Sentencia AC-332-19 — Registro 17415
Resumen
Amparo Civil a razón que el recurso de Apelación fue promovido en forma extemporánea, inobservando el plazo contenido en el artículo 709 del Código Procesal Civil, asimismo apreciando el Tribunal recurrido que la incapacidad médica presentada no es considerada como un elemento de fuerza mayor o caso fortuito, al haberse notificado de la sentencia definitiva en fecha veintiuno de septiembre del año dos mil dieciocho, por ello a razón del feriado de la semana Morazánica otorgada, el plazo para interponer el recurso de apelación le vencía en fecha doce
de octubre del año dos mil dieciocho
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Sentencia declaró infundado recurso de Queja y declaró firme la sentencia definitiva dictada en Demanda de Nulidad de Instrumento Público, su Inscripción Registral, del Punto de Acta de Sesión de Corporación Municipal que otorgó un dominio pleno promovida por recurrente contra Yohana Lizeth López Mendoza y la Alcadía Municipal de Marcovia; La Autoridad recurrida dictó su resolución a razón que el recurso de apelación fue promovido en forma extemporánea, al inobservar el plazo del artículo 709 del código procesal civil; Además que la incapacidad médica presentada no es consdeerada como un elemento de fuerza mayor o caso fortuito y que en el caso de mérito el plazo para interponer el recurso de apelación le vencía el doce de cotubre de dos mil dieciocho
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 132, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 709 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 722 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 733 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 2236 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 2237 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil veintiuno.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Santiago Obdulio Herrera Mayen, a favor del señor Arnulfo López García, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha once de febrero de dos mil diecinueve, que resuelve declarar infundado el recurso de queja, interpuesto contra la resolución de fecha veintidós de octubre del año dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, que denegó la interposición del recurso de apelación contra la sentencia definitiva proferida por el mencionado juzgado en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, con relación a la “DEMANDA POR LA VÍA DEL PROCESO ORDINARIO EJERCITANDO LA ACCIÓN DE NULIDAD DE INSTRUMENTO PÚBLICO, DE SU INSCRIPCIÓN REGISTRAL, DEL PUNTO DE ACTA DE SESIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE LA CUAL SE OTORGA UN DOMINIO PLENO…” interpuesto por el Abogado Santiago Obdulio Herrera Mayen en su condición de Apoderado Legal del señor Arnulfo López García contra la señora Yohana Lizeth López Mendoza también conocida como Johana Lizeth López Izaguirre. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos de defensa, debido proceso, principio de legalidad, y el derecho al goce de justicia, contenidos en los artículos 82, 90, 103 y 106 de la Constitución de la República, relacionados con el artículo 123.1 del Código Procesal Civil.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta y uno de julio del año dos mil trece, compareció ante el entonces Juzgado de Letras Primero de Choluteca, departamento de Choluteca, el Abogado Santiago Obdulio Herrera Mayen, en su condición de Apoderado Legal del señor Arnulfo López García interponiendo “DEMANDA POR LA VÍA PROCESO DEL ORDINARIO EJERCITANDO LA ACCIÓN DE NULIDAD DE INSTRUMENTO PÚBLICO, DE SU INSCRIPCIÓN REGISTRAL, DEL PUNTO DE ACTA DE SESIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE LA CUAL SE OTORGA UN DOMINIO PLENO…” contra la señora Yohana Lizeth López Mendoza también conocida como Johana Lizeth López Izaguirre. (Folios del 1-7 de la pieza de antecedentes del A-quo).-2) En fecha diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, el ahora Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, dicto sentencia definitiva, mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: DESESTIMAR la DEMANDA ORDINARIA POR LA VÍA DEL PROCESO ORDINARIO EJERCITANDO LA ACCIÓN DE NULIDAD DE UN INSTRUMENTO PUBLICO, DE SU INSCRIPCIÓN REGISTRAL, DEL PUNTO DE ACTA DE SESIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE LA CUAL SE OTORGA UN DOMINIO PLENO, DE LAS CERTIFICACIONES MUNICIPALES Y TODOS LOS ACTOS POSTERIORES promovida por el Abogado SANTIAGO OBDULIO HERRERA MAYEN como representante procesal del Señor ARNULFO LÓPEZ GARCÍA, contra la Señora YOHANA LIZETH LÓPEZ MENDOZA conocida también como JOHANA LIZETH LÓPEZ IZAGUIRRE. Y la ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA POR MEDIO DEL SEÑOR JOSE NAHUM CALIX ALVAREZ EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL EN SU CONDICIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL. SEGUNDO: Con Costas. TERCERO: Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación…” (Folios del 155-167 de la pieza de antecedentes del A-quo).-3) Que en fecha dieciséis de octubre del año dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, el Abogado Santiago Herrera Mayen, en la condición ut supra relacionada, interponiendo recurso de apelación contra la sentencia de carácter definitivo emitida por el relacionado Juzgado en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, adjuntando al referido escrito de recurso de Apelación certificación médica con fecha cinco de octubre del año dos mil dieciocho. (Folios del 169-180 de la pieza de antecedentes del A-quo).-4) En fecha veintidós de octubre del año dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, resolvió: (Sic) “SE INADMITE el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado SANTIAGO OBDULIO HERRERA MAYEN, en su condición de Representante Procesal del señor ARNULFO LOPEZ GARCIA, en la DEMANDA POR LA VIA DEL PROCESO ORDINARIO EJERCITANDO LA ACCION DE NULIDAD DE UN INSTRUMENTO PUBLICO, DE SU INSCRIPCION REGISTRAL DEL PUNTO DE ACTA DE SESION DE CORPORACION MUNICIPAL MEDIANTE LA CUAL OTORGO UN DOMINIO PLENO, DE LAS CERTIFICACIONES MUNICIPALES Y TODOS LOS ACTOS POSTERIORES, promovida en contra de la señora YOHANA LIZETH LOPEZ MENDOZA, conocida también como JOHANA LIZETH LOPEZ IZAGUIRRE y la ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA, por medio de su Alcalde Municipal señor JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ…” (Folio 181fv vuelto de la pieza de antecedentes del A-quo).-5) Conociendo del recurso de queja interpuesto por el Abogado Santiago Obdulio Herrera Mayen, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha once de febrero de dos mil diecinueve, emitió resolución por unanimidad de votos, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO EL RECURSO DE QUEJA, interpuesto por el Abogado SANTIAGO OBDULIO HERRERA MAYEN, en su condición de Representante Procesal del señor ARNULFO LOPEZ GARCIA. SEGUNDO: SE DECLARA FIRME la SENTENCIA DEFINITIVA, proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), en la DEMANDA POR LA VIA DEL PROCESO ORDINARIO EJERCITANDO LA ACCION DE NULIDAD DE UN INSTRUMENTO PUBLICO, DE SU INSCRIPCION REGISTRAL DEL PUNTO DE ACTA DE SESION DE CORPORACION MUNICIPAL MEDIANTE LA CUAL SE OTORGA UN DOMINIO PLENO, DE LAS CERTIFICACIONES MUNICIPALES Y TODOS LOS ACTOS POSTERIORES, promovida por el Abogado SANTIAGO OBDULIO HERRERA MAYEN, en su condición de representante procesal del señor ARNULFO LOPEZ GARCIA, contra la señora YOHANA LIZETH LOPEZ MENDOZA, conocida también como JOHANA LIZETH LOPEZ IZAGUIRRE, y contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA, por intermedio de su alcalde y representante legal, señor JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ, y registrada en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, con el número 0601-2016-01157.- TERCERO: Se condena al quejoso, al pago de las costas en esta instancia.- CUARTO: NOTIFIQUESE, de esta resolución a las partes….”. (Folios del 31-33 vuelto de la pieza de antecedentes del Ad-quem).-6) En fecha ocho de abril del año dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal, el Abogado Santiago Obdulio Herrera Mayen, interponiendo acción de amparo a favor del señor Arnulfo López García, contra la resolución que se ha dejado relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la misma es violatoria de los derechos de defensa, debido proceso, principio de legalidad y el goce a la justicia, contenidos en los artículos 82, 90, 103 y 106 de la Constitución de la República, relacionados con el Articulo 123.1 del Código Procesal civil. Asimismo, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, en fecha doce de agosto del año dos mil diecinueve, ordenando a la Secretaría de este Tribunal dar vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas, para la emisión del dictamen correspondiente. (Folio 46 de los autos).-7) Que en fecha veintidós de agosto del año dos mil diecinueve, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Yulibeth Garay Hernández, desprendiéndose de su análisis jurídico lo siguiente: De la cuestión traída a examen: El amparista expresa en la interposición de la presente acción de amparo, la violación de las garantías constitucionales contendidas en los artículos: 1, 82, 90, 103 y 106 de la Constitución de la República; es por ello que una vez analizado el caso de autos, el Ministerio Público concluye: Al examinar el expediente de mérito, se observa que en estricto cumplimiento al contenido del artículo 709 del Código Procesal Civil, el recurrente presentó el escrito de interposición del recurso de apelación, ya vencido el plazo de diez (10) días contados desde el siguiente día a la notificación, adjuntando como excusa una constancia de incapacidad médica, que a su criterio le impidió cumplir con el plazo establecido en ley para la interposición del recuro de apelación.-No obstante al comparar, el período de tiempo dentro del cual transcurrieron los diez (10) días que señala le ley para la interposición de un recurso de apelación y el lapso de tiempo en el cual según certificación médica, el recurrente se encontraba indispuesto de salud, incluyendo la fecha en que fue extendida la misma; se puede apreciar con toda claridad que el amparista tuvo el espacio de tiempo suficiente para presentar el escrito de recurso de apelación, antes de la fecha en que fue extendida la incapacidad médica. III.-OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, es del parecer que se Deniegue la presente acción de amparo en vista de no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista. (Folios del 49-53 de los autos).-CONSIDERANDO (1): Que de la revisión de los antecedentes que conforman la acción de amparo promovida, la Sala de lo Constitucional advierte que, en la misma, se están alegando violaciones de mera legalidad, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. El precepto indicado señala que: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;”. Afirmación a la que llega esta Sala, luego de la lectura de los argumentos expuestos por el recurrente y el estudio de los antecedentes que forman el expediente, ello en relación a la vulneración de los derechos contenidos en los artículos 82, 90, 103 y 106 de la Constitución de la República, relacionándolos con lo dispuesto en el artículo 123.1 del Código Procesal Civil, al exteriorizar que la decisión del Ad-quem vulnera tales garantías constitucionales, pues la ley procesal civil prevé que el carácter improrrogable de los plazos, puede ser modificado por causa de fuerza mayor o caso fortuito.-CONSIDERANDO (2): Que el recurrente en amparo expone como argumento toral de su tesis de vulneración de normas constitucionales, que la Corte de Apelaciones de Choluteca, no observó que la rigidez de la regla que califica como perentorios e improrrogables los plazos previstos en el Código Procesal Civil, tiene una excepción, que radica en la existencia o aparición de alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito (Artículo 123.1 del Código Procesal Civil), y por consiguiente habiéndose presentado la certificación médica que comprueba la causa, estima con todo respeto, que debió darle el trámite correspondiente al recurso de Queja que interpuso, puesto que la razón expuesta es valedera y era motivo pata reexaminar el auto denegatorio del Juzgado. Por lo tanto –dice el pedidor de Amparo-, la resolución de la Corte de Apelaciones del Departamento de Choluteca, resultó irónica, porque la razón en que fue fundada es autoritaria, carente de lógica jurídica en su motivación, violatoria del principio de legalidad, de la garantía del debido proceso, del derecho de defensa; además que, contraviene, disminuye y tergiversa el espíritu de la ley procesal y derechos reconocidos por la Constitución de la República; lo cual quedó visible en el ordinal Cuarto de los fundamentos de derecho de dicha resolución.-CONSIDERANDO (3): Que examinadas que han sido las diligencias, esta Sala observa que el asunto traído a este Alto Tribunal a efecto de determinar si existe o no vulneración a garantías reconocidas en la Constitución de la República, reside en la declaratoria de infundado el Recurso de Queja, por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Recurso de Queja interpuesto por el Abogado Santiago Obdulio Herrera Mayen, en su condición de Apoderado Procesal del señor ARNULFO LOPEZ GARCIA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), que resolvió inadmitir el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Santiago Obdulio Herrera Mayen, contra la sentencia definitiva de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho.- CONSIDERANDO (4): Que como se deja supra relacionado en este libelo, el impetrante alega como violaciones constitucionales, cuestiones de mera legalidad, propias de ser resueltas por los órganos jurisdiccionales de instancia, con la valoración correspondiente a la prueba propuesta al efecto en el momento procesal; advierte esta Sala que se recurre en amparo la decisión adoptada por el Tribunal de Alzada en fecha once de febrero del año dos mil diecinueve, al declarar infundado el Recurso de Queja promovido por la parte demandante, en relación a inadmitir el recurso de apelación promovido contra la sentencia definitiva dictada por el A-quo, en consecuencia declara firme la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, controversia jurídica que fue resuelta haciendo el Tribunal de segunda instancia las valoraciones correspondientes tal y como lo señala la ley procesal civil[1], observando en consecuencia las reglas de procedimiento que al efecto señala la ley, respetando con ello el principio de legalidad y la aplicación de la ley al caso concreto.-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente sostiene en la tesis que defiende, en relación a la vulneración de garantías constitucionales, con la decisión adopta por el Ad-quem, que éste fundó su decisión con infracción del artículo 123 del Código Procesal Civil, específicamente el numeral 1 del cual se lee: “PERENTORIEDAD DEL PLAZO. 1. Los plazos previstos en este Código y los fijados por el tribunal son perentorios y, por tanto, improrrogables, salvo causa de fuerza mayor o caso fortuito apreciable por el tribunal…”; de la lectura de la resolución que se impugna, se aprecia que ésta contiene los hechos y fundamentos de derecho que llevaron al Tribunal de Segunda Instancia a valorar y conforme a ello obtener la convicción y declarar infundado el recurso de Queja promovido, a razón que el recurso de Apelación fue promovido en forma extemporánea, inobservando el plazo contenido en el artículo 709 del Código Procesal Civil, asimismo apreciando el Tribunal recurrido que la incapacidad médica presentada no es considerada como un elemento de fuerza mayor o caso fortuito, al haberse notificado de la sentencia definitiva en fecha veintiuno de septiembre del año dos mil dieciocho, por ello a razón del feriado de la semana Morazánica otorgada, el plazo para interponer el recurso de apelación le vencía en fecha doce de octubre del año dos mil dieciocho. Valoración que corresponde realizar al Tribunal que resuelve el recurso de Queja, tal y como lo establece el Artículo 123.1 del Código Procesal Civil, constituyendo ésta situación alegaciones de mera legalidad, que no corresponde valorar vía Acción Constitucional de Amparo. -El subrayado es nuestro.- CONSIDERANDO (6): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Que analizadas las diligencias esta Sala de lo Constitucional observa que se ha respetado la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho al debido proceso, en consecuencia, se han respetado los derechos constitucionales invocados por el recurrente. CONSIDERANDO (7): Que siendo así las cosas, la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, se encuentra dictada conforme a derecho, pues la misma se encuentra debidamente motivada, con el razonamiento lógico que exige la ley, en cuanto a la apreciación de los elementos de fuerza mayor o caso fortuito que señala la ley procesal civil, que le llevó a formar la convicción que culminó en el fallo que hoy se recurre en amparo, dando cumplimiento a lo establecido en la ley aplicable al caso concreto, respetando el derecho de petición, acceso a los tribunales, igualdad de los intervinientes en el proceso, debido proceso y principio de legalidad entre otros, pues las cuestiones que alega el impetrante en amparo, son meramente legales y de conocimiento exclusivo de los órganos jurisdiccionales de instancia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios constitucionales invocados por el amparista, específicamente los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pues el Código Procesal Civil ya establece lo relacionado en cuanto a la perentoriedad de los plazos.-CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no teniendo esta Sala entre sus atribuciones la valoración de circunstancias que lleven a determinar la procedencia o no de causas de fuerza mayor o caso fortuito, en la inobservancia de los plazos establecidos en la ley, pues ello es competencia de los órganos jurisdiccionales de instancia, al tenor de lo establecido en el Articulo 123.1 del Código Procesal Civil.-CONSIDERANDO (9): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;”.-CONSIDERANDO (10): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5, y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 3, 132.1, 709, 722 y 733 del Código Procesal Civil; 2236 y 2237 del Código civil; 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2 y 46 numeral 1 y último párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª, del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: SOBRESEYENDO LAS PRESENTES DILIGENCIAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. redactó la Magistrada Reina A. Hércules Rosa. Redactó la magistrada Reina A. Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de Febrero del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0332-2019 .
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] ARTÍCULO 733.- TRAMITACIÓN. 1. Presentado el recurso de queja el órgano competente examinará si cumple los requisitos legales. De ser así, procederá a resolverlo sin más trámite en el plazo de cinco (5) días, sin perjuicio de lo establecido en el numeral siguiente. En caso contrario lo rechazará. 2. Si se considerara necesario para resolver el recurso el examen de otras actuaciones, las reclamará por fax u otro medio idóneo al tribunal que dictó el auto recurrido. En ningún caso se podrá reclamar la remisión de los autos principales. Las copias de las actuaciones reclamadas se enviarán igualmente por fax u otro medio apto para ello.