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Sentencia AC-573-21 — Registro 13897

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra resolución que desestimó una prejudicialidad en cuanto a un dominio pleno otorgado por la Corporación Municipal de Danlí sobre el inmueble objeto de desalojo y que reclama la demandante, además de haber interpuesto denuncia ante el Ministerio Público; en demanda de ejecución forzosa de título judicial promovida por María Suyapa Ayala contra Dina Nohemì Rodríguez Maradiaga; El Tribunal de Alzada considera que la normativa procesal civil establece que contra la resolución que deniegue la suspensión de la tramitación de un proceso en primera instancia no proecede recurso de apelación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y  consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente..."..."este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales,..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de noviembre de dos mil veintiuno. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado WALTER ENRIQUE MALDONADO a favor de la señora HELEN ESTEFANY RAMÍREZ RODRÍGUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación por ser improcedente interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve; con relación a la demanda de ejecución forzosa de título judicial promovida por el Abogado WALTER R. BAUTISTA BAQUEDANO, en su condición de apoderado legal de la señora MARÍA SUYAPA AYALA, contra la señora DINA NOHEMI RODRÍGUEZ MARADIAGA. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente es del criterio que con la resolución recurrida se vulneran en perjuicio de su representada los derechos constitucionales del debido proceso y propiedad privada, contenidos en los artículos 1, 90 y 103 de la Constitución de la República, al declarar firme una resolución proferida por el Juez A-Quo que desestima una prejudicialidad, limitando los derechos fundamentales de su representada en mención. Prejudicialidad que fue promovida porque existe duda en cuanto a un dominio pleno otorgado por la Corporación Municipal de la ciudad de Danlí, sobre el inmueble objeto de desalojo y que hoy reclama la demandante, habiendo interpuesto denuncia ante el Ministerio Público sobre dichos hechos. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-quem, estimó procedente declarar sin lugar por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el A-Quo el siete de noviembre de dos mil diecinueve, en virtud de que el artículo 51 del Código Procesal Civil establece que contra la resolución que deniegue la suspensión de la tramitación de un proceso civil en primera instancia, solo se podrá interponer recurso de reposición o reproducir la solicitud de suspensión durante la segunda instancia, y, en su caso, durante la tramitación del recurso extraordinario de casación. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 49 del Código Procesal Civil; 4 y 5 de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de origen Ilícito; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado WALTER ENRIQUE MALDONADO a favor de la señora HELEN ESTEFANY RAMÍREZ RODRÍGUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno; toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la resolución de fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo civil registrada en este Tribunal con el número SCO-0573-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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