Sentencia AC-445-20 — Registro 14112
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que revocó la sentencia de oposición con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial. Estima el recurrente que los derechos constitucionales que se consideran vulneradas son el derecho a la defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no teniendo esta Sala entre sus atribuciones la valoración de elementos que lleven a determinar si un motivo de oposición fue demostrado en la audiencia correspondiente, específicamente como señala el recurrente que la demandada no mostró evidencia del pago parcial correspondiente al pagaré, pues ello es competencia de los órganos jurisdiccionales de instancia, al tenor de lo establecido en el Artículo 792.4 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (9): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;” CONSIDERANDO (10): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 46, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 792, Numeral cuatro (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia y resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ABEL ANTONIO SEVILLA HERRERA a favor de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES MAFER S.A., contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), que revocó la sentencia de Oposición dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil diecinueve (2019); con relación a la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, promovida por el Abogado Abel Antonio Sevilla Herrera, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES MAFER S.A., contra la Sociedad Mercantil denominada EXPO PIEDRAS S.A DE C.V. Estima el recurrente que los derechos constitucionales que se consideran vulneradas son el derecho a la defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez de agosto del año dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ABEL ANTONIO SEVILLA HERRERA en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES MAFER S.A., promoviendo demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, contra la Sociedad Mercantil denominada EXPO PIEDRAS S.A DE C.V., a través de su representante el señor José Manuel Borell Valerio. (Folios del 01-03fv del extracto de la pieza de antecedentes del A-quo). 2) Que en fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve, la Abogada EDNA PATRICIA GONZALEZ CASTRO, en su condición de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil EXPO PIEDRAS S.A. DE C.V., presentó ante el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, promoviendo como excepción y defensa el pago parcial (suministro de producto). (Folios del 71-75 del extracto de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que, seguido el trámite correspondiente, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia de Oposición en fecha veintiséis de julio del año dos mil diecinueve, mediante la cual FALLÓ: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el motivo de oposición de PAGO PARCIAL por los motivos antes expuestos. SEGUNDO: Sígase adelante con la ejecución. TERCERO: Que se notifique el presente fallo a las partes. - CUARTO: CON COSTAS a la parte ejecutada a favor de la parte ejecutante…” (Folios 122-124fv del extracto de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada EDNA PATRICIA GONZALEZ C., en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil denominada EXPO PIEDRAS S.A. DE C.V., contra la sentencia de Oposición que se deja relacionada en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintiocho de enero del año dos mil veinte, mediante la cual por mayoría de votos falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Edna Patricia Gonzalez Castro, en su condición de representante procesal de EXPO PIEDRAS S.A. de C.V., contra la sentencia de oposición dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha veintiséis de julio del año dos mil nueve. SEGUNDO: Revocar la sentencia de oposición dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha veintiséis de julio del año dos mil diecinueve. TERCERO: Estimar la oposición presentada por la Licenciada Edna Patricia González Castro, en su condición de representante procesal de EXPO PIEDRAS S.A de C.V..- CUARTO: Absolver a EXPO PIEDRAS S.A de C.V. del pago de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L 837,086.40).- QUINTO: Declárese sin lugar el procedimiento de ejecución forzosa de título extrajudicial. SEXTO: Dejar salvo el derecho a las partes para promover proceso declarativo que corresponda sobre el origen causal de la suscripción del título valor. SEPTIMO: Con costar en primera instancia, a la parte ejecutante. OCTAVO: Sin costas en segunda instancia…” (Folios del 20-25 de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 5) Que el recurrente Abogado ABEL ANOTNIO SEVILLA HERRERA compareció ante este Alto Tribunal, en fecha diez de junio del año dos mil veinte, reclamando amparo a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES MAFER S.A., contra la sentencia, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de enero del año dos mil veinte, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República 6) Que en fecha ocho de abril del año dos mil veintiuno, esta Sala de lo Constitucional declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar el recurso de mérito, no obstante apreciándose del escrito de interposición que el recurrente desarrollo de manera puntual el concepto de la violación, se ordenó continuar con el procedimiento de la presente acción de Amparo, dando vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho a efecto de emitir el dictamen en el presente asunto. (Folio 35 de los autos) 7) Que en fecha trece de mayo del año dos mil veintiuno, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ, actuando en su condición de Agente Fiscal, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió el dictamen correspondiente en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE, la presente Acción de Amparo. En la exposición de sus argumentos, la Fiscal sostiene que del análisis del fallo impetrado, esa representación fiscal comparte el criterio emitido en el voto disidente, al establecer que en el caso puntual del pagare suscrito entre la parte ejecutante y ejecutada, el cual se menciona que la sociedad mercantil EXPO PIEDRAS S.A., pagará a la sociedad mercantil MAFER S.A. la cantidad de L. 837,086.40 en caso de incumplimiento de sus obligaciones en el contrato de compra de porcelanato. Es de importancia señalar que el título valor (pagaré), cumple con todas las exigencias requeridas en el articulo 450 y 451 del Código de Comercio, así como reúne todos los requisitos que le dio origen, es decir que no le resta el carácter ejecutivo. El mismo fue aceptado sin protesto, lo anterior en relación al artículo 782 numeral 3 del Código Procesal Civil. El titulo valor en referencia, se entiende que el derecho y la obligación contenida en el mismo, vale por si mismo y son independientes en forma absoluta de cualquier otra relación causal que origine su emisión, siendo así, que sus características de literalidad y autonomía lo convierte en titulo independiente de cualquier relación subyacente, pues reúne todos los requisitos necesarios para su cumplimiento. (Folio 41 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que de la revisión de los antecedentes que conforman la acción de amparo promovida, la Sala de lo Constitucional advierte que, en la misma, se están alegando violaciones de mera legalidad, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. El precepto indicado señala que: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;”. Afirmación a la que llega esta Sala, luego de la lectura de los argumentos expuestos por el recurrente y el estudio de los antecedentes que forman el expediente, ello en relación a la vulneración de los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, relacionándolos con lo dispuesto en el artículo 792 del Código Procesal Civil, al exteriorizar que la decisión del Ad-quem vulnera tales derechos constitucionales, pues en la tramitación del proceso se ha violentado el debido proceso, ese derecho que tienen las partes a que el mismo se desarrolle por los tramites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias, en condiciones de igualdad y sin dilaciones y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente en Amparo, no expone o desarrolla por qué la decisión adoptada por mayoría de votos de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, vulnera los derechos a la defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; el impetrante se centra en transcribir el voto particular emitido por el magistrado que disiente con el criterio jurídico vertido por la mayoría de magistrados que integran ese Tribunal y reflejado en la sentencia de fecha veintiocho de enero del año dos mil veintiuno, recurrida mediante la garantía constitucional de Amparo. Advierte esta Sala de lo Constitucional de la exposición de hechos relacionados por el recurrente, que éste hace alusión a un pagaré que fue presentado a efecto de instar una demanda de ejecución de título extrajudicial, para el pago de cantidades debidas, contra la sociedad mercantil EXPO PIEDRAS S.A. de C.V.; sostiene el pedidor de la presente garantía de Amparo, que se pretende confundir astutamente al tribunal de alzada sobre el origen del pagaré, vinculándolo como una garantía del contrato, lo cual son dos documentos completamente separados, una era la obligación del contrato de suministro del porcelanato, que dicho sea de paso no se cumplió, por ende procederán por la vía ordinaria a demandar la indemnización económica descrita en el contrato; y la otra muy distinta desde su creación, medios de reclamación y proceso, es la obligación económica reconocida en el pagaré que se ejecuta y que se adeuda. Asimismo -sostiene el recurrente-, el Código Procesal Civil en su artículo 792, establece los motivos de oposición y hace alusión a un pago parcial, la demandada no mostro evidencia en el documento de dicho pago parcial, ni recibo correspondiente a dicho pago parcial correspondiente al pagaré, por tanto, resulta contrario a los principios procesales que lo alegue en sus agravios, hechos no controvertidos en su oposición, como bien estima el voto particular. CONSIDERANDO (3): Que examinadas que han sido las diligencias, esta Sala observa que el asunto traído a este Alto Tribunal a efecto de determinar si existe o no vulneración a garantías reconocidas en la Constitución de la República, reside en la declaratoria con lugar del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revoca la sentencia de oposición, en consecuencia estima la oposición presentada por la parte demandada, actuación a través de sentencia, dictada por mayoría de votos de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. Recurso de apelación interpuesto por la Abogada Edna Patricia González C., en su condición de Apoderada Legal de la sociedad mercantil EXPO PIEDRAS S.A. DE C.V., contra la sentencia de Oposición dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió declarar sin lugar el motivo de Oposición de pago parcial y ordenó seguir adelante con la ejecución. CONSIDERANDO (4): Que como se deja supra relacionado en este libelo, el impetrante alega como violaciones constitucionales, cuestiones de mera legalidad, propias de ser resueltas por los órganos jurisdiccionales de instancia, con la valoración correspondiente a la prueba propuesta al efecto en el momento procesal; advierte esta Sala que se recurre en amparo la decisión adoptada por mayoría de votos, por el Tribunal de Alzada, en fecha veintiocho de enero del año dos mil veinte, al declarar con lugar el recurso de apelación promovido por la parte demandada y revoca la sentencia de oposición dictada por el A-quo en fecha veintiséis de julio del año dos mil diecinueve, consecuencia de ello estima la oposición planteada y absuelve a la sociedad mercantil EXPO PIEDRAS S.A. de C.V. del pago demandado por la sociedad demandante INVERSIONES MAFER S.A., controversia jurídica que fue resuelta por mayoría de votos, haciendo el Tribunal de segunda instancia las valoraciones correspondientes tal y como lo señala la ley procesal civil[1], observando en consecuencia las reglas de procedimiento que al efecto señala la ley, respetando con ello el principio de legalidad y la aplicación de la ley al caso concreto. CONSIDERANDO (5): Que el recurrente sostiene en la tesis que defiende, en relación a la vulneración de derechos constitucionales, con la decisión adopta por el Ad-quem, que el Código Procesal Civil en su artículo 792, establece los motivos de oposición, haciendo alusión la parte demandada al pago parcial, pero que ésta no mostro evidencia en el documento de dicho pago parcial, ni recibo correspondiente a dicho pago parcial correspondiente al pagaré; de la lectura de la resolución que se impugna, se aprecia que ésta contiene los hechos y fundamentos de derecho que llevaron al Tribunal de Segunda Instancia a valorar y conforme a ello obtener la convicción y declarar con lugar el recurso de apelación promovido, consecuencia de ello estima la oposición promovida por la parte demandada. Sostiene la Alzada en el acápite DECIMO PRIMERO, que la autonomía del pagaré no esta por encima del negocio causal que originó la suscripción del título valor, cuando se trata de un título valor no abstracto. Habiéndose acreditado el negocio causal de la suscripción del título valor y el pago parcial señalado por el ejecutado, no es procedente que deba constar en el texto del documento, pues se probó que consta el cumplimiento parcial del mismo, en plena eficacia del pactum de cambiando. En ese orden de ideas, el recurrente en amparo, no le indica a este Alto Tribunal la forma en que a su criterio de han vulnerado los derechos a la defensa y debido proceso que le asisten, pues se limita a transcribir el voto particular emitido por el magistrado que disiente del criterio jurídico de sus pares en el Tribunal, pero haciendo únicamente alegaciones de legalidad, como el hecho de no haber acreditado la demandada el pago parcial, como motivo de oposición promovido. CONSIDERANDO (6): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Que analizadas las diligencias esta Sala de lo Constitucional observa que se ha respetado la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho al debido proceso, en consecuencia, se han respetado los derechos constitucionales invocados por el recurrente. CONSIDERANDO (7): Que siendo así las cosas, la resolución emitida por mayoría de votos por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues la misma se encuentra debidamente motivada, con el razonamiento lógico que exige la ley, en cuanto a la apreciación de elementos que acreditados en la audiencia de oposición, la parte demandada a entregado una cantidad mayor de porcelanato a la pactada, es decir superior al monto suscrito en el pagaré, que le llevó a formar la convicción que culminó en el fallo que hoy se recurre en amparo, dando cumplimiento a lo establecido en la ley aplicable al caso concreto, respetando el derecho de petición, acceso a los tribunales, igualdad de los intervinientes en el proceso, debido proceso y principio de legalidad entre otros, pues las cuestiones que alega el impetrante en amparo, son meramente legales y de conocimiento exclusivo de los órganos jurisdiccionales de instancia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios constitucionales invocados por el amparista, específicamente los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pues el Código Procesal Civil ya establece lo relacionado en cuanto a los motivos de oposición a la ejecución de títulos extrajudiciales. CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no teniendo esta Sala entre sus atribuciones la valoración de elementos que lleven a determinar si un motivo de oposición fue demostrado en la audiencia correspondiente, específicamente como señala el recurrente que la demandada no mostró evidencia del pago parcial correspondiente al pagaré, pues ello es competencia de los órganos jurisdiccionales de instancia, al tenor de lo establecido en el Artículo 792.4 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (9): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;” CONSIDERANDO (10): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5, y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 3, 193, 200, 705 y 792 del Código Procesal Civil; 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2 y 46 numeral 1 y último párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª, del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: SOBRESEYENDO LAS PRESENTES DILIGENCIAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., nueve de diciembre del año dos mil veintiuno. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado ABEL ANTONIO SEVILLA HERRERA, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil INVERSIONES MAFER S.A., contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), por medio de la cual se falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo promovido por el Abogado ABEL ANTONIO SEVILLA HERRERA a favor de la sociedad mercantil INVERSIONES MAFER S.A., contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), que revocó la sentencia de oposición dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil diecinueve (2019); en ocasión del recurso de apelación promovido por la parte demandad EXPO PEDRAS S.A. de C.V. CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del despacho. CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición del recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso argumentando que la parte demandad presento oposición sin ser concreta en la misma, sino que oponiéndose como si fuese un proceso declarativo ordinario, queriendo confundir al tribunal de alzada sobre el origen del pagaré, vinculándolo como una garantía del contrato de suministro de porcelanato, que dicho sea de paso no se cumplió, por ende también se procederá por la vía ordinara a demandar la indemnización económica descrita en el contrato en la cláusula segunda, párrafo segundo y otra muy distinta desde su creación, medios de reclamación y proceso, es la obligación económica reconocida en el pagaré que se ejecuta y que se adeuda. Asimismo, el recurrente hace alusión al artículo 792 del Código Procesal Civil, mismo que establece los motivos de oposición y señala que la parte demandada presentó oposición por pago parcial, pero que ésta no mostró evidencia en el documento de dicho pago parcial, ni recibo correspondiente a dicho pago parcial correspondiente al pagaré, por tanto, resulta contrario a los principios procesales que lo alegue en sus agravios, hechos no controvertidos en su oposición, como bien también se estima en el voto particular, el que procede a transcribir de nueva cuenta en el recurso de reposición. CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto.
CONSIDERANDO (4): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase[2]. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho.[3] CONSIDERANDO (5): Que uno de los principios rectores del proceso civil hondureño, es precisamente el debido proceso, el que, en consonancia con lo preceptuado en la Constitución de la República, se define en el artículo 3 del Código Procesal Civil, como el derecho que las parte tienen a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. CONSIDERANDO (6): Que de la lectura del recurso de reposición interpuesto contra el fallo constitucional dictado por este Alto Tribunal en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno, no se advierten nuevas argumentaciones que no hayan sido tenidas en consideración al momento de dictar el fallo que ahora se recure en reposición; el recurrente arguye de nuevo, como lo hizo en el recurso de Amparo promovido que la parte demandada presentó oposición por pago parcial, pero que ésta no mostró evidencia en el documento de dicho pago parcial, ni recibo correspondiente a dicho pago parcial correspondiente al pagaré; lo cierto es que este Tribunal Constitucional en el fallo ut supra, deja relacionado en forma clara en el considerando 8, que este Alto Tribunal constitucional no tiene entre sus atribuciones la valoración de elementos que llevan a determinar si un motivo de oposición fue demostrado en la audiencia correspondiente, específicamente como señala el recurrente que la demandada no mostró evidencia del pago parcial correspondiente al pagaré, pues ello es competencia de los órganos jurisdiccionales de instancia, al tenor de lo establecido en el articulo 792.4 del Código Procesal Civil, no pronunciándose este Alto Tribunal es aspectos relacionados en cuanto a la autonomía del pagaré. En ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones deducidas por el recurrente en Amparo, no advirtiéndose ultraje a los derechos constitucionales invocados. CONSIDERANDO (7): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado ABEL ANTONIO SEVILLA HERRERA, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), que corre agregada en autos se establece en forma motivada, clara, precisa y congruente, las razones que esta Sala ha estimado para sobreseer el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan al sobreseimiento de la acción constitucional impetrada. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado ABEL ANTONIO SEVILLA HERRERA, por las razones que se dejan ya señaladas Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de febrero del año dos mil veintidós, certificación del fallo de fecha diecisiete de noviembre y resolución de fecha nueve de diciembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0445-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] ARTÍCULO 705. FINALIDAD DEL RECURSO. 1. El recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente. 2. Igualmente, tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba.
[2] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 25.
[3] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 30 y 31.