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Sentencia AC-527-14 — Registro 13014

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que declaro sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por el Estado de Honduras. - Estimando el recurrente que con el acto reclamado se le ha violentado a su representada el artículo 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (6): Que visto que fue el caso, ponderados los argumentos esbozados por la recurrente, y oído que fue el parecer de la Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, la Sala de lo Constitucional ha mantenido jurisprudencia consolidada referente a que, en la acción de Amparo, no corresponde a la jurisdicción constitucional pronunciarse sobre cuestiones o alegaciones de mera legalidad; por lo que correspondería dictar sobreseimiento de consistir, el contenido del recurso, en argumentaciones que no logren trascender de la esfera de mera legalidad, ni arribar a nociones jurídicas que evidencien infracción actual o inminente, a los derechos constitucionales. Similar situación ocurre en el presente caso, en el cual se exponen argumentos ya conocidos y resueltos, con base a juridicidad por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha cinco (5) de mayo del año Dos Mil Catorce (2014), en acatamiento a pronunciamiento previo y vinculante de esta Sala relativo a la correcta imposición de una multa por la autoridad supervisora a BANCO CONTINENTAL S.A., en aplicación del artículo 69, con inmediata relación al artículo 68; y, en conjunto de análisis del contenido al artículo 71, todos de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero.-CONSIDERANDO (7): Que la resolución motivada de apelaciones, recurrida ahora en amparo, fue emitida en tiempo y forma, por órgano jurisdiccional competente, sustentada en legalidad en todos y cada uno de sus fundamentos jurídicos, además de motivada y fundada en derecho positivo vigente. Considerándose, además, que fue pronunciada en congruencia con el objeto o personalidad de la apelación; si bien empleando la técnica jurídica de remisión in aliunde, aceptada por la Sala en pacífica jurisprudencia, cuando resulte conducente a la justificación racional del derecho aplicable al caso; lo cual tiene cumplimiento en el presente caso mediante el acatamiento de la garantía de amparo.-CONSIDERANDO (8): Que considera la Sala de lo Constitucional, en consecuencia, que no proceden las alegaciones jurídicas reiteradamente expuestas en formalización de la presente garantía de amparo, respecto a la infracción al debido proceso, establecida en el artículo 90, párrafo primero, de la Constitución de la República; al haberse enmarcado la resolución recurrida dentro de los parámetros constitucionales; siendo dictada por órgano jurisdiccional competente, en acopio de motivación y fundamentación jurídica suficiente y en apego a los principios de legalidad y debido proceso. Por lo cual, procede dictar denegatoria al presente recurso de amparo.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de agosto del dos mil veintiuno.-VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada CLARIBEL MEDINA DE MALDONADO a favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO CONTINENTAL S.A., contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha cinco (5) de mayo del año Dos Mil Catorce (2014), que declaro SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil doce (2012), con relación a la demanda Ejecutiva de Pago promovida por el ESTADO DE HONDURAS contra la Sociedad Mercantil denominada BANCO CONTINENTAL S.A.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se le ha violentado a su representada el artículo 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dos (2002), compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, la abogada IRMA VELASQUEZ PALACIOS, en su condición de Jefa Regional de la Procuraduría General de la República y, por lo tanto, REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS, promoviendo Demanda Ejecutiva de Pago contra la Sociedad Mercantil denominada BANCO CONTINENTAL S.A., a través de su Presidente; el Ingeniero JAIME ROSENTHAL OLIVA.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil doce (2012), dictó Sentencia definitiva de remate fallando lo siguiente: “I. Declarando SIN LUGAR: A) La EXCEPCIÓN DE FALSEDAD DEL TÍTULO O DEL ACTO QUE LE DIO FUERZA DE TAL; B) La EXCEPCIÓN DE LAS FUNDADAS EN LA OMISIÓN DE LOS REQUISITOS Y MENCIONES QUE EL TÍTULO O EN Él CONSIGNADO DEBEN LLENAR O CONTENER; C) El INCIDENTE DE NULIDAD de la resolución de cuatro (4) de agosto de dos mil ocho (2008) opuestas e interpuesto por el Abogado RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA en condición de apoderado de BANCO CONTINENTAL S.A. contra la DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO promovida por la señora IRMA VELASQUEZ PALACIOS, en condición de JEFA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL en representación legal del ESTADO DE HONDURAS, promovida contra la institución del sistema financiero denominada BANCO CONTINENTAL, S.A. a través de su Presidente el Ingeniero JAIME ROSENTHAL OLIVA. II. Se declara CON LUGAR la DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO promovida por la señora IRMA VELASQUEZ PALACIOS, accionando en condición de JEFA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL en representación legal del ESTADO DE HONDURAS, contra la institución del sistema financiero denominada BANCO CONTINENTAL, S.A. a través de su Presidente el Ingeniero JAIME ROSENTHAL OLIVA; III. CONDENA a la institución del sistema financiero BANCO CONTINENTAL, S.A. a través de su Presidente el Ingeniero JAIME ROSENTHAL OLIVA a pagar al ESTADO DE HONDURAS la cantidad de de SEIS MILLOES TRESCIENTOS NOVENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 6, 390,000.OO) más los intereses legales y otros recargos que por ley correspondan; IV. Continuar con el REMATE de los bienes embargados V. Por haber tenido motivos racionales para litigar se exime el pago de COSTAS a la institución del sistema financiero BANCO CONTINENTAL, S.A. (Folios 356 al 361 de la primera pieza).- 3) Que conociendo de un Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA, en su condición de Apoderado Legal del BANCO CONTINENTAL S.A., la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha cinco (5) de mayo del año dos mil catorce (2014), dictó sentencia fallando por UNANIMIDAD DE VOTOS lo siguiente: “1): DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado RICARDO A. PADILLA PINEDA EN CONTRA DE LA Sentencia Definitiva de fecha veintitrés de febrero del año dos mil doce dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula. 2) CONFIRMAR la Sentencia Definitiva venida en apelación de fecha veintitrés de febrero del año dos mil doce dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula. - 3) CON COSTAS”; motivando su sentencia en acatamiento a lo fallado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, a través de sentencia de amparo dictada por la Sala de lo Constitucional,[1] en recapitulación del ámbito correcto de aplicación del artículo 69, con inmediata relación al artículo 68; y, en conjunto de análisis del contenido al artículo 71, todos de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero; por la cual, se interpreta en numerus apertus los ámbitos situacionales en los cuales procedería imponer la sanción de multa; tal como sucede con el caso de autos. (Folios 32 y 33 de la segunda pieza).