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Sentencia AC-140-20 — Registro 13012

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que declaró sin lugar el recurso de apelación con relación a la “demanda de ejecución de título extrajudicial…”. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en el Artículo 90, 94, 103 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la sentencia interlocutoria de fecha once de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Diez de Agosto del año de dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NICOLÁS ALFREDO BARAHONA BARAHONA, a favor de la sociedad mercantil denominada “GRANJA AVICOLA ALVARENGA, S. DE R.L. DE C.V.” y del señor SADIS OBDULIO ALVARENGA MEDRANO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la sentencia interlocutoria de fecha once de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con relación a la “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL…”, promovida por la Abogada Nicol Liliana Aguilar, en su condición de Apoderada Judicial de la sociedad mercantil denominada “DISTRIBUIDORA AVICOLA S.A. DE C.V.” en contra de la sociedad mercantil denominada “GRANJA AVICOLA ALVARENGA, S. DE R.L. DE C.V.”, asimismo, en contra del señor Sadis Obdulio Alvarenga Medrano, en su condición de aval solidario. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en el Artículo 90, 94, 103 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la Abogada Nicol Liliana Aguilar, en su condición de Apoderada Judicial de la sociedad mercantil denominada “DISTRIBUIDORA AVICOLA S.A. DE C.V.”, interponiendo “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL…”, en contra de la sociedad mercantil denominada “GRANJA AVICOLA ALVARENGA, S. DE R.L. DE C.V.” asimismo, en contra del señor Sadis Obdulio Alvarenga Medrano, en su condición de aval solidario. (Folio 1-4 del tomo I de la pieza A-quo) 2) En fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la Abogada Nicol Aguilar, de generales conocidas, presentando escrito solicitando se decrete embargo en contra de la sociedad mercantil “GRANJA AVICOLA ALVARENGA, S. DE R.L. DE C.V.”. (Folios 21-22 del tomo I de la pieza del A-quo) 3) En fecha seis de noviembre de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolvió: Único: En base al argumento antes expuesto, en consecuencia decrétese el embargo sobre las cuentas de cheques números 730280061 en lempiras hasta la cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 85,644.76) y 730282471, en dólares hasta la cantidad de TRES MIL SETENTA Y UN DÓLAR CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR (U.S.$. 3,071.56) ambas registradas a favor de la sociedad mercantil GRANJA AVICOLA ALVARENGA. S. de R.L. de C.V., para su práctica comisiónese al señor JOSÉ RIGOBERTO ESCOBAR G, …. (Folio 25 vuelto del tomo I de la pieza del A-quo) 4) En fecha dos de noviembre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la Abogada Nicol Aguilar, en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil MEGA DISTRIBUIDORA AVICOLA. S.A. de C.V., presentando solicitud para que se decretara embargo contra la sociedad mercantil “GRANJA AVICOLA ALVARENGA, S. DE R.L. DE C.V.”. (Folio 27-30 del tomo I de la pieza del A-quo) 5) En fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolvió: Primero: Admitir el escrito que antecede juntamente con los documentos acompañados el que se manda a agregar a los autos. Segundo: En base a los argumentos expuesto en el fundamento de derecho; se estima parcialmente la solicitud de embargo de la parte ejecutante la sociedad mercantil MEGA DISTRIBUIDORA AVICOLA. S.A. de C.V. Tercero: Déjese sin valor y efecto el embargo anteriormente decretado sobre las cuentas bancarias registradas a favor de la sociedad GRANJA AVICOLA ALVARENGA. S.A. de R.L. de C.V., mediante auto de fecha seis de noviembre del presente año (2018). Cuarto: Decrétese embargo sobre los bienes inmuebles registrados con matrículas a)325366… Quinto: … (Folios 68-69 del tomo I de la pieza del A-quo) 6) En fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado Nicolás Alfredo Barahona Barahona, en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad mercantil denominada “GRANJA AVICOLA ALVARENGA, S. DE R.L. DE C.V.”, presentando escrito de “OPOSICIÓN A LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO DECRETADO SEGÚN RESOLUCIÓN DE FECHA TRES (3) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018)…” (Folios 289-292 del tomo II del de la pieza del A-quo) 7) En fecha once de junio de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: PRIMERO: Que debo DESESTIMAR y DESESTIMÓ los motivos de oposición consistentes en: 1) LA OMISIÓN DE LOS REQUISITOS Y MENCIONES QUE EL TITULO O EL ACTO EN EL CONSIGNADO DEBEN LLENAR O CONTENER, y 2) LAS PERSONALES QUE TENGA EL DEMANDADO CONTRA EL ACTOR, interpuestos por el Abogado NICOLÁS ALFREDO BARAHONA BARAHONA en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil denominada GRANJA AVICOLA ALVARENGA S.A. de R.L. de C.V., y del señor SADIS OBDULIO ALVARENGA MEDRANO, ambos en su condición de parte ejecutada, en la solicitud de ejecución de título extrajudicial interpuesta en su contra por la Abogada NICOL LILIANA AGUILAR como apoderada judicial de la sociedad mercantil denominada MEGA DISTRIBUIDORA AVICOLA S.A. de C.V., como parte ejecutante, tendiente a obtener el pago de QUINCE MILLONES DE LEMPIRAS (L.15,000,000.00), más los intereses legales y costas del juicio. SEGUNDO: Se ORDENA que se siga adelante con las actuaciones de apremio sobre los bienes de la parte ejecutada hasta obtener la cantidad de QUINCE MILLONES DE LEMPIRAS (L.15,000,000.00), más los intereses legales y costas del juicio. TERCERO: Se condena en COSTAS a la parte ejecutada. Se emite la resolución en esta fecha… (Folios 376-379 vuelto del tomo II de la pieza del A-quo) 8) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Nicolás Alfredo Barahona Barahona, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, en fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por unanimidad de votos falló: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado: NICOLÁS ALFREDO BARAHONA BARAHONA, contra el FALLO de fecha once de junio de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la solicitud de oposición, derivada de la ejecución forzosa de título extrajudicial, promovida por la Abogada NICOL LILIANA AGUILAR, accionando en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada MEGA DISTRIBUIDORA AVICOLA, S.A. de C.V., en contra de la sociedad mercantil denominada GRANJA AVICOLA ALVARENGA, S.A. de R.L. de C.V., conocida comercialmente como AVICA S. de R.L. de C.V., y del señor SADIS OBDULIO ALVARENGA MEDRANO, para el pago de sumas de dinero por la cantidad de Quince Millones de Lempiras (Lps. 15,000,000.00), más los intereses legales y cotas del juicio. -2) CONFIRMAR, el FALLO de fecha once de junio del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, venido en apelación. -3) CON COSTAS. (Folio 6-9 vuelto de la pieza del Ad-quem) 9) En fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, compareció ante este Tribunal, el Abogado Nicolás Alfredo Barahona Barahona, interponiendo acción de amparo a favor la sociedad mercantil denominada “GRANJA AVICOLA ALVARENGA, S. DE R.L. DE C.V.” y del señor Sadis Obdulio Alvarenga Medrano, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar que los mismos son violatorios de los derechos consagrados en los Artículos 90, 94, 103 y 321 de la Constitución de la República. 10) Esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el recurrente en el amparo de mérito, en fecha siete de diciembre de dos mil veinte, en consecuencia, se ordenó continuar con el trámite correspondiente, poniendo a la vista las presentes diligencias por el término de 48 horas al Fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 69 del recurso) 11) Que en fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Diana Elizabeth Rodriguez, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: …Esta Representación Fiscal del Ministerio Público, después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso, establece lo siguiente: Que en el escrito de interposición de la acción se desprende que el Amparista acude a esta instancia aduciendo que con la resolución emitida por el Ad-quem, se le han violentado a su representada las garantías contenidas en los artículos 90, 94, 103 y 321 de la Constitución de la República. Aduce el impetrante, que el Ad-quem no pudo apreciar en el fallo recurrido, la falta de pronunciamiento del Juez sobre la manifestación en el escrito de la demanda, de que la letra de cambio se dio en garantía y que carece de valor cambiario, e incurrió en un vicio preponderante de incongruencia y falta de motivación del fallo, al omitir el razonamiento que el legislador prevé y confirmó un fallo dictado con incumplimiento de los requisitos internos de la sentencia, concluyendo el amparista que la sentencia no es clara, precisa y congruente como la ley ordena. Se colige de la foliada, que la parte demandada cuestiona la ejecución de un título de carácter extrajudicial, denominada letra de cambio, consistiendo su disconformidad en que a su parecer se exige una obligación que no existe, ya que de existir debió haber sido incorporada la prueba de dicha obligación junto con el título valor. Del análisis del fallo impetrado, esta Representación Fiscal aprecia que el reproche señalado por el amparista a la resolución sub examine, no incurre en ninguna vulneración constitucional, ya que la alzada sí se ha pronunciado sobre cada uno de los argumentos sometidos a su conocimiento por la parte ejecutada, quien rechaza la autenticidad del título letra de cambio, pues se aprecia que el Ad-quem emitió una resolución amplia, y fundamentada en derecho, pues cumple con todas las exigencias requeridas en el artículo 504 del Código de Comercio, que manda que son títulos a la orden los expedidos a favor de la persona cuyo nombre se consigna en el mismo texto del documento, y en el caso de autos se aprecia que el vencimiento fue en fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil cinco (2005), trae inserta el nombre y firma del girado, época del pago (25-7-2018), nombre de la sociedad a quien ha de hacerse el pago y la firma del girador, considerando además que la misma fue aceptada sin protesto, lo anterior en relación al artículo 782 numeral 3 del Código Procesal Civil. El titulo valor en referencia, se entiende que el derecho y la obligación contenida en el mismo vale por sí mismo y son independientes en forma absoluta de cualquier otra relación causal que origine su emisión, siendo así, que sus características de literalidad y autonomía lo convierte en título independiente de cualquier relación subyacente, pues reúne todos los requisitos necesarios para su cumplimiento. De lo expuesto, estima la suscrita que lo atacado por el impetrante, no incurre en ninguna violación a las garantías constitucionales alegadas y, el hecho de no estar de acuerdo con dicha resolución, no significa que concurre tal violación, apreciándose que se garantizó el debido proceso y principio de legalidad, por ende, consideramos que dicha sentencia ha sido dictada conforme a derecho al haberse emitido una sentencia de fondo, razonable, congruente y justa. IV: CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, por no vislumbrarse vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. (Folios 52-58 del recurso de amparo) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la sentencia interlocutoria de fecha once de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con relación a la “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL…”, promovida por la Abogada Nicol Liliana Aguilar, en su condición de Apoderada Judicial de la sociedad mercantil denominada “DISTRIBUIDORA AVICOLA S.A. DE C.V.” en contra de la sociedad mercantil denominada “GRANJA AVICOLA ALVARENGA, S. DE R.L. DE C.V.”, asimismo, en contra del señor Sadis Obdulio Alvarenga Medrano, en su condición de aval solidario. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que se han violentado en perjuicio de su representada los Artículos 90, 94, 103 y 321 de la Constitución de la República; al no haber ningún pronunciamiento de parte de la Corte de Apelaciones en relación al alegato de sobre la manifestación en el escrito de la demanda de que la letra de cambio se emitió en garantía, se violenta sin lugar a dudas el derecho de las partes a la motivación de la sentencia y no escuchando su argumentos. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno o, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público (MP) a través de su Fiscal, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El titulo valor en referencia, se entiende que el derecho y la obligación contenida en el mismo vale por sí mismo y son independientes en forma absoluta de cualquier otra relación causal que origine su emisión, siendo así, que sus características de literalidad y autonomía lo convierte en título independiente de cualquier relación subyacente, pues reúne todos los requisitos necesarios para su cumplimiento. De lo expuesto, estima la suscrita que lo atacado por el impetrante, no incurre en ninguna violación a las garantías constitucionales alegadas y, el hecho de no estar de acuerdo con dicha resolución, no significa que concurre tal violación, apreciándose que se garantizó el debido proceso y principio de legalidad, por ende, consideramos que dicha sentencia ha sido dictada conforme a derecho al haberse emitido una sentencia de fondo, razonable, congruente y justa. IV: CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, por no vislumbrarse vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.” ONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, concluye que analizó y estudió detenidamente el fallo impugnado, sin poder apreciar que conste en el mismo, lo expuesto por el apelante, por lo que procede la desestimación de los agravios. Más bien expresa su acuerdo con lo expresado por el Juez de Primera instancia que señala que la Letra de Cambio es un documento sumamente formal porque sus requisitos ontológicos constituyen el derecho, no simplemente lo prueban. En términos generales el Artículo 451 establece los requisitos que todo título valor debe contener, tanto los reglamentados por la ley como los consagrados por el uso; y los requisitos en específico que la Letra de Cambio debe contener se encuentran previstos en el Artículo 504 ambos del Código de Comercio. La parte ejecutada estima que el titulo aportado omite requisitos en vista que se encuentra consignada la frase “por valor en cuenta según factura número_”, lo cual desvaloriza la autonomía del título valor, condicionándolo a eventos suscritos y aceptados de forma bilateral, obligándole a indicar cuáles son las facturas pendientes de pago. Revisada la Letra de cambio que se ejecuta, puede apreciarse que contiene todos los requisitos previstos en los Artículos 451 y 504 antes indicados, y el hecho que no indique las facturas a las cuales corresponden, no desnaturaliza la validez cambiaria de dicho título, ya que los derechos y obligaciones en el consignadas pueden apreciarse de su contenido literal. Como se señaló, en relación a los títulos valores por literal deberá entenderse que el derecho que el titulo representa se ejercerá tal como está escrito en el documento; y por derecho autónomo, que el derecho deberá ejercerse libremente, sin que deba sujetarse a condición alguna que tienda a modificarlo o limitarlo. Aunado a ello, el Artículo 460 del Código de Comercio establece que lo que no está en el titulo expresamente mencionado en él, no tiene eficacia jurídica. Los argumentos expuestos, conllevan a la desestimación de esta excepción. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la sentencia interlocutoria de fecha once de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes septiembre del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha diez de agosto del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0140-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL