sometido a su conocimiento, pero también de las normas legales que empleadas para resolver las cuestiones de debate por el órgano jurisdiccional competente; así como la revisión de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba. Tal disposición legal le da facultades suficientes al Tribunal para que este se pronuncie sobre el fondo del asunto, más aún cuando en el caso de autos constan los elementos de prueba necesarios para poder resolver sobre la cuestión objeto del debate. Por lo tanto, al revisar la sentencia recurrida en apelaciones, se hubieren percatado de que el Tribunal A Quo tomó su decisión de otorgarle la porción conyugal a la señora ADELA GONZALEZ MARTORRELL, en virtud que el matrimonio celebrado entre ésta y el causante, señor OSCAR BENJAMIN ANDERSON MEJIA, en fecha seis (6) de agosto del año mil novecientos noventa y cinco (1995),[1] se realizó en función de un dato de fe pública registral; por medio de la cual se constató el acta de vida del señor OSCAR BENJAMIN ANDERSON MEJIA, que detalla los matrimonios y divorcios del causante; entre los cuales el que contrajo con la señora ADELA GONZALEZ MARTORRELL, de buena fe, en virtud no existir ninguna nota marginal de inscripción de matrimonio entre el causante señor OSCAR BENJAMIN ANDERSON MEJIA, con la señora MILAGROS FERNÁNDEZ ANDERSON en los momentos previos a contraer matrimonio; verificando el funcionario registral, en su momento, el cumplimiento de las diligencias preliminares y de celebración del matrimonio, de conformidad a los artículos 23, 24, 26, 29 y 31 del Código de Familia. CONSIDERANDO (7): Que, la sentencia contra la cual se promueve el presente amparo, incorporó señalamientos que en el transcurso del proceso de declaración de herederos ab-intestato no se habían formulado, como ser la existencia de una “aparente bigamia” y que la petición de su mandante se encuentra revestida de una apariencia de legalidad, pero que viola el contenido ético de la norma que la ampara, sugiriendo se origina en un acto ilícito que se prestó a convalidar el Tribunal A Quo; aseveración sobre la cual las partes no tuvieron oportunidad de pronunciarse y la cual se rechaza por no tener ningún sustento jurídico, violentando el derecho a la defensa y al debido proceso, consagrados en la Constitución de la República. Lo anterior obvia, por otra parte, la buena fe que ampara, tanto a la señora ADELA GONZALEZ MARTORRELL, como a anteriores cónyuges del causante, en vínculos previamente disueltos; ya que las autoridades que autorizaron dichos matrimonios se apegaron a la realidad que se les presentó, de lo cual es relevante que el señor OSCAR BENJAMIN ANDERSON MEJIA era de estado civil soltero, por no haberse registrado el matrimonio contraído en el extranjero con la señora MILAGROS FERNÁNDEZ ANDERSON. CONSIDERANDO (8): Que tal resolución judicial no ha respetado el debido proceso, en virtud que no apegarse a las reglas del Código Procesal Civil, para el dictado de anulabilidad del acto procesal:” Artículo 214.- MEDIOS PARA LOGRAR LA NULIDAD O ANULACIÓN DE UN ACTO PROCESAL. 1… 2. … 3. En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva, funcional o territorial cuando ésta venga fijada imperativamente o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal”; lo que guarda relación con el artículo 701.1 del Código Procesal Civil, en referencia al efecto devolutivo del recurso de apelación, el cual también se vio transgredido por el fallo venido en amparo, por decidir sobre pronunciamientos no recurridos por las partes; estando vinculado el Iudex Ad Quem, a contrario sensu, por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refería la impugnación. Refuerza tal consideración legal, con citación del extracto de la sentencia STC 206/1999, referente a que, el recurso de apelación: “… Traslada al órgano jurisdiccional superior la plenitud de cognición sobre el asunto litigioso, de manera que requiere del tribunal ad quem una respuesta sobre el total ámbito que el debate ha suscitado, sin consentir restricciones al mismo”;[2] de lo cual deduce que el Ad Quem, en su voto de integración, no respetó el principio dispositivo, ni el de justicia rogada; incurriendo en infracción del brocato latino: “tantum devolutum quantum apellatum”; pues ha limitado indebidamente el Ad Quem su plenitud de jurisdicción, como Tribunal de Apelación, para revisar los hechos y el derecho, según lo alegado por las partes en el recurso y conforme al objeto litigioso conformado en primera instancia; retrasando la administración de justicia al señalar que debía acudirse al Juzgado de Familia para instar la nulidad de uno de los matrimonios y la cancelación de su inscripción; y