-4) Que la recurrente Abogada CLARIBEL MEDINA DE MATAMOROS, compareció ante este Tribunal de Alzada, en fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil catorce (2014), interponiendo acción de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO CONTINENTAL S.A., por considerar que la decisión del Ad-Quem de fecha cinco (5) de mayo del año dos mil catorce (2014), a que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha siete (7) de octubre del año dos mil catorce (2014).-5) Que con fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil catorce (2014), se tuvo por evacuado el traslado concedido al Ministerio Público, por intermedio de su Agente de Tribunales, abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, quien fue de la opinión por que SE DECLARE SIN LUGAR el presente Recurso de Amparo, en virtud de no vislumbrarse la infracción del artículo 90 Constitucional señalada por la amparista; habiendo la sentencia recurrida en amparo observado los requisitos procesales que le enmarcan los artículos 3, 206 y 207 del Código Procesal Civil en todas sus partes y contenidos, los cuales muestran correlación a derecho. Se aúna a lo anterior, que la motivación del Ad Quem ha resultado fundada en congruencia con el criterio jurídico que emitiera la Sala de lo Constitucional; mientras que la recurrente se ha limitado a invocar el debido proceso sin desarrollar en qué consistiría tal infracción; ya que, en el libelo de formalización de su recurso, ni siquiera lo menciona. (Folios 63 al 71 de la pieza de amparo).-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha cinco (5) de mayo del año Dos Mil Catorce (2014), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil doce (2012), con relación a la demanda Ejecutiva promovida por el ESTADO DE HONDURAS contra la Sociedad Mercantil denominada BANCO CONTINENTAL S.A., procediendo a la confirmatoria de la resolución apelada, por las bases de sustentación que obran sucintas en el Antecedente No. 3) de la presente sentencia.-CONSIDERANDO (4): Que la recurrente, Abogada CLARIBEL MEDINA DE MALDONADO, ha aducido en su escrito de formalización de amparo, a favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO CONTINENTAL S.A., que la resolución del Ad Quem vulnera el derecho contenido en el artículo 90 de la Carta Magna; por lo que pide su tramitación constitucional, apertura a prueba y otorgamiento garantista. Sostiene, en favor de su petición, argumentos legales que resultan reiterativos a impugnar la legalidad y fuerza ejecutiva del título de ejecución, como es la certificación de la Resolución No. 771/17-09-2002 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de fecha doce (12) de noviembre de dos mil dos (2002), por omisión de timbres en la cantidad de L 6, 390, 000.00;[2] lo cual ha sido conocido y fallado con anterioridad por la Sala, según consta de antecedentes.[3] CONSIDERANDO (5): Que, en resumen, sostiene la garantista, que no debería brindársele procedibilidad a la ejecución de la sanción de multa impuesta a su representada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, sin infringir el debido proceso, el cual invoca como quebrantado por no podérsele atribuir al título descrito que llevaré aparejada ejecución forzosa; pero sin desarrollar en qué consistiría el derecho, formalidad o garantía que entiende omiso, menoscabado o tergiversado en el juzgamiento constitucional y ordinario que desestima su oposición y pretensión anulatoria; limitándose la garantista a reiterar su interpretación propia del significado legal que ostentan los artículos 68, 69 y 71 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero.-CONSIDERANDO (6): Que visto que fue el caso, ponderados los argumentos esbozados por la recurrente, y oído que fue el parecer de la Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, la Sala de lo Constitucional ha mantenido jurisprudencia consolidada referente a que, en la acción de Amparo, no corresponde a la jurisdicción constitucional pronunciarse sobre cuestiones o alegaciones de mera legalidad;[4] por lo que correspondería dictar sobreseimiento de consistir, el contenido del recurso, en argumentaciones que no logren trascender de la esfera de mera legalidad, ni arribar a nociones jurídicas que evidencien infracción actual o inminente, a los derechos constitucionales.[5] Similar situación ocurre en el presente caso, en el cual se exponen argumentos ya conocidos y resueltos, con base a juridicidad por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha cinco (5) de mayo del año Dos Mil Catorce (2014), en acatamiento a pronunciamiento previo y vinculante de esta Sala relativo a la correcta imposición de una multa por la autoridad supervisora a BANCO CONTINENTAL S.A., en aplicación del artículo 69, con inmediata relación al artículo 68; y, en conjunto de análisis del contenido al artículo 71, todos de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero.-CONSIDERANDO (7): Que la resolución motivada de apelaciones, recurrida ahora en amparo, fue emitida en tiempo y forma, por órgano jurisdiccional competente, sustentada en legalidad en todos y cada uno de sus fundamentos jurídicos, además de motivada y fundada en derecho positivo vigente. Considerándose, además, que fue pronunciada en congruencia con el objeto o personalidad de la apelación;[6] si bien empleando la técnica jurídica de remisión in aliunde,[7] aceptada por la Sala en pacífica jurisprudencia, cuando resulte conducente a la justificación racional del derecho aplicable al caso; lo cual tiene cumplimiento en el presente caso mediante el acatamiento de la garantía de amparo.-CONSIDERANDO (8): Que considera la Sala de lo Constitucional, en consecuencia, que no proceden las alegaciones jurídicas reiteradamente expuestas en formalización de la presente garantía de amparo, respecto a la infracción al debido proceso, establecida en el artículo 90, párrafo primero, de la Constitución de la República; al haberse enmarcado la resolución recurrida dentro de los parámetros constitucionales; siendo dictada por órgano jurisdiccional competente, en acopio de motivación y fundamentación jurídica suficiente y en apego a los principios de legalidad y debido proceso. Por lo cual, procede dictar denegatoria al presente recurso de amparo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 60, 64, 80, 82, 90, 96, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. -Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de Agosto del año dos mil (2021) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0527-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Certificación del fallo SCO 602=12 de fecha 04 de marzo de 2014, corre agregada a los folios 23-30 de la segunda pieza.

[2] Ver como antecedente procesal: Considerando (2) del Fallo dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que obra a folio 41 v., de la pieza de amparo.

[3] Ver: Considerandos (14) y (15) del Fallo SCO 602=12 de fecha 04 de marzo de 2014, precitado en nota a pie de página número 1; relacionado en el Considerando Quinto de la formalización de amparo.

[4] Ver el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.

[5] En parecido sentido y resulta ilustrativa la sentencia STC 201/1994 de 4 de julio, Tribunal Constitucional español, según la cual: “… No corresponde al Tribunal Constitucional, que no es una tercera instancia y órgano revisor que tenga que efectuar el control de mera legalidad, rectificar errores, equivocaciones o incorrecciones jurídicas en la interpretación y aplicación de las normas legales, realizadas por los Jueces y Tribunales (…), salvo que al hacerlo violaran alguna garantía constitucional”. MONTERO AROCA, J. et al. Amparo constitucional y proceso civil. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008. Pág. 44.

[6] Ver: HERNÁNDEZ ESPINOZA, J. Anotaciones sobre el Principio-Derecho del Debido Proceso (Documento Electrónico de Consulta), Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa M.D.C., 2014. Pág. 6 y ss.

[7] La cual es admisible constitucionalmente como motivación por remisión también en la jurisprudencia constitucional española. Ver: GARBERÍ LLOBREGAT, J. Constitución y Derecho Procesal: Los fundamentos constitucionales del Derecho Procesal. Civitas-Thomson Reuters. Pamplona, 2009. Pág. 167.