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Sentencia AC-526-19 — Registro 13493

Resumen

estimando la oposición de nulidad del mandamiento por no cumplir los requisitos exigidos en la ley; con relación a la Demanda de Ejecución de Título Ejecutivo Extrajudicial, promovida por el Estado de Honduras a través de la Procuraduria General de la República, en contra de sociedad mercantil y responsable solidario, en consecuencia declara Sin Lugar la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, ordenando no seguir con la ejecución, promovida por la Procuraduría General de la República, en representación del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."..”; con lo cual esta Sala entiende que para llegar a la emisión de una certificación de deuda por parte de la referida Dirección, la misma indefectiblemente deberá seguir con el procedimiento establecido, y una vez agotada la instancia administrativa la misma debe culminar con la respectiva resolución, y una vez que la misma sea firme, solo entonces y siendo procedente podrá emitirse la respectiva certificación de deuda como título ejecutivo. En el caso de autos ha quedado establecido que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), no ha cumplido con el procedimiento que señala la ley, y así lo ha reconocido el propio apoderado ejecutante en la audiencia de oposición a la ejecución (Vid. folio 250), quien al ser interrogado si hubo resolución por parte del organismo fiscal, ha manifestado lo siguiente: “…quiero manifestar que no, porque no fue ninguna auditoria que se le hizo, sino que son declaraciones que el banco las hizo en base al artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que producto de eso se requirieron varias veces. No hay resolución, es propio computo…”. Señalado lo anterior la Sala entiende que es nulo el mandamiento presentado por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales establecidos por el Código Tributario. CONSIDERANDO (10): Que vista la resolución de fecha veinticinco de marzo del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, asimismo la audiencia de oposición celebrada por el A-quo[5], en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, que contiene las intervenciones realizadas por ambas partes procesales, y en atención a los preceptos de la ley procesal civil supra relacionados y los del Código Tributario Decreto Legislativo 22-97, esta Sala de lo Constitucional mantiene su criterio jurídico formado en el fallo constitucional con registro de expediente SCO-350-2015, en cuanto a que, para llegar a la emisión de una certificación de deuda por parte de la entonces Dirección Ejecutiva de Ingresos (Ahora SAR), la misma indefectiblemente deberá seguir con el procedimiento establecido, y una vez agotada la instancia administrativa la misma debe culminar con la respectiva resolución, y una vez que la misma sea firme, solo entonces y siendo procedente podrá emitirse la respectiva certificación de deuda como título ejecutivo. CONSIDERANDO(11): Que los preceptos legales ut supra enunciados incumben al caso bajo estudio; pues son requisitos de aplicación congruente y en atención al principio del iura novit curia; tal lo motivado por la Alzada, ello según lo dispuesto en el artículo 701 del Código Procesal Civil, no habiéndose evidenciado en la presente demanda de Amparo, trascendencia alguna hacia la integridad de los derechos constitucionales que asisten al Amparista; atendiendo a la no evidencia de lesión al principio derecho del debido proceso, ni al derecho de petición e igualdad invocados; limitándose la resolución del Tribunal de Alzada a enunciar que la acción no se ampara en un título ejecutivo, requisito exigido por la normativa legal y que fuera obviado por la recurrente en Amparo al momento de interposición de la demanda para la Ejecución de Título Extrajudicial; procediendo la Alzada a declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación promovido y revocar el fallo emitido en primera instancia, al observar la Alzada vicios o errores “in procedendo” de que se hallen afectados los actos procesales que condujeron a la resolución que declara sin lugar la demanda de ejecución de título extrajudicial promovido por la Procuraduría General de la República. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[6], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (13): Que, en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[7]. CONSIDERANDO (14): Que señalado lo anterior y escuchado la opinión del Fiscal del Despacho, esta Sala observa que en el caso de autos no se ha vulnerado el debido proceso y en consecuencia ninguno de los derechos fundamentales expuestos por la recurrente, por consiguiente, la resolución impugnada en esta vía constitucional se encuentra dictada conforma a derecho, constituyendo esto motivo para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada KATERYN MIREYA ESCOBAR MURCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), que resuelve inter alia estimando la oposición de nulidad del mandamiento por no cumplir los requisitos exigidos en la ley; todo con relación a la Demanda de Ejecución de Título Ejecutivo Extrajudicial, promovida por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), en contra de la sociedad mercantil BOQUITAS TROPICAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y contra el señor CARLOS ALBERTO MOREIRA VÁSQUEZ, en su condición de responsable solidario. Estimando la recurrente, que el acto reclamado violenta en perjuicio de su representado, la garantía constitucional del debido proceso y el derecho de petición, las que exigen que exista una resolución justa y motivada en cuanto a la solicitud de aplicación de la Ley y el derecho a la igualdad, contenidos en los artículos 60, 80 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el abogado JOSE ALFREDO MOLINA VARELA, actuando en su condición de Procurador Judicial en representación del ESTADO DE HONDURAS, interponiendo Demanda de Ejecución de Título Ejecutivo Extrajudicial, en contra de la sociedad mercantil BOQUITAS TROPICAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y contra el señor CARLOS ALBERTO MOREIRA VÁSQUEZ, en su condición de responsable solidario, solicitando inter alia que se decrete la ejecución contra la parte demandada. (Folios del 1–5 del testimonio de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que, seguido el trámite correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (Sic) “1.- desestimando la posición a la ejecución alegando como excepciones: falta de legitimación activa necesaria de la ejecutante; falsedad del título ejecutivo del acto que le hubiera dado fuerza de tal; pago justificado documentalmente. 2.-estimando la oposición de nulidad del mandamiento por no cumplir los requisitos exigidos. 3.- declarando sin lugar la demanda de ejecución de título extrajudicial presentada por el abogado Jose Alfredo Molina Varela en su condición de Procurador judicial en representación del Estado de Honduras, contra la sociedad mercantil denominada Boquitas Tropical, S.A. de C.V., como deudora principal representada legalmente por el señor Carlos Alberto Moreira Vásquez y contra el señor Carlos Alberto Moreira Vásquez como responsable solidario. 4.-ordena no seguir con la ejecución. 5.- con costas.”. (Folios del 151–154 del testimonio de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que conociendo de los recursos de apelación, interpuestos contra la Sentencia relacionada en el numeral anterior, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó Resolución en fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (Sic) “1) Declarar CON LUGAR parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Abogada KATERYN MIREYA ESCOBAR MURCIA, en su condición de Procurador de la Procuraduría General de la Republica, contra la sentencia definitiva de fecha veintidós de octubre del año dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de esta Sección Judicial, en la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, promovida por el Abogado JOSE ALFREDO MOLINA, en su condición de Procurador Judicial en representación del Estado de Honduras, contra la Sociedad Mercantil denominada BOQUITAS TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada legalmente por el señor CARLOS ALBERTO MOREIRA VASQUEZ, y contra el señor CARLOS ALBERTO MOREIRA VASQUEZ, en el sentido de eximir al pago de costas al Estado.- SEGUNDO: Declarar SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado LUIS ALONSO CASTELLANOS, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil denominada BOQUITAS TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada legalmente por el señor CARLOS ALBERTO MOREIRA VASQUEZ, y del señor CARLOS ALBERTO MOREIRA VASQUEZ, como responsable solidario. TERCERO: REVOCAR el FALLO definitivo de fecha veintidós de octubre del año dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial.- En consecuencia este Tribunal de Alzada procede a dictar nuevamente la sentencia cuya parte resolutiva deberá de leerse así: 1) Declarar con Lugar la excepción material de NULIDAD DEL MANDAMIENTO POR NO CUMPLIR CON LOS REEQUISITOS LEGALES EXIGIDOS, opuesta por el Abogado LUIS ALONSO CASTELLANOS, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada BOQUITAS TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada legalmente por el señor CARLOS ALBERTO MOREIRA VASQUEZ, y del señor CARLOS ALBERTO MOREIRA VASQUEZ, como responsable solidario, en base a la motivación realizada por esta INSTANCIA. No se pronuncia en cuanto a las demás excepciones por ser estas de fondo y excluyentes al declararse la nulidad del mandamiento.- 2) DECLARANDO SIN LUGAR la demanda de ejecución de título extrajudicial presentada por el Abogado JOSE ALFREDO MOLINA VARELA, en su condición de Procurador Judicial en representación del Estado de Honduras, contra la Sociedad Mercantil denominada Boquitas Tropical S.A de C.V, como deudora principal representada legalmente por el señor CARLOS ALBERTO MOREIRRA VASQUEZ, y contra el señor CARLOS ALBERTO MOREIRA VASQUEZ, como responsable solidario, en virtud que el título en que se ampara la presenta acción no tiene fuerza ejecutiva; 3) Sin Costas en Primera Instancia por estar exento el Estado del pago de las mismas. CUARTO: SIN COSTAS en segunda instancia para las partes procesales….” (Folios 195–198fv del testimonio de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Que la abogada KATERYN MIREYA ESCOBAR MURCIA, compareció ante este Alto Tribunal en fecha seis (6) de junio del año dos mil diecinueve (2019), interponiendo, tras su subsanación, la acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 60, 80 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020). (Folios del 1–11 y 31 de los autos) 5) Que en fecha tres (3) de marzo del año dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que SE DENIEGUE la presente Acción de Amparo, en virtud que la resolución impugnada no provocó la vulneración de los derechos constitucionales alegados por la impetrante. Argumenta la Fiscal del Despacho que del examen de los antecedentes y del análisis de la sentencia venida en Amparo, el Ministerio Público encuentra que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, siguiendo la línea jurisprudencial de esta Honorable Sala, estimó procedente la excepción procesal de Nulidad del Mandamiento por no cumplir con los requisitos legales exigidos, en virtud que el Certificado de Deuda extendido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos no tienen fuerza ejecutiva por no provenir de una resolución administrativa firme o de una sentencia judicial firme tal y como lo establece el artículo 98 del Código Tributario, pero a la vez aclara, que ello implica que la certificación extendida por la SAR no sea válida o que sea nula, sino únicamente que no tiene fuerza ejecutiva para pretender una ejecución forzosa con ese título, por tanto la demanda de mérito no debió ser admitida por no ampararse la acción en un título ejecutivo, conforme el artículo 759.2 del Código Procesal Civil. (Folios del 34–40 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), que declara Con Lugar Parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Kateryn Mireya Escobar Murcia, en su condición de Procurador de la Procuraduría General de la República, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), que declara estimando la oposición de nulidad del mandamiento por no cumplir los requisitos exigidos y consecuencia de ello, declara Sin Lugar la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, ordenando no seguir con la ejecución, promovida por la procuraduría General de la Republica, en representación del Estado de Honduras. CONSIDERANDO (3): Que la recurrente muestra su descontento con la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, indicando que la resolución que se recurre en amparo, viola los derechos al debido proceso, petición e igualdad, contenidos en los artículos 60, 80 y 90 de la Constitución de la República, relacionándolos con los artículos 98 y 99 del Código Tributario, Decreto Legislativo No. 22-97; la recurrente expone como argumento fundamental de su acción constitucional de Amparo, que el certificado de deuda presentado a efecto de recuperar los impuestos recibidos y no enterados al Estado de Honduras, por parte de la sociedad mercantil BOQUITAS TROPICAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, cumple con todos los requisitos establecidos en el Artículo 99 del Código Tributario. Sostiene que se violenta el debido proceso en tanto que el A-quo y el Ad-quem no han actuado dentro de la esfera de su competencia, irrespetando las atribuciones y formalidades que les otorga la Constitución de la Republica y las demás leyes, pues al declarar como Nulo el Certificado de Deuda presentado por la Administración Tributaria, se asignan potestades las cuales no se encuentran dentro de las atribuciones que la ley les da, pues esta atribución solamente la puede ejercer el Juzgado Contencioso Administrativo mediante sentencia firme y en el proceso quedó demostrado que la parte ejecutada en ningún momento procesal presentó una sentencia emitida por este Juzgado, siendo evidente que no existe concordancia entre los hechos probados en juicio, donde de una manera clara y basados en lo que estipula la ley, el certificado de deuda cumple con todos los requisitos que estipula el Código Tributario. CONSIDERANDO (4): Que en relación a la vulneración al derecho de petición, arguye la peticionaria que el juzgador ha optado por obviar no pronunciarse, hacer caso omiso, a la petición concreta que es la aplicación de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, que entró en vigencia en fecha 23 de enero de 2014, al no pronunciarse acerca de poner en conocimiento las presentes diligencias a la Unidad Especial de Delitos Tributarios y Conexos, dependencia del Ministerio Público y a la Fuerza Nacional Anti Evasión, misma que fue solicitada en la contestación de la oposición planteada por la parte ejecutada; en relación a la vulneración al derecho de igualdad, existe una clara violación, pues quedo reflejado que durante todo el proceso, no se le otorgaron los mismos derechos a su representada que a la parte ejecutada y al momento de estar en juicio debe prevalecer este principio. CONSIDERANDO (5): Que, en la motivación fáctica y jurídica, de la sentencia emitida por la Alzada y que se recurre en Amparo, se lee en el acápite tercero: “Esta Alzada estima que procede la excepción procesal de NULIDAD DEL MANDAMIENTO POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS, pero no por los argumentos del Juez de primera Instancia que expresa que el título no cumple con uno de los requisitos estipulados en la ley especial (Código Tributario) art 99 numeral 3 INDICACIÓN CLARA Y PRECISA DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y SUS ACCESORIOS, criterio que no es compartido por esta Instancia, en vista que no resulta aplicable dicho precepto legal, sino porque la certificación extendida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos no tiene fuerza ejecutiva por no provenir de una resolución administrativa firme o de una sentencia judicial firme tal y como lo establece el artículo 98 del código en su párrafo segundo. Es preciso aclarar que el estimar la oposición de nulidad del mandamiento por no cumplir los requisitos exigidos por la Ley, no implica que la certificación extendida por el SAR no sea válida o sea nula, sino únicamente que no tiene fuerza ejecutiva, que no puede pretenderse que proceda una ejecución forzosa con ese título, por tanto, la demanda de mérito no debió ser admitida por no ampararse la acción en un título ejecutivo (artículo 759.2 CPC). En virtud de haberse decretado la nulidad del mandamiento ejecutivo por no cumplir el título los requisitos legales exigidos (defecto procesal), este Tribunal de Alzada no puede entrar a conocer de los demás agravios formulados tanto por el ejecutante como por el ejecutado, pues entraríamos a conocer el fondo del asunto, lo que no permite el cauce legal.” -Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (6): Para Giuseppe Chiovenda[2] el título ejecutivo es el presupuesto o condición general de cualquiera ejecución y, por tanto, de la ejecución forzosa; Nulla executio sine título. Consta necesariamente (ad solemnitatem) en un documento escrito, del que resulte una voluntad concreta de ley que garantice un bien. Normalmente es una resolución jurisdiccional dirigida precisamente a declarar esa voluntad, como se ha visto hasta aquí. De manera excepcional es un acto administrativo o un contrato, pero tan claro y simple que se puede deducir de él la voluntad concreta de la ley, aunque no esté declarada, como la orden administrativa de pagar un impuesto (lista o matriz), o un acto contractual otorgado ante notario, o la letra de cambio. En todo título ejecutivo es necesario, pues, tener presente y diferenciado un doble significado y elemento, sustancial y formal. a) El título en sentido sustancial es el acto jurídico del que resulta la voluntad concreta de ley; y b) El título en sentido formal es el documento que contiene el acto. El autor señala que el título ejecutivo representa y tiene implícita la acción ejecutiva que está íntimamente ligada al título ejecutivo y al documento que la consagra, la posesión del documento es condición necesaria tanto para pedir actos ejecutivos como para llevarlos a cabo; y, por otra parte, la posesión del título ejecutivo es condición suficiente para que el acreedor obtenga el acto ejecutivo, sin que él deba probar también el derecho a la prestación[3]. CONSIDERANDO (7): Que el Título Cuarto, Capitulo Único del Código Procesal Civil en los artículos que van del 782 al 802 regula lo atinente a la Ejecución de Títulos Extrajudiciales, así tenemos que con respecto a la oposición el artículo 790.1 señala: “El ejecutado podrá plantear en un solo escrito oposición a la ejecución en el plazo de tres (3) días desde la notificación del mandamiento de ejecución, aportando todas las justificaciones documentales que tuviera…”. Por su parte en los Motivos de Oposición, el artículo 792.3 del citado Código señala: “Nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos.” CONSIDERANDO (8): Que el Código Tributario[4] por su parte establece lo siguiente: “Artículo 6.- En la interpretación de las disposiciones de este Código se estará lo que sobre la materia prescribe el Título preliminar del Código Civil en los Artículos 17, 18, 19 y 20.”; “Articulo 93.- Determinada de oficio la obligación tributaria, la Dirección Ejecutiva de Ingresos dictará, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes, la correspondiente resolución. Esta será notificada al contribuyente o responsable quien podrá impugnarla ejercitando los recursos previstos en este Código”; y “Articulo 98.- El Fisco tendrá acción ejecutiva para el cobro de los créditos por concepto de tributos, pagos a cuenta, intereses, multas y contribuciones que resulten de sus resoluciones firmes o de las sentencias también firmes dictadas por tribunales de justicia competente. A tal efecto, constituirá título ejecutivo suficiente la certificación en que conste la obligación tributaria extendida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos o la sentencia firme dictada por tribunal de justicia competente.” –Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (9): Que la Alzada, ha invocado como antecedente, en su motivación fáctica y jurídica, el fallo constitucional dictado por este Alto Tribunal en la demanda de Amparo Civil con registro de expediente SCO-0350-15 de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil quince, en un asunto similar al planteado en el caso sub júdice, en la demanda de Ejecución Forzosa de Título Extrajudicial, promovida por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, contra la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAÍS S.A. En el considerando 9 de la referida sentencia este Tribunal argumenta lo siguiente: CONSIDERANDO (9): Que una lectura armónica de las disposiciones legales antes trascritas, en relación con lo señalado en los artículos 17 y 19 del Código Civil que respectivamente preceptúan “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; y “El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera haya entre ellas la debida correspondencia y armonía”; nos permite arribar a la siguiente conclusión: Que garantizando una tutela judicial efectiva y en salvaguarda efectiva de los derechos de defensa y debido proceso que le asisten al ejecutado; no es dado en el caso de autos, que con la emisión de una certificación de deuda por parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), se pretenda que tal documento revista el carácter de título ejecutivo y con ello acudir a la vía jurisdiccional pretendiendo su ejecución forzosa; y si bien es cierto que el referido organismo fiscal pueda pretender, que tal acción pudiese estar sustentada en lo prescrito por el artículo 98 del Código Tributario, que dispone: “…constituirá título ejecutivo suficiente la certificación en que conste la obligación tributaria extendida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos.”; no menos cierto es que el mismo artículo señala: “El Fisco tendrá acción ejecutiva para el cobro de los créditos por concepto de tributos, pagos a cuenta, intereses, multas y contribuciones que resulten de sus resoluciones firmes..”; con lo cual esta Sala entiende que para llegar a la emisión de una certificación de deuda por parte de la referida Dirección, la misma indefectiblemente deberá seguir con el procedimiento establecido, y una vez agotada la instancia administrativa la misma debe culminar con la respectiva resolución, y una vez que la misma sea firme, solo entonces y siendo procedente podrá emitirse la respectiva certificación de deuda como título ejecutivo. En el caso de autos ha quedado establecido que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), no ha cumplido con el procedimiento que señala la ley, y así lo ha reconocido el propio apoderado ejecutante en la audiencia de oposición a la ejecución (Vid. folio 250), quien al ser interrogado si hubo resolución por parte del organismo fiscal, ha manifestado lo siguiente: “…quiero manifestar que no, porque no fue ninguna auditoria que se le hizo, sino que son declaraciones que el banco las hizo en base al artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que producto de eso se requirieron varias veces. No hay resolución, es propio computo…”. Señalado lo anterior la Sala entiende que es nulo el mandamiento presentado por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales establecidos por el Código Tributario. CONSIDERANDO (10): Que vista la resolución de fecha veinticinco de marzo del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, asimismo la audiencia de oposición celebrada por el A-quo[5], en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, que contiene las intervenciones realizadas por ambas partes procesales, y en atención a los preceptos de la ley procesal civil supra relacionados y los del Código Tributario Decreto Legislativo 22-97, esta Sala de lo Constitucional mantiene su criterio jurídico formado en el fallo constitucional con registro de expediente SCO-350-2015, en cuanto a que, para llegar a la emisión de una certificación de deuda por parte de la entonces Dirección Ejecutiva de Ingresos (Ahora SAR), la misma indefectiblemente deberá seguir con el procedimiento establecido, y una vez agotada la instancia administrativa la misma debe culminar con la respectiva resolución, y una vez que la misma sea firme, solo entonces y siendo procedente podrá emitirse la respectiva certificación de deuda como título ejecutivo. CONSIDERANDO(11): Que los preceptos legales ut supra enunciados incumben al caso bajo estudio; pues son requisitos de aplicación congruente y en atención al principio del iura novit curia; tal lo motivado por la Alzada, ello según lo dispuesto en el artículo 701 del Código Procesal Civil, no habiéndose evidenciado en la presente demanda de Amparo, trascendencia alguna hacia la integridad de los derechos constitucionales que asisten al Amparista; atendiendo a la no evidencia de lesión al principio derecho del debido proceso, ni al derecho de petición e igualdad invocados; limitándose la resolución del Tribunal de Alzada a enunciar que la acción no se ampara en un título ejecutivo, requisito exigido por la normativa legal y que fuera obviado por la recurrente en Amparo al momento de interposición de la demanda para la Ejecución de Título Extrajudicial; procediendo la Alzada a declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación promovido y revocar el fallo emitido en primera instancia, al observar la Alzada vicios o errores “in procedendo” de que se hallen afectados los actos procesales que condujeron a la resolución que declara sin lugar la demanda de ejecución de título extrajudicial promovido por la Procuraduría General de la República. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[6], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (13): Que, en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[7]. CONSIDERANDO (14): Que señalado lo anterior y escuchado la opinión del Fiscal del Despacho, esta Sala observa que en el caso de autos no se ha vulnerado el debido proceso y en consecuencia ninguno de los derechos fundamentales expuestos por la recurrente, por consiguiente, la resolución impugnada en esta vía constitucional se encuentra dictada conforma a derecho, constituyendo esto motivo para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos, 80, 90, 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 78 numeral 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 742, 782, 790.1, 792.3 del Código Procesal Civil; 6, 93, 98 y 99 del Código Tributario, Decreto Legislativo No. 22-97; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, promovido por la abogada KATERYN MIREYA ESCOBAR MURCIA, en su condición de Procuradora Judicial Delegada del Estado de Honduras, contra la resolución de fecha VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, DICTADA POR LA CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de octubre del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha ocho de septiembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0526-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.

[2] Giuseppe Chiovenda. Curso de derecho procesal civil. Oxford University Press México, S.A. de C.V. Primera Serie, volumen 6. Pág. 134.

[3] Ídem pág. 134.

[4] Decreto Legislativo No. 22-97, emitido el 8 de abril de1997 y publicado en La Gaceta No. 28,272 del 30 de mayo de 1997. Normativa legal aplicable al caso sub júdice, en atención a las diligencias en estudio.

[5] Folios del 147 al 150 de la pieza de antecedentes del A-quo.

[6] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11.

[7] Alfredo Diego de Diez. El DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.