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Sentencia AC-15-21 — Registro 12475

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que denegó la acción de amparo contra la resolución en la oposición de la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial. Manifestando el recurrente, que el acto recurrido ha violentado, en perjuicio de sus representados, los derechos constitucionales contenidos en los Artículos 64, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en su sentencia, cuando señala que el derecho de defensa que garantiza la Constitución de la República, es bajo el debido proceso o principio de legalidad, en el caso que nos ocupa, a la parte ejecutada se le dio y garantizó el debido proceso, pero al no comparecer, su representado a la audiencia; y, no dar al Juez un motivo fundado, ha producido los efectos de la incomparecencia a una audiencia contemplados en los Artículos 795 y 445 del Código Procesal Civil, actuación esta que no constituye violación al derecho de defensa. Por Tanto, el A-Quo no ha violentado el derecho de defensa de la parte ejecutada, como argumento del quejoso. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. La garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos CONSIDERANDO SIETE (7): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil veinte (2020), que denegó la acción de amparo interpuesta por el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, en su condición de apoderado legal del señor ELVIN RUBEN GOMEZ BANEGAS, contra la Resolución del Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020); cuando no se ha establecido infracción alguna al debido proceso y mecho menos al derecho a la defensa que aduce el recurrente.”

Legislación citada

Sentencia

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