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Sentencia AC-291-21 — Registro 16319

Resumen

Acto recurrido que declaró con lugar el recurso de apelación contra la del a-quo, con relación a la demanda de ejecución hipotecaria promovida.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..." ..." Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio..." ..." Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso…"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLORIA MARINA MARIXSABEL VADEZ OCHOA a favor del señor LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve; con relación a la demanda de ejecución hipotecaria promovida por el Abogado WALTER DANIEL RODAS VELÁSQUEZ, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra el señor LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente es del criterio que con la resolución recurrida se vulneran en perjuicio de su representado los derechos constitucionales de tutela judicial efectiva, debido proceso y la seguridad jurídica, al ordenar continuar con la ejecución de la hipoteca de un bien inmueble que se encuentra bajo una medida cautelar de aseguramiento, impuesta por un órgano jurisdiccional competente y luego se conoce un proceso de ejecución de hipoteca, dejando a su representada sin la posibilidad de defenderse de forma justa y equitativa, sin observar el principio de prelación en función de dar lugar a conocer la resolución que emita en ese caso el Juzgado de Privación de Dominio, en relación a la imposición de las medidas de aseguramiento, los jueces y otros órganos jurisdiccionales de la República, necesariamente, están obligados a observar los procedimientos y garantías establecidas a favor de las partes en el proceso. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-quem, estimó procedente revocar la resolución dictada por el A-Quo el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, y ordenó que se procediera continuar con el trámite de la demanda de ejecución hipotecaria relacionada, pues la acción de extinción definitiva de dominio, no constituye un proceso penal o causa criminal, ya que su naturaleza no es establecer la responsabilidad penal por acciones u omisiones constitutivas de delitos penales o investigar hechos de apariencia delictiva, sino la extinción a favor del Estado de derechos reales por las razones contenidas en la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, no desprendiéndose de dicha normativa una naturaleza penal de este proceso, sino más bien una condición de proceso especial de carácter real y de contenido patrimonial; no concurriendo el requisito de procedibilidad de la existencia de una causa criminal en la qué se estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o alguno de los que fundamenten las pretensiones de las partes en el proceso civil. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que en respeto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 49 del Código Procesal Civil; 4 y 5 de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de origen Ilícito; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLORIA MARINA MARIXSABEL VADEZ OCHOA a favor del señor LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte; toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO el recurso de reposición interpuesto por la Abogada GLORIA MARINA MARIXSABEL VADEZ OCHOA, contra la resolución dictada por la esta Sala en fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por la recurrente a favor del señor LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve; con relación a la demanda de ejecución hipotecaria promovida por el Abogado WALTER DANIEL RODAS VELÁSQUEZ, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra el señor LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ. CONSIDERANDO: Que la Sala, mediante resolución de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, sobreseyó la presente acción de amparo interpuesta por la Abogada GLORIA MARINA MARIXSABEL VADEZ OCHOA, pronunciando en forma motivada las razones por la que consideró procedente sobreseerla, pues se advirtió la concurrencia de la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece que será inadmisible el recurso de amparo cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que la recurrente en su escrito de reposición, alega que en el planteamiento de la presente acción se estableció que no se estaba respetando la garantía constitucional del derecho a la propiedad privada la cual le asiste a su representado, a raíz de la medida cautelar ordenada por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen ilícito, que coloca a su poderdante en un estado rodeado de incertidumbre, pues el bien inmueble lo adquirió a través de un financiamiento del Banco Atlántida, el cual se encuentra bajo una medida cautelar que no le permite el uso, goce y posesión del mismo y la institución financiera ahora solicita la ejecución de la hipoteca. CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra que los razonamientos esgrimidos en la resolución cuya reposición se solicita se encuentran apegados a derecho y no advierte de lo expuesto por la recurrente en su escrito de reposición, que puedan establecerse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 41, 42, 46, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada GLORIA MARINA MARIXSABEL VADEZ OCHOA, contra la resolución dictada por la esta Sala en fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan y se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, certificación de las resoluciones de fechas veintiséis de julio y veinte de septiembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0291-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL