Sentencia AC-347-20 — Registro 13861
Resumen
Se interpuso recurso de amparo interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que declara infundado el recurso de con relación a la “demanda vía proceso ordinario para el cumplimiento de contrato de suministros de seguro de vida colectivo.-que se obligue a la aseguradora a hacer efectivo el pago del seguro de vida por ser suscriptora y beneficiaria de la póliza N°VC-10383583264-0.-A título de daños y perjuicios los intereses mercantiles dejados de percibir…”Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es rechazar y declarar inadmisible a trámite el Recurso de Queja contra la resolución de fecha uno de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de agosto del año dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ HUMBERTO SOSA CANIZALES, a favor de la sociedad mercantil denominada “SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.”, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, que declara infundado el recurso de queja promovido contra la resolución de fecha uno de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la “DEMANDA VÍA PROCESO ORDINARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO.-QUE SE OBLIGUE A LA ASEGURADORA DE SEGUROS LAFISE S.A., A HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SEGURO DE VIDA POR SER SUSCRIPTORA Y BENEFICIARIA DE LA PÓLIZA N°VC-10383583264-0.-A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS INTERESES MERCANTILES DEJADOS DE PERCIBIR…”, promovida por la señora MARTHA LETICIA LUQUE, en contra de la sociedad mercantil denominada “SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.”, a través del Presidente del Consejo, el señor ROBERT JOSEPH ZAMORA. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez de octubre de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la señora Martha Leticia Luque, interponiendo “DEMANDA VÍA PROCESO ORDINARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO.- QUE SE OBLIGUE A LA ASEGURADORA DE SEGUROS LAFISE S.A., A HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SEGURO DE VIDA POR SER SUSCRIPTORA Y BENEFICIARIA DE LA PÓLIZA N°VC-10383583264-0.-A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS INTERESES MERCANTILES DEJADOS DE PERCIBIR…”, contra la sociedad mercantil denominada “SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.”, a través del Presidente del Consejo, el señor Robert Joseph Zamora. (Folio 1-6 del tomo I del expediente del A-quo) 2) En fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado José Humberto Sosa Canizales, en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil denominada “SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.”, presentando escrito de contestación a la demanda promovida por la señora Martha Leticia Luque, interponiendo en el mismo acto, la cuestión incidental de excepción procesal y material de falta de presupuesto procesal, en cuanto a la legitimación ordinaria activa de la parte demandante, por carecer la misma de la tutela y acreditación de la titularidad de la relación jurídica. (Folios 44-70 del tomo I del expediente del A-quo) 3) En fecha uno de agosto de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del incidente de nulidad interpuesto por la parte demandada, resolvió: PRIMERO: Desestimar el Incidente de Nulidad de falta de legitimación ordinaria activa de la parte demandante por carecer la misma de la tutela y acreditación de la titularidad de la relación jurídica de la cual se desprende el supuesto derecho en base al cual se reclama el cumplimiento de un contrato de póliza de seguro de vida colectivo planteado en la contestación a la demanda por el Abogado JOSÉ HUMBERTO SOSA CANIZALES, en su condición de representante procesal de la parte demandada SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A., por los argumentos esgrimidos en los fundamentos de derecho. SEGUNDO: En virtud de haberse desestimado el Incidente de Nulidad de falta de legitimación ordinaria activa de la parte demandante, se ordena la continuación del presente proceso, debiendo para tales efectos solicitar las partes el señalamiento de la audiencia preliminar, una vez notificadas las partes de la presente resolución. (Folios 178-186 del tomo I del expediente del A-quo) 4) En fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado José Humberto Sosa Canizales, presentando escrito de recurso de apelación diferida, contra la resolución de fecha uno de agosto del dos mil diecinueve, misma que ha sido relacionada en el numeral que antecede. (Folios 192-194 del tomo I del expediente del A-quo) 5) En fecha trece de septiembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolvió: PRIMERO: Admítase el escrito de Recurso de Apelación diferida interpuesto por el Abogado JOSÉ HUMBERTO SOSA CANIZALES, en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A., como parte demandada.-SEGUNDO: Inadmítase a trámite el recurso de apelación diferida, presentada por el compareciente contra la resolución de fecha uno de agosto del año dos mil diecinueve, en virtud que la apelación diferida, la normativa procesal vigente que claramente establece en su artículo 215.3 que el auto que decida sobre la nulidad planteada no cabrá recurso alguno.-Asimismo, el incidente de nulidad planteado por el peticionario, sobre la cual ya la normativa procesal vigente establece que sobre el mismo no cabe recurso alguno por lo que dicha apelación no es aplicable en el presente caso de autos. (Folio 195 vuelto del tomo I del expediente del A-quo) 6) En fecha treinta de enero de dos mil veinte, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado José Humberto Sosa Canizales, presentando escrito de recurso de queja, contra la resolución de fecha uno de agosto de dos mil diecinueve, relacionada en el numeral tres del preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-10 del expediente del Ad-quem) 7) La Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de queja presentado por el Abogado José Humberto Sosa Canizales, en fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, dictó sentencia mediante la cual falló: PRIMERO: Declarar INFUNDADA la queja en los términos indicados en la motivación de este auto. SEGUNDO: Declarar la firmeza de la resolución de fecha uno (1) de agosto del año dos mil diecinueve. TERCERO: Que se notifique este fallo a las partes y al Juzgado A-Quo para los efectos pertinentes. -CON COSTAS. (Folio 17 vuelto del expediente del Ad-quem) 8) En fecha siete de mayo de dos mil veinte, compareció ante este Tribunal, el Abogado José Humberto Sosa Canizales, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada “SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.”, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la misma es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 9) Esta Sala en fecha ocho de enero de dos mil veintiuno, tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, el escrito presentado por el Abogado José Humberto Sosa Canizales, ordenándose dar la vista de los antecedentes al Fiscal, por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera su dictamen. (Folio 81 del recurso de amparo) 10) Que en fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: …Del examen de la resolución impetrada, esta Representación Fiscal aprecia de los autos, que el planteamiento incidental es invalidar un acto procesal (demanda) con el fin de privar sus efectos por carecer de requisitos legales exigidos, respecto a lo cual el fundamento utilizado por el A-quo es el aplicable en el presente caso, ya que la norma procesal civil establece su procedimiento de conformidad a lo regulado en el capítulo VII. “Nulidad de los Actos Procesales” contemplado en los artículos 212 al 215.3 del Código Procesal Civil, que señala: 3. La nulidad se tramitará por el procedimiento previsto para los incidentes en general y no tendrá efecto suspensivo, y se decidirá por medio de auto contra el que no cabrá recurso; de ahí que de la norma trascrita se estime, que el auto que deniega el recurso de queja se encuentra dictado de conformidad a la Ley. Asimismo, es oportuno resaltar, que la norma legal a la cual hace referencia el recurrente, como ser el Articulo 419, dispone: TRAMITACIÓN. “Fuera de los incidentes que tienen señalada en este Código una tramitación especial, como la declinatoria, la acumulación de procesos, la nulidad y la recusación, los incidentes se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes…” entendiéndose que la cuestión incidental planteada de FALTA DEL PRESUPUESTO PROCESAL DE LEGITIMACIÓN ORDINARIA (ACTIVA) DE LA PARTE DEMANDANTE, se encuentra en el trámite especial contemplado en el apartado de nulidad como referimos anteriormente. Del análisis anterior, el Ministerio Público estima que, en el presente caso de autos, la resolución emitida por el Ad-quem no vulnera las garantías constitucionales invocadas por el Amparista, en su petición de Amparo ya que ha sido dictada conforme a derecho. IV.-OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SE DENIEGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones constitucionales invocadas por el Amparista. (Folios 84-90 del recurso de amparo). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la Sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, que declara infundado el recurso de queja promovido contra la resolución de fecha uno de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la “DEMANDA VÍA PROCESO ORDINARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO.-QUE SE OBLIGUE A LA ASEGURADORA DE SEGUROS LAFISE S.A., A HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SEGURO DE VIDA POR SER SUSCRIPTORA Y BENEFICIARIA DE LA PÓLIZA N°VC-10383583264-0.-A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS INTERESES MERCANTILES DEJADOS DE PERCIBIR…”, promovida por la señora MARTHA LETICIA LUQUE, en contra de la sociedad mercantil denominada “SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.”, a través del Presidente del Consejo, el señor ROBERT JOSEPH ZAMORA. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que se han violentado en perjuicio de su representada los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; al considerar que se configura infracción al debido proceso, toda vez que, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán no reconoce ni aplica lo dispuesto en el Artículo 423 del Código Procesal civil; que establece que el auto de la cuestión incidental que no ponga fin al proceso, solo podrá recurrirse mediante la apelación de a sentencia definitiva que ponga fin al proceso principal, lo cual se encuentra relacionado con la disposición legal del Artículo 708 del mismo Código procesal Civil, que regula la Apelación Diferida, cuya resolución del Tribunal Ad-Quem, al confirmar la resolución errónea del Juez A-Quo, lo hace en perjuicio de los derechos se su representada, ya que se mira afectada en su derecho sin fundamento valido. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público (MP) a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Del análisis anterior, el Ministerio Público estima que, en el presente caso de autos, la resolución emitida por el Ad-quem no vulnera las garantías constitucionales invocadas por el Amparista, en su petición de Amparo ya que ha sido dictada conforme a derecho. IV.-OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SE DENIEGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones constitucionales invocadas por el Amparista.” ONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en su sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, concluye que lo procedente es declarar infundado el recurso de queja impetrado y ordenar revocar la resolución recurrida, mostrando su acuerdo con lo señalado por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que inadmitió a trámite el recurso de apelación diferida presentada por el compareciente, contra la resolución de fecha uno de agosto de dos mil diecinueve, en virtud que la apelación diferida la normativa procesal vigente, claramente establece en su Artículo 215.3 que el auto que decida la nulidad planteada no cabra recurso alguno. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es rechazar y declarar inadmisible a trámite el Recurso de Queja contra la resolución de fecha uno de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-347-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL