Sentencia AC-559-21 — Registro 13521
Resumen
Acto recurrido que sobreseyó el recurso contra la del a-quo, en relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley á, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de Septiembre de dos mil veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintiuno (2021), que sobreseyó el recurso interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (DIAPA), contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA) contra la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (DIAPA). Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado DAVID ISRAEL DIAZ HERNANDEZ, actuando como Representante Procesal de las Sociedades Mercantiles COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA, S.A. (CODISA) y KLOBLANQUE, S.A., promoviendo demanda de ejecución de titulo extrajudicial, requerimiento de pago, habilitación de días y horas inhábiles contra la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (DIAPA). (Folios 01–61 de la Pieza del A-Quo). 2) Que en fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante acta, procedió a requerir al señor RODOLFO CARLOS MASTAHINICH PERUSINA, en su condición de Representante Legal de la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (DIAPA), para que en el acto pagara o consignara la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA MIL DOLARES (US$ 270,000.00) más los intereses y las costas del juicio. (Folio 66 de la pieza del a-quo) 3) Que en fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (DIAPA), compareció ante el citado Juzgado, presentando oposición a la demanda relacionada en el numeral anterior, asimismo, presentando excepción de sometimiento de la cuestión litigiosa a arbitraje y el incidente de nulidad absoluta de actuaciones de un acto de comunicación. (Folios 70-82 de la pieza del A-quo) 4) Que siguiendo el trámite de Ley correspondiente, en fecha veintiséis (26) de abril de dos mil veintiuno (2021), el citado Juzgado en la Audiencia de Oposición Resolvió: (SIC) “La parte ejecutada interpuso incidente de nulidad de actuaciones de los actos de comunicación realizados por parte de este juzgado a través del receptor del despacho a la parte ejecutada en fecha 14 de noviembre del 2019, consistentes en acta de requerimiento y notificación, realizada a la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE demanda a través de su representante legal el señor RODOLFO CARLOS MASTAHINICH PERUCINA por parte de las sociedad COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANONIMA Y KLOBLANQUE SOCIEDAD ANONIMA, Que el acto de comunicación fue realizado en la oficina de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ubicada en el anillo periférico entrada por gasolinera Texaco, acto de comunicación realizado subsidiariamente con la entrega a la señora JENNY AGUILAR en su condición de asistente del representante legal de la parte ejecutante según consta en el acto de comunicación. Que el representante procesal de la parte ejecutada alega que el acto de comunicación le violento a su representado el derecho de defensa quien además debió do haber sido notificado y requerida en su domicilio legal en la ciudad de San Pedro Sula, y que este acto de comunicación debió de haberse realizado de forma personal al representante legal de la parte ejecutada. Que la parte ejecutante no aceptó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte ejecutada en razón, de alegar que se fijo como domicilio para los actos relacionados al acuerdo de pago la ciudad de Tegucigalpa, que proponiéndose y practicándose prueba tanto por la parte ejecutada incidentista como por la parte ejecutada, consistente en la acta de requerimiento y notificación en la cual consta el lugar donde fueron realizados los actos de comunicación, así como sentencias referidas en recurso de amparo, así como en consulta al recurso de amparo y emitidas por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, así como de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia respectivamente, en un caso que es distinto a los que se nos ocupa, ya que estos se refiere a que no se produjo en esos un verdadero derecho de defensa y e igualdad. Que la parte ejecutante trajo al proceso prueba relativo al titulo de ejecución que consiste en el Testimonio de Instrumento numero 51 de fecha 29 de enero del 2019, en la cual consta que las notificaciones y requerimientos entre CODISA y DIAPA, deberán ser realizados entre otros en DIAPA anillo periférico sector la cañada por la gasolinera Texaco, nuevo mundo complejo COALSA Tegucigalpa, por lo que analizada toda la prueba propuesta traída al proceso, teniendo en cuenta la circular de la Corte Suprema de Justicia en fecha 7 de septiembre del 2009, referente al primer acto de comunicación con la parte demandada, así como las disposiciones referidas en el Código Procesal Civil relativas a la formas de comunicación contenidas en los artículos 137, 139 del Código Procesal Civil, que refieren al no haber procesal del derecho personado en juicio y al no haber tampoco designado en auto medio electrónico a través del cual se realizaran los actos a la parte ejecutada, este podrá realizarse en el lugar que designare la parte ejecutante y que pudiera tener éxito el acto comunicación, pudiendo las personas jurídicas ser demandadas, en el lugar donde el litigio se origino o nación, y surtía efectos siempre que en dicho lugar tenga, establecimiento abierto al público, esto en cuando a la normativa antes citada. Constando del Instrumento numero 51, que es el titulo de ejecución, y que le mismo fue suscrito en la ciudad de Tegucigalpa, y que consta en autos, que dicho acto de comunicación fue realizado con existo en anillo periférico, entrada por la gasolinera Texaco, en la oficinas DIAPA por lo que se hizo uso de la comunicación subsidiaria entendiendo como tal cualquiera