Sentencia AC-572-19 — Registro 12878
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que resolvió por mayoría de votos, declarar nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda contra la sentencia que declara con lugar la demanda promovida, con relación a la demanda ordinaria para que se declare la nulidad de sentencias de declaratoria de herederos Ab intestato, como consecuencia de ello se declaren nulas las tradiciones de dominio practicadas en el Instituto de la Propiedad, se prohíba celebrar actos y contratos sobre inmuebles que determino, por ser materia del juicio. Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violados están contenidas en los artículos 1, 60, 61, 62, 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (16): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera el derecho al debido proceso invocado por el recurrente en amparo, al declarar nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de la demanda, ello porque se ha emitido una resolución que se apoya en razonamientos carentes de sustento legal; en la fundamentación jurídica, no se establece cuáles son los requisitos de admisión de la demanda que han sido inobservados por la parte demandante y que se encuentren legalmente establecidos, aunado a ello no se determina cual es la infracción grave a la norma legal, que haya producido indefensión a las parte o parte en específico y con ello la vulneración de derechos fundamentales; el jurista Giuseppe Chiovenda (citado líneas arriba) señala que en la aplicación de las normas formales, como en la de todas las normas jurídicas, debe preferirse la interpretación que más rigurosamente se nos presente conforme a los principios sugeridos por la lógica y por el sistema, que al menos son fijos, constantes y objetivos, y no caer en ciertas vagas tendencias equitativas, que, con el pretexto de combatir el formalismo o de adaptar elásticamente las formas a la sustancia, abren a menudo el camino a través del sentido subjetivo. En ese orden de ideas, el Tribunal Ad-quem no ha indicado en la fundamentación de su fallo, cuáles son esos elementos enunciados en la ley, de los que ha prescindido la parte demandante en la presentación de su demanda y que haya provocado indefensión a las partes o a la parte demandada. CONSIDERANDO (17): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (18): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera la tutela judicial efectiva, el cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (19): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán debe dictar nueva resolución en la que con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que se declara Nulidad Absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda, inobservando las disposiciones contenidas en los artículos 3, 200.c), 211 y 212.4 del Código procesal Civil; resolución que se apoya en razonamientos carentes de sustento legal, en la fundamentación jurídica, no se establece cuáles son los requisitos de la demanda que ha inobservado la parte demandada y que se encuentren legalmente establecidos, aunado a ello no se determina cual es la infracción grave a la norma legal, que haya producido indefensión a las partes y con ello la vulneración de derechos fundamentales; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 200, Numeral C (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 211 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 71 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAMON RUFINO MEJIA MEJIA, a favor del señor ROBERT BRUCE III KENNEDY NAPKI, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve, que resolvió por mayoría de votos, declarar nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda dictado en fecha veintiséis de mayo del año dos mil ocho, en atención al recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de febrero del año dos mil dieciocho, que declara Con Lugar la demanda promovida, con relación a la Demanda Ordinaria para que se declare la nulidad de sentencias de declaratoria de herederos Ab intestato, como consecuencia de ello se declaren nulas las tradiciones de dominio practicadas en el Instituto de la Propiedad, se prohíba celebrar actos y contratos sobre inmuebles que determino, por ser materia del juicio, promovida por el abogado Manuel Antonio Diaz-Galeas, en su condición de Apoderado Legal del señor Robert Bruce III Kennedy Napki, contra los señores JOSE ABRAHAM, SAID SALVADOR Y SONIA BADER todos de apellido NAPKI DAMAS, en su condición de hijos de su difunto padre José A. Napki, VIRGILIO NAPKI BERMUDEZ y REINA JOSEFINA CRUZ NAPKI, por derecho de representación de su difunta madre Marinur Napki Bermúdez, también hija del señor José A. Napki. Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violados están contenidas en los artículos 1, 60, 61, 62, 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós de mayo del año dos mil ocho, el Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ-GALEAS, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor ROBERT BRUCE III KENNEDY NAPKI, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo Demanda Ordinaria de Nulidad de las Sentencias de Declaratorias de Herederos Ab-Intestato otorgadas a los señores JOSE ABRAHAM, SAID SALVADOR Y SONIA BADER todos de apellidos NAPKI DAMAS, dictadas por el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de julio de 1981 a favor del primero y en fecha 6 de diciembre de 1989 a favor de los dos últimos, en su condición de hijos de su difunto padre JOSE A. NAPKI; asimismo contra la sentencia de Declaratoria de Herederos Ab-Intestato de fecha 15 de abril del año 2004, dictada por el Juzgado de Letras Cuarto de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, a favor de los señores VIRGILIO NAPKI BERMUDEZ y REINA JOSEFINA CRUZ NAPKI, por derecho de representación de su difunta madre MARINUR NAPKI BERMUDEZ, también hija del señor JOSE A. NAPKI, nulidad que solicitó en virtud de la existencia de documentos que acreditan que dichas sentencias de declaratorias de herederos, violentan la voluntad del causante, JOSE A. NAPKI, así como sentencias previamente dictadas por el Juzgado de Letras Segundo de lo Civil. (Folios del 1-7 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 2) Que seguido el procedimiento, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia Definitiva, en fecha uno de febrero del año dos mil dieciocho, mediante la cual falló: “1) DECLARANDO SIN LUGAR, la excepción perentoria de Prescripción de la Acción, así opuesta por la parte demandada, por no haber sido probada en juicio, en consecuencia, ABSUELVE a la parte actora o demandante de la pretensión deducida en el planteamiento de dicha excepción perentoria opuesta.- 2) DECLARANDO CON LUGAR La Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de las Sentencias de Declaratorias de Herencias y de las Inscripciones Registrales efectuadas, en los Registros de la Propiedad, Inmueble y Mercantil del Departamento de Francisco Morazán; respectivamente, promovida por el Señor ROBERT BRUCE III KENNEDY NAPKI, en su condición de heredero Ab-Intestato de su difunta madre MARIA YOLANDA NAPKI DAMAS, conocida también como YOLANDA NAPKY y YOLANDA NAPKY VIUDA DE KENNEDY, contra los Señores JOSE ABRAHAM, SAID SALVADOR y SONIA BADER, todos de apellidos NAPKI DAMAS, éstos dos últimos en su condición de hijos de su difunto padre JOSE A. NAPKI; VIRGILIO NAPKY BERMUDEZ y REINA JOSEFINA CRUZ NAPKY, por derecho de Representación de su difunta madre MARINUR NAPKY BERMUDEZ también hija del señor JOSE A. NAPKI, y JOSE FERNANDO NAPKI LOPEZ como hijo y sucesor del señor JOSE ABRAHAM NAPKI DAMAS también conocido como JOSE NAPKI DAMAS todos de generales expresada en el preámbulo de la presente sentencia; en consecuencia; DECRETA: a) La nulidad Absoluta de la Sentencia de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, dictada por el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de julio del año de mil novecientos ochenta y uno a favor del Señor JOSE ABRAHAM NAPCKY DAMAS, donde se declara a éste como heredero ab-intestado de su difunto padre JOSE ABRAHAM NAPKY; b) La nulidad absoluta de su respectiva Inscripción Registral… c) La nulidad Absoluta de la Sentencia de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, dictada por el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de diciembre del año mil novecientos ochenta y nueve a favor de los señores SAID SALVADOR y SONIA BADER, ambos de apellidos NAPKI DAMAS, donde se declara, a los Señores como herederos ab-intestado de su difunto padre JOSE ABRAHAM NAPKI, conocido también como JOSE A. NAPKI, JOSE NAPKY, Y JOSE NAPKI BROOKS; d) La nulidad absoluta de su respectiva Inscripción Registral… e) La nulidad Absoluta de la Sentencia de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, dictada por el Juzgado de Letras Cuarto de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de abril del año dos mil cuatro a favor de los señores VIRGILIO NAPKY BERMUDEZ y REINA JOSEFINA CRUZ NAPKY, donde se declara, a los Señores como herederos ab-intestado de su difunto padre JOSE ABRAHAM NAPKI, conocido también como JOSE A. NAPKI, JOSE NAPKY, Y JOSE NAPKI BROOKS; f) La nulidad absoluta de las siguientes tradiciones de dominio:…” (Folios del 450 al 469fv de la pieza de antecedentes de primera instancia). 3) Que en fecha cinco de marzo del año dos mil dieciocho, el Abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDÓN, actuando en su condición de Representante Procesal de los señores SONIA BADER Y SAID SALVADOR ambos de apellidos NAPKI DAMAS, JOSE FERNANDO NAPKI LOPEZ, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo recurso de apelación contra la sentencia definitiva que se deja relacionada en el acápite que antecede; asimismo, en fecha once de abril del año dos mil dieciocho, el Abogado RAMON RUFINO MEJIA MEJIA, en su condición de Apoderado Legal del señor ROBERT BRUCE III KENNEDY NAPKY, compareció ante el citado juzgado, contestando agravios y adhesión a la apelación promovida por la parte demandada. (Folios del 474 al 479 y 482 al 489 de la pieza de antecedentes de primera instancia). 4) Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, y de la adhesión a ese recurso interpuesta por el Abogado RAMON RUFINO MEJIA MEJIA, quienes actúan en su condición previamente indicada, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia por mayoría de votos en fecha veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve, mediante la cual falló: (sic) “PRIMERO: Declarando Nulidad Absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda dictado en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil ocho (2008), por las razones expuestas en los fundamentos de derecho de esta sentencia; en consecuencia, que el A-quo, ordene la aclaración en forma precisa de la demanda, para posteriormente decida sobre su admisión o no a trámite.