que solo así, agotado que fuera dicho proceso, procedía emitir pronunciamiento sobre el derecho de la porción conyugal. Por todo lo cual, solicita el garantista, se otorgue el presente recurso de amparo por parte de la Sala de lo Constitucional, manteniendo o restituyendo a su representada en el goce de los derechos o garantías que la constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. CONSIDERANDO (9): Que la Constitución de la República, en el capítulo atinente al Poder Judicial, establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, correspondiéndoles la aplicación de las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Por ende, los órganos jurisdiccionales competentes están en el deber de motivar y fundamentar sus resoluciones, expresando los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución; y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que les hubieren atribuido. CONSIDERANDO (10): Que la garantía del debido proceso que reconoce nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces en particular, o a la Administración Pública, en general; obtener una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Se asegura así que para que exista una declaración, condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir cumplidamente un debido proceso; conglobante al derecho de petición y de inviolabilidad del derecho de defensa, en el marco del Estado de Derecho. CONSIDERANDO (11): Que efectuado un detenido estudio, encuentra la Sala de lo Constitucional, que el voto mayoritario que integra la sentencia recurrida en amparo, resulta por completo incongruente en cuanto lo pretendido y debatido en el proceso civil, con acumulación de pretensiones declarativas y de oposición. Tal inobservancia de la legalidad procesal vigente, resulta del tenor resolutivo mayoritario, por cuanto el artículo 705 del Código Procesal Civil, establece que el recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación, tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales que empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente; así como la revisión de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba; lo cual no se sigue del control racional a la sentencia recurrida en amparo; por cuanto la norma invocada le confiere al Tribunal de Apelaciones las facultades suficientes para pronunciarse sobre el fondo del asunto, constando de autos los elementos de juicio que resultan necesarios para tal menester; lo cual no fue realizado por el honorable Colegiado; en contrariedad a los principios de justicia rogada, dispositivo y de aportación de parte; no resultando claras, en definitiva, la cumplimentación, por parte del Colegiado Ad Quem, de su deber de acordar un pronunciamiento basado en derecho de fondo y congruente, con el respeto a los derechos, formalidades y garantías que establece la ley. CONSIDERANDO (12): Que, considera la Sala de lo Constitucional, que se demostrado la procedencia del argumento jurídico formulado por el amparista, en cuanto a que no se han respetado los derechos y garantías constitucionales de su representada. Corresponderá a la Corte de Apelaciones recurrida garantizar la tutela judicial efectiva de las partes legitimadas en el proceso, dictando un nuevo fallo, provisto de motivación suficiente, y dotado de fundamentación legal congruente y de fondo. En virtud de lo cual procede declarar, la violación del derecho al debido proceso de la demandante de amparo y la consiguiente estimatoria a la presente garantía constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 183, 186, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numeral 1), 63, 67 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO promovida por el abogado CARLOS ALFREDO BÁEZ C., a favor de los señores ADELA GONZALEZ MARTORELL, por sí y en representación de su menor hijo WILLIAM ALBERTO ANDERSON GONZALEZ, de OSCAR ELKANAH ANDERSON GONZALEZ, FRANSALICE ANDERSON CALIX Y AXEL ANDERSON RAMIREZ, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veinte de marzo dos mil diecinueve. 2) Que proceda la Corte de Apelaciones recurrida a dictar nueva resolución en los términos expuestos en la parte motivacional de la presente sentencia. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES, RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de junio de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0581-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] El que obra citado como medio de prueba documental público a folio 6 de las diligencias de herencia.
[2] Citada por L. Alfredo DE DIEGO DIEZ, en su obra: “La Apelación en el Código Procesal Civil hondureño”, páginas 154 y 155.