Sentencia AC-1101-19 — Registro 13414
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que rechazó de plano un incidente de recusación, interpuesto en la demanda de responsabilidad civil interpuesta en contra de una Juez. Estimando el recurrente, que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 59-64, 70, 80, 82, 90, 92-94, 303 y 305 de la Constitución de la República; 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (3): Que el recurrente expone como antecedente que dio pie a esta acción de amparo, el incidente de recusación interpuesto contra los Magistrados Reina María López Cruz, Danery Medal Raudales y Zoé Celeste María Vásquez Ordóñez, en la demanda de responsabilidad civil interpuesta por el recurrente en contra de la Juez Fanny Angelica Alvarado Flores, ante la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán. En dicho proceso, la Corte de Apelaciones dictó providencia de fecha 23 de Julio de 2019, mandando a subsanar la demanda, requiriendo se adjunte sentencia definitiva firme que puso fin al juicio. Es de mencionar que el Tribunal de Alzada ordenó el archivo de las diligencias, argumentando que aun y cuando se dio la oportunidad de subsanamiento, no se adjuntó al proceso la sentencia que pone fin al proceso, motivando que esta sería la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional en una acción de amparo. Sostiene el recurrente que dicha decisión jurisdiccional vulnera su derecho a un debido proceso, pues contraviene lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 251 del Código Procesal Civil, en vista que la resolución decide un incidente de nulidad, y dicha norma manda que contra ella no cabe recurso alguno; argumentando la alzada que este mandato legal hace referencia únicamente a los recursos ordinarios, más no a la acción extraordinaria de amparo; ordenando como se dijo, el archivo de las diligencias por omisión de un requisito de ley. CONSIDERANDO (4): No conforme con la anterior decisión jurisdiccional, el recurrente interpuso incidente de recusación en fecha DIECISEIS DE SEPTIEMBRE a las tres de la tarde con diecisiete minutos, ante la Secretaría de la Corte de Apelaciones supra, alegando la causal comprendida en el numeral tercero del artículo 188 de la Ley de Organización y atribuciones de los Tribunales que dice: “…son causas legítimas de recusación: 1)…2)…3) Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de ellas como autor, cómplice o encubridor de un delito o como autor de una falta …” -ver folio 1 p.p.- .- No obstante, no es sino hasta en fecha 18 de septiembre de 2019, que el recurrente denunció a los Magistrados integrantes del Tribunal de Alzada, ante la Inspectoría General de Tribunales, recibiendo esta instancia el escrito de denuncia a la una de la tarde con veinte minutos, (ver folio 11 de la primera pieza); es decir que al momento de la interposición del incidente de recusación, no existía ningún hecho que pudiera caber en la causal alegada. CONSIDERANDO (5): Que, habiéndose seguido el procedimiento establecido para el trámite de la recusación, los magistrados nombrados al respecto emitieron el auto que se recurre en amparo, fechado en veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, rechazando de plano el incidente de recusación interpuesto y ordenan devolver a los recusados el conocimiento de la demanda de daños y perjuicios en cuestión. En ese sentido y una vez analizados los antecedentes, esta Sala de lo Constitucional manifiesta que ha dictado jurisprudencia señalando que, para apartar un Juez natural del conocimiento una causa mediante la institución procesal de la recusación, no basta con acudir a las instancias a interponer denuncias o acusación, sino que debe ir más allá, entendiéndose esto como que la acusación haya prosperado hasta el punto de haber sido judicializada, esto es que el Ministerio Público, posterior a una rigurosa investigación, haya encontrado elementos probatorios para acudir ante un Tribunal de la República y sostener un proceso penal en contra del Juez o Magistrado. En el caso de autos, se observa que el recurrente creo posteriormente la supuesta causal de recusación, actuando con deslealtad para con la justicia. Así las cosas, se determina la inexistencia de la vulneración a los derechos fundamentales invocados, siendo estos el derecho de defensa y el debido proceso <Artículos 82 y 90 CH>; por lo que procede en derecho congruente denegar el recurso de amparo interpuesto.