- SEGUNDO: SIN COSTAS…” (Folios del 61 al 77 de la pieza de antecedentes del Tribunal de Alzada). 5) Que el Abogado RAMON RUFINO MEJIA MEJIA, compareció ante este Tribunal en fecha veinticuatro de junio del año dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo a favor del señor ROBERT BRUCE III KENNEDY NAPKI, contra la sentencia de fecha veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos y garantías contenidas en los artículos 1, 60, 61, 62, 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado el recurso de mérito, en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil veinte. (Folios del 1–32 y 63 de los autos). 6) Que en fecha seis de octubre del año dos mil veinte, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, quien emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE, la presente acción de amparo, por no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista. (Folios del 66-73 de los autos). CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por mayoría de votos en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria para que se declare la nulidad de sentencias de declaratoria de herederos Ab intestato, como consecuencia de ello se declaren nulas las tradiciones de dominio practicadas en el Instituto de la Propiedad, se prohíba celebrar actos y contratos sobre inmuebles que determino, por ser materia del juicio, promovida por el abogado Manuel Antonio Diaz-Galeas, en su condición de Apoderado Legal del señor Robert Bruce III Kennedy Napki, contra los señores JOSE ABRAHAM, SAID SALVADOR Y SONIA BADER todos de apellido NAPKI DAMAS, en su condición de hijos de su difunto padre José A. Napki, VIRGILIO NAPKI BERMUDEZ y REINA JOSEFINA CRUZ NAPKI, por derecho de representación de su difunta madre Marinur Napki Bermúdez, también hija del señor José A. Napki; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió decretar Nulidad Absoluta de Actuaciones, a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda, en el Recurso de Apelación promovido por la Parte Demandada, contra la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno (1) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), que declara Con Lugar la demanda promovida de nulidad de sentencias de declaratorias de herencia. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado RAMON RUFINO MEJIA MEJIA, muestra su inconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera entre otros el derecho a la defensa y el debido proceso establecido en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, en relación a los artículos 212.1.4.6, 214.3, 700, 701.3, 704, del Código Procesal Civil; el impetrante relaciona los hechos que motivan el dictado de nulidad absoluta de actuaciones por el Ad-quem, situación que tiene su génesis en la Sentencia Definitiva dictada por el A-quo; acto que a criterio del recurrente en Amparo, ha sido dictado por la Corte de Apelaciones sin previo estudio y con evidente abuso de autoridad e ignorancia inexcusable, al margen de las normas que regulan el debido proceso, violentando esta garantía constitucional contemplada en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO(4): Que en la interposición de la acción de Amparo, en fecha veinticuatro de junio del año dos mil diecinueve, el recurrente expone en sendos acápites los hechos que motivan su demanda y los derechos constitucionales que considera violados en relación con normas civiles y procedimentales; en la formalización de su demanda de Amparo, el impetrante se centra en afirmar que con el proceder de los señores magistrados se viola el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República en relación con los artículos del 690 al 715 del Código Procesal Civil[3], sin darles la aplicación correspondiente al conocer y resolver según su criterio defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, ignorando que en los artículos citados se han introducido importantes reglas de matización en relación con el artículo 704 del mismo Código, que limita el conocimiento de los pronunciamientos expresamente recurridos, quedando vinculado por los motivos alegados por el recurrente y las cuestiones de derecho que hayan planteado. Sostiene que el tribunal de apelación puede proceder a la depuración de los vicios y faltas procesales en que haya podido incurrirse en primera instancia (art. 705.1) si bien condicionado a que la parte no solo incluya tal cuestión de forma expresa al fundar su recurso de apelación art. 704, sino también debe de haber procedido previamente a la denuncia en la instancia de tales vicios procesales tal como lo exige el artículo 700 del CPC. CONSIDERANDO(5): Que continuando con sus argumentos el impetrante sostiene que en definitiva en este precepto se consagra el denominado principio de vinculación procesal, en cuya virtud el tribunal de apelación debe de sujetarse a los concretos motivos de impugnación articulados por la parte apelante, con las únicas matizaciones del principio “iura novit curia” del artículo 701.2 del CPC, en relación con el art. 12.5 del mismo Código y con la apreciación de defectos procesales cuando se admitan, lo cual será en pocos casos, en relación a lo dispuesto por el artículo 214.3 del CPC. Se considera violado el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República en relación con los artículos 211, 212.1.4.6 del CPC, que con suma claridad dejan establecido que la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones es susceptible de nulidad de conformidad con lo que dispone el artículo 211 en relación con el artículo 212.1.4.6., como cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión; de lo preceptuado se deduce que dicha sentencia es nula por carecer de los requisitos que la ley dispone y causa indefensión, violándose con ello el artículo 82 de la Constitución, agregando que dicho fallo carece de motivación y fundamentos pertinentes. CONSIDERANDO(6): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso versa esencialmente con que el Tribunal de Alzada no debió decretar nulidad absoluta de actuaciones, ello porque no existe la mínima evidencia de haberse prescindido de normas esenciales del procedimiento, que hayan por esa causa producido indefensión y por ende la admisión de la demanda. CONSIDERANDO (7): Que, de la lectura de la acción constitucional promovida, esta Sala estima que el recurrente al exponer la vulneración de los derechos constitucionales señaladas en el acápite anterior los relaciona con quebranto de las normas de procedimiento civil contenidas fundamentalmente en los artículos 715 del CPC en relación al recurso de apelación; el cual establece: “ALCANCE DE LA DECISIÓN DE LA APELACIÓN. 1. Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el Juzgado o tribunal lo declarará así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó…”. En relación a la nulidad de los actos procesales el recurrente invoca inter alia los artículos 211 y 212 numerales 1. 4. y 6. este último y de interés en la resolución del caso preceptúa: “ARTÍCULO 212.- NULIDAD. Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1. Cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción, o de competencia objetiva o funcional. 2… 3… 4. Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión. 5… 6. En los casos en que este Código y demás leyes así lo determinen.” CONSIDERANDO (8): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos fundamentales. En ese orden de ideas, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (9): Que el derecho a la defensa, es el derecho fundamental de una persona, sea esta física o jurídica a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia, se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales y administrativos, que aplica en todas las fases del proceso; así en el proceso penal en las etapas de instrucción, intermedia y juicio oral y en el proceso civil en las alegaciones, prueba y conclusiones de las partes en contienda. Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión, lo que forma parte inseparable del concepto del debido proceso. CONSIDERANDO (10): Que es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo dispuesto en el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia, asimismo ha establecido la Corte que el derecho al debido proceso “se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”[4]. La Corte ha afirmado que para no obstaculizar el proceso, los jueces “tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”[5]. Por otra parte, la Corte estableció que se viola el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8.1[6] si se interponen trabas en el acceso a la justicia. En este sentido, en el caso Cantos Vs. Argentina la Corte afirmó: Que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acuden a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención.[7] Si bien el derecho de acceso a la justicia no es absoluto, y consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, la Corte Interamericana afirma que las limitaciones deben guardar correspondencia con el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. CONSIDERANDO (11): Que la sentencia recurrida y que fuera dictada por mayoría de votos de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, establece inter alia en los fundamentos de derecho que el Juez debe realizar un trabajo intelectual capaz de determinar si los hechos expuestos en la demanda y que conforman una determinada causa de pedir, son susceptibles de producir los efectos jurídicos pretendidos por la parte actora. En el acápite sexto la Corte argumenta que en el caso que nos ocupa, del análisis de la demanda se encuentra que la parte demandante peticiona en definitiva que pretende la declaratoria de nulidad de las sentencias de declaratoria de herederos AB-INTESTATO, como consecuencia se declaren nulas las tradiciones de dominio efectuadas por los demandados a su favor; sin embargo, al dar lectura a los hechos expuestos en la demanda, generan confusión en cuanto a entender lo que realmente se pretende, pues pareciera que dichos hechos van encaminados a ejercitar la acción de petición de herencia y reivindicatoria del heredero. CONSIDERANDO (12): Que el recurrente en Amparo invoca inter alia el numeral 3 del artículo 214 del Código Procesal Civil que establece: “MEDIOS PARA LOGRAR LA NULIDAD O ANULACIÓN DE UN ACTO PROCESAL. 1… 2… 3. En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva, funcional o territorial cuando ésta venga fijada imperativamente o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.”; No obstante a ello y conforme al principio del “iura novit curia”, la ley procesal civil le otorga la facultad dada en el artículo 715.1, en relación al alcance de la decisión de la apelación, si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o parte de ellas, el Juzgado o tribunal lo declarará así y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó. –Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (13): Que los actos de las partes y de los órganos jurisdiccionales, mediante los cuales la Litis “procede” desde su comienzo hasta su resolución y cuyo conjunto se denomina procedimiento, deben someterse a determinadas condiciones de lugar, de tiempo, de medios de expresión; estas condiciones de llaman formas procesales en sentido estricto. En un sentido más amplio, pero menos propio, llámanse formas los mismos actos necesarios en el proceso, en cuanto que, estando coordinados a la actuación de un derecho sustantivo, tienen carácter de forma respecto de la sustancia[8]. En general, la doctrina relaciona la nulidad procesal con un defecto de forma en el ejercicio o desarrollo del acto procesal, como una sanción al acto irregular; con el incumplimiento de algún requisito que la ley prescribe para la validez del acto; con la sanción civil o penal que la ley establece como reacción a la violación del procedimiento establecido; como una consecuencia lógica del incumplimiento de aquellas formas a las cuales la ley atribuye determinados efectos; como un estado de anormalidad del acto; como una privación de efectos imputada a los actos del proceso; una sanción de ineficacia con que la ley castiga los actos de procedimiento cuando se ha faltado a trámites esenciales o para cuyo defecto las leyes dispongan expresamente la nulidad, etc. La doctrina suele relacionar la nulidad procesal con la vulneración o infracción de los requisitos de los actos procesales. La teoría del carácter extrínseco de la nulidad, idea del jurista francés Japiot, es seguida por varios juristas, en la que se explica la nulidad como una sanción, y ello quiere decir que, frente a una determinada irregularidad en el ejercicio de un acto procesal, que causa un perjuicio importante a alguna de las partes, el ordenamiento reacciona y elimina los efectos del acto viciado. El jurista Yélamos Bayarrí expresa que “existen multitud de formulaciones, ya que no todo desajuste causa la nulidad, solo las más graves y de normas imperativas”. En forma similar se pronuncia Lourido Rico al sostener que “esta caracterización admite diversas formulaciones, puesto que se suele admitir que ni cualquier infracción de una norma legal lleva aparejada la sanción de nulidad, sino solo las más graves y solo las de las normas imperativas, ni es exclusivamente la infracción a un precepto positivo la determinante de nulidad sino también la falta de los requisitos indispensables para que el acto alcance su finalidad”.[9] CONSIDERANDO (14): Que, en ese orden de ideas, no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador[10]; asimismo el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía[11]. Para el Doctor Presentación Quesada aplicando las reglas del artículo 19 del Código Civil, el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, sostiene el autor que la Ley es un todo armónico; y entre sus distintas partes existe un verdadero enlace o conexión resultante del pensamiento que dominó al legislador en la emisión de la ley. Del contexto total de ella viene a resultar así la idea fundamental que puede aclarar el concepto del pasaje ambiguo u oscuro que se quiere interpretar[12]. En el caso sub júdice no se puede interpretar aisladamente el precepto 715.1, fuera del contexto de la ley en su totalidad CPC y menos aún, desconociendo lo establecido en el precepto 212.4 que establece que un acto procesal es nulo, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión. CONSIDERANDO (15): Que vista y analizada la resolución impugnada, esta Sala de lo Constitucional advierte que el razonamiento esgrimido por Mayoría de Votos de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, a efecto de declarar la nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda, dictado en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil ocho (2008), se respalda en razonamientos carentes de sustento legal, la Alzada no establece cuales son los requisitos para la admisión de la demanda que ha inobservado la parte demandante, declara nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión a la demanda, o sea que retrotrae las actuaciones trece años, sin fundamentar como lo establece la doctrina, cuáles son esos requisitos que manda la ley que hayan sido inobservados, cual es esa infracción procesal grave que ha causado indefensión (Como lo prevé la ley procesal civil hondureña) a las partes, que haya traído como consecuencia la vulneración a derechos fundamentales. La fundamentación de la sentencia recurrida, se expresa en argumentos irracionales, que revelan una clara desproporción entre los fines que se persigue con el acceso a los tribunales de justicia, a quienes a través de magistrados y jueces independientes, la Constitución ha encomendado la inconmensurable labor de impartir justicia gratuitamente en nombre del Estado, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes, sacrificando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva que la misma Constitución preceptúa. CONSIDERANDO (16): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera el derecho al debido proceso invocado por el recurrente en amparo, al declarar nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de la demanda, ello porque se ha emitido una resolución que se apoya en razonamientos carentes de sustento legal; en la fundamentación jurídica, no se establece cuáles son los requisitos de admisión de la demanda que han sido inobservados por la parte demandante y que se encuentren legalmente establecidos, aunado a ello no se determina cual es la infracción grave a la norma legal, que haya producido indefensión a las parte o parte en específico y con ello la vulneración de derechos fundamentales; el jurista Giuseppe Chiovenda (citado líneas arriba) señala que en la aplicación de las normas formales, como en la de todas las normas jurídicas, debe preferirse la interpretación que más rigurosamente se nos presente conforme a los principios sugeridos por la lógica y por el sistema, que al menos son fijos, constantes y objetivos, y no caer en ciertas vagas tendencias equitativas, que, con el pretexto de combatir el formalismo o de adaptar elásticamente las formas a la sustancia, abren a menudo el camino a través del sentido subjetivo.[13] En ese orden de ideas, el Tribunal Ad-quem no ha indicado en la fundamentación de su fallo, cuáles son esos elementos enunciados en la ley, de los que ha prescindido la parte demandante en la presentación de su demanda y que haya provocado indefensión a las partes o a la parte demandada. CONSIDERANDO (17): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (18): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera la tutela judicial efectiva, el cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (19): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán debe dictar nueva resolución en la que con acopio de los argumentos señalados en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que se declara Nulidad Absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda, inobservando las disposiciones contenidas en los artículos 3, 200.c), 211 y 212.4 del Código procesal Civil; resolución que se apoya en razonamientos carentes de sustento legal, en la fundamentación jurídica, no se establece cuáles son los requisitos de la demanda que ha inobservado la parte demandada y que se encuentren legalmente establecidos, aunado a ello no se determina cual es la infracción grave a la norma legal, que haya producido indefensión a las partes y con ello la vulneración de derechos fundamentales; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, 7, 200.c), 211 y 212.4 del Condigo Procesal Civil; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado RAMÓN RUFINO MEJIA MEJIA, a favor del señor ROBERT BRUCE III KENNEDY NAPKI, contra la sentencia emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); 2) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución conforme a los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, restituyendo al recurrente en Amparo los derechos que le han sido vulnerados, observando las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil, evitando argumentos carentes de sustento legal que suponen obstáculos de acceso a la justicia, debiendo establecer cuáles son los requisitos en la presentación de la demanda que ha inobservado la parte demandante, cuál ha sido esa infracción procesal grave que ha causado indefensión a las partes, que merezca la sanción de la nulidad absoluta de actuaciones y retrotraer el proceso trece años, caso contrario dictar sentencia de fondo conforme a las pretensiones deducidas en la interposición y adhesión al recurso de apelación. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dos de junio del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0572-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] En adelante CPC:
[4] Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52 & 128; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69 & 112, entre otras.
[5] Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, & 211. Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, & 156.
[6] Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
[7] Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97, & 50. En ese sentido ver también Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, & 82; Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, & 95.
[8] Giuseppe Chiovenda, Curso de derecho procesal civil. Oxford University Press México, S.A. de C.V. Primera Serie, volumen 6. 1999. Pág. 407.
[9] Jaime Carrasco Poblete. LA NULIDAD PROCESAL COMO TÉCNICA PROTECTORA DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PARTES EN EL DERECHO PROCESAL CHILENO. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, Año 18-N° 1, 2011 pp. 49-84
[10] Artículo 17 del Código Civil.
[11] Ídem artículo 19.
[12] Presentación Quesada; Comentarios al Código Civil Hondureño. López y Cía. Tegucigalpa, Honduras 1967. pág. 100.
[13] OXFORD University Press, Primera Serie volumen 6, México, D.F. abril de 2001, pág. 409.