Sentencia AC-566-21 — Registro 14613
Resumen
Sentencia en consulta otorgó acción de amparo a favor de recurrente contra resolución que estimó parcialmente incidente de nulidad promovido por recurrente como ejecutada incidentista y declaró sin lugar nulidad absoluta de actuaciones posteriores a los actos anulados, quedando subsistentes el mandamiento de ejecución, diligencias de averiguación de bienes y embargo en demanda de Ejecución de Título Judicial promovido por Banco del Pais S A contra recurrente; la Autoridad recurrida considera que el juzgado de primera instancia dejó válidos actos que se derivan de la nulidad decretada, actos que están viciados, violentando el debido proceso, derecho de defensa y garantía de legalidad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala de lo Constitucional, ha analizado la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, de fecha quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021), mediante el cual resolvió un incidente de nulidad absoluta de actuaciones, el que en su parte resolutiva determino entre otros: “. . . PRIMERO: SE ESTIMA PARCIALMENTE el Incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones promovido por la señora KETLEN KARENNA REINA FLORES, representada por el Abogado HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA, como parte ejecutada incidentista. TERCERO: SE DECLARA SIN LUGAR la nulidad absoluta de las actuaciones posteriores a los actos o diligencias consignados en el numeral anterior (), quedando subsistentes, tanto el mandamiento de ejecución, como las diligencias de averiguación de bienes y embargo de los mismos, esto en atención a la finalidad del título que se ejecuta y el proceso en que se ventila el mismo.”..."la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente la causal que motivo el otorgamiento de la Acción de amparo que se conoce en esta sala, y dados los hechos narrados, y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, por lo que SE CONFIRMA la acción de Amparo OTORGADO, venido en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 213 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 216 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 784 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 790 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA, a favor de la señora KATLEN KARENNA REINA FLORES, contra la resolución dictada en fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en relación a la demanda de Ejecución de un Título Judicial promovido por la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAIS, S.A., contra la señora KATLEN KARENNA REINA FLORES, Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 82, 90, 94, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el Abogado HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora KETLEN KARENNA REINA FLORES, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, el cual resolvió un incidente de nulidad absoluta de actuaciones, el cual en su parte resolutiva resolvió entre otros: “PRIMERO: SE ESTIMA PARCIALMENTE el Incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones promovido por la señora KETLEN KARENNA REINA FLORES, representada por el Abogado HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA, como parte ejecutada incidentista. TERCERO: SE DECLARA SIN LUGAR la nulidad absoluta de las actuaciones posteriores a los actos o diligencias consignados en el numeral anterior (), quedando subsistentes, tanto el mandamiento de ejecución, como las diligencias de averiguación de bienes y embargo de los mismos, esto en atención a la finalidad del título que se ejecuta y el proceso en que se ventila el mismo.” Por lo que el recurrente considera que la misma violenta el derecho de defensa y el debido proceso consignados en la Constitución de la República. 2) Que seguido el procedimiento establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió su sentencia en fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante la cual: “FALLA: OTORGAR el recurso de amparo interpuesta por el señor HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA, contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil de esta ciudad de San Pedro Sula, de fecha 15 de febrero 2021, que obran en el Expediente Judicial con registro número 0501-2013-01924-LCE, contentivo de la Demanda de Ejecución de un Título Judicial promovido por la Abogada LIGIA MARIA ARRIAGA NUFIO, en su condición de Apoderada del BANCO DEL PAIS, S.A., en contra de la señora KETLEN KARENNA REINA FLORES, para que el Juzgado de Primera Instancia dicte resolución conforme a Derecho y de acuerdo a lo peticionado de la forma prevista por la Ley y en los términos expuestos en esta sentencia, con el fin de que se restituyan los derechos y garantías de la Constitución de la República que fueron violentados.…” (Folios 34 y 35 de la pieza de la Corte de Apelaciones) 3) Que en fecha dos de junio de dos mil veintiuno, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO:(1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional y el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo resueltos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que esta Sala de lo Constitucional, ha analizado la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, de fecha quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021), mediante el cual resolvió un incidente de nulidad absoluta de actuaciones, el que en su parte resolutiva determino entre otros: “. . . PRIMERO: SE ESTIMA PARCIALMENTE el Incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones promovido por la señora KETLEN KARENNA REINA FLORES, representada por el Abogado HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA, como parte ejecutada incidentista. TERCERO: SE DECLARA SIN LUGAR la nulidad absoluta de las actuaciones posteriores a los actos o diligencias consignados en el numeral anterior (), quedando subsistentes, tanto el mandamiento de ejecución, como las diligencias de averiguación de bienes y embargo de los mismos, esto en atención a la finalidad del título que se ejecuta y el proceso en que se ventila el mismo.” CONSIDERANDO (4): Que la decisión de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes, de fecha veinticuatro (24) de mayo del dos mil veintiuno (2021), la que literalmente dice; “FALLA: OTORGAR el recurso de amparo interpuesta por el señor HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA, contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil de esta ciudad de San Pedro Sula, de fecha 15 de febrero 2021, que obran en el Expediente Judicial con registro número 0501-2013-01924-LCE, contentivo de la Demanda de Ejecución de un Título Judicial promovido por la Abogada LIGIA MARIA ARRIAGA NUFIO, en su condición de Apoderada del BANCO DEL PAIS, S.A., en contra de la señora KETLEN KARENNA REINA FLORES, para que el Juzgado de Primera Instancia dicte resolución conforme a Derecho y de acuerdo a lo peticionado de la forma prevista por la Ley y en los términos expuestos en esta sentencia, con el fin de que se restituyan los derechos y garantías de la Constitución de la República que fueron violentados.…” CONSIDERANDO(5): Que la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, fundamenta la motivación de su fallo en lo siguiente; “PRIMERO: El recurrente en la Interposición del Recurso de Amparo alega: que la resolución de fecha 15 de febrero de 2021, en la cual se declara con lugar parcialmente el incidente de nulidad interpuesto, se le vulneran a la señora KETLEN KARENNA REINA FLORES el Derecho de Defensa, el Debido Proceso y la garantía de Legalidad consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República y además se infringen los artículos 94, 321, 322, 323 constitucionales, lo que explica así: La resolución recurrida quebranta las formalidades que establece la ley y por ende el debido proceso y el derecho de defensa. El Juzgador declara la nulidad absoluta del requerimiento de pago de fecha 27 de junio de 2013, el informe rendido por la secretaria del Despacho en fecha 19 de julio de 2013 y el auto de preclusión dictado por dicho Juzgado en fecha 19 de julio de 2013, no obstante, en el numeral Tercero de la parte resolutiva, entra en contradicción y declara sin lugar la nulidad absoluta de las actuaciones posteriores a los actos o diligencias consignadas en el numeral anterior, dejando subsistente tanto el mandamiento de ejecución, como las diligencias de averiguaciones de bienes y embargos de los mismos, esto en atención a la finalidad del título que se ejecuta y el proceso en que se ventila el mismo. Las diligencias posteriores no pueden quedar válidas, por cuanto se derivan o son consecuencia de los actos declarados nulos, son parte del saneamiento del proceso y le vulneran los derechos a su representada porque se estaría suponiendo que ella no pagaría o que no tenga motivos suficientes para oponerse, castigándola con actos, actuaciones que se cometieron estando viciado el proceso. La resolución dictada por el Juez de Primera Instancia es una clara violación a los derechos y garantías establecidas por la Constitución de la República, porque el propósito de la nulidad interpuesta, es precisamente restituir a la ejecutada su derecho de defensa e igualdad, a un debido proceso, ser oída y vencida en juicio. En los procesos ejecutivos, el requerimiento de pago es la oportunidad que tiene el ejecutado para hacer uso de sus derechos y garantías y para ser parte en el juicio, debiéndose garantizar una tutela judicial efectiva. SEGUNDO: Del análisis del recurso interpuesto y la documentación allegada al mismo se observa lo siguiente: a) El juicio a que se refiere el recurrente, trata de una Demanda de Ejecución de un Título Extrajudicial promovida por la Abogada LIGIA MARIA ARRIAGA NUNO, en su condición de Apoderada del BANCO DEL PAIS, S.A., en contra de la señora KETLEN KARENNA REINA FLORES, para que pague la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS, más intereses y costas del juicio; b) La ejecutada fue requerida de pago, precluyéndosele su derecho para presentar oposición y declaración jurada de bienes, amparado en un informe de la secretaria del Despacho de no haber utilizado su derecho para hacerlo. Asimismo, se decretó embargo sobre un vehículo de su propiedad y sobre la cuarta parte del excedente del salario mínimo que devenga la ejecutada como empleada de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización; c) Años después, comparece la ejecutada e interpone un incidente de nulidad solicitando la nulidad del requerimiento de pago y todas las actuaciones posteriores, que se suspenda el mandamiento de ejecución y los efectos del mismos, argumentando que el requerimiento de pago se hizo de forma defectuosa lo que provocó una indefensión. El A quo al percatarse de la vulneración del derecho de defensa realizado a la parte ejecutada al comprobar que no se siguieron los lineamientos y normas que rigen los actos de comunicación en el procedimiento civil, consideró procedía la nulidad del requerimiento de pago practicado por la Receptora de la Central de Citaciones, requerimientos, emplazamientos y otras diligencias judiciales, así como el informe rendido por la secretaria del Despacho y el auto de preclusión dictado, mas no así en cuanto a las actuaciones posteriores en virtud de la finalidad de la ejecución forzosa, los límites de la actividad ejecutiva, el resguardar el derecho del acreedor y la garantía de salvaguarda de los derechos del ejecutado. CUARTO: El código procesal civil en sus artículos 784 y 786, reglamenta lo referente a la admisión de la demanda y al requerimiento de pago y embargo en las ejecuciones de títulos extrajudiciales. Una vez examinado por el Juez el título ejecutivo en que se ampara la demanda, da trámite a la misma y emite el mandamiento de ejecución. El mandato de ejecución contiene la orden de pago de la deuda, incluyendo los intereses y gastos demandados, bajo apercibimiento de proceder al inmediato embargo de los bienes, con la determinación precisa de los mismos, si fueren conocidos. En el acto de requerir al deudor, se le hace la advertencia de que, si no paga en el acto, se practicará el embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad reclamada y las costas. El artículo 789 y 790 del citado código, faculta al deudor de consignar la cantidad reclamada y así evitar el embargo y formular oposición a la ejecución, siendo el planteamiento de la oposición una vía de defensa para combatir la ejecución despachada. La figura de nulidad de los actos procesales está regulada en los artículos del 211 al 217 de nuestra normativa procesal civil vigente, indicando las clases, causas y efectos de la nulidad, así como los medios para lograrla. Al comprobarse una infracción procesal que cause una lesión efectiva y relevante del derecho de defensa, procede la nulidad del acto procesal y se deben retrotraer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó. Si bien es cierto se trata que la nulidad no afecte todo el acto procesal y de salvaguardar las actuaciones anteriores y posteriores, esto es únicamente para los actos que fueren independientes de aquel, pero no para aquellos actos que fueron viciados por la misma. En el caso que nos ocupa, el Juzgado de Primera Instancia dejó válidos actos que se derivan de la nulidad por el decretada, actos que están viciados, violentando así el debido proceso, el derecho de defensa y la garantía de legalidad consagradas en los artículos 82, 90 constitucionales. En consecuencia y con base en lo expuesto, procede otorgar el recurso de amparo contra la resolución de fecha 15 de febrero de 2021 dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula. RESUELVE: PRIMERO: SE ESTIMA PARCIALMENTE el Incidente De Nulidad De Actuaciones promovido la señora KETLEN KARENNA REINA FLORES, representada por el Abogado HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA, como parte ejecutada incidentista. SEGUNDO: SE DECLARA la nulidad absoluta de las actuaciones siguientes: 1) Requerimiento de Pago practicado por parte de la Receptora de la Central de Citaciones, requerimientos, emplazamientos y otras diligencia judiciales en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil trece (2013) (FI 8); 2) Informe rendido por la Secretaría de este Juzgado en fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil trece (2013) (l' 19); 3) Auto de preclusión dictado por este Juzgado en fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil trece (2013) (2()), esto con el propósito de restituir a la parte Ejecutada su derecho a la defensa c igualdad, así corno a la aplicación de un proceso adecuado conforme a lo determina la Lev y la Constitución de la Republica. TERCERO: SE DECLARA SIN LUGAR la nulidad absoluta de las actuaciones posteriores a los actos o diligencias consignados en el numeral anterior, quedando subsistentes, tanto el mandamiento de ejecución, como las diligencias de averiguación de bienes y embargo de los mismos, esto en atención a la finalidad del título que se ejecuta y el proceso en que se ventila el mismo. CUARTO: Por medio del funcionario respectivo requiérase nuevamente, de forma personal, en legal y debida forma a la señora KETLEN KARENNA REINA FLORES, en su condición de obligada principal, requerimiento que se llevara a cabo en estricto cumplimiento a lo establecido en el Código Procesal Civil respecto a los actos de comunicación, para que pague a la ejecutante la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS (L 252,628.90), calculados según constancia de saldos de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil trece (201 3), más los intereses y costas del juicio generados a la fecha y hasta la completa satisfacción de la ejecutante, debiendo dicho funcionario hacerle la advertencia de ley que de no pagar en el acto la cantidad de dinero reclamada, se les embargaran bienes suficientes para con su producto hacer efectivo la obligación que se reclama en la presente demanda, para lo cual se ordena a la ejecutada que presente en el plazo de cinco (5) días contados a partir de la notificación del mandamiento de ejecución una Declaración Jurada en la cual se relacionen los bienes y derechos de los que es titular, advirtiéndole que el incumplimiento de este deber llevara aparejada la oportuna sanción así como las respectivas multas que pudieren resultar de dicha desobediencia; deberá además advertírsele que tiene el termino de tres (3) días hábiles a partir del día siguiente del requerimiento para presentar oposición aportando todas las justificaciones documentales que tuviera si lo creyere necesario; en el mismo acto se le deberá entregar a la demandada la copia de la demanda y sus anexos presentados en esta ejecución. 3) Habilítense los días y horas inhábiles para efectos del requerimiento, el que, en caso de no poder realizarse de forma directa, previa constancia del funcionario respectivo, podrá realizarse mediante Comunicación Subsidiaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 144 del cogido Procesal Civil. 2.- SIN COSTAS. 3.- Contra la presente resolución NO cabe recurso (Articulo 215.3 CPC).” CONSIDERANDO(6): Que la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente la causal que motivo el otorgamiento de la Acción de amparo que se conoce en esta sala, y dados los hechos narrados, y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, por lo que SE CONFIRMA la acción de Amparo OTORGADO, venido en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 82, 90, 94, 303, 304, de la Constitucion de la Republica; 7, 8, 10 de la declaración Universal de Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; II XXIV, Y XXVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 10, 41, 42, 44, 45, 63, 65, 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 50, 51, 55.2, 63, 137, 139 de la Ley de Organización y Atribuciones de Los Tribunales; 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 784, 786, 789, 790 del Código Procesal Civil.- FALLA: CONFIRMANDO el fallo venido en consulta emitido por la CORTE DE APELACIONES CIVIL, SAN PEDRO SULA, CORTES, en la acción de amparo presentada por el Abogado HECTOR ISAAC ALVARADO MEJIA, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortes, de fecha quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021), que constan en el expediente judicial con registro 0501-2013-01924-LCE, contentivo de la demanda de Ejecución de un titulo Judicial promovida por la Abogada LIGIA MARIA ARRIAGA NUFIO, en contra de la señora KETLEN KARENNA REINA FLORES, para que el A-quo dicte resolución conforme a derecho.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de marzo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0566-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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