Sentencia AC-46-21 — Registro 12476
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que otorgó el recurso con relación a la solicitud de declaratoria de herencia ab-intestato. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado el derecho constitucional consignados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…”. -CONSIDERANDO (4): Del análisis del presente caso, y de acuerdo con la motivación expuesta en la sentencia revisada, se concluye que la respuesta jurisdiccional impugnada de fecha cinco de febrero del año dos mil veinte, vulnera el derecho de acción, primera manifestación del debido proceso. En ese sentido se lee en el Código Procesal Civil Comentado que el derecho de Acceso a la justicia y tutela efectiva, es un principio que se recoge además en el artículo 1 del CPC de la siguiente manera: Toda persona tiene derecho a peticionar ante de los tribunales civiles la tutela efectiva en el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses legítimo. En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso civil, teniendo garantizada en los términos previstos por este Código la asistencia de profesional del derecho que le defienda y represente, de libre elección o designado por el Estado. 2.- Principio de legalidad procesal. Las partes tienen derecho a que el proceso civil se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten todas las garantías constitucionales y ordinarias que les asisten, en condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas, y a que se dicte una resolución de fondo justa y motivada por órgano jurisdiccional independiente e imparcial. El proceso civil se desarrollará de acuerdo a la Constitución y con las disposiciones de este Código. Las formalidades previstas en él son imperativas. (Art 7 CPC). Los litigios que correspondan a los tribunales civiles se sustanciarán siempre por ellos con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas. Los procesos civiles que se sigan en territorio nacional se rigen por este Código las normas constitucionales, y por los instrumentos internacionales. 3.- Derecho al proceso debido y derecho de defensa. En definitiva, se trata del reconocimiento de la prohibición el principio de libre acceso a la justicia, tiene como objetivo elevar a la categoría de derecho fundamental una exigencia inherente a la idea de Estado de derecho de que todos los derechos e intereses legítimos, situaciones jurídicas relevantes, pueden ser, llegado el caso, defendidos ante un genuino órgano judicial, de manera que no existan supuestos de denegación de justicia. Así, debe reconocerse a todas las personas físicas con independencia de su nacionalidad; a las personas jurídicas, incluidos los entes sin personalidad; a las personas jurídicas públicas, es decir, a la propia Administración del Estado. A su vez el derecho de acceso a la justicia tiene su fundamento en dos principios esenciales: 1) El denominado debido proceso de la ley o “due process”, y 2) El principio de la igualdad frente a la ley o “equal acceso under the law”, este último relacionado con el artículo 5 C. P. C. CONSIDERANDO (5): Sigue señalando la obra en comento que “…El apartado tercero del art. 1 va incluso del cualquier forma de discriminación en el acceso a la tutela judicial efectiva, discriminación que sería contraria a los tratados internacionales, atentaría contra la dignidad del ser humano, reconocida en el art. 59 de la Constitución de la República, y sería directamente contraria a lo establecido en el art. 60 de la misma, que afirma que todos los hombres nacen iguales en derechos, no admitiéndose clases privilegiadas y siendo los hondureños iguales ante la Ley, declarando la punibilidad de toda discriminación. De igual forma el art. 61 de la Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país la igualdad ante la Ley y, evidentemente debe entenderse también la igualdad ante la Ley Procesal.
CONSIDERANDO (6): Que esta Sala concluye que el derecho de acción es un derecho público subjetivo mediante el cual se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para la protección de una pretensión jurídica. Ello es consecuencia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia y de haber asumido el Estado la función jurisdiccional. Acción y jurisdicción son conceptos que se corresponden y llevados a un último análisis, podría decirse que: la acción es el derecho a la jurisdicción, que la acción es considerada un poder en sentido amplio y una simple actividad en sentido abstracto es decir que el derecho de acción es el poder jurídico de hacer valer una pretensión ante determinado órgano jurisdiccional. Así las cosas, la resolución recurrida que ordena inadmitir de plano una solicitud de declaratoria de herencia ab-intestato, sin ninguna explicación o motivación jurídica y termina con la formula “CUMPLASE”, vulnera el derecho de acción, el derecho de defensa, el derecho al recurso, todas las anteriores manifestaciones del derecho fundamental genérico a un debido proceso, siendo procedente confirmar la sentencia venida en revisión mediante la cual se otorgó el recurso de amparo interpuesto.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
[Texto completo no disponible en la fuente]