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 4 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 7 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 124 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado HENRY DONALDO LAZO DOMÍNGUEZ, a favor del señor NORMAN ARGUIJO LAINEZ, contra la Resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), que RECHAZÓ DE PLANO un incidente de recusación, interpuesto en la Demanda de Responsabilidad Civil interpuesta en contra de la Juez FANNY ANGÉLICA ALVARADO FLORES. Estimando el recurrente, que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 59-64, 70, 80, 82, 90, 92-94, 303 y 305 de la Constitución de la República; 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado HENRY DONALDO LAZO DOMÍNGUEZ, actuando en su condición de representante procesal del señor NORMAN ARGUIJO LAINEZ, interponiendo un incidente de recusación, en la Demanda de Responsabilidad Civil, promovida contra Jueza FANNY ANGÉLICA ALVARADO FLORES; solicitando que se declare con lugar la recusación interpuesta contra los magistrados REINA MARÍA LÓPEZ CRUZ, DANERY ANTONIO MEDAL RAUDALES Y ZOE CELESTE MARÍA VÁSQUEZ ORDÓÑEZ. (Folios 1–3v del antecedente) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, la citada Corte de Apelaciones, dictó su Resolución en fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (SIC) “1) RECHAZAR DE PLANO el Incidente de Recusación interpuesto por el Abogado HENRY DONALDO LAZO DOMÍNGUEZ en su condición de representante procesal del señor NORMAN ARGUIJO LAINEZ, contra los Magistrados REINA MARIA LOPEZ CRUZ, Presidente, DANERY ANTONIO MEDAL RAUDALES y ZOE CELESTE MARIA VASQUEZ ORDOÑEZ; en consecuencia, devuélvase a los recusados el conocimiento del proceso de demanda de daños y perjuicios, en el estado en que se halle.- 2) CON COSTAS AL RECUSANTE.-”. (Folios 20 y 20v de la Primera Pieza de antecedentes) 3) Que el abogado HENRY DONALDO LAZO DOMÍNGUEZ, compareció ante este Tribunal en fecha once (11) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del señor NORMAN ARGUIJO LAINEZ, contra la Resolución de fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria, en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 59-64, 70, 80, 82, 90, 92-94, 303 y 305 de la Constitución de la República; 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021). (Folios 1–20 y 45 del presente Recurso) 4) Que en fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer por qué NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo al no concurrir las vulneraciones Constitucionales alegadas por el amparista.” (Folios 48–57 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente expone como antecedente que dio pie a esta acción de amparo, el incidente de recusación interpuesto contra los Magistrados Reina María López Cruz, Danery Medal Raudales y Zoé Celeste María Vásquez Ordóñez, en la demanda de responsabilidad civil interpuesta por el recurrente en contra de la Juez Fanny Angelica Alvarado Flores, ante la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán. En dicho proceso, la Corte de Apelaciones dictó providencia de fecha 23 de Julio de 2019, mandando a subsanar la demanda, requiriendo se adjunte sentencia definitiva firme que puso fin al juicio. Es de mencionar que el Tribunal de Alzada ordenó el archivo de las diligencias, argumentando que aun y cuando se dio la oportunidad de subsanamiento, no se adjuntó al proceso la sentencia que pone fin al proceso, motivando que esta sería la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional en una acción de amparo. Sostiene el recurrente que dicha decisión jurisdiccional vulnera su derecho a un debido proceso, pues contraviene lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 251 del Código Procesal Civil, en vista que la resolución decide un incidente de nulidad, y dicha norma manda que contra ella no cabe recurso alguno; argumentando la alzada que este mandato legal hace referencia únicamente a los recursos ordinarios, más no a la acción extraordinaria de amparo; ordenando como se dijo, el archivo de las diligencias por omisión de un requisito de ley. CONSIDERANDO (4): No conforme con la anterior decisión jurisdiccional, el recurrente interpuso incidente de recusación en fecha DIECISEIS DE SEPTIEMBRE a las tres de la tarde con diecisiete minutos, ante la Secretaría de la Corte de Apelaciones supra, alegando la causal comprendida en el numeral tercero del artículo 188 de la Ley de Organización y atribuciones de los Tribunales que dice: “…son causas legítimas de recusación: 1)…2)…3) Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de ellas como autor, cómplice o encubridor de un delito o como autor de una falta …” -ver folio 1 p.p.- .- No obstante, no es sino hasta en fecha 18 de septiembre de 2019, que el recurrente denunció a los Magistrados integrantes del Tribunal de Alzada, ante la Inspectoría General de Tribunales, recibiendo esta instancia el escrito de denuncia a la una de la tarde con veinte minutos, (ver folio 11 de la primera pieza); es decir que al momento de la interposición del incidente de recusación, no existía ningún hecho que pudiera caber en la causal alegada. CONSIDERANDO (5): Que, habiéndose seguido el procedimiento establecido para el trámite de la recusación, los magistrados nombrados al respecto emitieron el auto que se recurre en amparo, fechado en veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, rechazando de plano el incidente de recusación interpuesto y ordenan devolver a los recusados el conocimiento de la demanda de daños y perjuicios en cuestión. En ese sentido y una vez analizados los antecedentes, esta Sala de lo Constitucional manifiesta que ha dictado jurisprudencia señalando que, para apartar un Juez natural del conocimiento una causa mediante la institución procesal de la recusación, no basta con acudir a las instancias a interponer denuncias o acusación, sino que debe ir más allá, entendiéndose esto como que la acusación haya prosperado hasta el punto de haber sido judicializada, esto es que el Ministerio Público, posterior a una rigurosa investigación, haya encontrado elementos probatorios para acudir ante un Tribunal de la República y sostener un proceso penal en contra del Juez o Magistrado. En el caso de autos, se observa que el recurrente creo posteriormente la supuesta causal de recusación, actuando con deslealtad para con la justicia. Así las cosas, se determina la inexistencia de la vulneración a los derechos fundamentales invocados, siendo estos el derecho de defensa y el debido proceso <Artículos 82 y 90 CH>; por lo que procede en derecho congruente denegar el recurso de amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 2, 4, 82, 90, 110, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.3.b, 41, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 54.1.4 del Código Procesal Civil; FALLA: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el abogado HENRY DONALDO LAZO DOMÍNGUEZ, a favor del señor NORMAN ARGUIJO LAINEZ, contra la Resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), que RECHAZÓ DE PLANO un incidente de recusación, interpuesto en la Demanda en la Demanda de Responsabilidad Civil interpuesta en contra de la Juez FANNY ANGÉLICA ALVARADO FLORES. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes. -Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA-. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., seis de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO: El recurso de reposición interpuesto por la abogada ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA, contra la sentencia dictada por esta Sala, en fecha veintiséis de julio del año dos mil veintiuno, que deniega el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado HENRY DONALDO LAZO DOMÍNGUEZ, a favor del señor NORMAN ARGUIJO LAINEZ, contra la Resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), que RECHAZÓ DE PLANO un incidente de recusación, interpuesto en la Demanda de Responsabilidad Civil interpuesta en contra de la Juez FANNY ANGÉLICA ALVARADO FLORES.- CONSIDERANDO: Que la recurrente estima que la sentencia recurrida en amparo no está apegada a derecho por violentar a su representada el derecho fundamental a un debido proceso mediante la no aplicación del numeral 3 del artículo 188 de la Ley de Organización y atribución de los Tribunales. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional ha constatado en principio, que el impugnante ha recurrido vía recurso de reposición la sentencia supra, manifestando su desacuerdo con la determinación de haberse denegado el amparo interpuesto, exactamente con los mismos argumentos expuestos en el recurso de amparo, volviendo la presente impugnación en repetitiva, por lo cual es conveniente contestar exactamente con los mismos argumentos ya expuestos en la sentencia, siendo que la misma contiene una motivación exhaustiva y congruente con el derecho aplicable al caso, por lo que se ratifican cada una de las argumentaciones jurídicas expuestas en la sentencia impugnada. CONSIDERANDO: Que dentro de los alegatos expuestos el recurrente resume en el literal c) lo siguiente: “Es un hecho lógico, entendido y de doctrina legalmente aceptada, que el ser humano cuando se duda del él, le nace antipatía y hasta hostilidad, hacia quien con fundamento o sin él, dudo de su imparcialidad, para disipar la duda en la que el administrador de justicia obre con ese resentimiento, la ley dispensa el derecho a la recusación, asegurando con ello la ecuanimidad del proceso, es así que el artículo 188 numeral 3 de la Ley de Organización y atribución de los Tribunales, solo requiere para la recusación la simple denuncia. Su contravención como lo estipula la Corte Interamericana de derechos Humanos, quien lo sostiene en reiteradas sentencias, que la violencia al principio de legalidad se expande al principio al debido proceso sustentado en los artículos 8.2.h, de la Convención Americana de Derechos Humanos”. CONSIDERANDO: Que el derecho a un debido proceso es un derecho de configuración legal y no un derecho de libertad; es decir que, no se debe considerar vulnerado este derecho fundamental, cuando la respuesta no es acorde con el objeto perseguido por el recurrente. Es menester recordar que la Constitución de la República en su artículo 74 otorga la potestad a la Corte Suprema de Justicia, para ser interprete último de la Constitución misma, por lo que se aplica la máxima que expresa: “si se puede en lo más, esta permitido en lo menos” es decir, que mediante una motivación exhaustiva, precisa y haciendo una valoración de los hechos acreditados en el proceso de acuerdo a una sana crítica, los dadores de justicia, llegan a conclusiones basadas en derecho congruente, apegadas al principio-derecho de legalidad y consecuentemente al un debido proceso. Aplicar sin más lo expuesto por el recurrente, es decir, que baste una simple denuncia, con fundamento o sin él para destruir la institución procesal del Juez Natural,
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia y resolución de fechas veintiséis de julio y seis de septiembre de dos mil veintiuno, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-1101-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL