Sentencia AC-464-21 — Registro 13424
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que sobreseyó el recurso de amparo contra la resolución en relación a la solicitud de Pago de Honorarios Profesionales y Gastos incurridos de conformidad al trámite establecido en el artículo 89 del Código Procesal Civil. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 64, 70, 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (13): Que el derecho de defensa establecido constitucionalmente en el artículo 82 establece que el “el derecho de defensa es inviolable y que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma en que señalan las leyes”. El derecho de defensa en juicio es una garantía que las reglas del debido proceso exigen en nuestra Constitución, exhorta a que la resolución que se dicte deberá haber precedido un debido proceso lo que implica un adecuado derecho de defensa en juicio. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el demandante y el demandado; y sin lugar a dudas un presupuesto de validez del procedimiento y, en fin, de la sentencia. Al ser la defensa procesal una garantía, el Estado tiene la exigencia no solo de reconocerla formalmente, sino, además, le corresponde procurar que sea real y efectiva en el proceso El Derecho de Defensa en el proceso es una garantía exigida e inherente al debido proceso, por lo que la violación de esta garantía invalida los efectos de una resolución. CONSIDERANDO (14): Que del estudio de los antecedentes no se aprecia el quebrantamiento del derecho al Debido Proceso entendido como aquel que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, en consecuencia no se vulnera el principio de legalidad. CONSIDERANDO (15): Que, del examen de la resolución conocida en consulta, el Ad quem ha dejado establecido mediante argumentación clara y suficiente en Derecho, que no se configura un quebrantamiento de los derechos invocados por el recurrente, quien en todo momento ha hecho uso de los recursos que le confiere la ley y ha obtenido respuesta, a sus reclamos. Así como que se ha respetado el debido proceso y en consecuencia el principio de legalidad. Corresponde, por lo tanto, se dicte confirmatoria en todas y cada una de sus partes de la sentencia que dicta SOBRESEIMIENTO en las diligencias de amparo de que se han hecho mérito.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de septiembre del dos mil veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Cesar Augusto Girón Lanza, a favor de la señora Cinthia Marisela Girón López, contra la resolución de fecha veintiuno de mayo de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choloma, departamento de Cortés, en relación a la solicitud de Pago de Honorarios Profesionales y Gastos incurridos de conformidad al trámite establecido en el artículo 89 del Código Procesal Civil, presentada por la Abogada Cinthia Marisela Girón López, en su condición personal, en contra del Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (BANHPROVI). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 64, 70, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Se desprende del antecedente, la notificación de la resolución de fecha veintiuno de mayo del año dos mil veinte, emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choloma, departamento de Cortés, mediante la cual se resolvió: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PLANTEADO, a partir del auto de admisión de la presente solicitud de reclamo de Honorarios Profesionales dictado en fecha 24 de abril del año 2019, que va de folio 154-301 de las presentes diligencias. SEGUNDO: Habiéndose verificado que el defecto procesal que adolecen las presentes diligencias es subsanable, en base a los argumentos anteriormente expuestos, este juzgado ordena que previo a la admisión de la presente solicitud de Reclamo de Honorarios Profesionales se le otorga al Abogado Cesar Arturo Girón Lanza, en su condición de apoderado de la Abogada Cinthia Marisela Girón López, el término de DIEZ (10) días para hacer dicha subsanación, y que contra esta disposición se admite recurso de reposición el que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días siguientes a la notificación tal como lo establece el artículo 695 del Código Procesal Civil; TERCERO: En base al incidente de nulidad ordenado en el inciso primero de este auto no cabe recurso alguno tal como lo dispone el artículo 215.3 del Código Procesal Civil… (Folios 12-15 del antecedente) 2) En fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Cesar Augusto Girón Lanza, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora Cinthia Marisela Girón López, contra la resolución que se ha dejado referida en el numeral anterior, argumentando que dicha decisión le violenta a su representada los derechos consagrados en los artículos 64, 70, 82 y 90 de la Constitución de la República. 3) Siguiendo el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinte de abril de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos falló: SOBRESEER el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CESAR AUGUSTO GIRÓN LANZA, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Choloma, de fecha 21 de mayo de 2020, que obra en el expediente judicial con registro 0502-2019-009, contentivo de la solicitud de Pago de Honorarios Profesionales y Gastos incurridos de conformidad al trámite establecido en el artículo 89 del Código Procesal Civil, presentada por la Abogada CINTHIA MARISELA GIRÓN LÓPEZ, en su condición personal, en contra del BANCO HONDUREÑO DE LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA (BANHPROVI). (Folios 44-46 vuelto del antecedente) 4) Que en fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos Y garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocerán en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veinte de abril del año 2021, dictada por la Corte de Apelaciones Civil, de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que sobreseyó la acción de amparo interpuesta por el abogado CESAR AUGUSTO GIRON LANZA, a favor de la señora: CINTHIA MARICELA GIRÓN LÓPEZ, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, en fecha 21 de mayo del año 2020, con relación a la SOLICITUD DE PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES GASTOS INCURRIDOS, presentados por la Abogada CINTHIA MARISELA GIRON LÓPEZ, actuando por si, en contra del BANCO HONDUREÑO DE A PRODUCCIÓN Y VIVIENDA (BANHPROVI) a través de su representante legal. CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem, en el párrafo que corresponde a los Antecedentes Procesales, expone que el impetrante señala que la resolución impugnada violenta el Debido Proceso, Derecho de Defensa y el Principio de Legalidad, consignados en la Constitución de la República. Señalando que la resolución de fecha 21 de mayo del 2020 se declaró con lugar el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la apoderada judicial del BANCO HONDUREÑO DE LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA ( BANHPROVI), manifiesta que se vulnera el Debido Proceso y el Principio de Legalidad por los siguientes motivos: 1) El incidentista no fue claro en su interposición ni invocó ninguna de las causales contenidas en el artículo 212 del Código Procesal Civil; 2) El Juez de primera instancia no se pronunció sobre todos los extremos alegados como causales de nulidad, limitándose a relacionar que no se acompañó certificación de la resolución en la que se deniega administrativamente la solicitud, excediéndose al manifestar que el reclamante debió hacer uso de la figura de afirmativa ficta (artículo 29 y 85 de la Ley de Procedimiento Administrativo) y no puede ni debe imponer el Juez que vía debe escoger el reclamante. CONSIDERANDO (5): Que el Ad quem sigue exponiendo el señalamiento del recurrente que expresa en los siguientes numerales los motivos por los que considera quebrantados sus derechos: 3) No le dio el trámite establecido en el artículo 89 y 215 del código Procesal civil, para el caso de cobro de honorarios; 4) Emitió el auto de fecha 21 de mayo del 2020 cuando los términos y plazos estaban suspendidos por causa de la pandemia y por disposiciones emanadas por la Corte Suprema de Justicia, que si bien es cierto estableció la posibilidad de habilitar plazos en circunstancias especiales, no es menos cierto que el Juzgado de Choloma, nunca habilitó termino para resolver el incidente de nulidad, lo que sí existe es providencia de fecha 1 de septiembre que habilitó término para notificar una inexistente sentencia de fecha 21 de mayo del 2020, violentándose así los artículos 119, 120, 123, 124, 137, 138, del código procesal civil y lo dispuesto en el Acuerdo02-2020 y PSJ-33-2020 de la CSJ, por lo tanto los actos de comunicación son nulos. CONSIDERANDO (6): Que la resolución del Ad quem expone además como motivo de amparo del recurrente el numeral 5) Olvidó aplicar los artículos 148 y 149 de La Ley de Procedimiento Administrativo que establece lo referente al reclamo administrativo previo a la interposición de la acción judicial que dispone que en materia de derecho privado al Estado, a las instituciones autónomas y a las municipalidades, deberán presentar el reclamo administrativo ante el titular del órgano o de la entidad respectiva, que deberá resolver dentro del plazo de 60 días contados a partir de su presentación, y que si la resolución es negativa o si ésta no se produce dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el interesado podrá incoar la acción correspondiente por la vía judicial, es decir su representada estaba habilitada por disposición de la ley para ejercer su acción. CONSIDERANDO (7): Que el Ad quem señala que el último motivo de amparo invocado por el recurrente está contenido en el numeral 6) en el que, el recurrente manifiesta que el incidentista no alegó en el momento procesal oportuno la no concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 414 del CPC., por lo tanto no procede la inadmisibilidad de la demanda, ya que es un defecto que puede ser subsanado y el Juez estaba en la obligación de suspender el procedimiento civil y dar la oportunidad de hacer el trámite conforme a las leyes administrativas. CONSIDERANDO (8): Que el Ad quem deja establecido en la resolución conocida en consulta, que el artículo 146 de La Ley de Procedimiento Administrativo como el 414 del código procesal civil, exigen como requisito previo para demandar por la vía judicial en materia de derecho privado el agotamiento de la vía administrativa, señala el Ad quem que la razón de esta disposición es que la misma entidad reconsidere su posición y voluntariamente modifique la situación sin necesidad de ir a los órganos jurisdiccionales, debiendo coincidir en todo caso lo reclamado administrativamente con lo solicitado judicialmente, de no haber tenido acogida la petición ante la futura entidad demandada. CONSIDERANDO (9): Que el artículo 414 del código Procesal Civil dispone: 1) Cuando la Administración Pública, en los términos fijados por las leyes, deba ser parte demandada en un proceso civil por controversias fundadas en derecho privado, no se admitirá la demanda a trámite si no se acompaña certificación válida de haberse denegado la petición objeto del proceso en la vía administrativa previa, debiendo vigilar de oficio el Tribunal la concurrencia de este requisito, sin perjuicio del derecho de la parte a alegarlo en la contestación de la demanda en el juicio ordinario o al principio de la audiencia del juicio abreviado. 2) La Falta de reclamación administrativa previa, que será subsanable mientras no haya prescrito o caducado el derecho, suspenderá el procedimiento civil y se tramitará conforme a lo dispuesto en las leyes administrativa. CONSIDERANDO (10): Que el Ad quem deja establecido que de lo expuesto es evidente que para admitir a trámite una demanda promovida en contra de la administración pública (dependencia centralizada, descentralizada, concentrada o desconcentrada), en un proceso civil deben llenarse dos requisitos: la acción debe fundarse en una relación de derecho privado (un particular y el Estado) b) El demandante debe de acompañar una certificación válida de haberse denegado la petición objeto del proceso en la vía administrativa (reclamo ante la misma dependencia que va a demandar, haber siendo denegada en su oportunidad y certificada por quien esté autorizada para hacerlo, generalmente es el Secretario de la dependencia a demandar). CONSIDERANDO (11): Que el Ad quem concluye que en el presente caso no se demostró que la demandante haya concluido el trámite administrativo y allegado una certificación válida de haberse denegado el mismo, pese habérsele otorgado diez días para que subsanara ese defecto. Por lo tanto no llena los requisitos para promover una acción civil en contra de BANHPROVI y el juzgado de primera instancia no tiene competencia para conocer el mismo ya que el efecto de no agotar el trámite administrativo es la falta de competencia. Por todo ello el Tribunal consideró que las alegaciones del recurrente no alcanzan a configurarse como afectaciones a las garantías del debido proceso, de defensa, legalidad e igualdad, La abogada CINTHIA MARISELA GIRON LÓPEZ ha sido escuchada, interpuso los recursos que estimó pertinentes, todo lo peticionado le ha sido contestado debidamente motivado y fundamentado jurídicamente, la solicitud de pago de honorarios al igual que el trámite incidental fue gestionado conforme la normativa procesal civil vigente. CONSIDERANDO (12): Que el Ad quem establece que la A quo cumplió con los acuerdos emitidos por la Corte Suprema de Justicia durante esta crisis sanitaria (Covid 19, en virtud que en ello se ordena a todos los jueces continuar resolviendo los diferentes juicios que están conociendo y habilitar cuando estimen conveniente los plazos, los actos de comunicación se realizaron cuando ya el juzgado había habilitado el plazo para hacerlo y llenando los requisitos de forma. Por otro lado, el proceso no ha terminado por lo que la parte actora tiene oportunidad para hacer valer sus argumentos y hacer uso de los recursos que le da la ley, por lo tanto, es improcedente otorgar el presente amparo. Considera el Ad quem, que debe aplicarse la Ley Sobre Justicia constitucional en su artículo 46 No.1 y 7, como causas de inadmisibilidad, por lo que procede sobreseer la acción de amparo de la que hizo mérito. CONSIDERANDO (13): Que el derecho de defensa establecido constitucionalmente en el artículo 82 establece que el “el derecho de defensa es inviolable y que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma en que señalan las leyes”. El derecho de defensa en juicio es una garantía que las reglas del debido proceso exigen en nuestra Constitución, exhorta a que la resolución que se dicte deberá haber precedido un debido proceso lo que implica un adecuado derecho de defensa en juicio. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el demandante y el demandado; y sin lugar a dudas un presupuesto de validez del procedimiento y, en fin, de la sentencia. Al ser la defensa procesal una garantía, el Estado tiene la exigencia no solo de reconocerla formalmente, sino, además, le corresponde procurar que sea real y efectiva en el proceso[1] El Derecho de Defensa en el proceso es una garantía exigida e inherente al debido proceso, por lo que la violación de esta garantía invalida los efectos de una resolución. CONSIDERANDO (14): Que del estudio de los antecedentes no se aprecia el quebrantamiento del derecho al Debido Proceso entendido como aquel que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, en consecuencia no se vulnera el principio de legalidad. CONSIDERANDO (15): Que, del examen de la resolución conocida en consulta, el Ad quem ha dejado establecido mediante argumentación clara y suficiente en Derecho, que no se configura un quebrantamiento de los derechos invocados por el recurrente, quien en todo momento ha hecho uso de los recursos que le confiere la ley y ha obtenido respuesta, a sus reclamos. Así como que se ha respetado el debido proceso y en consecuencia el principio de legalidad. Corresponde, por lo tanto, se dicte confirmatoria en todas y cada una de sus partes de la sentencia que dicta SOBRESEIMIENTO en las diligencias de amparo de que se han hecho mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 NO. 1 y 7, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO en todas y cada una de sus partes, la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha veinte de abril del dos mil veintiuno que SOBRESEE el recurso de amparo presentado por el Abogado DCÉSAR AUGUSTO GIRON LANZA, a favor de la señora CINTHIA MARISELA GIRÓN LÓPEZS. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. -NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-464-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Carrocca Pérez, Alex, op cit. 56, citado por Servigon Nakazaki César Augusto. La garantía de la Defensa procesal. Defensa Eficaz y nulidad del proceso penal por indefensión.