Sentencia AC-528-21 — Registro 14113
Resumen
Recurso de reposición declarado sin lugar interpuesto contra Nulidad solicitada también declarada sin lugar con relación a la demanda para el pago promovida contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...": Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que el reclamante debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice observa luego del estudio del acto reclamado y los antecedentes, que el quejoso no expuso en sus agravios el perjuicio por el que ataca dicha resolución, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto la resolución dictada por el Tribunal Ad Quem no vulnera el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso que ha indicado como vulnerados el impetrante. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la afectada, y no obstante el recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, no obstante esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que la alegación en que el impetrante basa su recurso, refiere que se violentaron el Derecho de Defensa y la Garantía del Debido Proceso, por considerar no ha sido juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, sin embargo ésta Sala aprecia, que el órgano jurisdiccional que conoció del asunto en su respectiva resolución, aplicó correctamente lo dispuesto por la ley, para el asunto que nos ocupa. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que cuando la demanda de amparo que fuere improcedente, se sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos"
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., dieciséis de noviembre del año dos mil veintiuno. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARVIN ENRIQUE MEJÍA, a favor de la MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTÉS, contra resolución dictada en fecha siete (07) de mayo del año dos mil veintiuno, por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, que declaró sin lugar el recurso de reposición contra la resolución de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil veintiuno, con relación a la demanda para el pago promovida por la sociedad mercantil denominada MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA, contra la MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTÉS. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente indica que el A-quo en auto de fecha uno (01) de marzo del año dos mil veintiuno, le precluyó el plazo para contestar el recurso de apelación contra la sentencia definitiva de fecha nueve (09) de marzo del año dos mil veinte, remitiéndose los antecedentes a la Alzada sin haber utilizado el plazo antedicho por no haber sido notificado para tal efecto, procediendo por tal motivo a solicitar nulidad ante el Ad-quem, declarándola sin lugar mediante auto de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil veintiuno, contra el cual relaciona el recurrente presentó recurso reposición la cual le fue declara sin lugar en fecha siete (07) de mayo del año dos mil veintiuno, con lo cual indica le fue quebrantado el derecho de defensa de su representada. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del recurso de amparo, se aprecia también que el recurrente invoca como violados entre otros, los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, que reconoce el derecho de defensa y la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO: Que con la resolución recurrida se aprecia que la Alzada declara sin lugar el recurso de reposición toda vez que no le compete conocer de incidentes de nulidad de actos del A-quo. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que según de lo que se desprende de los antecedentes y en especial de la resolución recurrida en apelación, el Tribunal de Segunda Instancia no logró concretizar la existencia real de la afectación al recurrente, circunstancia que también se percibe del acto reclamado en amparo, pues el auto emitido por el A-quo no declara, ni deniega un derecho, toda vez que se limita a señalar la improcedencia de lo solicitado; asimismo se aprecia, que la parte recurrente tuvo la oportunidad de ejercitar las acciones que estimó convenientes contra el acto que le perjudica, por lo que no se puede alegar una violación al debido proceso por el hecho de no obtener una respuesta acorde a sus pretensiones. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede al agraviado para objetar una resolución judicial injusta. CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que el reclamante debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice observa luego del estudio del acto reclamado y los antecedentes, que el quejoso no expuso en sus agravios el perjuicio por el que ataca dicha resolución, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto la resolución dictada por el Tribunal Ad Quem no vulnera el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso que ha indicado como vulnerados el impetrante. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la afectada, y no obstante el recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, no obstante esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que la alegación en que el impetrante basa su recurso, refiere que se violentaron el Derecho de Defensa y la Garantía del Debido Proceso, por considerar no ha sido juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, sin embargo ésta Sala aprecia, que el órgano jurisdiccional que conoció del asunto en su respectiva resolución, aplicó correctamente lo dispuesto por la ley, para el asunto que nos ocupa. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que cuando la demanda de amparo que fuere improcedente, se sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 457 y 470 Código de Procedimientos de 1906; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARVIN ENRIQUE MEJÍA, a favor de la MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTÉS, contra resolución dictada en fecha siete (07) de mayo del año dos mil veintiuno, por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, por apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la resolución de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-528-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL