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Sentencia AC-467-21 — Registro 14612

Resumen

Sentencia en consulta sobreseyó recurso de amparo a favor de recurrente contra resolución que desestimó recurso de reposición contra resolución que considera que el mandamiento librado al Instituto de la Propiedad se emitió conforme a lo resuelto por el Ad-quem en demanda de pago promovida por éste contra Cordones de Honduras S de R L; El Tribunal de Alzada consideró que el recurrente incurre en causal de inadmisibilidad por alegar violaciones de mera legalidad y actos consumados de modo irreparable contenidos en el ordenamiento jurídico constitucional

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." esta Sala comparte hasta cierto punto lo resuelto por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en su sentencia de fecha diez de mayo del año dos mil veintiuno, al sobreseer la Demanda de Amparo interpuesta contra las actuaciones del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por las causales comprendidas en los numerales 1 y 5 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional relacionadas a que se están alegando violaciones de mera legalidad y actos consumados de modo irreparable; no obstante a ello en la motivación fáctica y jurídica, el Ad-quem motiva su sentencia argumentando que la Juez A-quo fundamentó su decisión en el artículo 699 del Código Procesal Civil, el que procede a citar textualmente; por ello aprecia que la resolución recurrida mediante Amparo, no vulnera derechos constitucionales, pues el impetrante de la acción de Amparo, puede hacer valer su acción que fue rechazada, como motivo en el recurso contra la resolución que ponga fin al proceso de manera definitiva; en ese orden de ideas no se ha agotado el trámite procesal correspondiente a fin de interponer la acción constitucional de amparo, pues el principio de legalidad y debido proceso exigen que el trámite debe apegarse a la norma, siendo necesario previo a la interposición de la acción constitucional agotar los recursos que la ley proporciona..."..."es criterio de esta Sala que no se ha vulnerado los derechos al debido proceso y legalidad invocados por el amparista, pues conforme lo dispone el artículo 699 del Código Procesal Civil “El auto que resuelva el recurso de reposición no se podrá recurrir, sin perjuicio de que la petición rechazada se haga valer como motivo en el recurso contra la resolución que ponga fin al proceso de manera definitiva.”; por lo tanto a criterio de este Alto Tribunal procede sobreseer la acción de Amparo promovida en fundamento a lo dispuesto en el numeral 7) del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, pues es a ello a que hace alusión la sentencia que ahora se revisa, no existiendo motivación alguna en lo referente a las alegaciones de mera legalidad o actos consumados..."..."esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe REFORMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diez de mayo del año dos mil veintiuno, que falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Cesar Milian Prado, en atención a las causales establecidas en los numerales 1 y 5 del artículo 46 de la ley sobre Justicia Constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diez de mayo del año dos mil veintiuno, que sobresee el recurso de Amparo, presentado por el Abogado CESAR MILIAN PRADO, a favor de la Sociedad Mercantil PARQUE INDUSTRIAL BUFALO S.A. DE C.V. (ZIP BUFALO, S.A. DE C.V.), contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cinco de febrero del año dos mil veintiuno, que desestima el recurso de reposición, promovido contra la resolución de fecha trece de marzo del año dos mil veinte, la cual expresa que el mandamiento librado al Instituto de la Propiedad se emitió conforme a lo resuelto por el Ad-quem; ello en relación a la demanda de pago por la vía del proceso ordinario, promovida por el Abogado Cesar Milian Prado, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil PARQUE INDUSTRIAL BUFALO S.A. DE C.V. (ZIP BUFALO, S.A DE C.V.), contra la Sociedad Mercantil denominada CORDONES DE HONDURAS S. DE R.L. Estima el recurrente que el acto reclamado violenta varias garantías constitucionales como son: 1) Tutela Judicial Efectiva; 2) Debido Proceso; 3) Derecho de Defensa; y, 4) Principio de legalidad, contenidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. Al estar dictada la misma por la Juez A-quo, actuando al margen de la ley y lo establecido en el principio de legalidad del artículo 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciséis de marzo del año dos mil veintiuno, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado CESAR MILIAN PRADO, interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil PARQUE INDUSTRIAL BUFALO S.A. DE C.V. (ZIP BUFALO, S.A. DE C.V.), contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cinco de febrero del año dos mil veintiuno, que resuelve el recurso de reposición, promovido contra la resolución de fecha trece de marzo del año dos mil veinte, la cual expresa que el mandamiento librado al Instituto de la Propiedad se emitió conforme a lo resuelto por el Ad-quem; ello en relación a la demanda de pago por la vía del proceso ordinario, promovida por el Abogado Cesar Milian Prado, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil PARQUE INDUSTRIAL BUFALO S.A. DE C.V. (ZIP BUFALO, S.A DE C.V.), contra la Sociedad Mercantil denominada CORDONES DE HONDURAS S. DE R.L. 2) Que seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), mediante la cual falló: (Sic) “SOBRESEER el presente recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CESAR MILIAN PRADO, actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil PARQUE INSDUSTRIAL BUFALO S.A DE C.V, contra la resolución de fecha 05 de febrero del año 2021, dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortes. Y MANDA: Que una vez notificada la presente resolución, se remita en consulta a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia…” (Folios 52 y 53fv de la pieza de antecedentes de Amparo). 3) Que en fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintiuno, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CESAR MILIAN PRADO, a favor de la Sociedad Mercantil denominada PARQUE INDUSTRIAL BUFALO S.A. DE C.V. (ZIP BUFALO S.A. DE C.V.), en estricto cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo civil venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interpuesta por el Abogado CESAR MILIAN PRADO, contra la resolución de fecha cinco de febrero, del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que desestima el recurso de reposición interpuesto por el Abogado CESAR MILIAN PRADO, contra la resolución de fecha trece de marzo del año dos mil veinte, que establece que el mandamiento librado en fecha nueve de enero del año 2020, se emitió conforme a lo resuelto por el Ad-quem, en relación a la demanda de pago por la vía del proceso ordinario, promovida por el Abogado Cesar Milian Prado, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil PARQUE INDUSTRIAL BUFALO S.A. DE C.V. (ZIP BUFALO, S.A DE C.V.), contra la Sociedad Mercantil denominada CORDONES DE HONDURAS S. DE R.L. CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto que censura, de fecha cinco de febrero del año dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, ha vulnerado la garantía constitucional de Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, Derecho de Defensa y Principio de legalidad contenidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta Sala de lo Constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO 5: Que, del estudio de las diligencias, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha cinco de febrero del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que desestima el recurso de reposición interpuesto por el Abogado CESAR MILIAN PRADO, contra la resolución de fecha trece de marzo del año dos mil veinte, que establece que el mandamiento librado en fecha nueve de enero del año 2020 se emitió conforme a lo resuelto por el Ad-quem. CONSIDERANDO 6: Que esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos de tutela judicial efectiva, defensa, debido proceso y legalidad, los expone al referir que se debe dar cumplimiento a la sentencia de Amparo de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve y declarada con lugar la apelación por la Corte de Apelaciones Civil en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil diecinueve y así de esta forma revocando el auto de fecha quince de febrero del año dos mil dijeseis, volviendo la sentencia de subasta a su estado original, o sea con fecha trece de octubre del año dos mil quince, al Asiento 607166, Asiento 8 del Instituto de la Propiedad de esa sección registral a favor de su representada Parque Industrial BUFALO, S.A. DE C.V. (ZIP BUFALO). Resumiendo, el amparista, que la no subsanación del mandamiento aludido y enviado al Instituto de la Propiedad, mediante el auto de fecha trece de marzo del dos mil veinte y cuto cuyo recurso de reposición fue denegado mediante resolución de fecha cinco de febrero del año dos mil veintiuno, es una resolución fuera de ley e implica una violación grave que comete la Juez Ad-quo. CONSIDERANDO 7: Que es importante reiterar que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; en ese orden de ideas y previo a la interposición de la acción de amparo, el impetrante debe agotar los recursos ordinarios que la ley ha puesto a su disposición para hacer valer sus pretensiones, en el caso de negativa de un órgano jurisdiccional inferior ante sus peticiones, ello en relación al derecho constitucional que le asiste y sólo excepcionalmente interpondrá la garantía de amparo, pues como la misma normativa procesal constitucional lo instituye, la ley tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, haciendo prevalecer los principios que rigen la garantía de amparo entre ellos la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; lo resaltado a efecto de indicar que el debido proceso se encuentra in situ en el artículo 90 de la Constitución de la República, entendiendo éste como un principio que incluye un sin número de derechos fundamentales como ser el acceso a los tribunales, a ser oído en el proceso, aportación de prueba en igualdad de condiciones, juez imparcial, respeto a los plazos y términos establecidos en la ley, acceso a un recurso sencillo entre otros. CONSIDERANDO 8: Que la garantía de Amparo, es un medio extraordinario o sui generis, para invalidar los actos de autoridad, lo cual implica que sólo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias y jurisdicciones, en virtud del ejercicio previo de los recursos legales que la ley pone a disposición de las partes –Principio de Definitividad-. De tal modo que, si existiese la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso legal y la Acción de Amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, puesto que se convertiría en un medio común de defensa. CONSIDERANDO 9: Que acorde al debido proceso que debe imperar y de observancia obligatoria en la aplicación de la justicia constitucional, el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional enumera aquellos casos en los cuales será inadmisible la acción constitucional de Amparo, específicamente el numeral 7 señala: “En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal;…”; esta Sala comparte hasta cierto punto lo resuelto por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en su sentencia de fecha diez de mayo del año dos mil veintiuno, al sobreseer la Demanda de Amparo interpuesta contra las actuaciones del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por las causales comprendidas en los numerales 1 y 5 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional relacionadas a que se están alegando violaciones de mera legalidad y actos consumados de modo irreparable; no obstante a ello en la motivación fáctica y jurídica, el Ad-quem motiva su sentencia argumentando que la Juez A-quo fundamentó su decisión en el artículo 699 del Código Procesal Civil, el que procede a citar textualmente; por ello aprecia que la resolución recurrida mediante Amparo, no vulnera derechos constitucionales, pues el impetrante de la acción de Amparo, puede hacer valer su acción que fue rechazada, como motivo en el recurso contra la resolución que ponga fin al proceso de manera definitiva; en ese orden de ideas no se ha agotado el trámite procesal correspondiente a fin de interponer la acción constitucional de amparo, pues el principio de legalidad y debido proceso exigen que el trámite debe apegarse a la norma, siendo necesario previo a la interposición de la acción constitucional agotar los recursos que la ley proporciona. CONSIDERANDO 10: Que es criterio de esta Sala que no se ha vulnerado los derechos al debido proceso y legalidad invocados por el amparista, pues conforme lo dispone el artículo 699 del Código Procesal Civil “El auto que resuelva el recurso de reposición no se podrá recurrir, sin perjuicio de que la petición rechazada se haga valer como motivo en el recurso contra la resolución que ponga fin al proceso de manera definitiva.”; por lo tanto a criterio de este Alto Tribunal procede sobreseer la acción de Amparo promovida en fundamento a lo dispuesto en el numeral 7) del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, pues es a ello a que hace alusión la sentencia que ahora se revisa, no existiendo motivación alguna en lo referente a las alegaciones de mera legalidad o actos consumados. CONSIDERANDO (11): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe REFORMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diez de mayo del año dos mil veintiuno, que falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Cesar Milian Prado, en atención a las causales establecidas en los numerales 1 y 5 del artículo 46 de la ley sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.7 y último párrafo, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) REFORMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diez de mayo del año dos mil veintiuno. 2) SOBRESEYENDO EL AMPARO promovido por el Abogado Cesar Milian Prado, a favor de la sociedad mercantil PARQUE INDUSTRIAL BUFALO S.A. DE C.V. (ZIP BUFALO, S.A. DE C.V.), contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de san Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha cinco de febrero del año dos mil veintiuno, por la causal contenida en el numeral 7) del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, al tener el recurrente en Amparo, expedito recursos ordinarios en el mismo juicio, en atención a lo establecido en el artículo 699 del Código Procesal Civil. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0467-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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