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Sentencia AC-127-20 — Registro 12464

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que resolvió el recurso contra la sentencia interlocutoria con relación a la “Demanda ejecutiva de hacer. - Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en el Artículo 82, 90, 95, 304, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; por considerar que es violatorios de los derechos consagrados en los Artículos 82, 90, 95, 304, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República; señalando que en el presente caso, tanto el Ad-Quem, como el A-Quo, no siguieron el debido proceso, ya que el segundo tramitó un procedimiento inadecuado, que no corresponde al Código Procesal Civil, por lo que no se siguieron las formalidades legales, la Corte de Apelaciones, en un proceso oficiosidad inédita e increíble; y, que perfectamente pudo haber dictado la Sentencia que correspondía; y, no limitarse únicamente a dictar la anulación sin el sustento debido y evadiendo pronunciarse sobre el fondo, sino más bien recurriendo a un lenguaje descalificador que no corresponde con la verdad jurídica conocida, estimó que no existía motivación… CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que en la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de apelación impetrado contra la sentencia interlocutoria de fecha dos de abril de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, se concluye, que al no existir los pronunciamientos sobre los puntos alegados por el incidentista, procede declarar de oficio la nulidad de la sentencia recurrida. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.”

Legislación citada

Sentencia

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