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Sentencia AC-119-21 — Registro 13505

Resumen

Denegatoria de acción de amparo interpuesta contra resolución que ordena se integre a litisconsorcio pasivo necesario como conductor de la unidad de transporte con relación a “Demanda por la vía del procedimiento Abreviado.derivadas de un accidente de transito.- promovida por impetrantes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."5): Que del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha veintitrés de enero del año dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamental de Francisco Morazán, que declara de oficio integrar a las presentes diligencias al señor Erick Samuel Gómez, como litis consorcio pasivo necesario, en virtud de que él era el conductor del vehículo, por lo cual el señor LUIS INESTROZA y el señor ERICK LAINEZ, son responsables solidarios. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos constitucionales antes relacionados, los expone argumentando que se violenta el principio de legalidad al integrar de oficio a la presente demanda en litisconsorcio pasivo necesario al conductor de la unidad de transporte, cuando los demandantes decidieron interponer la acción por responsabilidad extracontractual contra el señor Luis Alonzo Inestroza Cárcamo, en baso a lo establecido en los artículos 2236, 2237 y 2238 del Código Civil, ya que el dueño de la unidad de transporte puede ejercer la acción de repetición contra el conductor del vehículo y que el artículo 69 del Código Procesal Civil, no es de aplicación en el presente caso. Argumenta que se violenta el debido proceso, ya que la demanda se ha interpuesto contra el señor Luis Alonzo Inestroza Cárcamo y nadie más, ya que sus representados tienen la potestad de accionar contra la parte solidaria que deseen y negar esa potestad por parte del órgano recurrido es violentar el derecho de petición. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala de lo Constitucional hace suyo el considerando ocho de la fundamentación jurídica de la sentencia de fecha seis de octubre del año dos mil veinte, pronunciada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que hoy se revisa en trámite de consulta obligatoria, al expresar: “Es preciso que el proceso civil se desarrolle por los trámites previstos legalmente, que se respeten todas las garantías constitucionales y ordinarias que les asisten, con condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas, y debe insistirse una vez más en la necesaria mentalización del juez y en la obtención de una formación adecuada que permita desarrollar las habilidades suficientes para, con pleno respeto del principio de legalidad y especialmente de la Constitución y de los Tratados Internacionales, sea capaz de cumplir con ese mandato, ponderando los distintos intereses en juego y haciendo el oportuno juicio de razonabilidad, para con ello lograr que se dicte una resolución de fondo justa y motivada por órgano jurisdiccional independiente e imparcial.- Norma constitucional que se traduce de un modo general, en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso; las cuales constituyen el Debido Proceso.” CONSIDERANDO (8): Que esta Sala estima que la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de octubre del año dos mil veinte, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se encuentra dictada conforme a derecho, pues la resolución recurrida en amparo fue dictada en base al principio de legalidad, pues el A-quo en resolución de fecha seis de octubre del año dos mil veinte, ha decretado de oficio un Litisconsorcio pasivo necesario[1], actuando el órgano jurisdiccional de instancia conforme el mandato constitucional que dispone: ”Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado[2]…”, ante ello, el A-quo ha hecho uso de la norma procesal civil establecida en el artículo 69 numeral 2 indicada en la sentencia emitida, garantizando con ello el acceso a los tribunales de la República en defensa de sus pretensiones, respetando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva, manifestada en su más amplio concepto como el derecho de acceso a los tribunales, consagrado en el artículo 80 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (9): Que siendo conforme a derecho, lo referido en los acápites anteriores, estima esta Sala que la sentencia revisada, fue dictada en estricto apego al principio de legalidad, principio de observancia obligatoria por los órganos jurisdiccionales decisores en los casos concretos sometidos a su competencia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios constitucionales invocados por el amparista, específicamente el debido proceso al seguir las directrices emanadas en la ley procesal civil, pues como ya lo ha expresado esta Sala en diferentes sentencias el que una resolución no sea acorde a las pretensiones de las partes, no supone en consecuencia el quebrantamiento de garantías constitucionales. CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de octubre del año dos mil veinte, que falla Denegando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE MARIA JUAREZ PACHECO"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha seis de octubre de dos mil veinte, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que falla DENEGANDO el recurso de amparo presentado por el Abogado JOSE MARIA JUAREZ PACHECO, a favor de los señores PABLO JAVIER OSORIO PAVON Y CONSUELO CARRASCO, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, con relación a la “DEMANDA POR LA VÍA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO.- ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DERIVADAS DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO.- DAÑOS Y PERJUICIOS PERSONALES, MATERIALES CIVILES…” promovida por los señores PABLO JAVIER OSORIO PAVON Y CONSUELO CARRASCO, en contra del señor LUIS ALONZO INESTROZA CARCAMO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 80, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, comparecieron ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, los señores PABLO JAVIER OSORIO PAVON Y CONSUELO CARRASCO, interponiendo “DEMANDA POR LA VÍA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO.- ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DERIVADAS DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO.- DAÑOS Y PERJUICIOS PERSONALES, MATERIALES CIVILES…”, contra del señor LUIS ALONZO INESTROZA CARCAMO. (Folios 1-4 del expediente del A-quo) 2) En fecha veintitrés de enero del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la celebración de la audiencia del proceso abreviado resolvió: Este Juzgado es competente para conocer del proceso de demanda por daños y perjuicios de la cual es objeto en esta demanda, así como también estimo procedente de oficio integrar a las presentes diligencias, al señor Erick Samuel Gómez como Litis consorcio pasivo necesaria ya que él era el conductor del vehículo, en virtud del estudio minucioso de las presentes diligencias… (Folios 65-66 del expediente del A-quo) 3) En fecha treinta y uno de enero del año dos mil veinte, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado José María Juárez Pacheco, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores Pablo Javier Osorio Pavón y Consuelo Carrasco, contra la resolución referida en el numeral que antecede. Considerando el recurrente que dicha resolución le vulnera a sus representados, los derechos consagrados en los artículos 80, 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1-2 vuelto del expediente del Ad-quem) 4) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha seis de octubre de dos mil veinte, en donde por unanimidad de votos falló: PRIMERO: DENEGANDO el amparo impetrado por el Abogado JOSÉ MARIA JUÁREZ PACHECO a favor de los señores PABLO JAVIER OSORIO PAVÓN y CONSUELO CARRASCO, contra el auto de fecha veintitrés (23) de enero de dos mil veinte (2020), dictado por el Juzgado Civil de este Departamento de Francisco Morazán. (Folios 20-22 del expediente del Ad-quem) 5) Que en fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, decidida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por el Abogado JOSE MARIA JUAREZ PACHECO, contra la resolución de fecha veintitrés de enero del año dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamental de Francisco Morazán, en relación a la Demanda por la vía de Proceso Abreviado, Acumulación de pretensiones derivadas de un Accidente de Tránsito, promovida por los señores PABLO JAVIER OSORIO PAVON Y CONSUELO CARRASCO, contra el señor LUIS ALONZO INESTROZA CARCAMO. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha veintitrés de enero del año dos mil veinte, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamental de Francisco Morazán, es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 80, 90 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO (4): Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha veintitrés de enero del año dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamental de Francisco Morazán, que declara de oficio integrar a las presentes diligencias al señor Erick Samuel Gómez, como litis consorcio pasivo necesario, en virtud de que él era el conductor del vehículo, por lo cual el señor LUIS INESTROZA y el señor ERICK LAINEZ, son responsables solidarios. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos constitucionales antes relacionados, los expone argumentando que se violenta el principio de legalidad al integrar de oficio a la presente demanda en litisconsorcio pasivo necesario al conductor de la unidad de transporte, cuando los demandantes decidieron interponer la acción por responsabilidad extracontractual contra el señor Luis Alonzo Inestroza Cárcamo, en baso a lo establecido en los artículos 2236, 2237 y 2238 del Código Civil, ya que el dueño de la unidad de transporte puede ejercer la acción de repetición contra el conductor del vehículo y que el artículo 69 del Código Procesal Civil, no es de aplicación en el presente caso. Argumenta que se violenta el debido proceso, ya que la demanda se ha interpuesto contra el señor Luis Alonzo Inestroza Cárcamo y nadie más, ya que sus representados tienen la potestad de accionar contra la parte solidaria que deseen y negar esa potestad por parte del órgano recurrido es violentar el derecho de petición. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala de lo Constitucional hace suyo el considerando ocho de la fundamentación jurídica de la sentencia de fecha seis de octubre del año dos mil veinte, pronunciada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que hoy se revisa en trámite de consulta obligatoria, al expresar: “Es preciso que el proceso civil se desarrolle por los trámites previstos legalmente, que se respeten todas las garantías constitucionales y ordinarias que les asisten, con condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas, y debe insistirse una vez más en la necesaria mentalización del juez y en la obtención de una formación adecuada que permita desarrollar las habilidades suficientes para, con pleno respeto del principio de legalidad y especialmente de la Constitución y de los Tratados Internacionales, sea capaz de cumplir con ese mandato, ponderando los distintos intereses en juego y haciendo el oportuno juicio de razonabilidad, para con ello lograr que se dicte una resolución de fondo justa y motivada por órgano jurisdiccional independiente e imparcial.- Norma constitucional que se traduce de un modo general, en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso; las cuales constituyen el Debido Proceso.” CONSIDERANDO (8): Que esta Sala estima que la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de octubre del año dos mil veinte, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se encuentra dictada conforme a derecho, pues la resolución recurrida en amparo fue dictada en base al principio de legalidad, pues el A-quo en resolución de fecha seis de octubre del año dos mil veinte, ha decretado de oficio un Litisconsorcio pasivo necesario[1], actuando el órgano jurisdiccional de instancia conforme el mandato constitucional que dispone: ”Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado[2]…”, ante ello, el A-quo ha hecho uso de la norma procesal civil establecida en el artículo 69 numeral 2 indicada en la sentencia emitida, garantizando con ello el acceso a los tribunales de la República en defensa de sus pretensiones, respetando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva, manifestada en su más amplio concepto como el derecho de acceso a los tribunales, consagrado en el artículo 80 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (9): Que siendo conforme a derecho, lo referido en los acápites anteriores, estima esta Sala que la sentencia revisada, fue dictada en estricto apego al principio de legalidad, principio de observancia obligatoria por los órganos jurisdiccionales decisores en los casos concretos sometidos a su competencia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios constitucionales invocados por el amparista, específicamente el debido proceso al seguir las directrices emanadas en la ley procesal civil, pues como ya lo ha expresado esta Sala en diferentes sentencias el que una resolución no sea acorde a las pretensiones de las partes, no supone en consecuencia el quebrantamiento de garantías constitucionales. CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de octubre del año dos mil veinte, que falla Denegando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE MARIA JUAREZ PACHECO. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 59, 61, 80, 90, 94, 103, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1, 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de octubre del año dos mil veinte, que DENIEGA el Recurso de Amparo promovido por el Abogado JOSE MARIA JUAREZ PACHECO, a favor de los señores PABLO JAVIER OSORIO PAVON y CONSUELO CARRASCO, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. -NOTIFÌQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cinco días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, certificación del fallo de fecha ocho de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el amparo Civil Venido en Consulta, con orden de ingreso en este Tribunal No. 0119=21.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 69 párrafo segundo del Código Procesal Civil.

[2] Artículo 304, párrafo primero. Constitución de la República de Honduras.