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Sentencia AC-159-21 — Registro 13021

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó el recurso en relación a la demanda ordinaria reivindicatoria de dominio. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (5): Que del estudio de las diligencias, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha trece de marzo del año dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que declara Sin Lugar la impugnación de costas presentada por el Abogado Cristian Gerardo Medina Sevilla, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil denominada UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S. A. de C. V. (UNICOMER), como parte demandante, contra los Señores MARIO ANIBAL DISCUA ELVIR, CONCEPCION YAMILETH CASTRO COELLO, JOSE TORRES VELASQUEZ, NORA MARIA LAINEZ OSORTO Y SANTOS ROMAN GRANDEZ GALO. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional, del examen de las diligencias observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados el derecho de defensa, debido proceso y principio de legalidad, derecho a las garantías judiciales, los enuncia exponiendo los siguientes motivos: a) Que se violenta el principio del debido proceso y el principio de legalidad, porque la resolución que se recurre de fecha trece de marzo del año dos mil veinte y que resuelve la impugnación a la tasación de costas, resuelve sin establecer ni motivar por el cual la juzgadora considera que la pretensión de reivindicación de dominio, aparte de ser de cuantía indeterminada, porque considera que tiene trascendencia económica, para que haya tasado los honorarios basándose en un avalúo del inmueble que se pretendía reivindicar, alegato que se plateo en el escrito de impugnación de costas y que la juzgadora dejo de dar respuesta al planteamiento relacionado; Que es evidente la violación al derecho de defensa, en vista que no se motiva dando respuesta a los argumentos de impugnación a la tasación de costas realizadas por escrito en el sentido de que se alegó que eran excesivos e incluir partidas indebidas por ser tasadas de conformidad a un avalúo del inmueble objeto de la pretensión, siendo que en dicha pretensión se alegó que es de cuantía indeterminada y que carecía de trascendencia económica, por tratarse de la recuperación de un inmueble que le pertenece a su representada; b) Que la violación al principio de legalidad se produce en el sentido que el Juzgado ha resuelto otros casos de igual naturaleza, siendo del criterio que la reivindicación de dominio se trata de procesos de cuantía indeterminada, en los que no existe trascendencia económica, pues el juicio carece de resultados económicos, siendo aplicables de conformidad al Arancel, honorarios correspondientes por tres mil lempiras; c) Que se viola el debido proceso y el principio de legalidad por establecer en el numeral QUINTO de los fundamentos de derecho, que desglosa los valores integrados por las partidas en concepto de CAPITAL VENCIDO, lo cual es totalmente fuera de lugar, al ser una pretensión de cuantía indeterminada, no puede haber capital vencido, si únicamente es la reivindicación de un inmueble, lo procedente para cuantificar las costas en este asunto, es aplicar lo que establece el artículo 26 numeral 2 párrafo primero del Arancel del profesional del Derecho, en lo que se refiere a cuantía indeterminada y el segundo párrafo que se refiere a que el juicio carece de resultados económicos; asimismo argumenta el pedidor que en el numeral SEXTO expresa el Juez, que ya existe un pronunciamiento realizado por el Colegio de Abogados de Honduras en cuanto a la impugnación de honorarios por excesivos, por lo que únicamente se pronunciará sobre si son indebidos o no y que de la tasación antes detallada se determina que si existe una obligación pendiente por la parte impugnante, siendo incomprensible este pronunciamiento, en razón que el Juzgado debe basar su decisión de acuerdo al tipo de pretensión, con la normativa aplicable a lo peticionado y a las alegaciones opositoras, caso contrario se convierte en la violación del debido proceso y legalidad; argumenta además que las cantidades establecidas en la partida segunda de las costas son indebidas, ya que la justicia se imparte gratuitamente en nombre del Estado de Honduras, consignado en el artículo 303 de la Constitución de la República y que las cantidades establecidas en la partida tercera de las costas son indebidas por aplicar el numeral 1 del artículo 26 del Arancel del Profesional del Derecho, como tarifa corriente, como si se tratara de pretensiones con trascendencia económica y que tal como se ha impugnado, las costas de los honorarios son excesivos y deben ser tasados en la cantidad de tres mil lempiras (L. 3,000.00) por haberse únicamente contestado la demanda y haberse decretado el abandono de la instancia, terminado el proceso sin sentencia contradictoria. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha veintiocho de enero del año dos mil veintiuno, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuando refiere que no dar respuesta a los motivos de impugnación es vulnerar el debido proceso, pues la autoridad recurrida al analizar el motivo de impugnación por considerar el incidentista que las costas son indebidas, no ahonda de manera clara en que consiste el principio de gratuidad, tampoco se aprecia un análisis del tipo de demanda que se instauro y el porque se considera que el asunto es de cuantía indeterminada con trascendencia económica; en la resolución la autoridad recurrida ha sostenido erradamente que únicamente se pronunciará sobre si los honorarios son indebidos o no, es decir, que no se pronunciará si son excesivos, bajo el argumento que existe un pronunciamiento del Colegio de Abogados de Honduras. Argumento que no es coherente o congruente con la decisión que tomo el A-quo de rebajar el importe impugnado realizado por la secretaría del Tribunal, fundamentada en las normas contenidas en los artículos 26 y 39, que considera aplicables del Arancel del Profesional del Derecho, por lo cual la autoridad recurrida si tomó una decisión de rebajar el importe que considero originalmente la secretaría del Juzgado, por ende la decisión de desestimar la impugnación a los honorarios profesionales por considerarlos excesivos, es incongruente en relación a la rebaja realizada y a la decisión tomada de considerar que únicamente corresponde un tercio de la cuantía corriente, por no haber finalizado el juicio con sentencia definitiva.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas; el artículo 207 indica que las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho y el artículo 208 indica que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes. CONSIDERANDO (9): Que siendo evidente la carencia de una motivación lógica, coherente, exhaustiva y razonada, en el acto que se recurre y que fuera emitido por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, sin razonar en forma exhaustiva, lógica y coherente, por qué arribó a tal conclusión. Esta Sala entiende que al tenor de los supra indicados artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, el A-quo debió dar respuesta a cada uno de los motivos expuestos por el impugnante, por ello esta Sala de lo Constitucional concluye que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, ha vulnerado en perjuicio del recurrente en amparo, la garantía genérica del debido proceso, que engloba el derecho a la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual se establece que las resoluciones emitidas deben estar debidamente motivadas, a efecto de dar respuestas lógicas, congruentes y razonadas a las pretensiones de los interesados. CONSIDERANDO (10): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (11): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de enero del año dos mil veintiuno, que falla Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Cristian Gerardo Medina Sevilla.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021), que otorgó el recurso presentado por el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA a favor de la Sociedad Mercantil UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (UNICOMER), contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en relación a la Demanda Ordinaria Reivindicatoria de Dominio promovida por la Sociedad Mercantil UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (UNICOMER) contra los Señores MARIO ANIBAL DISCUA ELVIR, CONCEPCION YAMILETH CASTRO COELLO, JOSE TORRES VELASQUEZ, NORA MARIA LAINEZ OSORTO Y SANTOS ROMAN GRANDEZ GALO. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada FANNY ALEJANDRA RODRIGUEZ DEL CID, en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (UNICOMER), promoviendo Demanda Ordinaria Reivindicatoria de Dominio, Nulidad de Instrumentos Públicos y de sus respectivos asientos registrales, se declare la inexistencia de los mismos por vicios de consentimiento y objeto en el contrato, prohibición de disponer. (Folios 01–351 del Tomo I de la Pieza del A-Quo). 2) Que siguiendo el trámite de ley correspondiente, en fecha trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), el citado Juzgado en auto motivado sobre impugnación de pago de honorarios Resolvió: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR DESESTIMADA LA IMPUGNACION A LA TASACION DE COSTAS REFERENTE A LOS HONORARIOS PROFESIONALES, promovida por el abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA como representante procesal de la Sociedad Mercantil UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUNDO: Este Juzgado procede a fijar la cantidad debida por la Sociedad Mercantil UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. en concepto de costas referentes a los honorarios profesionales en dos millones quinientos setenta y nueve mil seiscientos veintisiete lempiras con cero nueve centavos (L.2,579,627.09) mismos que deberá abonarse a la parte reclamante de las mismas tal como consta en el escrito de solicitud de tasación de constas que corre agregado a los autos a folio 888, bajo los términos y procedimientos prescritos por la Ley aplicable al presente caso. TERCERO: Este Juzgado ordena a la Secretaría del Despacho que proceda a notificar la presente resolución a todas las partes a través de sus representantes procesales.” (Folios 1040-1042 de la Pieza del A-Quo). 3) Que en fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil veinte (2020), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (UNICOMER), interponiendo recurso de amparo contra la resolución proferida en auto motivado sobre impugnación de pago de honorarios de fecha trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. (Folios 1–14 de la pieza del Ad-Quem). 4) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veintiocho (28) de enero del dos mil veintiuno (2021), Falló: (SIC) “PRIMERO: Otorgando la acción de amparo interpuesta contra el auto de fecha trece de marzo de dos mil veinte, proferido por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Estableciendo que la decisión del trece de marzo de dos mil veinte, es nula y no obliga a la sociedad mercantil UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V., por contravenir el derecho al debido proceso. TERCERO: Ordenando que la autoridad recurrida, al recibir los antecedentes, emita dentro del plazo legal, una nueva decisión en la impugnación de costas interpuesta por la sociedad mercantil UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V., que sea congruente a lo pedido y contenga la suficiente motivación fáctica y jurídica. Es decir que la autoridad recurrida, al emitir su resolución, debe dar respuesta a los motivos de impugnación a las costas, alegados por el incidentista en su escrito visible a folios 928 al 932 Tomo III de la Primera pieza y que este Tribunal resume en el fundamento de derecho tercero de este fallo. CUARTO: que se envié en trámite de consulta obligatoria la presente sentencia ante la honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional.” (Folio 115–123 de la pieza del Ad-Quem).5) Que en fecha dieciséis (16) de febrero del dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, decidida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, contra la resolución de fecha trece de marzo, del año dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve declarar sin lugar la impugnación de costas presentadas por la parte demandante, en relación a la DEMANDA ORDINARIA REIVINDICATORIA DE DOMINIO promovida por la Abogada FANNY ALEJANDRA RODRIGUEZ DEL CID, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S. A. de C. V. (UNICOMER), contra los Señores MARIO ANIBAL DISCUA ELVIR, CONCEPCION YAMILETH CASTRO COELLO, JOSE TORRES VELASQUEZ, NORA MARIA LAINEZ OSORTO Y SANTOS ROMAN GRANDEZ GALO. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha trece de marzo del año dos mil veinte, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, es violatorio de las garantías constitucionales de Derecho de defensa, debido proceso y principio de legalidad, contemplados en el Artículo 82, 90 y 94 de la Constitución de la República; derecho a las garantías judiciales establecido en el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO (4): Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de las diligencias, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha trece de marzo del año dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que declara Sin Lugar la impugnación de costas presentada por el Abogado Cristian Gerardo Medina Sevilla, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil denominada UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S. A. de C. V. (UNICOMER), como parte demandante, contra los Señores MARIO ANIBAL DISCUA ELVIR, CONCEPCION YAMILETH CASTRO COELLO, JOSE TORRES VELASQUEZ, NORA MARIA LAINEZ OSORTO Y SANTOS ROMAN GRANDEZ GALO. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional, del examen de las diligencias observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados el derecho de defensa, debido proceso y principio de legalidad, derecho a las garantías judiciales, los enuncia exponiendo los siguientes motivos: a) Que se violenta el principio del debido proceso y el principio de legalidad, porque la resolución que se recurre de fecha trece de marzo del año dos mil veinte y que resuelve la impugnación a la tasación de costas, resuelve sin establecer ni motivar por el cual la juzgadora considera que la pretensión de reivindicación de dominio, aparte de ser de cuantía indeterminada, porque considera que tiene trascendencia económica, para que haya tasado los honorarios basándose en un avalúo del inmueble que se pretendía reivindicar, alegato que se plateo en el escrito de impugnación de costas y que la juzgadora dejo de dar respuesta al planteamiento relacionado; Que es evidente la violación al derecho de defensa, en vista que no se motiva dando respuesta a los argumentos de impugnación a la tasación de costas realizadas por escrito en el sentido de que se alegó que eran excesivos e incluir partidas indebidas por ser tasadas de conformidad a un avalúo del inmueble objeto de la pretensión, siendo que en dicha pretensión se alegó que es de cuantía indeterminada y que carecía de trascendencia económica, por tratarse de la recuperación de un inmueble que le pertenece a su representada; b) Que la violación al principio de legalidad se produce en el sentido que el Juzgado ha resuelto otros casos de igual naturaleza, siendo del criterio que la reivindicación de dominio se trata de procesos de cuantía indeterminada, en los que no existe trascendencia económica, pues el juicio carece de resultados económicos, siendo aplicables de conformidad al Arancel, honorarios correspondientes por tres mil lempiras; c) Que se viola el debido proceso y el principio de legalidad por establecer en el numeral QUINTO de los fundamentos de derecho, que desglosa los valores integrados por las partidas en concepto de CAPITAL VENCIDO, lo cual es totalmente fuera de lugar, al ser una pretensión de cuantía indeterminada, no puede haber capital vencido, si únicamente es la reivindicación de un inmueble, lo procedente para cuantificar las costas en este asunto, es aplicar lo que establece el artículo 26 numeral 2 párrafo primero del Arancel del profesional del Derecho, en lo que se refiere a cuantía indeterminada y el segundo párrafo que se refiere a que el juicio carece de resultados económicos; asimismo argumenta el pedidor que en el numeral SEXTO expresa el Juez, que ya existe un pronunciamiento realizado por el Colegio de Abogados de Honduras en cuanto a la impugnación de honorarios por excesivos, por lo que únicamente se pronunciará sobre si son indebidos o no y que de la tasación antes detallada se determina que si existe una obligación pendiente por la parte impugnante, siendo incomprensible este pronunciamiento, en razón que el Juzgado debe basar su decisión de acuerdo al tipo de pretensión, con la normativa aplicable a lo peticionado y a las alegaciones opositoras, caso contrario se convierte en la violación del debido proceso y legalidad; argumenta además que las cantidades establecidas en la partida segunda de las costas son indebidas, ya que la justicia se imparte gratuitamente en nombre del Estado de Honduras, consignado en el artículo 303 de la Constitución de la República y que las cantidades establecidas en la partida tercera de las costas son indebidas por aplicar el numeral 1 del artículo 26 del Arancel del Profesional del Derecho, como tarifa corriente, como si se tratara de pretensiones con trascendencia económica y que tal como se ha impugnado, las costas de los honorarios son excesivos y deben ser tasados en la cantidad de tres mil lempiras (L. 3,000.00) por haberse únicamente contestado la demanda y haberse decretado el abandono de la instancia, terminado el proceso sin sentencia contradictoria. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha veintiocho de enero del año dos mil veintiuno, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuando refiere que no dar respuesta a los motivos de impugnación es vulnerar el debido proceso, pues la autoridad recurrida al analizar el motivo de impugnación por considerar el incidentista que las costas son indebidas, no ahonda de manera clara en que consiste el principio de gratuidad, tampoco se aprecia un análisis del tipo de demanda que se instauro y el porque se considera que el asunto es de cuantía indeterminada con trascendencia económica; en la resolución la autoridad recurrida ha sostenido erradamente que únicamente se pronunciará sobre si los honorarios son indebidos o no, es decir, que no se pronunciará si son excesivos, bajo el argumento que existe un pronunciamiento del Colegio de Abogados de Honduras. Argumento que no es coherente o congruente con la decisión que tomo el A-quo de rebajar el importe impugnado realizado por la secretaría del Tribunal, fundamentada en las normas contenidas en los artículos 26 y 39, que considera aplicables del Arancel del Profesional del Derecho, por lo cual la autoridad recurrida si tomó una decisión de rebajar el importe que considero originalmente la secretaría del Juzgado, por ende la decisión de desestimar la impugnación a los honorarios profesionales por considerarlos excesivos, es incongruente en relación a la rebaja realizada y a la decisión tomada de considerar que únicamente corresponde un tercio de la cuantía corriente, por no haber finalizado el juicio con sentencia definitiva. CONSIDERANDO (8): Que como requisitos internos de las sentencias, el Artículo 206 del Código Procesal Civil establece que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas; el artículo 207 indica que las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho y el artículo 208 indica que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes. CONSIDERANDO (9): Que siendo evidente la carencia de una motivación lógica, coherente, exhaustiva y razonada, en el acto que se recurre y que fuera emitido por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, sin razonar en forma exhaustiva, lógica y coherente, por qué arribó a tal conclusión. Esta Sala entiende que al tenor de los supra indicados artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, el A-quo debió dar respuesta a cada uno de los motivos expuestos por el impugnante, por ello esta Sala de lo Constitucional concluye que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, ha vulnerado en perjuicio del recurrente en amparo, la garantía genérica del debido proceso, que engloba el derecho a la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual se establece que las resoluciones emitidas deben estar debidamente motivadas, a efecto de dar respuestas lógicas, congruentes y razonadas a las pretensiones de los interesados. CONSIDERANDO (10): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (11): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de enero del año dos mil veintiuno, que falla Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Cristian Gerardo Medina Sevilla. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 59, 61, 82, 90, 94, 103, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.1 y último párrafo, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de Enero del año dos mil veintiuno, en la acción constitucional de AMPARO promovida por el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, a favor de la Sociedad Mercantil UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S. A. DE C. V., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redacto la magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal con el número SCO-0159-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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