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Sentencia AC-136-20 — Registro 12877

Resumen

Resolución que ordena la venta de inmueble en relación a demanda de cesación de comunidad de bienes promovida por recurrente y la incomparecencia de demandada a audiencia ademas impetrante se refiere al hecho de que Ad quem anuló la sentencia apelada bajo el argumento de la necesaria intervención del Ministerio Público considerando los intereses de niños en dicho proceso,para ésta Sala de lo Constitucional, el planteamiento de demanda de mérito está planteada de forma, que esconde su verdadera naturaleza.que,desde el primer hecho de la misma, la parte actora esconde el hecho de que el asunto puesto al escrutinio judicial es un proceso que se relaciona con la materia de familia y no un proceso civil como se le dio curso

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."En conclusión, lo que pretende la Sala de lo Constitucional con toda la normativa internacional citada y transcrita, es hacer ver que los juzgadores en todo caso deben observar el cumplimiento de la igualdad sustantiva y no la formal que se encuentra en los textos normativos.- Por lo que además de que el Código procesal civil dispone de forma imperativa, clara y contundente que la competencia del presente caso corresponde al juzgado de familia, la normativa internacional manda que se garantice el respeto a los derechos humanos, y especialmente en casos como este, que se garantice la aplicación del derecho con perspectiva de género.- Por todo lo anteriormente dispuesto y argumentado, este alto tribunal de justicia estima procedente denegar la presente garantía constitucional de amparo, así mismo, habiéndose violentado disposiciones de orden público ineludiblemente de cumplimiento obligatorio, como así sucede con la competencia objetiva y especializada, se estima procedente ordenar de oficio que el juzgado de primera instancia que ha conocido el asunto de mérito, anule todo lo actuado y archive las diligencias, dejando a salvo el derecho de las partes de proceder de acuerdo con sus derechos e intereses ante el juzgado que sea competente"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintiséis de julio de dos mil veintiuno.-VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada NICIA GERTRUDIS VAQUEDANO, a favor del señor MARIO FRANCISCO TORRES CRUZ, contra la resolución de fecha nueve de diciembre del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de apelaciones civil del departamento de Cortés, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha dieciocho de junio del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de letras civil de la sección judicial del departamento de Cortés. Con relación a la demanda de cesación de comunidad de bienes promovida por el señor MARIO FRANCISCO TORRES CRUZ, contra la señora DIXIANA ADALGISA RODRÍGUEZ ERAZO. Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se consideran violentados están contenidos en los artículos 80, 90 y 323 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES PROCESALES.-1. En fecha veintiocho de enero del año dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de letras civil de la sección judicial del departamento de Cortés, la abogada NICIA GERTRUDIS VAQUEDANO, interponiendo demanda para el cese de comunidad de bienes por la vía del proceso abreviado, en contra de la señora DIXIA ADALGIZA RODRÍGUEZ ERAZO. (Folios 1 al 5 de la pieza del juzgado).-2. En fecha dieciocho de junio del año dos mil diecinueve, el Juzgado de letras civil de la sección judicial del departamento de Cortés, dicto el siguiente fallo: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR la presente demanda de cesación de comunidad de bienes por la vía del proceso abreviado, promovida por el señor MARIO FRANCISCO TORRES CRUZ, contra la señora DIXIA ADALGIZA RODRÍGUEZ ERAZO. SEGUNDO: DECLARA EL CESE DE LA COMUNIDAD o el fin al estado de indivisión de la propiedad que poseen de manera conjunta y en iguales porciones el señor MARIO FRANCISCO TORRES CRUZ y la señora DIXIANA ADALGIZA RODRÍGUEZ ERAZO, sobre bien inmueble inscrito bajo asiento número 30 del tomo 6001 trasladado bajo matricula 544802 asiento 1 del Instituto de la Propiedad de esta Ciudad. TERCERO: Se ordena al señor MARIO FRANCISCO TORRES CRUZ y a la señora DIXIANA ADALGIZA RODRÍGUEZ ERAZO, que procedan a la VENTA del bien inmueble inscrito bajo asiento número 30 del tomo 6001 trasladado bajo matricula 544802 asiento 1 del Instituto de la Propiedad de esta ciudad…” (Folios 20 al 22 de la pieza del juzgado).-3. En fecha nueve de diciembre del año dos mil diecinueve, la Corte de apelaciones civil del departamento de Cortés, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado OSCAR HERNÁN ROMERO GARCÍA, en su condición de apoderado legal de la señora DIXIANA ADALGIZA RODRÍGUEZ ERAZO dictó el fallo siguiente: “ÚNICO: DECRETAR NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, a partir inclusive del acta de la audiencia de procedimientos abreviado celebrada en fecha seis de junio del dos mil diecinueve que obra a folio 19 de la primera pieza, en el proceso venido en apelación contentivo de la demanda para cese de comunidad de bienes promovida por el señor MARIO FRANCISCO TORRES CRUZ en contra de la señora DIXIA ADALGIZA RODRIGUEZ ERAZO, debiendo el juzgado de primera instancia cumplir con lo dispuesto por la Constitución y la ley cuando existan intereses de menores…” (Folios 5 al folio 7 de la pieza de corte de apelaciones).-4. En fecha dieciocho de febrero del año dos mil veinte la abogada NICIA GERTRUDIS VAQUEDANO, compareció ante este alto tribunal interponiendo garantía constitucional de amparo a favor del señor MARIO FRANCISCO TORRES CRUZ, afirmando que la decisión del tribunal ad quem de fecha nueve de diciembre del año dos mil diecinueve violenta artículos de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma la garantía en fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, ordenando dar vista al fiscal del despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. -5. En fecha veintitrés de febrero del año dos mil veintiuno, se tuvo por emitido el dictamen presentado por la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ, en su condición de fiscal del despacho, en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE LA ACCIÓN DE AMPARO en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser los artículos 80, 90 Y 323 de la Constitución de la República. -FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.-CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.-CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].-CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos de la garantista denunciando violación del derecho al debido proceso legal, citando los artículos 59, 80 y 82 de la Constitución de la República. La impetrante al formalizar la presente garantía constitucional de amparo denuncia que la honorable Corte de apelaciones civil del departamento de Cortés ha conculcado en perjuicio de su poderdante el derecho al debido proceso legal.-La impetrante cita el artículo 590 del Código procesal civil, así: “Artículo 590. INCOMPARECENCIA DE LAS PARTES. 1. La incomparecencia injustificada del demandante a la audiencia …; 2. …; 3. La incomparecencia del demandado no impedirá la celebración de la audiencia; 4. En las respectivas citaciones para la audiencia se advertirá a las partes sobre los efectos que producirá su incomparecencia.”.-Seguidamente lo relaciona con los artículos 135 c), 218, 219, 222, 256, 482, 484.2 parte final, todos del Código procesal civil.-La impetrante llama la atención al señalar que cuando el código emplea la expresión “citaciones” se está refiriendo a: “lugar, fecha y hora para comparecer y actuar, además la advertencia de hacerse acompañar de un abogado.”-La amparista relata que el juez al advertir la falta de comparecencia de la demandada procedió a constatar si había presentación de escrito de excusa en la secretaría del despacho y en la central de recepción de documentos, no encontrando nada en ambos lugares; asimismo la secretaria adjunta procedió a llamar a la demandada por si se encontraba en la sala de espera o pasillos del juzgado, verificando su ausencia.-De hecho, señala la impetrante de amparo, en el acta de audiencia de procedimiento abreviado consta lo siguiente: “Que del estudio de los autos se aprecia que la demandada fue citada en legal y debida forma con las respectivas advertencias en fecha 21 de mayo de 2019, con las advertencias que acarreaban su inasistencia. También se aprecia de la lectura del acta de audiencia que la señora no compareció a la referida audiencia.”-Sin embargo, acota la amparista, tanto en la expresión de agravios como en la contestación de estos, ambas partes reconocen la asistencia de la señora Dixiana Adalgiza Rodríguez a la audiencia; de manera que, aunque no se haya consignado la hora de su presentación, si está probada su asistencia. - La amparista manifiesta que en su escrito de contestación de cargos hizo ver lo absurdo que era, que el recurrente reclamara indefensión en perjuicio de su representada, después de haber solicitado los audios de la audiencia del seis de junio de dos mil diecinueve, en los que claramente consta que la demandada no llegó nunca a la audiencia, sino que se presentó sin representante procesal una vez finalizada la misma. De allí, señala la impetrante, se le solicitó al juez que le explicara a dicha señora lo sucedido y el resultado de la audiencia, quien accedió a la petición, pero advirtiendo que la audiencia ya estaba finalizada.-No obstante, critica la amparista, la corte de apelaciones prefiere dar más crédito a lo que expresa la parte demandada, quien no se presentó a la audiencia. La corte prefiere esto a la fe pública de la secretaria adjunta del despacho y al juez. Dicho tribunal de alzada motiva en su sentencia que la amparista reconoció en su escrito de contestación de agravios que la demandada Dixiana Adalgiza Rodríguez Erazo estuvo presente en la audiencia, dando así por probado este hecho.-La amparista reclama que a pesar de haberse solicitado tomar como medio de prueba el audio de la audiencia celebrada, la corte de apelaciones no tomó en cuenta este elemento y cita el artículo 712 del Código procesal civil que contiene la prueba en el recurso de apelación.-Seguidamente la impetrante se refiere al hecho de que la corte de apelaciones anuló la sentencia apelada bajo el argumento de la necesaria intervención del Ministerio Público por los intereses de unos niños en el proceso. Luego declara que si bien es cierto se encuentra de acuerdo con la corte de apelaciones en la necesidad de aplicar el principio interés superior del niño, en el juicio de cesación de comunidad de bienes en estado proindiviso, pasa lo siguiente: 1. El inmueble en cuestión no se encuentra a nombre de los menores hijos de las partes 2. El artículo 632.2 del Código procesal civil que aplica la corte de apelaciones es para los procesos no dispositivos que determinan las situaciones jurídicas de familia, debiendo los juzgados dispuestos en esta materia los que tengan que resolver en su momento y si fuere del caso, sobre los intereses de los niños.-El impetrante cita el artículo 446 del Código procesal civil, así: “Artículo 446. INCOMPARECENCIA DE LAS PARTES. 1. Cuando a la audiencia preliminar dejaran de concurrir ambas partes o sus respectivos apoderados, el juez pondrá fin al proceso sin más trámite. 2. Lo mismo hará el juez cuando no asista el demandante o su apoderado, y el demandado no muestre interés legítimo en la prosecución del proceso. 3. Cuando dejare de comparecer el demandado o el profesional del derecho que le defienda y represente, o cuando ante la inasistencia del demandante aquél mostrare interés legítimo en la prosecución del proceso, el juez ordenará la continuación del mismo, siguiéndose la tramitación en lo que resulte procedente.” Lo resaltado en negritas pertenece al amparista.-En comento al artículo anterior, el impetrante resalta el hecho de que, si la parte demandada o su apoderado no asiste a la audiencia, el juicio deberá continuar, salvo que la razón de la ausencia sea por causa de fuerza mayor, en cuyo caso la audiencia se deferirá por una sola vez.-En virtud de lo cual pide que se otorgue amparo a sus poderdantes con el fin de garantizar los derechos que estima violentados. -CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de fundamentación jurídica de la resolución dictada por la honorable corte de apelaciones denunciada mediante amparo. La honorable Corte de apelaciones civil del departamento de Cortés, dictó la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, mediante la cual decidió por unanimidad de votos, decretar nulidad absoluta de actuaciones a partir inclusive del acta de la audiencia de procedimiento abreviado celebrada el seis de junio de dos mil diecinueve, que obra a folio diecinueve de la primera pieza del proceso que conoce en apelación, el cual contiene la demanda para el cese de comunidad de bienes promovida por el señor Mario Francisco Torres Cruz en contra de la señora Dixiana Adalgiza Rodríguez Erazo. El tribunal de alzada además ordena al juez a quo a cumplir con lo que dispone la Constitución de la República y las leyes con relación a los intereses de los niños.-La corte de apelaciones en su motivación indica que el asunto judicial es una demanda para el cese de una comunidad de bienes, específicamente un bien inmueble que es propiedad de las partes y que se encuentra en la colonia Jardines del Valle de la ciudad de San Pedro Sula.-Luego relaciona que la parte demandada, Dixiana Adalgiza Rodríguez Erazo, no compareció a la audiencia de procedimiento abreviado, la cual se celebró con la presencia única de la parte demandante. Posteriormente, en fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve se dictó la sentencia definitiva mediante la cual se declaró con lugar la cesación de comunidad de bienes peticionada por la parte demandante.