Sentencia AC-313-21 — Registro 14122
Resumen
Sentencia en consulta sobreseyó recurso de amparo a favor de recurrente contra providencia dictada por juzgado de primera instancia que declaró no ha lugar el desalojo de personas ya que según informe de juez ejecutor se habían desalojado a todas las personas que estaban dentro del perímetro propiedad de recurrente en demanda promovida por recurrente contra Santos Marina Villeda Aguilar y otros; El Tribunal de Apelaciones considera que el auto censurado no violenta garantías constitucionales y observa que lo expuesto son alegaciones de mera legalidad y actos consumados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente la causal que motivo el sobreseimiento de la Acción de amparo que se conoce en esta sala, y dados los hechos narrados, y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, por lo que SE CONFIRMA el sobreseimiento de la acción de Amparo, venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 742, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 743, 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de noviembre de dos mi veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que sobreseyó el recurso de amparo promovido por el Abogado Nelson Baudilio López Lazo, a favor de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), contra la Providencia de fecha once de marzo de dos mil veinte, emitida por el Jugado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la demanda promovida por la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), contra los señores Santos Marina Villeda Aguilar, Roque Jacinto Madrid Villeda, Blanca Liliana Madrid Villeda, Diana Yessenia Perdomo, Suyapa del Carmen Madrid Villeda, Migdalia Yadira Reyes Perdomo y Otros. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha veintidós de febrero de dos mil veintiuno, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Nelson Baudilio López Lazo, interponiendo recurso de amparo a favor de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), contra la Providencia de fecha once de marzo de dos mil veinte, emitida por el Jugado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, estimando que con dicho acto, se le violentó a su representada, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-3 vuelto del antecedente) 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintidós de marzo de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: “SOBRESEER el presente recurso de amparo interpuesto por el Abogado NELSON BAUDILIO LÓPEZ LAZO, actuando en su condición de apoderado legal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, VALLE DE SULA, contra la resolución de fecha 11 de marzo del año 2020, dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortés.” (Folios 43-44 vuelto del antecedente) 3) Que en fecha ocho de abril de dos mil veintiuno, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO:(1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional y el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo resueltos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que esta Sala de lo Constitucional, ha analizado la Providencia de fecha once de marzo del año dos mil veinte, emitida por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, mediante la cual se resolvió. “Visto el informe rendido por el Juez Ejecutor nombrado LESTER JOSUE HERNANDEZ GOMEZ; Este Juzgado Resuelve: En cuanto a la solicitud planteada NO HA LUGAR, en virtud de que la diligencia en el recaída se llevo a cabo en su totalidad habiéndose cumplido lo establecido en los artículos 742.1 y 743.2 del Código Procesal Civil; siendo obligación de las autoridades de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, dejar en vigilancia el inmueble, cualquier otra circunstancia posterior a la ejecución de la sentencia deberá seguirse un proceso diferente a este porque la responsabilidad del Juzgado fue cumplida conforme a la sentencia; Así mismo han transcurrido mas de cuatro (4) meses desde que se realizo el desalojo y una vivienda nueva es visible por tanto lo manifestado no es creíble para este Juzgado.- Artículos 115, 193, 198, 742.1 y 743.2 del Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE.” CONSIDERANDO (4): Que la decisión de la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintidós de marzo de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: “SOBRESEER el presente recurso de amparo interpuesto por el Abogado NELSON BAUDILIO LÓPEZ LAZO, actuando en su condición de apoderado legal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, VALLE DE SULA, contra la resolución de fecha 11 de marzo del año 2020, dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortés.” CONSIDERANDO(5): Que la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, fundamenta la motivación de su fallo en lo siguiente; “PRIMERO: El amparista en la interposición del recurso de Amparo alega: Que el auto de fecha 1 1 de marzo del año 2020, dictado por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortes, viola los Derechos Del Debido Proceso, Tutela Judicial Efectiva Y Derecho De Defensa, consignados en la Constitución De La República en sus artículos 82 y 90 párrafo primero, el que literalmente dice: 'En cuanto a la solicitud planteada no ha lugar en virtud que la diligencia en el recaída se llevó a cabo en su totalidad, habiéndose cumplido con lo establecido en los artículos 742.1 y 743.2 del código procesal civil... cualquier otra circunstancia posterior a la ejecución de la sentencia deberá seguirse en un proceso diferente" El amparista expresa que en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), bajo el principio de completa satisfacción del ejecutante, solicito al Juzgado de letras de lo Civil, que se ordene al señor ejecutor LESTER JOSUE HERNANDEZ GOMEZ, cumplimiento al desalojo o lanzamiento de los judicialmente y practicado en fecha 28 de octubre del de completo y pleno demandados, ordenado año 2019, y en virtud de informe verbal del señor LUIS HERNANDEZ REYES, jefe de la seguridad privada de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, UNAH, tenemos conocimiento que cuando las autoridades de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, VALLE DE SULA, por medio de su departamento de mantenimiento estaban levantando el muro en el área desalojada, se encontraron que quedaban dentro del predio reivindicado una pequeña vivienda ocupada por la señora SUYAPA DEL CARMEN MADRID VILLEDA, SANTOS MARINA VILLEDA AGUILAR Y BLANCA LIDIA MADRID VILLEDA, miembros de la familia demandada, condenados en fecha 29 de abril del año 2019, mediante sentencia definitiva firme a restituir la fracción de terreno que están poseyendo, que argumentamos que los posibles factores que concurrieron para que se diera este impase son: 1.- Que al finalizar el desalojo en horas de la tarde noche comenzó una lluvia y la visibilidad y el mismo cansancio de la actividad, el cumplimiento completo de la orden judicial se volvió un poco complicado. 2.- Que no se cumplió con lo ordenado en el auto de fecha 11 de junio del año 2019, en el sentido de que el ejecutor se hiciera acompañar del Ingeniero GUILLERMO RECARTES SUAZO, con la finalidad de que se señalara la porción del inmueble a reivindicar, ya que el auto de fecha 11 de junio del año 2019, que ordena el lanzamiento por la vía forzosa de los demandados resolvió: así mismo se hace saber que ducho juez ejecutor nombrado se hará acompañar del Ingeniero GUILLERMO RECARTES SUAZO, previo al desalojo, requiérase al mismo para que dentro de 3 días acepte el cargo o su negación y de ser así que justifique la razón del mismo, todo esto en mención del artículo 330 del código procesal civil.- Que lo solicitado no es posterior al lanzamiento, lo que ocurre que al momento preciso, en que el señor ejecutor como máxima autoridad en acto de lanzamiento dio por finalizado el acto, no estaba presente el Ingeniero Guillermo RECARTES SUAZO, que conoce perfectamente los límites y colindancias del predio a reivindicar y tampoco estaba presente ninguna autoridad de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, VALLE DE SULA, resulta que el jefe de la seguridad privada nos puso en conocimiento de la situación varios días después, como se expresó en la solicitud. La infracción legal surge al no cumplir el señor juez ejecutor con lo establecido en el artículo 330 del código procesal civil, como se ordenó en autos y también por lo dispuesto en el artículo 743 numeral 2, del cogito procesal civil, en el sentido que no se puede dejar por cerrada la posibilidad y poner fin al lanzamiento o desalojo, si el ejecutante no se siente satisfecho en su derecho por lo que la resolución censurada viola los derechos y garantías del debido proceso, tutela judicial efectiva y defensa. SEGUNDO: Que CD esta Alzada al analizar el auto de fecha 11 de marzo del año 2020, y al hacer una revisión de la solicitud presentada por el amparista se observa que la señora Juez previo a dictar el auto ahora censurado, le solicito al Juez Ejecutor le informara las circunstancias del desalojo, quien informo que se había desalojado a todas las personas que estaban dentro del perímetro propiedad de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, VALLE DE SULA, es decir, que el juez ejecutor cumplió en su totalidad lo ordenado. Así las cosas, la señora Juez amparada en el informe del juez ejecutor, declaro no ha lugar el desalojo de las personas que aún se encuentran en el predio universitario referido. En tal sentido esta Corte considera que lo expresado por el amparista que la resolución de fecha 11 de marzo del año 2020, no conculca las garantías constitucionales mencionadas por el amparista del derecho de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva. TERCERO: Que el derecho de defensa forma parte del debido proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número indefinido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjudice, el recurrente lo ha relacionado con violación al debido proceso y el derecho de defensa y tutela judicial efectiva, manifestación especifica del derecho de defensa, establecida dentro de nuestro marco constitucional. Que para que pueda ampararse una situación de indefensión debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Debe ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o intereses legítimos. 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo. Requisitos estos que no se cumplen en las violaciones manifestadas por el amparista.- Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas siempre que sea posible al estado anterior a la violación.- En consecuencia esta Corte considera que el auto censurado no es violatorio de las garantías constitucionales invocadas por el amparista, observándose que lo expuesto son alegaciones de mera legalidad y así mismo son actos consumados.” CONSIDERANDO(6): Que la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente la causal que motivo el sobreseimiento de la Acción de amparo que se conoce en esta sala, y dados los hechos narrados, y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, por lo que SE CONFIRMA el sobreseimiento de la acción de Amparo, venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 321 y 323 de la Constitucion de la Republica; 7, 8, 10 de la declaración Universal de Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; II XXIV, Y XXVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 42, 46.1.5, 51, 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 50, 51, 55.2, 63, 137, 139 de la Ley de Organización y Atribuciones de Los Tribunales; 330, 742.1, 743.2 del Código Procesal Civil.- FALLA: CONFIRMANDO el fallo venido en consulta en la acción de amparo presentada por el Abogado NELSON BAUDILIO LOPEZ ERAZO, a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, VALLE DE SULA (UNAH-VS), contra la Resolución dictada por el Jugado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que conoció mediante Acción de amparo la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-313-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL