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Sentencia AC-133-21 — Registro 13020

Resumen

En consulta la sentencia dictada que sobreseyó el recurso en relación a un incidente de prejudicialidad penal y solicitud de suspensión de la ejecución de título extrajudicial. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representada contemplados en los Artículos 1, 82, 90, 321 y 324 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su sentencia, cuando señala que la pretensión protectora del amparo no puede dar frutos; y, no puede prosperar en materia de Justicia Constitucional, pues se observa que lo formulado en el presente amparo, son alegaciones de mera legalidad, al encontrarse suficientemente clara y motivada la resolución del Juez, quien hace una explicación exhaustiva de su denegatoria, basado en el Artículo 49 del Código Procesal Civil, que establece que la suspensión se dictará cuando el proceso esté pendiente solo de sentencia. Previo a la resolución que se solicita amparo, el Juez dio tramite incidental a dicha solicitud, respetando el debido proceso y escuchando a las partes en contienda, así como también al Fiscal del Ministerio Publico. Se encuentra en el proceso Sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil veinte, que desestima las causas de oposición opuestas, consta en autos la denuncia ante el Ministerio Publico, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte. De lo cual se determina, que no hay violación alguna al debido proceso, el Juez para concluir en la resolución dictada, lo ha hecho en observación al Debido Proceso, legalidad y Defensa. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad” CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; siendo que la recurrente alegó violaciones de mera legalidad. Por lo que la decisión ahora impugnada en el presente amparo se considera consentida.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Diez de Agosto del año de dos mil veintiuno. VISTO: En consulta la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021), que sobreseyó el recurso el Abogado JOSE ROBERTO PALOMO ELVIR a favor de la Sociedad Mercantil AQUAFEED S.A. DE C.V., contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en relación a un incidente de prejudicialidad penal y solicitud de suspensión de la ejecución de título extrajudicial alegado en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil denominada PPI ENERGY S. A., contra la Sociedad Mercantil denominada AQUAFEED S.A. DE C.V. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representada contemplados en los Artículos 1, 82, 90, 321 y 324 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha tres (03) de diciembre de dos mil veinte (2020), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, el Abogado JOSE ROBERTO PALOMO, interponiendo amparo a favor de Sociedad Mercantil denominada AQUAFEED S.A. DE C.V. contra la resolución de fecha doce (12) de noviembre de dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. (Folios 01-08 de la Pieza del Ad-Quem) 2) Que en fecha veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021), la citada Corte Resolvió: (SIC) “SOBRESEER LA ACCION DE AMPARO presentada por el Abogado José Roberto Palomo Elvir, a favor de la sociedad mercantil denominada AQUAFEED S.A. DE C.V., contra la resolución dictada por el Juzgado de letras civil de esta sección judicial, en fecha doce de noviembre del dos mil veinte. - 2.- Contra esta providencia no cabe recurso alguno. -” (Folio 45-46 de la Pieza del Ad-Quem). 3) Que en fecha ocho (08) de febrero del dos mil veintiuno (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que SOBRESEYÓ el recurso el Abogado JOSE ROBERTO PALOMO ELVIR a favor de la Sociedad Mercantil AQUAFEED S.A. DE C.V., contra actuaciones del Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en relación a un incidente de prejudicialidad penal y solicitud de suspensión de la ejecución de título extrajudicial alegado en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil denominada PPI ENERGY S. A., contra la Sociedad Mercantil denominada AQUAFEED S.A. DE C.V. CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, manifestando básicamente que con las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; se le han violentado a su representado, los derechos consagrados en los Artículos 1, 82, 90, 321 y 324 de la Constitución de la República; al no estar de acuerdo con las resoluciones impugnadas al no haberse atendido un incidente de prejudicialidad penal; y, no conceder la solicitud de suspensión de la ejecución de título extrajudicial alegado. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su sentencia, cuando señala que la pretensión protectora del amparo no puede dar frutos; y, no puede prosperar en materia de Justicia Constitucional, pues se observa que lo formulado en el presente amparo, son alegaciones de mera legalidad, al encontrarse suficientemente clara y motivada la resolución del Juez, quien hace una explicación exhaustiva de su denegatoria, basado en el Artículo 49 del Código Procesal Civil, que establece que la suspensión se dictará cuando el proceso esté pendiente solo de sentencia. Previo a la resolución que se solicita amparo, el Juez dio tramite incidental a dicha solicitud, respetando el debido proceso y escuchando a las partes en contienda, así como también al Fiscal del Ministerio Publico. Se encuentra en el proceso Sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil veinte, que desestima las causas de oposición opuestas, consta en autos la denuncia ante el Ministerio Publico, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte. De lo cual se determina, que no hay violación alguna al debido proceso, el Juez para concluir en la resolución dictada, lo ha hecho en observación al Debido Proceso, legalidad y Defensa. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad” CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; siendo que la recurrente alegó violaciones de mera legalidad. Por lo que la decisión ahora impugnada en el presente amparo se considera consentida. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; y, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0133-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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