-El tribunal de alzada resalta que, en la expresión de agravios, la parte demandada en su condición de apelante alega que hubo indefensión, asegurando que su representada si se presentó a la audiencia de procedimiento abreviado, pero sin asistencia técnica o representante procesal, y que el juez aún así continuó con el curso de la audiencia.-Al respecto la corte de apelaciones observa que la señora Rodríguez Erazo fue citada personalmente, en legal y debida forma, así mismo se le hicieron las advertencias del caso, haciéndole saber las consecuencias de su falta de asistencia. Dicho tribunal también constata que en el acta de la audiencia no aparece que haya comparecido.-No obstante, dicho tribunal de alzada apreció el hecho de que ambas partes hayan reconocido la presencia de dicha señora en la audiencia, indicando que lo hicieron en sendos escritos de expresión y contestación de agravios. Añade que, aunque no se haya especificado la hora en que la parte demandada compareció, si está probada su presencia sin contar con representación procesal que la defendiera.-Sumado a lo anterior la corte de apelaciones externa que en la expresión de agravios aprecia que existen niños con intereses en el resultado del juicio y que no puede desconocer dicho extremo, pues el interés superior del niño constituye un principio que tiene supremacía por sobre todas las circunstancias.-Luego la corte de apelaciones expresa que Honduras es signataria de instrumentos internacionales concernientes a los derechos de los niños, citando expresamente la Convención de los derechos del niño. El tribunal ad quem argumenta que los tribunales de justicia devienen obligados a que en todas las medidas que se tomen concernientes a los niños se atienda el interés superior de estos. Que los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores y otras personas responsables ante la ley, y con dicho fin se tomaran las medidas legislativas y administrativas adecuadas, disposición que prevalecerá sobre el derecho interno.-De igual manera, cita el artículo 632.2 del Código procesal civil el cual dispone que será obligatoria la intervención del Ministerio Público, siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, incapacitado o esté en situación de ausencia legal; por cuanto, estima oportuno que en el caso de mérito, debido a los intereses de los niños estima oportuno anular la sentencia venida en apelación e inclusive desde la audiencia de proceso abreviado, en virtud de apreciar que hubo violación al derecho de defensa.- CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición del garantista. La agente de tribunales, abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez al emitir su dictamen fue de la opinión porque se deniegue la garantía de amparo de mérito. -La opinión de la fiscal se fundamenta en que del análisis de los antecedentes constata que la audiencia se efectuó únicamente con la comparecencia de la representante procesal de la parte demandante, según aparece en el acta de audiencia que corre a folio 19 de la primera pieza; sin embargo, ambas partes reconocen en sus escritos, la presencia de la señora Dixiana Adalgiza Rodríguez Erazo en la audiencia, pero sin representación procesal.-En virtud de lo cual para la fiscal, el juez en su condición de director del proceso debe garantizar a las partes sus derechos fundamentales, en cuenta el de defensa; por lo que al continuar en el caso de mérito con el proceso sin permitirle a una de las partes el acceso a la defensa técnica se le privo la oportunidad de proponer sus medios de prueba, los que al ser sometidos al tribunal de alzada, este advirtió la existencia de los niños concebidos dentro del matrimonio, quienes habitan la casa objeto de la demanda de cesación de comunidad de bienes; y que, según certificación de divorcio debidamente autenticada la casa sería para uso y habitación de los niños, en virtud de lo cual la fiscalía comparte el criterio de la corte de apelaciones de declarar la nulidad de lo actuado a fin de asegurar los derechos de la parte demandada y sus hijos.- La fiscal cita el numeral 4 del artículo 212 del Código procesal civil, el cual dispone que son nulos los actos efectuados prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que con ello se cause indefensión.-En virtud de lo cual estima procedente lo resuelto por la corte de apelaciones de mérito.-CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por la amparista. La Sala de lo Constitucional, luego de analizar las presentes diligencias, estima procedente denegar la presente garantía constitucional de amparo; asimismo de oficio ordenar al juez a quo que decrete la nulidad de las actuaciones que forman el proceso de mérito en virtud de haberse violentado normas de orden público que son de ineludible cumplimiento; las cuales fijan de manera imperativa la competencia objetiva (especializada) y cuya violación desde la perspectiva constitucional constituyen el quebrantamiento de los derechos de debido proceso, tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho que tiene toda persona al juez natural predeterminado.A continuación, este alto tribunal de justicia procede a la argumentación y fundamentación que da respaldo a su decisión jurisdiccional. - Para dicha decisión, este alto tribunal de justicia toma en cuenta que el juez de primera instancia, con el hecho de continuar con la audiencia de proceso abreviado y luego dictar la sentencia que correspondía, aparentemente o en principio, actuó de conformidad con la ley; en virtud de que, tal como consta en los antecedentes tenidos a la vista, la receptora que practicó la citación a la señora Dixiana Adalgiza Rodríguez Erazo estableció en el acta respectiva (folio 18), que citó a dicha señora en legal y debida forma, porque: a) hizo la notificación de manera personal; b) le hizo saber claramente a la demandada el día y la hora señalada para la audiencia de proceso abreviado; c) le advirtió que su comparecencia era obligatoria y que debía presentarse con todas las pruebas necesarias para su defensa; d) le advirtió además que en caso de reconvenir debía hacerlo con cinco días de antelación a la fecha de la audiencia; e) hizo de su conocimiento que su incomparecencia no impedía la celebración de la audiencia; y, f) que se le declararía en rebeldía en caso de incomparecencia. -En esa misma acta la receptora hizo constar que: a) le leyó el acta; b) le entregó copia de la demanda junto con sus anexos; c) le entregó copia de la resolución; y d) puso constancia que la compareciente no firmó pero que quedó entendida de todo.-En adición a lo anterior, en el acta de la audiencia de proceso abreviado consta que: a) la parte demandada no compareció; y b) la audiencia se verificó únicamente con la presencia del apoderado procesal de la parte actora.-En virtud de todo lo anterior, es que este alto tribunal de justicia ha expresado y lo ratifica, que el juez a quo de manera aparente y en principio, dispuso correctamente en su sentencia definitiva de fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve declarar el cese de la comunidad formada por los ciudadanos Mario Francisco Torres Cruz y la señora Dixiana Adalgiza Rodríguez Erazo, y ordenar que ambos procedan a la venta del inmueble del cual son copropietarios, para que de dicha venta se repartan a partes iguales lo que obtengan, condenando a la señora Rodríguez Erazo al pago de costas.-Sin embargo, todo esto cambia cuando al día siguiente de haberse pronunciado la sentencia se personó en el despacho judicial el abogado Óscar Hernán Romero García en su condición de apoderado procesal de la señora Dixiana Adalgiza Rodríguez Erazo, solicitando inter alia lo siguiente: a) sendas copias íntegras del expediente y del audio de la audiencia preliminar; b) que la secretaria, abogada Wendy Umaña, le extienda una constancia donde consigne que la señora demandada compareció a la audiencia sin apoderado procesal. -

