Sentencia AC-195-20 — Registro 13860
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que declaró sin lugar el recurso de apelación que desestima la solicitud de modificación de medida cautelar, interpuesta por la parte ejecutada, con relación a la Demanda de ejecución de título extrajudicial. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos a la defensa, debido proceso, igualdad y el principio de legalidad, contenidos en los artículos 61, 82, 90, 321 y 323 párrafo primero de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (6): Que Como bien lo motiva la Corte de Apelaciones de lo Civil, en la resolución impugnada, que al realizar el Juez la operación aritmética llego a la convicción que el inmueble matricula 414412, asiento 2, el 50% del ejecutado satisface el derecho al pago al acreedor por parte del deudor, y a su vez quedan a salvo los derechos amparados por la medida decretada en el Juzgado de Familia y el 50% total sobre los derechos de propiedad de la madre del ejecutado, sujetándose el Juez a la proporcionalidad y adecuación que prevé el artículo 357 del CPC, relacionado con el principio de Suficiencia que debe operar como objetivo, ya que a lo largo del proceso de ejecución puede aumentar o disminuir la responsabilidad del ejecutado. En relación a lo argumentado por el apelante como hecho nuevo el mandamiento librado por el Juzgado de Familia de Tegucigalpa, en el cual se advierte que pesa sobre el citado inmueble matricula 414412, asiento 2, una medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos, este extremo no se puede considerar como un hecho nuevo o de nuevo conocimiento -motiva la Alzada-, pues se entiende como hechos nuevos a aquellos hechos que específicamente ocurrieron con posterioridad a los escritos de demanda y contestación, en el caso de autos no puede considerarse como un hecho nuevo o de nuevo conocimiento porque debió primeramente proponerse como tal, ser admitido como tal y después ser sujeto a prueba. …CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub júdice, el recurrente lo relaciona y trae a colación específicamente la inobservancia de lo preceptuado en el artículo 812.4 del Código Procesal Civil y 207-A del Código de Familia, relacionándolo con vulneración al derecho al debido proceso, defensa e igualdad. No obstante a ello y de la foliada de los antecedentes, esta Sala de lo Constitucional observa que la Alzada decide sobre un asunto sometido a recurso de apelación que versa sobre una modificación de medida cautelar y reducción de embargo, resolución que se encuentra debidamente motivada y congruente en los fundamentos de derecho invocados para su decisión; en ese orden de ideas el recurrente se centra en afirmar que se vulnera el artículo 812 del CPC por ser la residencia de su representado un bien inembargable, pero lo que se decide en el caso bajo estudio, no es sobre si procede o no el embargo sobre el bien inmueble que habita el ejecutado, pues esto ocurrió en el año 2016, cuando se decretó embargo sobre los bienes del ejecutado, lo que se decide en el caso sub júdice es la procedencia o no de la modificación de la medida cautelar del embargo decretado, modificación que a criterio del A-quo no procede, decisión y argumentos que comparte la Alzada, por ello confirma la decisión dictada por el A-quo, no observando este Alto Tribunal con la indicada decisión, vulneración a derechos fundamentales como expone el recurrente en Amparo. CONSIDERANDO (9): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 357 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 812, Numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Familia, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Marco Tulio Barahona Valle, a favor del señor Carlos Roberto Reyes Santely, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado por la parte ejecutada, contra la resolución de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que desestima la solicitud de modificación de medida cautelar, interpuesta por la parte ejecutada, con relación a la Demanda de EJECUCIÓN DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, promovida por el Abogado Amílcar Ernesto Zavala García, en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil denominada KING OCEAN DE HONDURAS S.A. DE C.V., en contra del señor Carlos Roberto Reyes Santely. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos a la defensa, debido proceso, igualdad y el principio de legalidad, contenidos en los artículos 61, 82, 90, 321 y 323 párrafo primero de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiocho de enero del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, el Abogado Amílcar Ernesto Zavala García, en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil denominada KING OCEAN DE HONDURAS S.A. DE C.V., presentando solicitud de EJECUCIÓN DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, en contra del señor Carlos Roberto Reyes Santely, para el pago de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON 38/100 ( U.S. $. 29,955.38), de los Estados Unidos de Norte América, más intereses legales que se sigan generando hasta la ejecución, más costas y gastos del juicio. (Folios del 1-3fv de la copia de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) En fecha dieciséis de agosto del año dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Tulio David Barahona Fuentes, actuando en su condición de Representante Procesal del señor Carlos Roberto Reyes Santely, presentando solicitud de modificación de medida cautelar, reducción del embargo; con alzamiento de embargo para liberar bienes embargados que han vuelto sumamente oneroso el gravamen en perjuicio del ejecutado. (Folios del 463-466fv de la copia de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) En respuesta a la solicitud de modificación de medida cautelar, peticionada por la parte ejecutada, en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, emitió resolución mediante la cual falló: (Sic) “1.-Desestimando la solicitud de modificación de Medida Cautelar tendiente a que se reduzca o deje sin efecto el embargo decretado en el presente proceso sobre el 50% del derecho de propiedad que posee el señor CARLOS ROBERTO REYES SANTELY sobre el bien inmueble inscrito bajo matricula número 414412 asiento 2 del Instituto de la Propiedad del departamento de Francisco Morazán. 2.-Decrétese de oficio, el cese de la medida cautelar de embargo que pesa sobre el bien inmueble inscrito bajo matricula numero 765374 asiento 1. Para tal efecto, libre el correspondiente mandamiento con las inserciones necesarias del caso al Instituto de la Propiedad del departamento de Francisco Morazán a efecto que proceda a dejar sin valor y efecto el embargo inscrito bajo el asiento 2 de la matricula 765374. 3.-SE ORDENA continuar con el curso normal de la presente ejecución. 4.-CON CONDENA EN COSTAS para el señor CARLOS ROBERTO REYES SANTELY, en virtud de haberse desestimado su solicitud…” (Folios del 495-498 de la copia de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Tulio David Barahona Fuentes, en su condición de representante procesal del señor Carlos Reyes Santely, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, en fecha nueve de diciembre del año dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, emitió sentencia que por unanimidad de votos falló: (Sic) “1)DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado: TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, contra el Auto de fecha Veintitrés de Septiembre del año Dos mil Diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la Solicitud de Modificación de Medida Cautelar, promovida por el Abogado TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, en su condición de Apoderado judicial del señor: CARLOS ROBERTO REYES SANTELY, derivado de la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, promovida por el Abogado AMILCAR ERNESTO ZAVALA GARCÍA, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada KING OCEAN DE HONDURAS S.A. DE C.V.- 2) CONFIRMAR, el AUTO de fecha Veintitrés de Septiembre del año Dos mil Diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés venido en apelación.-3) CON COSTAS.- Y MANDA: Que con la certificación de la sentencia se remitan sus precedentes al Juzgado de procedencia para los efectos consecuentes, previa notificación de la sentencia a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE…” (Folios del 8-11 de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 5) En fecha diez de marzo del año dos mil veinte, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado Marco Tulio Barahona Valle, interponiendo acción de amparo a favor del señor Carlos Roberto Reyes Santely, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem le vulnera a su representado los derechos contenidos en los artículos 61, 82, 90, 321 y 323 párrafo primero de la Constitución de la República. 6) En fecha dieciséis de abril del año dos mil veintiuno, esta Sala de lo Constitucional tuvo por formalizado en tiempo y forma, el recurso de mérito, en consecuencia se ordenó dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente. (Folio 28 de los autos) 7) Que en fecha cinco de mayo del año dos mil veintiuno, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Despacho, Abogada Sussy G. Coello García, quien en su conclusión es del parecer que no se otorgue la presente acción de Amparo, por no existir vulneración a los derechos constitucionales invocados por el Amparista. Argumenta la Fiscal del Despacho que “En relación al argumento esgrimido por el amparista, esta representación fiscal estima que la resolución venida en amparo, es congruente en su motivación, al explicar de acuerdo al certificado de deuda, que el monto de la obligación reclamada por parte del ejecutante corresponde a Lps. 804,833.22, cuyo pago puede ser cancelado con el primer bien inmueble, el cual, tiene un valor de L.4,244,796.90, correspondiéndole el 50% (Lps.2,122, 398.45), quedando a su vez a salvo los derechos amparados por la medida decretada en el Juzgado de Familia y el 50% de los derechos de propiedad de la madre del ejecutado, sujetándose el A-quo a la proporcionalidad y adecuación que prevé el artículo 357 del Código Procesal Civil, relacionado con el principio de suficiencia que debe operar como objetivo; mientras que el valor del segundo inmueble excede exorbitantemente a la cantidad pretendida por el ejecutante. Aunado a ello, el Tribunal de Alzada, estimó que el mandamiento librado por el Juzgado de Familia de Tegucigalpa, en el cual se advierte que sobre el primero inmueble pesa una medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos, no se puede considerar como hecho nuevo o de nuevo conocimiento porque debió proponerse dentro del término establecido en el artículo 394 del citado plexo jurídico, y en caso de autos, la única razón por la que puede ser objeto de modificación de la medida, es cuando se produzca un cambio en los hechos o en las circunstancias que se tuvieron en cuenta a la hora de decidir sobre ellos, no siendo el caso la referida comunicación, al no tener la característica de hecho nuevo. Sobre el particular, se observa que los inmuebles propiedad del señor Carlos Roberto Reyes Santely fueron embargados, en fecha catorce (14) de noviembre del año 2016 (ver acta de embargo a F.160), mientras que la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos sobre el inmueble matricula 0000414412 se inscribió en fecha doce (12) de octubre del año 2018, según constancia de gravamen emitida por el Instituto de la Propiedad y asiento de matrícula 0000414412-00000 (F.448); acorde con lo anterior, si bien es cierto, se aprecia que la realidad fáctica del referido inmueble ha variado con la medida cautelar decretada por el Juzgado de Familia, no menos cierto es, que el juzgador estimó, dentro del marco de sus facultades, que los nuevos hechos sobrevenidos no fundamentan la procedencia de un cambio en la medida cautelar de embargo decretada sobre el primer inmueble…” (Folios del 31-34 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo el fallo dictado por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha nueve de diciembre del año dos mil diecinueve, que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Tulio David Barahona Fuentes, en su condición de representante procesal de la parte ejecutada, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil diecinueve, que declara desestimada la solicitud de modificación de medida cautelar, tendiente a que reduzca o deje sin efecto el embargo decretado en el proceso, sobre el 50% del derecho de propiedad que posee el señor Carlos Roberto Reyes Santely, sobre el bien inmueble inscrito bajo matricula número 414412 asiento 2 del Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán, promovida por el Abogado Tulio David Barahona Fuentes, en su condición de represente procesal del señor CARLOS ROBERTO REYES SANTELY, en la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, promovida por la sociedad mercantil KING OCEAN DE HONDURAS S.A. DE C.V., contra el señor CARLOS ROBERTO REYES SANTELY. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su inconformidad con la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, argumentando fundamentalmente que el A-quo conculca el debido proceso, cuando desestima la solicitud de modificación de medida cautelar en el auto de fecha 23 de septiembre de 2019 y señala fecha para audiencia de subasta, máxime cuando se ignora un derecho de alimentos integral a favor de menores en detrimento del “interés superior del niño” y no se cumple a cabalidad con las formalidades establecidas en el Código Procesal Civil en sus Art. 812.4 en relación con el Art. 207-A del Código de Familia, por tratarse de alimentos o, en su caso, pensión alimenticia, en las que se debe integrar como parte de este derecho, el inmueble descrito por el 50% de que es titular su cliente el señor Reyes Santely, siendo esta casa de habitación y hogar de residencia de su familia, el cual se encuentra inscrito bajo matricula número 0000414412. Sostiene el recurrente que el bien embargado, existen copropietarios y es el domicilio o residencia del ejecutado, en palabras mas sencillas, reside su familia en el bien inmueble embargado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula y consta título de propiedad del mismo, que es el copropietario del inmueble o sea dueño del cincuenta por ciento (50%), siendo codueña su señora madre y de oficio el Juzgado en mención dejó sin valor ni efecto el embrago sobre el otro bien inmueble ubicado a inmediaciones del Anillo Periférico de la capital, el cual es suficiente para evitar un mal mayor al ejecutado y su familia, sin embargo el Juez desestimó esta petición – señala el amparista-, causando más perjuicio al ejecutado. CONSIDERANDO (4): Que los derechos constitucionales que invoca el impetrante como vulnerados son: derecho a la defensa, debido proceso, igualdad y principio de legalidad, los relaciona con la inobservancia, en la resolución impugnada, de lo dispuesto en los artículos 812.4 del Código Procesal Civil, el cual establece: “BIENES INEMBARGABLES. Se consideran como bienes inembargables los siguientes: 1… 2… 3… 4. Las prendas de estricto uso personal, alimentos, combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten indispensables para la subsistencia del obligado y de sus parientes con los que conforma una unidad familiar…”; asimismo expone el recurrente la inobservancia de lo dispuesto en el artículo 207-A del Código de Familia, en cuyo texto se lee: “Se entenderá por alimentos todo lo que sea indispensable para el desarrollo integral de una persona, como ser el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, formación integral y educación o instrucción”. CONSIDERANDO (5): Que la resolución que se impugna, declara sin lugar el Recurso de Apelación promovido por el recurrente y en consecuencia confirma la resolución recurrida; el Ad-quem estima que el Juez A-quo emitió una resolución amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, con lo que se logró un auto ajustado a derecho y cumple con todas las exigencias incluidas en la ley. En ese orden de ideas la resolución que se recurre en Amparo se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 354 del Código Procesal Civil que a la letra dispone: “FACULTADES DEL TRIBUNAL. En todo caso corresponderá al tribunal: 1. Apreciar la necesidad de la medida, pudiendo disponer una menos rigurosa a la solicitada, aunque no esté tipificada o nominada, si la estimare suficiente; 2. Establecer su alcance; 3. Establecer el término de su duración; 4. Disponer, de oficio o a petición de parte, la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada; 5. Exigir la prestación de contra cautela suficiente, salvo los casos exceptuados.” –Lo subrayado es nuestro-. El precepto de la ley adjetiva antes relacionada, se encuentra en estrecha relación a lo dispuesto en el artículo 823 de la misma normativa, ello porque el recurrente solicitó ante el A-quo modificación de medida cautelar, reducción del Embargo, en el texto de la citada norma se lee: “AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DEL EMBARGO. Tanto el ejecutante como el ejecutado podrán pedir la ampliación, reducción o modificación del embargo cuando el cambio de las circunstancias permita dudar de la suficiencia de los bienes afectos a la ejecución, o exceda de lo necesario para hacer frente a la obligación, o cuando las circunstancias del embargo puedan cambiar sin riesgo para el éxito de la ejecución.” –Énfasis y subrayado suplido-CONSIDERANDO (6): Que Como bien lo motiva la Corte de Apelaciones de lo Civil, en la resolución impugnada, que al realizar el Juez la operación aritmética llego a la convicción que el inmueble matricula 414412, asiento 2, el 50% del ejecutado satisface el derecho al pago al acreedor por parte del deudor, y a su vez quedan a salvo los derechos amparados por la medida decretada en el Juzgado de Familia y el 50% total sobre los derechos de propiedad de la madre del ejecutado, sujetándose el Juez a la proporcionalidad y adecuación que prevé el articulo 357 del CPC, relacionado con el principio de Suficiencia que debe operar como objetivo, ya que a lo largo del proceso de ejecución puede aumentar o disminuir la responsabilidad del ejecutado. En relación a lo argumentado por el apelante como hecho nuevo el mandamiento librado por el Juzgado de Familia de Tegucigalpa, en el cual se advierte que pesa sobre el citado inmueble matricula 414412, asiento 2, una medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos, este extremo no se puede considerar como un hecho nuevo o de nuevo conocimiento -motiva la Alzada-, pues se entiende como hechos nuevos a aquellos hechos que específicamente ocurrieron con posterioridad a los escritos de demanda y contestación, en el caso de autos no puede considerarse como un hecho nuevo o de nuevo conocimiento porque debió primeramente proponerse como tal, ser admitido como tal y después ser sujeto a prueba. CONSIDERANDO (7): Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura del fallo emitido por el Ad-quem en fecha nueve de diciembre del año dos mil diecinueve, esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de Alzada actuó observando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido se encuentra debidamente motivado, estableciendo el tribunal requerido, en los fundamentos de derecho el razonamiento de los hechos y los fundamentos legales que le sirvieron para declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada y con ello sustentando el porqué de la decisión adoptada, decisión que no comparte la parte ejecutada y recurrente en Amparo, lo que se aleja de ser una sentencia que vulnere derechos constitucionales; se aprecia de la resolución impugnada que se ha respetado el debido proceso al dictar una sentencia con las formalidades y garantías que la ley establece y en respeto irrestricto a la Constitución y a la ley, que invoca el impetrante como vulnerados. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub júdice, el recurrente lo relaciona y trae a colación específicamente la inobservancia de lo preceptuado en el artículo 812.4 del Código Procesal Civil y 207-A del Código de Familia, relacionándolo con vulneración al derecho al debido proceso, defensa e igualdad. No obstante a ello y de la foliada de los antecedentes, esta Sala de lo Constitucional observa que la Alzada decide sobre un asunto sometido a recurso de apelación que versa sobre una modificación de medida cautelar y reducción de embargo, resolución que se encuentra debidamente motivada y congruente en los fundamentos de derecho invocados para su decisión; en ese orden de ideas el recurrente se centra en afirmar que se vulnera el artículo 812 del CPC por ser la residencia de su representado un bien inembargable, pero lo que se decide en el caso bajo estudio, no es sobre si procede o no el embargo sobre el bien inmueble que habita el ejecutado, pues esto ocurrió en el año 2016, cuando se decretó embargo sobre los bienes del ejecutado, lo que se decide en el caso sub júdice es la procedencia o no de la modificación de la medida cautelar del embargo decretado, modificación que a criterio del A-quo no procede, decisión y argumentos que comparte la Alzada, por ello confirma la decisión dictada por el A-quo, no observando este Alto Tribunal con la indicada decisión, vulneración a derechos fundamentales como expone el recurrente en Amparo. CONSIDERANDO (9): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (10): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el derecho constitucional al debido proceso invocado por el recurrente, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, toda vez que en el fallo dictado por el tribunal de Alzada, se ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben garantizar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando asimismo la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 200, 206, 207, 208, 354, 357, 394, 460 y 823 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado MARCO TULIO BARAHONA VALLE, a favor del señor CARLOS ROBERTO REYES SANTELY, contra la Resolución de fecha NUEVE (9) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019), dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la magistrada Reina A. Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-195-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.