de las formas establecidas en el artículo 144 Código Procesal Civil, y que pueden ser utilizadas y que serán utilizadas en el caso de no contar en el expediente medio electrónico del aparte ejecutada como los 137 del Código Procesal Civil y siendo que este acto de comunicación cumplió su fin ya que la parte ejecutada pudo hacer uso de los derechos que la ley establece, por lo tanto se le ha asegurado con ellos su derecho de defensa, por tal motivo no resulta factible la nulidad de actuaciones alegadas por la parte ejecutada, y que de no haber prescindido de normas esenciales de procedimiento, y tampoco haberse producido indefensión alguna, por lo tanto no se cumple lo preceptuado en el artículo 212.4 del Código Procesal Civil, por todo lo anterior de declarar no ha lugar el incidente de nulidad de actuaciones contra los actos de comunicación realizados en fecha 14 de noviembre del 2019 a la parte ejecutada. Contra la presente resolución no produce recurso alguno, por declararlo así la normativa procesal civil en el articulo 215.3 del referido código y siendo que a la hora que se resuelve el presente incidente, no es posible continuar con la tramitación normal de la presente audiencia ya que para la hora de la tarde se encuentra programada otra audiencia, por parte de este despacho, se interrumpe la presente audiencia y se señala fecha para la reanudación de la misma para el día LUNES TREINTA Y UNO (31) DE MAYO A LAS OCHO Y MEDIA DE LA MAÑANA (8:30).” (Folios 350-352 de la Pieza del A-Quo). 5) Que en fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE HONDURAS S.A. de C.V. (DIAPA), interponiendo recurso de amparo contra la resolución de fecha veintiséis (26) de abril de dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. (Folios 01–14 de la pieza del Ad-Quem). 6) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha dieciocho (18) de mayo del dos mil veintiuno (2021), en la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Por recibida la comunicación cumplimentada, junto con el expediente número 0801-2019-06406-CPEE, en virtud del auto dictado por esta Corte en fecha seis (06) de mayo de dos mi veintiuno (2021); SEGUNDO: SOBRESEER LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE HONDURAS S.A. de C.V. (DIAPA), contra la resolución de fecha veintiséis (26) de abril de dos mil veintiuno (2021), emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.” (Folio 76–77 de la pieza del Ad-Quem). 7) Que en fecha dos (02) de junio del dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, que Sobresee el Recurso de Amparo Civil interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (DIAPA), contra la decisión emitida por el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil veintiuno (2021), con relación a un incidente de nulidad de actuaciones solicitado y declarado sin lugar en audiencia de Oposición a Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial, en la demanda que para ese fin interpusiera la COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA S.A. (CODISA, contra la SOCIEDAD MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (DIAPA), CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que dicha decisión es violatoria del debido proceso establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República, puesto que en fecha veinticinco de octubre de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda en contra de su representado, expidiendo el mandamiento ejecutivo, ordenando requerir de pago al señor Rodolfo Carlos Mastahinich Perusina, quien ostenta la representación legal de su mandante, realizándolo el receptor a través de la comunicación subsidiaria con la entrega del acto de comunicación una empleada de la empresa, sin estar autorizado por el Juzgado, por lo que interpuso nulidad de actuaciones en la audiencia de Oposición a la Ejecución de Titulo Extrajudicial, con el fin que nuevamente se realice el acto de comunicación, la cual fue declarada sin lugar. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que al revisar los presentes antecedentes por parte de esta Sala, se desprende la claridad que al efecto ofrece el artículo 214 del Código Procesal Civil, en el sentido que para que un defecto de forma en los actos procesales lo convierta en nulo, son necesarias dos (2) circunstancias: 1).- La ausencia de los requisitos; 2).- La indefensión.- Del estudio de los autos observamos que no se dan ninguna de esas circunstancias, en vista que los requisitos generales de toda notificación son; la existencia del notificante, notificado, la resolución que se notifica, la fecha y la firma. De la revisión de la notificación realizada al notificado, se desprende que esos requisitos fueron concurridos, alcanzando su fin la cual era notificar la resolución ahora recurrida, ratificando ese aspecto el representante del ejecutado al haber comparecido a la audiencia el día y hora señalada, mostrando con ello el éxito del señalado acto de comunicación. En cuanto al segundo requisito consistente en la indefensión, no aplica al presente caso, ya que como se dijo en el acápite anterior, el ejecutado no solo asistió a la audiencia respectiva, sino que desarrollo plenamente su defensa, llevando a esta Sala al convencimiento que se confirme la decisión emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán mediante sentencia de fecha dieciocho de mayo del año dos mil veintiuno. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley á, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 10.2 letra a); 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 214 del Código Procesal Civil; FALLA: CONFIRMAR la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha ocho de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0559-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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