El juez resolvió el anterior y detallado escrito de personamiento teniendo al compareciente como apoderado procesal de la parte demandada y ordena que se le entreguen al peticionario: la copia íntegra de la demanda y la copia del audio de la audiencia. Además, que dicha secretaria le extienda la constancia de acuerdo con los hechos acaecidos en la audiencia y le notifique a dicho abogado en su condición de representante procesal de la parte demandada la sentencia dictada en el proceso.-A partir de entonces, el proceso cambia porque por una parte se pone en duda la incomparecencia de la demandada y se introduce la posibilidad de que se haya presentado, sólo que en forma tardía y sin apoderado procesal; pero aún más importante se introducen elementos nuevos que son de suyo importantes y que deben ser tomadas en cuenta para la correcta aplicación de justicia en el presente caso. Dichos elementos serán analizados en forma detallada más adelante.-Por ahora, cabe señalar que el abogado Óscar Hernán Romero interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva recaída en el proceso, en cuyo escrito asegura que su representada si estuvo presente en la audiencia del proceso abreviado, a continuación, se transcribe lo expresado al respecto por el apelante: “Su señoría mi representada sí acudió a la audiencia celebrada en fecha seis de junio de dos mil diecinueve y el tribunal la tiene por no comparecida en la audiencia celebrada y aunque si llegó ya iniciada la audiencia le concedieron la palabra a mi representada, tal como lo dice la secretaria adjunta del despacho Wendy Umaña, que sí estuvo presente la señora Dixiana Adagiza Rodríguez Erazo en la audiencia. Y en realidad si estuvo presente y vieron que no era acompañada por ningún profesional del derecho porque no suspendieron la audiencia o le preguntaron si le nombraban un defensor público para que la representara o si tenía algún abogado privado para que lo trajera a la audiencia…” -Por su parte, la apoderada procesal apelada, abogada Nicia Gertrudis Vaquedano, en la contestación de agravios expresó que la audiencia dio comienzo veinte minutos tarde en virtud de que se esperaba la comparecencia de la demandada, verificando la secretaria su ausencia después de que se comprobó que no se encontraba en las instalaciones del juzgado e inclusive, en la central de recepción de documentos, asimismo de que no presentó excusa alguna justificando su ausencia.-No obstante, en ese mismo escrito de contestación de agravios, la apoderada procesal de la parte apelada reconoció que la señora llegó tarde a la audiencia una vez cerrada la misma, por lo se le solicitó al juez que le explicara a la señora Rodríguez Erazo lo ocurrido durante la audiencia, la cual ya había finalizado.-Analizando lo anterior, este alto tribunal de justicia hace las siguientes observaciones: a) Si la parte demandada no compareció o lo hizo habiendo finalizado la audiencia, es irrelevante en este último caso que se haya presentado con o sin apoderado procesal, siendo correcta en cualquiera de estos supuestos la decisión del juez a quo, quien como se sabe optó por darle continuidad a la audiencia y al proceso hasta dictar sentencia definitiva[4]; b) Si la parte compareció durante la celebración de la audiencia, lo correcto es permitirle su participación. En este último caso cabe señalar y resaltar que, la receptora como funcionaria de fe pública que realizó la citación, entre todas las indicaciones y prevenciones que le dio a la señora demandada Rodríguez Erazo, omitió decirle que se presentara a la audiencia acompañada de un profesional del derecho, y además advertirle que, de presentarse sola, o sea sin asistencia técnica, se le nombraría un defensor público.[5] -La omisión de advertirle o sugerirle que se presente acompañada de un apoderado procesal, es de suyo muy importante, por cuanto la asistencia técnica de un profesional del derecho es un elemento esencial para el ejercicio pleno del derecho de defensa.[6] -Si bien es cierto, la ley no manda a que se haga esta advertencia de manera expresa en el artículo 588 del Código procesal civil, debe entenderse implícita en el contenido del artículo 137.2 de ese mismo código, en la parte que de manera general dispone que se haga la prevención de los efectos que la ley establece en cada caso, tomando en cuenta que el artículo 212.5 del código ya mencionado, dispone que son nulos los actos que se realicen sin intervención de un profesional del derecho, en los casos que la ley establezca como obligatoria. Siendo que, los actos de procuración son facultad exclusiva de los profesionales del derecho de conformidad con lo que dispone el artículo 11 de la Ley orgánica del Colegio de abogados de Honduras, el cual literalmente expresa: “La facultad de representar ante los tribunales y juzgados y toda clase de autoridades administrativas, contencioso-administrativas y organismos autónomos y semi autónomos, o descentralizados, corresponde exclusivamente a los abogados y licenciados en ciencias jurídicas y sociales colegiados.” .- De manera que, para la Sala de lo Constitucional las actuaciones del juez a quo, en apariencia eran correctas, pero analizando con más profundidad los antecedentes se da cuenta que existe nulidad de actuaciones, en virtud de que la falta de un apoderado procesal para la defensa de los intereses y derechos de la parte demandada es atribuible a una citación realizada en forma defectuosa.- Al respecto se debe partir del hecho que la población en general desconoce los detalles de la normativa legal y de los procedimientos y procesos judiciales; de tal suerte que, los funcionarios y empleados de los órganos judiciales deben ser dentro de lo posible, lo más claros y detallistas en su cometido de citar, notificar, requerir o cualquier otro acto, a personas que no son profesionales del derecho, para así garantizar plenamente el derecho de defensa. -En adición a todo lo anterior, la falta de asistencia por parte de un profesional del derecho es un asunto revisable de oficio de acuerdo con lo que dispone en forma clara y contundente los artículos 59 y 60 del Código procesal civil, que a la sazón disponen: “Artículo 59. PRESUPUESTOS PARA SER PARTE. Para poder actuar válidamente en el proceso civil las partes deberán gozar de capacidad para ser parte, de capacidad procesal, estar legitimadas y ser asistidas por profesional del derecho que les defienda y represente.”-“Artículo 60. APRECIACIÓN DE OFICIO DE LA FALTA DE CAPACIDAD. 1. La falta de capacidad para ser parte y la falta de capacidad procesal, así como la falta de acreditación de la representación, pueden ser apreciadas de oficio por el juez o tribunal en cualquier momento del proceso, debiendo invocarla cualquiera de las partes en la primera oportunidad procesal que tengan. 2. En caso de no poder subsanarse, el juez dictará auto sobreseyendo el proceso y archivándolo.” Lo resaltado en negrita pertenece a la Sala.- En virtud de todo lo cual, esto sería suficiente para declarar sin lugar la garantía constitucional de mérito. Sin embargo, existen otros elementos que deben ser aclarados por este alto tribunal y que se desprenden de los antecedentes tenidos bajo estudio.-Resulta que, tal como bien observó la corte de apelaciones, existen circunstancias que permiten establecer que el presente asunto no es una simple cesación de comunidad de bienes, fundado en el derecho civil, explícitamente en el párrafo primero del artículo 2223 del Código civil, que a la letra dice: “Nadie puede ser obligado a permanecer en comunidad de y puede cada uno de los partícipes pedir la terminación de ésta”.-Como bien observó el tribunal de alzada, el presente asunto tiene afectación a los hijos comunes de las partes en conflicto, y en virtud de ello dispuso la nulidad de la sentencia definitiva debido a que no intervino el Ministerio Público; sin embargo, el amparista tiene razón cuando alega que la intervención del Ministerio Público está contenida en el Código procesal civil en el artículo 630.2 del Código procesal civil[7], el cual literalmente manda: “En los demás procesos a que se refiere este título será obligatoria también la intervención del Ministerio Público, siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, incapacitado o esté en situación de ausencia legal.” Lo subrayado pertenece a la Sala.-La expresión: “… que se refiere este título”, remite explícitamente al título de los procesos no dispositivos, lo cual limita la intervención del Ministerio Público a ese tipo de procesos, quedando excluido el presente caso.[8] Por lo que al parecer el argumento de la corte fue rebatido con el argumento del amparista, con el que reclama que la intervención del fiscal en el presente asunto no es legalmente procedente.-Sin embargo, para la Sala de lo Constitucional, el planteamiento de la demanda de mérito por parte del señor Mario Francisco Torres Cruz está planteada o redactada de tal forma, que esconde su verdadera naturaleza. Sucede que, desde el primer hecho de la demanda, la parte actora esconde el hecho de que el asunto puesto al escrutinio judicial es un proceso que se relaciona con la materia de familia. -En el hecho primero de su demanda, el demandante Torres Cruz se limita a señalar que, entre él y la demandada Dixiana Adalgiza Rodríguez Erazo compraron en forma conjunta un inmueble. En el segundo hecho se limita a expresar que, por desavenencias con la copropietaria del inmueble, y porque no tiene el uso, goce o disfrute del inmueble es que decide el cese de la comunidad que recae sobre dicho bien raíz. En el numeral tercero de la demanda, el actor cita entre otros, el artículo 2223 del Código civil ya transcrito ut supra. Finalmente, en los hechos numerales cuarto y quinto se limita a justificar la acción que la ley provee para quien no desee continuar en comunidad de bienes y que cuando el bien común no sea de aquellos que admite división o partición, procede su venta.-En todo lo relatado al juez de primera instancia, el señor Torres Cruz se cuida muy bien de no mencionar nada del elemento familia que subyace en los hechos del caso.-Este elemento de suma relevancia lo aporta la parte demandada al momento de interponer la apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en el proceso. -En el numeral primero de su escrito de apelación, la parte demandada, señora Dixiana Adalgiza Rodríguez Erazo, refiere que presenta tres certificaciones de actas de nacimiento, cada una correspondiente a un hijo habido con el señor Torres Cruz.[9] Asimismo, refiere que acompaña un acta de divorcio, mediante el cual demuestra que en la sentencia que declara la disolución del vínculo matrimonial por mutuo consentimiento, consta que el inmueble que se pretende vender en partición fue destinado para el uso y habitación de los niños. La sentencia que declara el divorcio y ordena que la casa objeto del juicio sea el hogar de los niños habidos en matrimonio, fue dictada por el Juzgado de letras de familia el cuatro de mayo de dos mil quince.- En ese mismo hecho, numeral primero de la apelación, el apoderado procesal de la señora Rodríguez Erazo relata que la apoderada legal del señor Torres Cruz, mandó una nota con membrete de su bufete y fecha con quince de julio de dos mil diecinueve, expresando que: “… salgan de la casa porque tiene comprador…” En adición, se señala que la señora Rodríguez Erazo contrajo nuevas nupcias y que vive con sus hijos en el inmueble objeto del proceso; que el inmueble es idóneo para los niños porque les queda cerca la ruta hacia su colegio La Salle, entre otros elementos.-En el numeral segundo de la apelación, el apoderado procesal de la demandada reclama la protección a los niños.- La Sala de lo Constitucional con los elementos agregados por la parte demandada y que están en los antecedentes tenidos a la vista, encuentra que, el presente asunto no es propio de la materia civil, sino que es un asunto de familia.-No sólo es el aspecto formal de un bien que se encuentra en comunidad y que se pretende dividir, sino que es un bien que se encuentra en comunidad de bienes porque los dos copropietarios eran esposos entre sí y decidieron obtenerlo en compra mancomunada. Es más, porque en dicho inmueble decidieron establecer el hogar de ellos y de sus hijos.-Así mismo, porque la sentencia de fecha cuatro de mayo de dos mil quince dictada por el Juzgado de letras de familia del departamento de Cortés, dispuso: Declarar con lugar el divorcio y disolver el matrimonio contraído por los señores Dixiana Adalgiza Rodríguez Erazo y Mario Francisco Torres Cruz; aprobar el convenio regulador mediante el cual se dispuso inter alia que, en cuanto al derecho de habitación los hijos vivan en la casa ubicada en la colonia Jardines del Valle, etapa III; que los servicios de electricidad, cable y agua sean pagados por cada padre en un cincuenta por ciento, etc.-Por lo que, el juzgado competente para liquidar el bien inmueble en común debe ser el mismo que disolvió el vínculo matrimonial, o sea el Juzgado de letras de familia del departamento de Cortés, con fundamento en lo establecido en los artículos siguientes del Código procesal civil:“Artículo 668. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 1. La liquidación de cualquier régimen económico matrimonial que, por capitulaciones matrimoniales o por disposición legal, determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones, se llevará a cabo, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, por los trámites del proceso abreviado con las particularidades fijadas en la presente sección y demás normas que resulten aplicables. 2. Cuando la pretensión de liquidación no se acumule a ninguna otra referida a la relación matrimonial, las partes podrán disponer de la pretensión, de acuerdo con las normas generales de este código. …”-“Artículo 669. COMPETENCIA. 1. Será competente para conocer del procedimiento de liquidación el juzgado de letras que esté conociendo o haya conocido del proceso de nulidad, separación o divorcio o aquel ante el que se sigan o se hayan seguido las actuaciones sobre disolución del régimen económico matrimonial por alguna de las causas previstas en la legislación civil. 2. En caso de plantearse como pretensión independiente, será competente el tribunal del lugar del domicilio conyugal, y en su defecto el que corresponda conforme a las normas de competencia previstas en este código.” “Artículo 670. SOLICITUD DE INVENTARIO. 1. Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, o iniciado el proceso en que se haya demandado la disolución del régimen económico matrimonial o legal, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la formación de inventario. 2. La solicitud a que se refiere el numeral anterior deberá acompañarse de una propuesta en la que, con la debida separación, se harán constar las diferentes partidas que deban incluirse en el inventario con arreglo a la legislación civil. 3. A la solicitud se acompañarán también los documentos que justifiquen las diferentes partidas incluidas en la propuesta.”.- Conforme a las disposiciones transcritas ut supra, es evidente que la demanda debió presentarse ante el juez de familia, porque, el bien inmueble objeto de la demanda de mérito es: 1. Una propiedad que se encuentra en comunidad entre quienes fueron esposos. 2. Un inmueble que, en su divorcio por mutuo consentimiento, ambos convinieron ante el juez de familia el establecimiento de un derecho de uso de habitación para sus hijos. 3. Un inmueble que unilateralmente se pretende vender por tanto liquidar el bien común.- En virtud de lo cual procede denegar el amparo, pero a la vez ordenar al juzgado a quo que dicte la nulidad correspondiente de todo lo actuado, en virtud de carecer de competencia para conocer del presente asunto, dejando en libertad a las partes para que procedan a ejercitar las acciones que estimen oportunas.-Se aclara que la decisión de denegar el amparo y ordenar lo anterior no constituye una decisión que atenta contra el principio de la no reformatio in peius, que se encuentra en el artículo 692 del Código procesal civil, en virtud de que los presupuestos procesales de: jurisdicción, competencia, legitimación, asistencia por profesional del derecho y vía procesal idónea o adecuada, son de los elementos que son de obligatoria revisión oficiosa por cada tribunal que conoce del asunto. -Lo anterior se fundamenta en lo que disponen los artículos del Código procesal civil siguientes: “Artículo 12. Facultades procesales. … 2. El juez controla de oficio la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la ley, así como la inexistencia de motivos de nulidad, antes de dictar sentencia.”-“Artículo 23. PRESUPUESTOS QUE AFECTAN AL ÓRGANO JURISDICCIONAL. El conocimiento de un litigio fundado en derecho privado se atribuirá al juzgado o tribunal que posea jurisdicción, competencia civil genérica, competencia objetiva, funcional y territorial y, en su caso, sea designado conforme a las normas de reparto de casos.”- “Artículo 586. TRÁMITE DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA. … 2. Dictará auto de admisión cuando la demanda cumpla con todos los requisitos legales, incluidos los presupuestos procesales y no presente defectos. 3. Dictará auto declarando inadmisible cuando la demanda contenga defectos o no se hayan cumplido presupuestos procesales que sean insubsanables.” “Artículo 701. EFECTO DEVOLUTIVO. ÁMBITO DEL RECURSO. … 3. No obstante lo anterior, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.” Lo resaltado en negrita y subrayado pertenece a la Sala.- Entrando a explicar con mayor claridad lo que se pretende con la cita de fundamentos legales anteriores, la Sala expone que al entrar a conocer la garantía constitucional de amparo, se encuentra en la obligación de conocer y analizar todos los presupuestos procesales atinentes a la jurisdicción constitucional; además verificar ex officio, los presupuestos procesales de todo el asunto en sí, a fin de detectar a tiempo cualquier elemento que sea de imperioso cumplimiento legal por ser aspectos de orden público de ineludible observación, en otras palabras, lo que la doctrina y la ley disponen como presupuestos procesales, los cuales inter alia son: La jurisdicción, la competencia, la legitimación activa, la legitimación pasiva, la capacidad procesal, la capacidad para ser parte, la falta de acreditación de la representación, la asistencia por profesional del derecho, la vía procesal idónea o adecuada, y lo relativo al reparto de casos.-En el caso bajo estudio, la Sala de lo Constitucional, al analizar la información contenida en los expedientes, observa que en el presente caso existe incumplimiento del presupuesto procesal de la competencia objetiva, específicamente en relación con la especialización. -Son los juzgados de familia los que por ley (ver normas legales citadas ut supra) deben conocer los asuntos relativos a esta institución de tanta relevancia social, debido a las particularidades de la materia, y la sensibilidad o conciencia de su temática. - La familia es una entidad social, en donde los derechos fundamentales de grupos en condiciones de vulnerabilidad, como ser: las mujeres y los niños, encuentran su goce y disfrute o caso contrario su violación. Es por tanto necesario, que sean jueces especializados los que conozcan vis a vis, todo lo relativo al bienestar, como al ejercicio y goce pleno de los derechos humanos de las personas (mujeres, niñez, indígenas, etc.), denominadas categorías especialmente protegidas de toda discriminación.- La Sala de lo Constitucional haciendo control convencional en el asunto bajo examen, encuentra que todo juez es garante de derechos humanos, pero que es el juez de familia quien tiene o debería tener el conocimiento y el entrenamiento para aplicar la ley en condiciones de asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por nuestro país en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y en especifico los derechos de los niños y de la mujer.-Ya en la sentencia de la corte de apelaciones se abordó el asunto desde el punto de vista de los niños y jóvenes, con la aplicación del principio de interés superior del niño y de la niña; en virtud de lo cual, este alto tribunal de justicia en complemento a lo expresado por dicho tribunal de alzada, abordará el asunto haciendo énfasis en la protección de los derechos de las mujeres. -Para comenzar se cita la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer[10], en cuya parte preambular todos los estados partes, en cuenta Honduras, externan su preocupación al comprobar que a pesar del avance que ha sido la adopción de normativas dispuestas a la protección de las mujeres, en relación con la no discriminación y el derecho a la igualdad, las mujeres todavía siguen siendo objeto de discriminación, lo cual constituye un obstáculo para para el aumento de bienestar de la sociedad y de la familia.-Asimismo, en el artículo 1, la convención declara que discriminación contra la mujer es: “… toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” .-En el artículo 2, Los Estados partes: “… condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:… b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; …” .-En el artículo 16, los Estados partes: “1. … adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres…”.-Ahora bien, porque en este caso la Sala de lo Constitucional cita los anteriores preceptos normativos, si todavía no se ha constatado que el presente caso sea un acto de discriminación o de violación al derecho de igualdad; pues tan sólo se ha determinado que, debido al ocultamiento propiciado por la parte actora se omitió conocer que es un asunto de familia, y por tanto se dio curso a la demanda ante un juez civil.-Pues, precisamente para demostrar en obiter dicta, que no es dable desconocer la imperiosa necesidad de que el presente caso es competencia de un juez de familia, dado que, en relación con la convención citada, el Comité para la eliminación de la discriminación de la mujer, en su recomendación general número 29, relativa al artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. (Consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones familiares y su disolución), dispone lo siguiente: “… VII. Consecuencias económicas y financieras tras la disolución de la relación: Motivos de divorcio y consecuencias financieras… 42. Los Estados partes deberían establecer una separación entre los principios y procedimientos relativos a la disolución de la relación matrimonial y los relativos a los aspectos económicos de esa disolución. Se debería prestar asistencia jurídica gratuita a las mujeres que no cuenten con medios para pagar las costas judiciales y los honorarios de abogados, a fin de asegurar que ninguna mujer se vea obligada a renunciar a sus derechos económicos para obtener un divorcio. Disolución del matrimonio por separación o divorcio. 43. La mayoría de las leyes, costumbres y prácticas en materia de consecuencias financieras de la disolución del matrimonio pueden clasificarse, a grandes rasgos, en dos categorías: las relativas al reparto de bienes y las relativas a la manutención después del divorcio o separación. Los regímenes de reparto de bienes y manutención después de la disolución del matrimonio favorecen a menudo a los maridos, con independencia de que las leyes sean o no neutrales en apariencia, debido a la influencia del género en la clasificación de los bienes matrimoniales objeto de reparto, el insuficiente reconocimiento de las contribuciones no financieras, la falta de capacidad jurídica de la mujer para gestionar los bienes y los roles familiares basados en el género. Además, las leyes, costumbres y prácticas relativas al uso de la casa y los enseres de la familia después de la disolución del matrimonio repercuten claramente en la situación económica de la mujer después de dicha disolución. 44. … 45. El principio rector debería ser que las ventajas y desventajas económicas derivadas de la relación y de su disolución deben recaer por igual en ambas partes. La división de roles y funciones durante la convivencia de los cónyuges no debería dar lugar a consecuencias económicas perjudiciales para ninguno de ellos. 46. Los Estados partes están obligados a garantizar, en caso de divorcio o separación, la igualdad entre los cónyuges en el reparto de todos los bienes acumulados durante el matrimonio. Los Estados partes deberían reconocer el valor de las contribuciones indirectas, incluidas las de carácter no financiero, en la adquisición de los bienes acumulados durante el matrimonio. 47. Los Estados partes deberían garantizar igual capacidad jurídica formal y de hecho en materia de propiedad y gestión de bienes. Para lograr una igualdad tanto formal como sustantiva en materia de derechos patrimoniales tras la disolución del matrimonio, se alienta encarecidamente a los Estados partes a que prevean los siguientes aspectos: • El reconocimiento del derecho a usar los bienes necesarios para ganarse el sustento o de una compensación para sustituir los medios de vida que dependan de esos bienes. • Una vivienda adecuada para sustituir el uso de la casa familiar. • La inclusión entre los bienes matrimoniales objeto de reparto del cálculo del valor actual de la compensación diferida, la pensión u otros pagos posteriores a la disolución del matrimonio derivados de las contribuciones realizadas durante el matrimonio, como las pólizas de seguro de vida. • La valoración de las contribuciones no financieras a los bienes matrimoniales objeto de reparto, como el cuidado de la familia y del hogar, la pérdida de oportunidades económicas y las contribuciones tangibles o intangibles al desarrollo profesional o a otras actividades económicas de cualquiera de los cónyuges y al desarrollo de su capital humano. • La toma en consideración de los pagos de indemnización al cónyuge después de la disolución del matrimonio como método para lograr una igualdad en la situación financiera. …” Por otra parte, el mismo Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, en su recomendación general número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, dispone lo siguiente: “I. Introducción y ámbito. 1. El derecho de acceso de las mujeres a la justicia es esencial para la realización de todos los derechos protegidos en virtud de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es un elemento fundamental del estado de derecho y la buena gobernanza, junto con la independencia, la imparcialidad, la integridad y la credibilidad de la judicatura, la lucha contra la impunidad y la corrupción, y la participación en pie de igualdad de la mujer en la judicatura y otros mecanismos de aplicación de la ley. El derecho de acceso a la justicia es pluridimensional. Abarca la justiciabilidad, la disponibilidad, el acceso, la buena calidad, el suministro de recursos jurídicos para las víctimas y la rendición de cuentas de los sistemas de justicia. A los fines de la presente recomendación general, todas las referencias a la “mujer” debe entenderse que incluyen a las mujeres y las niñas, a menos que se indique específicamente otra cosa… 14. Hay seis componentes esenciales y relacionados entre sí ―justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, rendición de cuenta de los sistemas de justicia y suministro de recursos a las víctimas― que son necesarios para asegurar el acceso a la justicia. Si bien es cierto que las diferencias en las condiciones jurídicas, sociales, culturales, políticas y económicas prevalecientes exigirán una aplicación diferenciada de estas características en cada Estado parte, los elementos básicos del criterio son su aplicación universal e inmediata. Por consiguiente: a) La justiciabilidad requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, así como la capacidad y el poder para reclamar sus derechos en virtud de la Convención como derechos jurídicos; … d) La buena calidad de los sistemas de justicia requiere que todos los componentes del sistema se ajusten a las normas internacionales de competencia, eficiencia, independencia e imparcialidad y provean, de manera oportuna, recursos apropiados y efectivos que se ejecuten y den lugar a una resolución sostenible de la controversia que tengan en cuenta las cuestiones de género para todas las mujeres. Requiere también que los sistemas de justicia se enmarquen en un contexto, sean dinámicos, de participación, abiertos a las medidas innovadoras prácticas, sensibles a las cuestiones de género y tengan en cuenta las crecientes demandas de justicia que plantean las mujeres; … 15. Respecto de la justiciabilidad, el Comité recomienda que los Estados parte: a) Aseguren que los derechos y las protecciones jurídicas correlativas se reconozcan y estén incorporados en la ley, mejorando la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género; b) Mejoren el acceso irrestricto de la mujer a los sistemas de justicia y de esta forma las empoderen para lograr la igualdad de jure y de facto; … 16. Respecto de la disponibilidad de sistemas de justicia, el Comité recomienda que los Estados partes: a) Aseguren la creación, el mantenimiento y el desarrollo de cortes, tribunales y otras entidades, según se necesiten, que garanticen el derecho de la mujer de acceder a la justicia sin discriminación …”-En conclusión, lo que pretende la Sala de lo Constitucional con toda la normativa internacional citada y transcrita, es hacer ver que los juzgadores en todo caso deben observar el cumplimiento de la igualdad sustantiva y no la formal que se encuentra en los textos normativos.- Por lo que además de que el Código procesal civil dispone de forma imperativa, clara y contundente que la competencia del presente caso corresponde al juzgado de familia, la normativa internacional manda que se garantice el respeto a los derechos humanos, y especialmente en casos como este, que se garantice la aplicación del derecho con perspectiva de género.- Por todo lo anteriormente dispuesto y argumentado, este alto tribunal de justicia estima procedente denegar la presente garantía constitucional de amparo, así mismo, habiéndose violentado disposiciones de orden público ineludiblemente de cumplimiento obligatorio, como así sucede con la competencia objetiva y especializada, se estima procedente ordenar de oficio que el juzgado de primera instancia que ha conocido el asunto de mérito, anule todo lo actuado y archive las diligencias, dejando a salvo el derecho de las partes de proceder de acuerdo con sus derechos e intereses ante el juzgado que sea competente. -PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 80, 82, 90, 183, 303, 313 No. 5, 316 No. 1 y 355 de la Constitución de la República; 1, 2 y 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; 1, 78 No. 5 de la Ley de organización y atribuciones de los tribunales; 11 de la Ley orgánica del Colegio de abogados de Honduras; 12.2, 23, 59, 60, 137.2, 212.5, 586.2, 586.3, 668.1, 668.2, 669.1, 669.2 y 701.3 del Código procesal civil; 1, 2, 3 No. 2, 41, 46 No. 9, y 72 de la Ley sobre justicia constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por la abogada NICIA GERTRUDIS VAQUEDANO, a favor del señor MARIO FRANCISCO TORRES CRUZ, contra la resolución de fecha nueve de diciembre del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de apelaciones civil del departamento de Cortés, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha dieciocho de junio del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de letras civil de la sección judicial del departamento de Cortés. Asimismo, SE ORDENA DE OFICIO al Juzgado de letras civil de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés que DECRETE NULIDAD de todo lo actuado y archive las diligencias, dejando a salvo el derecho de las partes de proceder de acuerdo con sus derechos e intereses ante el juzgado que sea competente. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de Agosto del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0136-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] En ambos casos aplica lo dispuesto en el artículo 466.3 del Código procesal civil, pues en ambas situaciones se produce la ausencia de la demandada EN la audiencia.

[5] Al respecto se acota que el juez en la parte dispositiva de la resolución de siete de mayo de dos mil diecinueve (folio 16), mediante la cual manda a citar a la parte demandada, no da instrucciones a la receptoría sobre el extremo de la representación procesal. En el numeral c del artículo 137.1 del Código procesal civil, se dispone la entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se deba comunicar, la cédula de citación, la cual de acuerdo con el artículo 137.2 del mismo código contiene: a) nombre del tribunal que dictó la resolución; b) nombres y apellidos de persona citada; c) el objeto de la citación; d) lugar, fecha, día, hora en que debe comparecer la persona citada; y e) “con la prevención de los efectos que en cada caso, la ley establezca”.

[6] De hecho, la asistencia por profesional del derecho es un presupuesto procesal para ser parte en el proceso. Vid. Artículo 59 del Código procesal civil.

[7] En relación con el artículo 66.2 del Código procesal civil, que dispone: “Artículo 66. SUPUESTOS DE INTERVENCIÓN. El Ministerio Público ejerce las siguientes atribuciones: … 2. Como representante legal de incapaces, o ausentes, en los casos previstos legalmente.”

[8] El artículo 66.2 del Código procesal civil dispone que la intervención del Ministerio Público como representante de incapaces o ausentes, cabe únicamente en los casos previstos por la ley.

[9] Victoria Alejandra, Gabriel Francisco y Mario Francisco, todos de apellidos Torres Rodríguez, y quienes al día de hoy cuentan con las edades siguientes: diecisiete, once y quince años de edad, respectivamente.

[10] Fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor en 1981.